El FMI contagia ajuste y coronavirus

El Gobierno envió al Congreso una Ley de Presupuesto que prevé un déficit de 4,5% del PBI. Pero Guzmán pretende menos que eso para encarrilar la negociación con el FMI. Quizás un punto menos. De allí la posibilidad de acotar mucho las ayudas sociales (IFE). Por otro lado, la actualización de tarifas de los servicios públicos que vienen congeladas desde el último año de la era macrista. 

Guzmán buscará renegociar la deuda de U$S 44.000 millones a través de un Programa de Facilidades Extendidas, lo cual le permitiría el repago en cuotas entre el año 4 y el 10 del pacto que se firme, transcurriendo el mandato de Alberto Fernández sin grandes erogaciones pero con la obligación de ordenar y estabilizar la economía. 

Entre esas obligaciones figurarían las clásicas del FMI: el déficit fiscal, la inflación y ciertas reformas estructurales como la previsional, la tributaria y la laboral. 

Dentro de los 21 préstamos que tuvo Argentina con el FMI, dos fueron de facilidades extendidas: el pactado en 1992, en plena convertibilidad, momento en que abogó por bajar el déficit fiscal, además de una reforma previsional (AFJP) y otra tributaria: eliminación del impuesto al cheque, reducción de ganancias y contribuciones patronales, suba del IVA del 13% al 18% en 1992 y al 21% actual en 1996. En 1998, aconsejó más privatizaciones, una reforma tributaria y la laboral. 

Entre el aval a la nueva fórmula previsional y la dolarización de bonos en pesos para permitir que los fondos buitres Templeton y PIMCO se lleven los dólares comprándolos por medio del “contado con liquidación”, el Gobierno dejó en claro que está dispuesto a olvidar el “nunca más” emitir deuda en dólares. 

Se emitió nueva deuda, en dólares, con vencimiento en 2030 y 2035, a precio de mercado. Esto quiere decir que bonos de valor nominal U$S 100, fueron pagados a un precio de entre 37 y 38 dólares a una tasa de interés de entre 16,99% y 14,40%. Una tasa que más que duplica la tasa de interés promedio que se pagó durante el gobierno de Mauricio Macri. El propio Martín Guzmán destacaba, meses atrás, el hecho de que haber emitido deuda al 7% promedio mientras las tasas del mundo tendían al 0% fue una decisión errónea y, por lo tanto, la deuda se tornó insostenible. Se canjearon siete bonos en pesos por dos títulos en dólares. El mes que viene habrá una segunda licitación por otros U$S 750 millones que irá a manos de inversores privados. Esto ayuda a explicar la baja del blue. 

Pero los fondos extranjeros tienen inversiones en pesos por U$S 5.000 millones, lo cual excede largamente los U$S 1.500 millones de emisión de deuda. 

Promesa de ajuste fiscal, ralentización de los aumentos a los jubilados, cambio de bonos en pesos por otros en dólares, venta de títulos atados al dólar, menos beneficiarios del bono IFE constituyen el plan que Martín Guzmán con el aval de Alberto Fernández y la carta de Cristina Kirchner. 

Una cosa es enfrentar la crisis por la pandemia del Covid-19 con una economía sólida y aplicar políticas contra cíclicas, y otra es introducir políticas de este tipo en medio de un problema inflacionario. 

Suprimir las políticas prudentes en el sector externo agrava la inestabilidad. Así ocurrió cuando el gobierno de Macri desreguló los movimientos de capitales especulativos, eliminó la obligación de ingresar las divisas de exportación, impulsó las importaciones dañando a la industria nacional, y duplicó la deuda externa pública y su carga de intereses en moneda extranjera. Todo esto provocó un enorme déficit externo, que los mercados se negaron a financiar en marzo de 2018. Entonces Macri recurrió al FMI. ¿Error o planificación neoliberal? 

En 1976, el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz, firmó el acuerdo más grande del mundo por 942 millones de dólares. Fue el primer intento de aplicar un programa claramente neoliberal en Argentina con la intención de reducir el tamaño del Estado, posterior al de la dictadura chilena en 1974. 

Los montos acordados por el FMI al país, también triplicaron los límites asequibles: 1.227% de la cuota, frente al máximo previsto de 435% para los stand by. 

Argentina no es solo el principal deudor del organismo sino el principal aportante de ingresos operativos del FMI. De los U$S 2.152 millones ingresados en el ejercicio cerrado en abril de 2019, Argentina pagó U$S 746 millones, más de un tercio del total. En abril de 2020, representaron el 42% de los ingresos del FMI por ese concepto. Este ingreso contribuye a solventar los gastos en personal, honorarios de expertos contratados, jubilaciones, viajes.  

Lavar la cara no es igual a cambiar la esencia de las políticas. Hay cosas que se mantienen intactas. La relación del FMI con el Tesoro norteamericano y la de éste con el subcomité de la Cámara de Representantes es la misma de siempre. Además, el FMI nunca redujo un saldo de deuda.  

Resistencia 

Respondiendo al llamado de la Autocovocatoria por la suspensión de pago e investigación de la Deuda, numerosas organizaciones sociales y miles de manifestantes marcharon desde el Obelisco porteño hasta la Plaza de Mayo para repudiar la presencia del FMI en Argentina. 

Con gritos de «Fuera, fuera el Fondo fuera» y carteles alusivos a lo que significa el pago de la deuda a nivel de aumentar la pobreza estructural en que está sumergido el país, los manifestantes concluyeron la movilización leyendo un documento donde se denuncia la actitud de sumisión del gobierno frente al FMI, señalando textualmente: «Entre febrero y agosto de este año, el gobierno argentino desembolsó USD 1.000 millones para cubrir intereses reclamados por el FMI, prácticamente equivalente al IFE4 cuyo pago se acaba de desestimar. Durante el actual mes de noviembre, mientras hacemos este acto y con la misión del Fondo en el país, se pagarán otros USD 307 millones». 

En un documento concluyen: “rechazamos la negociación en curso y exigimos al gobierno que se suspendan todos los pagos hasta que la deuda pública sea investigada -incluyendo el acuerdo con el FMI-, la deuda ilegítima e ilegal anulada, los culpables de esos delitos sancionados, los fondos fugados repatriados y que se asegure la necesaria restitución y reparación a los pueblos y territorios. 

Argentina no necesita endeudarse para cumplir con las necesidades y derechos del pueblo. Necesita poner fin al saqueo de sus riquezas empezando con estas medidas y siguiendo con muchas otras incluyendo el cobro de impuestos a quienes más tienen. 

Invitamos a participar en la etapa final del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, que recibirá el próximo lunes 23 de noviembre, los Alegatos de la Acusación y concluirá a mediados de diciembre con la Sentencia final”. 

En la jornada se realizaron múltiples actividades en diferentes ciudades del país, desde las que llamamos a continuar la organización y movilización popular unitaria que se requiere. 

FUERA EL FMI 

NO AL AJUSTE Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES LA DEUDA ES CON EL PUEBLO Y LA NATURALEZA  

JUBILACIÓN, SALARIOS Y VIDA DIGNA PARA TODES 

QUE PAGUEN QUIENES SE BENEFICIARON DE LA ESTAFA 

Impuesto a las grandes fortunas 

Este martes, más de 100 organizaciones que integran el Manifiesto por la Soberanía, la Producción y el Trabajo marcharon al Congreso esperando la media sanción de Diputados al gravamen a las grandes fortunas. El viernes realizarán un acto. 

Difundieron un documento que entre otras cosas señala: 

 […] Desde el Manifiesto exigimos una convocatoria al diálogo entre la totalidad de la representación del pueblo ya que vemos con preocupación el lugar destacado que los grupos económicos concentrados adquieren en el Consejo Económico Social que lleva adelante el Gobierno. Mientras en el documento oficial se omite por completo la realidad social y laboral que vivimos y se ignoran actores centrales como los y las trabajadores/as, el campesinado, las experiencias de la Economía Popular y la realidad del universo PyME, se reconoce explícitamente actores que han sido parte de los grandes beneficiarios de la fiesta macrista. 

Ante este escenario, repudiamos la deuda que generaron el anterior gobierno y el FMI otorgando un crédito con el fin de mantener la fuga de capitales y fundamentalmente condicionar al actual gobierno. La misión del FMI está discutiendo su refinanciación sin que se pueda denunciar las enormes irregularidades que incitaron estos dos sectores. 

Para la reconstrucción, impulsamos la sanción legislativa del Impuesto a las Grandes Fortunas, la propuesta que promueve La Marcha al Campo, las iniciativas que buscan garantizar la concreción de Tierra Techo y Trabajo. Recuperar la Hidrovía Paraná, como paso previo a la nacionalización de los puertos y del Canal Magdalena en el camino a la reconstrucción de la Marina Mercante. Construir un millón de viviendas en un año con economía popular, canalizar el Río Bermejo, Declarar la Energía y la Alimentación “Bien Estratégico”, recrear en plenitud la Ley de Compre Argentino. 

También Economistas de izquierda, referentes populares, sindicales, de organismos de Derechos Humanos y otros, impulsan una declaración en la que expresan su apoyo a la aprobación al denominado impuesto a las grandes fortunas, aunque “llega tarde y con alcances limitados”, señalan, y reclaman modificaciones sustanciales para esta medida así como para la movilidad jubilatoria y los auxilios de emergencia declarados por la pandemia, como el IFE. 

En la declaración señalan: […] “El impuesto a las grandes fortunas llega tarde y con alcances limitados, pero es una medida positiva. Introduce un precedente de impuestos progresivos para una impostergable reforma impositiva. En la dramática coyuntura actual tiene un gran impacto simbólico y aporta una indispensable fuente de recursos. 

Apoyamos su sanción y proponemos que el Congreso extienda su vigencia mientras dure la crisis, para atender las necesidades sanitarias y sociales inmediatas. Se deben reformular las asignaciones específicas con acento en esas prioridades y no en el subsidio a las empresas. Debería ser complementado, además, con una contribución extraordinaria de la banca y de las firmas que mantuvieron altas tasas de rentabilidad durante la pandemia. 

En el Congreso se tratará también una nueva fórmula de ajuste para la movilidad jubilatoria, que elimina la incidencia de la inflación en el cálculo. Solo considera la evolución de los salarios y la recaudación. Se cambia nuevamente la fórmula, cuando el mecanismo vigente permitía comenzar a recuperar parte de lo perdido y se ignora la monumental pérdida de los últimos tres años. 

[…] Por eso proponemos una recomposición de emergencia y una cláusula que asegure, que en ningún caso el ajuste de las jubilaciones podrá ser inferior a la inflación del período. 

Finalmente existe la intención oficial de eliminar el IFE y reducir los ATP, cuando la recuperación apenas despunta luego de una demolición sin precedentes. La pandemia no se ha extinguido, la vacuna todavía no llegó, existe la posibilidad de una segunda ola y el nivel de pobreza es espeluznante. Por eso reclamamos que se reponga la partida correspondiente a los auxilios de la emergencia en el Presupuesto 2021. 

Firman, entre otros: Claudio Lozano, Claudio Katz, Julio Gambina, Eduardo Lucita, Beatriz Rajland, María del Carmen Verdú, Daniel Campione, Mabel Bellucci, Aldo Casas, Víctor Mendibil, Guillermo Cieza, Marcos Wolman y Alfredo Grande. Podés consultar todas las firmas en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17sXkI-pGIOENAqRrMUtxvyckXITEYWjJ8SySRgFKPaM/edit?usp=sharing

La Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de Argentina convoca este miércoles 18 de noviembre, a las 15:00, a concentrar en Av. Rivadavia y Callao, frente al Congreso Nacional, para decirle no a la movilidad jubilatoria con ajuste. Exigen aumento de emergencia en todas las escalas. 

Expresa la Mesa en su último comunicado: 

“La fórmula de la ley que propone el gobierno con la bicameral del Congreso para la actualización jubilatoria, es un nuevo ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional para la implementación y renegociación de la ilegítima, fraudulenta, odiosa, deuda externa” 

“Proponemos debatir la implementación, necesidades y etapas de los sistemas de previsión, de salud y de vivienda, que hemos desarrollado en tres Proyectos de ley que presentamos sucesivamente en la Cámara de Diputados de la Nación, firmados por 20 diputados nacionales, con el aval de la campaña por un millón de firmas de nuestro pueblo, y que fueron “encajonados” por las mayorías políticas de turno para impedir su tratamiento, perdiendo estado parlamentario durante los últimos 10 años. Proyectos de ley sintetizados en 5 puntos básicos que plantean de dónde deben provenir los fondos, como así también que hay que poner fin a la utilización de los de los mismos y del FGS por los gobiernos de turno. Sostenemos que los fondos deben provenir de los impuestos especiales a las grandes ganancias de las empresas monopólicas y de las riquezas de los multimillonarios, producidas por la explotación de la clase trabajadora; poniendo fin al ilegal trabajo no registrado, desocupación, disminución y eximición de contribuciones patronales, de aportes estatales y a los pagos de la deuda externa, con una profunda investigación de sus beneficiarios empresarios y políticos cómplices para hacerse cargo de su ilegitimidad”. 

Trabajadores de la salud 

Entrevista a Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Htal. Garrahan 

No se puede entender cómo a esta altura, la Enfermería no está incluida dentro de los profesionales de la Ciudad 

M.H.: El 3 de noviembre realizaron una protesta en la puerta del hospital ubicado al 1.800 de Combate de los Pozos de nuestra Ciudad. ¿Cuál fue el motivo? 

N.L.: El motivo es el 7% de aumento que acordó UPCN con el Consejo de Administración. Ese es el aumento salarial total que hemos recibido todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan este año. La verdad tiene todo el rechazo de los y las trabajadoras. No es ningún acuerdo porque es con nosotros con quienes tienen que acordar. Ni siquiera los propios afiliados de UPCN están de acuerdo porque no coincide con ninguna cifra lógica. Así que nos estamos organizando para que la semana que viene llevemos adelante una acción del mismo tenor. La verdad es que a nosotros nos cuesta en época de pandemia hacer acciones, pero de qué manera sino hacer que nos comprendan. El problema es que ya veníamos con una rebaja salarial en los años pasados, casi de un 65%, entonces ya no hay resto de salario para que nos vuelvan a rebajar semejante porcentaje. Así que vamos a salir a protestar hasta que el gobierno nacional y el Consejo de Administración piensen cómo pueden resolver este problema. 

M.H.: Lo que veo, corregime si estoy equivocado, es que se repiten no solamente en el Hospital Garrahan, que ya ha desarrollado varias acciones, sino también en el ámbito de la Enfermería y los trabajadores de la salud en general, reclamos de todo tipo, no solo salariales. 

N.L.: Exacto. Enfermería de CABA está reclamando la inclusión, el jueves 5 hubo una caravana a la casa de Larreta, porque no se puede entender cómo a esta altura, la Enfermería no está incluida dentro de los profesionales de la Ciudad. Han ido a la Legislatura, a la jefatura de Gobierno, los argumentos, la Ley de Enfermería ampara completamente a esos profesionales y nadie puede entender cómo puede ser que no estén incluidos dentro de la profesionalidad.  

Creo que todo esto tiene que ver con cuánto se invierte en salud, en salud pública, y la verdad es que tenemos un sistema público de salud en los hospitales de CABA que responden a una necesidad y un derecho que es la salud pública, que si desaparece o se achica ese sector del Estado no vamos a poder acceder a prestaciones en salud de alta complejidad. Entonces va a pasar la salud a ser una mercancía y ya no un derecho, algo que vas a poder conseguir si tenés dinero y si no tendrás menos salud.  

Estas son cuestiones que la sociedad de conjunto tiene que defender y valorar. Hasta que los gobiernos entiendan dónde se ponen las prioridades, que la salud es una inversión no un gasto. El 70% de las prácticas en salud las realiza Enfermería, son profesionales escasos y cada vez hay menos porque no conviene esa especialidad y, sin embargo, necesitamos enfermeres porque en nuestro país tenemos pocos enfermeros por habitante. Hay que empezar a pensar qué sociedad queremos y cómo nos pensamos y dar vuelta lo que necesitamos cambiar. 

M.H.: Aparte de la reivindicación salarial, cuáles son los otros reclamos de los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan. 

N.L.: Sobre todo en el sector de Enfermería, que en el hospital es el que primero salió al frente a reclamar sobre todo igualdad de trato y de oportunidades, que en eso empalma Enfermería del Garrahan con la Enfermería de Ciudad y de Nación. En todo lo que es el equipo de salud, terminar con la violencia laboral y después hay escasez de recurso humano.  

Ya antes de la pandemia faltaban 390 enfermeros en nuestro hospital, al entrar en pandemia y se licenciaron personas que son de factor de riesgo y otras que están al cuidado de hijos y se trabajó en cortes en el equipo de salud para no contagiarnos, resulta que Enfermería estuvo durante toda la pandemia trabajando 80 horas módulo, son 80 horas más de lo que es su jornada laboral. Esto trae sobrecarga, enferma, el trabajo de Enfermería es estresante e insalubre, no se reconoce esa insalubridad para nadie y tampoco para Enfermería.  

Si bien todo el equipo de salud está presente y trabajamos 24 horas todo el año, Enfermería es el profesional de salud que está todo el tiempo en contacto con el paciente. Eso produce estrés y desgaste. La enfermera tendría que hacer su jornada de 6 horas e irse a descansar. Reponerse para su nueva jornada. Y en este momento están trabajando 10 a 16 horas quedándose en el hospital día y noche, fines de semana, para cubrir el trabajo y el cuerpo les pasa factura. Eso hay que cambiarlo. Deberían entrar más enfermeros a la planta, jerarquizar la carrera de Enfermería, que sea bien paga, que se abran más cupos para que todos puedan ser licenciados. Es una posición crítica en el sentido de la necesidad que tenemos de este recurso y, sin embargo, está muy postergado.  

Trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital de Pediatría Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (AdePyT) realizaron una nueva conferencia de prensa el miércoles 11 para explicar las condiciones en las que se encuentra uno de los hospitales más importantes del país. 

“Nuestra situación de reclamo económico y de condiciones de trabajo, desde hace mucho tiempo, ha tenido un punto de inflexión a partir del acuerdo  firmado por el Consejo de Administración de este Hospital, que responde al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con la representación de uno solo de los sindicatos del hospital, UPCN, de orientación oficialista, desconociendo al resto de las organizaciones sindicales, entre ellas la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan”, expresó al respecto la presidenta de este gremio, licenciada Norma Lezana. 

Agregó “lo que queremos informar para que la población sepa y el conjunto de trabajadoras y trabajadores del Hospital, es cómo se distribuyen los recursos del presupuesto de esta institución, que tiene renombre internacional por su personal, por el equipo de salud, por la primera línea de lucha por la salud de las y los pacientes,  y no por los altos funcionarios de turno, que están de paso”. 

“Queremos contarles cuál es la situación sobre la asignación presupuestaria, pero sobre todo, queremos dejar en evidencia la relación que existe entre los ingresos de los integrantes del Consejo de Administración y la representación gremial de UPCN, con quien este mismo Consejo pactó el irrisorio 7% de aumento en medio de la pandemia, y nos parece importante porque el Garrahan es un hospital público, porque es un emblema, porque lo que estamos reclamando está basado en la justicia social más elemental, y porque queremos aportar estos datos para que la opinión pública conozca los niveles de desigualdad e injusticia, privilegio e impunidad de los que toman las decisiones sobre el eslabón fundamental del funcionamiento del Hospital Garrahan, que somos las y los trabajadores de la salud”, continuó Lezana. 

Finalizó al adelantar que “por eso, luego de la protesta y el diálogo con los medios y los trabajadores que haremos este miércoles, las y los trabajadores del Garrahan, en Caravana, nos presentaremos ante el Ministerio de Salud de Nación el jueves 12, para dejar firme nuestro pedido de audiencia con el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García”. 

Finalmente, trabajadores de diferentes sectores del Hospital realizaron una asamblea general y se votaron un paro contra el 7% de UPCN y el ajuste en salud, para el 20 y 21. Movilizaremos a la dirección del hospital para luego salir a la gran marcha de salud al Congreso en el marco de la acción de Enfermería que reclaman por la carrera profesional. 

No tienen verguenza 

La Asociación de Profesionales y Técnicos, junto a trabajadores y trabajadoras del equipo de salud, denunció que en medio de la pandemia de coronavirus, los miembros del Consejo de Administración de la institución, que responden al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ganan 400.000 pesos mientras que un camillero con 7 años de antigüedad cobra 35.000 pesos, y un administrativo o una enfermera 42.000, con el agravante de que se concretó recientemente un aumento salarial de solo 7%. 

«Que un funcionario puesto a dedo por el ministro de Salud, Ginés González García, cobre doce veces el salario de un trabajador o trabajadora que está en la primera línea del contagio con el SARS2 Covid 19, es directamente insultante y no se puede admitir. La conducción del gremio UPCN del Garrahan es parte de esta trama de impunidad, porque hacen acuerdos a espaldas de las y los trabajadores, y hasta benefician a familiares, un sindicato que ayudó además a pulverizar nuestro salario en un 50 % durante la presidencia de Mauricio Macri”, afirmó Norma Lezana, presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.
“Es decir: señores con salarios de casi medio millón de pesos deciden que el personal esencial viva por debajo de la canasta de pobreza fijada por ATE INDEC, que es el parámetro que manejamos en los sindicatos que no traicionan a las y los trabajadores. Queremos recordar que un/una profesional requiere entre 5 a 7 años de carrera de grado más 5 a 7 años de carrera de posgrado para alcanzar los requisitos de ingreso al hospital por el tipo atención de alta complejidad que nos compromete, 10, 12, 14 años de estudios. Sumado a esto, el trabajo en el Hospital Garrahan es de 42 horas semanales, digamos, por ejemplo, más de 8 horas por día cumpliendo 5 días a la semana, más un compromiso continuo que no tiene horario ante la demanda de nuestros y nuestras pacientes. Por eso, resulta bizarro este acuerdo de 7 % a espaldas de todas y todos nosotros. Cualquier trabajador del equipo de salud tiene en sus manos tareas que no tienen precio por el grado de compromiso que conllevan. No es justo que el salario no alcance para vivir”, agregó.
Lezana adelantó que la Asociación solicitará una audiencia con el ministro Ginés González García para pedir la creación de una Comisión investigadora independiente para que se ocupe de estas irregularidades: “Reclamaremos además 75.000 pesos de salario básico para todo el personal de salud de nuestro hospital”. 

Enemigos de la Enfermería 

El personal de Enfermería en CABA a través de la Asociación de Licenciados en Enfermería escala en sus reclamos al Gobierno porteño en reclamo de una actualización salarial, pero también en el reconocimiento como profesionales de la salud, algo que la gestión viene desconociendo desde hace años. 

Luego de la Caravana y el «ruidazo» que hicieron la semana pasada frente al domicilio del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ahora apuntarán sus cañones al ministro de Salud. 

Por ello el próximo lunes 16 de noviembre realizarán una acción similar, una Caravana y un «ruidazo» pero esta vez irán al country privado donde se domicilia Fernán Quirós. 

«Este señor en cada oportunidad que puede, insiste en aclarar que bajo su gestión la Enfermería va a seguir discriminada sin pasar a la Carrera Profesional. Esa postura es una verdadera provocación a todo nuestro colectivo: por eso, como a Larreta los declaramos ‘enemigos de la Enfermería’. Por lo tanto, como ni nos reciben, ni nos escuchan y hablan de la Enfermería en campaña o por los medios, entonces: hacemos caravana y ruidazo», aseguró Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía. 

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y también referente de ALE completó: «Quirós da un argumento absurdo: dice que para no ‘dividir’ a la Enfermería prefiere bloquear que casi 4.000 licenciadas/os tengamos idénticos derechos a todos los profesionales de la salud de CABA. El ministro es hipócrita: con ese razonamiento de presunta ‘equidad’ iguala para abajo en la precarización». 

«Nuestro sindicato, ALE, plantea reconocimiento salarial a toda la Enfermería, inclusión inmediata en la carrera de las y los licenciados, y la capacitación facilitada en servicio a los miles de técnicos y auxiliares que quieren seguir formándose», concluyó. 

Para la protesta, los enfermeros concentraron el lunes en la intersección de Panamericana y Márquez a las 16:00 y desde allí se dirigieron al barrio privado donde vive Quirós. 

Trabajadores y las trabajadoras de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en ATE anunciaron un paro de actividades para el martes 17, sin asistencia a los lugares de trabajo, en rechazo a la paritaria del 5 % y en reclamo del pase a planta permanente de todo el personal de enfermería contratado para enfrentar la pandemia. 

También la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad de Buenos Aires convocó un paro de 24 horas para el martes 17, con movilización, en rechazo de la oferta salarial del Gobierno porteño y en demanda de una mejora del 42 %. 

De no haber respuestas, los profesionales convocarán luego de la semana próxima a otra huelga de 24, 48 o 72 horas o por tiempo indeterminado hasta que «se otorgue la mejora». 

La filial de la AMM-Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez deliberó el lunes en asamblea y realizó un «aplausazo» en el estacionamiento de la calle Gallo. 

«Los equipos de salud trabajan desde marzo último al máximo de su capacidad. Pero no fueron reconocidos de forma merecida. No hubo aún ningún aumento y hay escasas posibilidades de obtener licencias. La situación en muchos hospitales porteños llegó al límite», señaló la asamblea en un comunicado gremial. 

Rebelión de las bases ferroviarias 

Entrevista al activista ferroviario, Juan de Islas 

Las conducciones gremiales no recorren la base, no escuchan a la base, firman un Convenio colectivo a espaldas de los trabajadores 

M.H.: Convocaron a marchar hacia el edificio central de la Unión Ferroviaria una serie de agrupaciones el miércoles 4. ¿Cuál fue el motivo? 

J.I.: No solamente se trata de una serie de agrupaciones, sino que había mucha bronca acumulada desde la base, de los compañeros. El motivo es que la Unión Ferroviaria acordó un 7% de paritarias. Si tenemos en cuenta que la inflación es de un 3,5% por mes, un 7% es una vergüenza. Teniendo en cuenta que el Estado considera que somos un servicio esencial, con la exposición que tuvieron los compañeros; la verdad me parece una falta de respeto.  

M.H.: En línea con lo que acordaron los estatales. 

J.I.: Claro, un 7% para toda la administración pública. Pero no termina ahí, esto empieza desde hace unos cuantos años, porque las conducciones gremiales no recorren la base, no escuchan a la base, firman un Convenio colectivo a espaldas de los trabajadores donde volvieron a colocar a la categoría de aprendiz, que cobra el mínimo de 12.000 pesos. 

M.H.: Ni siquiera llega al salario mínimo vital y móvil. 

J.I.: Claro. Esto es una olla a presión que en cualquier momento explota. Esta fue una convocatoria de todos los ferrocarriles, hubo una convocatoria a las 10:00 en Once, en Constitución, en Retiro, vinieron del San Martin, del Mitre. Fue una convocatoria muy grande e histórica porque hace muchos años que no se unifica en un mismo reclamo a distintas líneas. 

M.H.: ¿Podríamos hablar de una autoconvocatoria? 

J.I.: Sí, porque el reclamo es genuino, el reclamo va más allá de las diferencias que hay entre líneas, entre colores e ideologías, peronistas, trotkistas, etc. Hay quienes quieren ensuciar esta convocatoria tirando que son del PO, del MST pero esto viene de mucho antes de que cada partido quiera influir en una de estas movilizaciones. 

M.H.: Y si influyeran bienvenido sea, si resulta un apoyo para los trabajadores para lograr una reivindicación justa, en este caso ante este ridículo acuerdo. 

J.I.: Y bienvenidos sean todos los ferroviarios y todas sus organizaciones. La idea es que seamos muchos más para poder generar algún apriete a la conducción y que se den cuenta de que esto es una estafa a los trabajadores. Incluso esto es un congelamiento de salario, porque esto es el 7% de lo que nos debían de 2019. El 15 de diciembre se vuelven a reunir para debatir la paritaria 2020/21 y no se espera más que el 15%. Entonces qué hicieron todo este tiempo, todo este año. ¿Recién finalizando el año se reúnen para debatir esto? El tema es que para el año que viene te congelan el salario. Ya estamos en noviembre, ya hay un 40% de inflación. El poder de compra del ferroviario viene perdiendo por lejos.  

La policía de Berni reprimió a trabajadores de Danone  

Comunicado: 

¡MOVILIZACIÓN A LA COMISARÍA 4ta. DE LONGCHAMPS! 

A los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas, a los trabajadores y al pueblo en general. Nos autoconvocamos para movilizarnos a la puerta de la comisaría 4ta. de Longchamps, para repudiar el violento accionar de la policía contra una protesta de trabajadores por el despido injusto del compañero Daniel Moyano, que terminó con la detención ilegal del compañero Pablo González. La policía por orden de la empresa fue decidida a reprimir una legítima y legal protesta con hombres de civil y sin identificación previa, deteniendo a un compañero trabajador que minutos antes había salido de su jornada de trabajo habitual, dónde su único delito, según la policía, fue acompañar y solidarizarse con su par despedido. 

Al compañero no solo lo apresan de manera violenta e ilegal, sino que también le siguen pegando en el patrullero y luego dentro de la comisaría, luego de ser esposado en las rejas. Todo este hecho se da en el marco de la comisaría 4ta. de Longchamps, que llamativamente en el frente del edificio tiene colgada una placa recordatoria de Memoria Verdad y Justicia, ya que es un lugar señalado por los organismos de Derechos Humanos como ex Centro clandestino de detención y tortura en la última dictadura militar. Por eso pensamos que no es un hecho menor que las fuerzas represivas del Estado, actúen de manera impune a través del apremio ilegal utilizando métodos de tortura física y psicológica, o que repriman trabajadores para defender los intereses de una empresa. 

No es casualidad que en el mismo momento que estaba detenido nuestro compañero, reprimían y detenían a trabajadores de Cresta Roja. Una política de gobierno que parece ser, anda suelto de palazos y balas de goma a los trabajadores y al pueblo pobre como sucedió en la toma de tierras de Guernica. 

Por todo esto venimos a denunciar al comisario responsable Alejandro Aguirre, que las autoridades competentes investiguen el accionar de la policía de la comisaría 4ta. de Longchamps y que se limpie la causa de Pablo González de manera inmediata. 

CONCENTRAMOS EN EL CIRCUITO A LADO DE LA ESTACIÓN DE LONGCHAMPS, EL MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 17 HS, PARA MARCHAR HASTA LA COMISARÍA 4ta.
TRABAJADORES AUTOCONVOCADOS DE DANONE – LA SERENÍSIMA. 

Entrevista a Carlos Stasiuk, delegado de Cresta Roja 

No queda clara cuál es la posición de este gobierno hacia los trabajadores 

M.H.: Han sido violentamente reprimidos, tres compañeros detenidos, diez agredidos en el marco de una asamblea que estaban realizando en la puerta de la planta. ¿Qué nos podés comentar al respecto? 

C.S.: El lunes 9 hicimos una asamblea, decidimos bloquear los portones y eso causó que nos hayan sacado a puro balazo de goma, nos corrieron por el barrio lindero. Hubo en total 5 compañeros detenidos y unos cuatro o cinco vecinos también porque se metieron con patrulleros, autos particulares a cazarnos. Fue muy salvaje la represión de esta vez, mientras que lo que nosotros estamos buscando hace ya cinco años es poder recuperar nuestro trabajo. Cada vez se hace más difícil y no hay ninguna respuesta de parte del gobierno nacional ni provincial.  

M.H.: Tengo una relación bastante estrecha con el “Vasco” Eduardo Murúa, director de empresas recuperadas en el Ministerio de Desarrollo social, y tuve oportunidad de entrevistarlo dos veces y comentarme que ustedes estaban elaborando un serio proyecto para organizar una cooperativa y que incluso habían tenido reuniones con funcionarios. ¿En qué quedó todo eso? 

C.E.: Hemos llegado el 1° de febrero al director de empresas recuperadas buscando una alternativa para encontrar una solución a esta problemática, también fuimos recibidos por el secretario de Industria, Ariel Schale, en dos ocasiones pero no ha avanzado en nada la negociación ni tampoco algo concreto para los trabajadores.  

Los recibimientos son muy burocráticos, nos piden listados, cosas imposibles para que ellos tengan tiempo de ir armando una mesa de diálogo como si nadie supiera el problema de Cresta Roja. Nosotros nos juntamos en diciembre de 2019, apenas asumido el gobierno, con el ministro de Producción, Matías Kulfas, y con el equipo de Moroni, después en el mes de enero con el ministro Arroyo, ya le habíamos explicado toda la problemática y cada vez que vamos es como que no entienden nada, que no saben cuál es el problema. Y todos sabemos cuál es el problema, pero miran para otro lado, no queda clara cuál es la posición de este gobierno hacia los trabajadores. 

Después de lo del lunes queda en evidencia que  la única respuesta que tiene es la represión y la verdad es que nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes. Queremos trabajar nada más y que nos traten de esa forma, deteniéndonos, procesándonos no es nada grato ni para nosotros ni para nuestras familias.  

M.H.: Ustedes tienen previstas actividades en Buenos Aires la semana entrante ¿De qué tipo? 

C.E.: Vamos a ir a manifestarnos a la Casa Rosada para repudiar la salvaje represión que hemos recibido. Y puede ser que terminemos acampando hasta que alguien del gobierno no solo nos reciba sino que se tome en serio el problema de Cresta Roja y entiendan que necesitamos una solución urgente. Porque fuimos a todas las reuniones, fuimos orgánicos, estamos abiertos al diálogo pero no queremos más represiones, queremos trabajar, queremos que el gobierno tanto nacional como provincial entienda que lo que queremos es trabajar.  

M.H.: ¿Cuándo va a ser eso? 

C.E.: El martes 17 de noviembre al mediodía vamos a estar en la Casa Rosada. 

Este martes 17 de noviembre, trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja marcharán a partir de las 11:00 desde Plaza Constitución hasta Plaza de Mayo, donde realizarán un acampe, acto y olla popular. 

Entrevista a Juana Lissar, vocera de Guernica 

Hay que seguir peleando por las tierras 

M.H.: Hoy, miércoles 11, hubo una actividad importante de los compañeros de la toma de Guernica a las 10:00. 

J.L.: Sí. Marchamos al municipio. 

M.H.: ¿Cuál es la situación? 

J.L.: La situación es que hay que seguir peleando por las tierras, porque es un problema nacional. Seguir peleando por las tierras que nos corresponden, que nos den nuestro pedazo de tierra que es un derecho. 

M.H.: ¿Cómo se encuentran ustedes en este momento? 

J.L.: Estamos más unidos que nunca. Está difícil la situación porque somos muchos los que tenemos dónde ir, pero también hay mucha otra gente que no tiene dónde estar. Están en la calle y estamos tratando de ayudarlos, acomodándonos de un lado en otro porque el gobierno cerró los paradores y nos dejó a todos en la calle. 

M.H.: ¿Tienen prevista algún otro tipo de actividad en la semana? 

J.L.: Siempre estamos haciendo asambleas. Pusimos una escuelita comedor, vamos a poner otro. Un gazebo con una escuelita cerca de la Municipalidad, para que sea visible, para que la gente vaya, lleve donaciones, nos ayude sobre todo a la gente que está en situación más desesperante. Nosotros tenemos un familiar o alguien a quien recurrir, hay gente que no tiene nada y va a ser también un refugio para ellos. Ya que el Estado no se hace cargo, nosotros tenemos que hacerlo. 

M.H.: ¿Querés agregar algo? 

J.L.: Sí, nosotros vamos a seguir luchando, porque si ganamos esto marca un precedente. Porque esto es a nivel nacional, son 4.000.000 de personas las que no tienen dónde vivir. El Estado sabe que si gana Guernica gana el país. Y esto no es solo un tema habitacional, es vivienda, trabajo, educación, salud, todo entra en la misma bolsa. Estamos en un grave problema y el Estado tiene que escuchar al pueblo. El pueblo es el que lo vota, el que les paga y el que cuando lo necesitan está. Entonces ellos tienen que escuchar al pueblo, no pueden hacer oídos sordos y tiene que darle prioridad a quienes menos tienen.  

Las y los vecinos de Guernica definieron realizar este jueves 26 desde las 6 am a un gran corte en el Puente Pueyrredón para continuar la pelea por tierra para vivir, vivienda y trabajo. La acción se realizará la semana en que se cumple un mes del brutal operativo que desalojó a las familias y convocan a la más amplia solidaridad de sectores en lucha, jóvenes, mujeres y trabajadores. 

Entrevista a Angélica, representante del personal doméstico 

Es imposible pagar el alquiler, hay que dejar de comer para pagar la pieza 

M.H.: El pasado martes 10 participaste como parte de las organizaciones y vecinos que luchan por el derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, en una concentración efectuada en la jefatura de Gobierno de CABA. ¿Cuáles fueron los motivos de esta convocatoria? 

A.: El 70% de las trabajadoras de casas particulares somos informales, en el año 2018 no tuvimos ninguna paritaria, en 2019 tuvimos un 5% de aumento y desde esa fecha hasta ahora no tuvimos aumentos. Nosotros cobramos $ 145 por hora. La situación de muchas compañeras se complicó aún más por la pandemia y la crisis, porque a los que más afecta es a la clase trabajadora que no está registrada. Muchas de las trabajadoras registradas también tuvieron problemas, como recibir solamente el 50% de su salario, algunas ni eso. En vista de esos reclamos estamos reuniéndonos en diferentes lugares ya sea en parques, salas, colectivos. Fuimos sumando reclamos y decidimos agruparnos para llevar adelante todos estos reclamos.  

Nosotras ahora estamos expuestas ante el Covid. El gobierno nos dispuso volver a trabajar pero sin el respaldo correspondiente. Nos envía a trabajar para que nuestros jefes paguen un traslado privado, lo cual es carísimo y muchas no nos atrevemos a pedirlo y nuestros empleadores tampoco están de acuerdo con pagarlo. Entonces la gran mayoría estamos regresando a trabajar a nuestra suerte, corriendo riesgos de salud y gastando de nuestros bolsillos para poder afrontar la realidad, en vista que no tenemos otra salida ante esta pandemia, ya que muchas somos jefas de familia, de hogares con niños, tenemos que pagar las piezas, tenemos muchas necesidades en nuestras casas. Muchas fueron en busca de un apoyo o ayuda a un comedor, que ahora tampoco van a poder ser apoyadas por ese medio porque están cortando la comida a los comedores. Entonces cada vez se agrava más la situación de las trabajadoras. 

M.H.: Esta protesta que realizaron el día martes, vinculada al derecho a la vivienda en la Ciudad ¿cómo se relaciona con esto que nos comentabas? 

A.: Lamentablemente esto viene en un solo paquete. Muchas trabajadoras no cuentan con una vivienda propia, muchas viven en lugares comunales, en casas hacinadas en barrios populares donde no podemos pagar los alquileres, siendo una pieza chiquita se están pagando más de 6/8.000 pesos. Es muy triste, muchas de las compañeras no pueden pagar, tienen deudas de varios meses, están bajo amenaza de desalojo. La verdad es una situación muy penosa escuchar a cada compañera que se acerca a buscar ayuda. Cada día aparece una situación más difícil. Más del 40% viven en barrios populares, pero ahora hay que dejar de comer para poder pagar la pieza. El gobierno está claro, sabe muy bien cuál es nuestra canasta básica, sabe bien que un ciudadano para poder sobrevivir tiene que ganar más de 40.000 pesos y una trabajadora de casa, con los $ 17.500 ¿cómo vive? El gobierno les está cerrando la puerta a todas las trabajadoras. Estamos en la calle, nos prohíben el derecho a la vivienda porque no podemos ni pagar la pieza y menos podemos comprar un terreno que ponen en precio de 9.000 pesos el metro2. ¿Qué trabajadora puede comprar algo así? Ni a pagar a 20 o 30 años. Si es imposible pagar el alquiler, si hay que dejar de comer para pagar la pieza, menos que menos vamos a poder tener algo propio.  

Somos el gremio con el salario más bajo de todos los gremios. Hay mucha gente con mucha necesidad, pero no hubo ninguna respuesta. Tuvimos cuatro movilizaciones y ninguna respuesta. Solo pedimos que dupliquen nuestro salario, para que se corresponda con la canasta básica familiar. Ahora llegaremos a tener en tres cuotas, que nos van a completar hasta marzo, para llegar a 21.000 pesos. Nadie puede vivir con eso. Ahora viene el aumento de las piezas, todos los días aumentan los alimentos. Vas con 1.000 pesos al mercado y no traes nada. Unos kilos de fruta y verdura  y algo más y se van esos 1.000 pesos. ¿Cómo piensa el gobierno que se puede vivir con 21.000 pesos y recién en marzo? ¿Cuánta gente la va a pasar mal en estas fiestas? ¿Cuántos niños no van a tener para comer? Ahora están cerrando los comedores. Nos van a dejar sin comer. Ya estamos en la calle prácticamente. Somos más de un 50% de la población al límite de la indigencia. Ni con todo el aumento que nos están dando, el 28% hasta marzo, ni aun así podemos cubrir. 

Lamentablemente somos discriminadas. Hasta el momento no tenemos respuestas positivas. En vistas a eso estamos invitando, junto a otras organizaciones, vamos a tener un acto este 14 de noviembre a las 15:00 en Plaza de Mayo para convocar a diferentes organizaciones y hacer una marcha masiva y cortes en lugares principales.  

Cierre de empresas 

Parque de la Costa (Tigre), del rubro entretenimiento, cerrado hace siete meses por la crisis del coronavirus, ha informado a las autoridades y a los empleados que a partir de noviembre deberán disminuir las retribuciones netas y que dicha remuneración la podrán mantener en la medida que se mantengan los aportes de las ATP, implementados por el Estado. De hecho, la administración negocia la posibilidad de abrir un retiro voluntario para sus empleados. Desde la compañía propietaria señalan que están en curso distintas líneas de negociación a nivel provincial y municipal con la posibilidad de traspasar el Parque a la esfera estatal.  

Trabajadores realizaron una nueva concentración frente al Parque de la Costa para enfrentar el intento de despidos encubiertos por parte de la patronal. 

Hubo delegaciones del sindicato oficial SUTEP, Sindicato de Pasteleros y CGT Zona Norte, junto a los trabajadores y trabajadoras del Parque de la Costa quienes salieron nuevamente a las calles para rechazar el comunicado oficial de la empresa Comercial Del Plata, quien abrió los retiros voluntarios ofreciendo sólo un 130% de indemnización en 3 cuotas. Un chantaje por parte de la patronal que de esta manera quiere avanzar en despidos encubiertos. 

Había bronca e indignación por parte de los trabajadores ya que el sindicato oficial realizó un acuerdo a sus espaldas con el gobierno y desde que comenzó la cuarentena los trabajadores sólo vienen cobrando el ATP. Ellos vienen denunciando las irregularidades en el pago de salarios hace meses además de tomar distintas iniciativas y movilizándose hace varias semanas en las calles pero todavía no hay respuestas concretas por parte del gobierno. 

La concentración se realizó en las puertas del parque donde luego se realizó una marcha hacia la estación de Tigre. Al finalizar la misma el representante sindical de la SUTEP informó que había recibido un llamado de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, quien manifestó que el Parque de La Costa no va a cerrar. Sin embargo si no hay nada escrito por parte de la empresa donde ratifique los dichos de Massa, no hay que depositar ningún tipo de confianza, ya que es el mismo Estado que hasta el día de hoy no ha tomado ninguna medida sería frente a los reclamos de los trabajadores. 

El próximo martes 17 se estará realizando una nueva audiencia en La Plata. 

El fabricante de celulares Brighstar (T. del Fuego), una multinacional que produce para Samsung y LG y que tiene dos plantas y más de 500 empleados, “está buscando opciones” para su salida del país. 

La multinacional se radicó en el país en 2003, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde reabrió el régimen promocional. Desde entonces, coexiste con 13 grupos y recibe beneficios fiscales por su actividad. Forma parte del pelotón de las 28 compañías globales que cerraron o buscan socios, entre ellas Falabella, Latam, Glovo y Walmart. 

En Argentina, Brighstar tiene 526 empleados directos (6,7% de la industria) y de enero a setiembre produjo 559.697 celulares (15%). 

Este lunes la Compañía Minera Aguilar, propiedad de la multinacional Glencore, confirmó el cierre de sus instalaciones. La minera, que cuenta con 91 años de antigüedad y que en 2005 se incorporó a Glencore, cuenta con más de 600 empleados y produce plomo y zinc. Según informó, estaba prevista su continuidad operativa durante un breve período más, hasta marzo 2021. 

El presidente de la compañía, Guillermo Apraiz, añadió: “Hoy es un día muy triste para todos quienes valoramos este emprendimiento minero que forma parte de nuestras vidas desde hace muchos años, pero que lamentablemente ha alcanzado de manera inexorable el final de su etapa productiva. Si bien estaba prevista su continuidad operativa por un breve período, la condición sanitaria actual ha forzado el adelanto de esta determinación”. 

Para los trabajadores de la empresa se abrió un período retiros voluntarios ya que en la próxima etapa sólo quedará trabajando una dotación reducida de 180 personas para llevar adelante primero el período de “Cuidado y Mantenimiento” durante 12 meses y luego una transición hacia el cierre ambiental del yacimiento. 

La minera también se comprometió a mantener los servicios de salud y vivienda por un tiempo limitado, además de explicar los fundamentos del cierre. “Ofreceremos un beneficioso programa de retiro voluntario, asistencia para la relocalización y una serie de programas sociales para brindar herramientas de apoyo en este difícil momento. Compañía Minera Aguilar mantendrá el pueblo durante dos años. Más allá de la reducción de la fuerza laboral, ninguna persona será forzada a dejar su casa hasta que resuelvan hacerlo antes de la finalización del periodo mencionado. Esto incluirá también soporte a través de proyectos comunitarios, Compañía Minera Aguilar proveerá el servicio de salud a través del Hospital Aguilar hasta fines de 2021”, aseguraron en una carta dirigida a los trabajadores. 

Desde el sindicato minero, AOMA, denuncian la llegada de Policías de Infantería y fuerzas del Ejército Argentino al pueblo minero ante la asamblea de trabajadores que se realizará el miércoles en horas de la mañana. 

Entrevista a David Contreras, delegado de Gri Calviño 

Somos trabajadores que simplemente estamos reclamando nuestros derechos 

M.H.: Han sido desalojados de la fábrica por fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires. Ustedes estaban enfrentando un lock -out patronal. ¿Cuál es la situación y los motivos? 

D.C.: Nosotros hace un mes comenzamos un plan de lucha, ya que habíamos arreglado acuerdos internos con la empresa que no cumplió y aprovechó un parate productivo para suspender a todos los compañeros. Se logró por la fuerza de todos que el arreglo sea un poco mayor a lo que había arreglado la UOM nacional. Eso implicaba ciertas características y los compañeros iban a terminar cobrando en suspensión un 95% del salario. La UOM había acordado un 86%. Destaco esto porque justamente fue el problema que desató la problemática y que la empresa utilizó para arrancar con este lock-out patronal. Entonces este parate productivo que tuvo la empresa fue utilizado para tratar de introducir un acuerdo interno que va en contra de la Ley de contrato de trabajo y nuestro convenio colectivo que es el 260/75. Inclusive la empresa está utilizando el acuerdo de la UOM nacional con las mejoras que tuvimos nosotros, entendiendo que este acuerdo fue hecho para que los trabajadores pudieran sostener el trabajo y pasar esta situación de pandemia. O sea que la ayuda era tanto para la empresa como para los trabajadores. Pero la empresa está utilizando eso para retener las chapas en el puerto y estamos viendo que el acuerdo que debería ser para sostener el trabajo productivo se está usando para extorsionar a los trabajadores. Eso es lo que básicamente está pasando en este momento 

M.H.: ¿Ustedes recibieron telegramas de despido? 

D.C.: Nosotros estuvimos en una toma pacífica de la planta, por una cantidad de salarios que la empresa no estaba abonando. De hecho habíamos hecho acuerdos internos y la empresa no respetó un acuerdo que teníamos desde diciembre que hablaba de recategorizaciones ni uno que firmamos en junio que trataba justamente lo de las suspensiones. Entonces a raíz de eso, los compañeros en algunos casos recibieron cero pesos de salarios durante dos quincenas. A partir de eso y con un plan de lucha votado en asamblea por los compañeros, decidimos ir visibilizando la cuestión a través de cortes de ruta. Llegada la segunda quincena que los compañeros no cobraron nada, tomamos la planta. Estuvimos alrededor de dos semanas dentro de la planta hasta que la empresa decidió ir un poco más allá y mandó 66 telegramas de despido a los compañeros, queriendo embarrar un poco más la cancha, ya que lo que están presentando, lo querían presentar en el foro penal, mientras que las cuestiones laborales se tratan en el fuero laboral. Así que estamos en esta situación. A partir de esas dos semanas la empresa nos invitó por medio de una gran cantidad de policías y el grupo GAP a que nos retiremos del predio de la planta. Lo hicimos en forma pacífica porque no somos delincuentes, somos trabajadores que simplemente estamos reclamando nuestros derechos. 

M.H.: ¿Hubo una conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la provincia? 

D.C.: Así es. El ministerio de Trabajo de la provincia frente a los despidos concilió y la conciliación obligatoria se dio a partir del martes pasado.  

M.H.: Que en principio fue rechazada por la UOM.  

D.C.: Fue rechazada en principio, sí, pero por la empresa. La UOM acató desde un primer momento. Nosotros, los trabajadores lo que buscamos es solucionar el problema y no meterle más escollos. La empresa la violó en reiteradas veces, hizo una denuncia a cuatro de los ocho delegados, una denuncia amplia hablando de secuestros y un montón de cosas más. Lo que está buscando es el desafuero de los delegados.  

M.H.: Amenazas de cerrar la empresa por parte de Gri Calviño que es una empresa brasileña ¿verdad? 

D.C.: Es una empresa que tiene capitales españoles y nacionales. Justamente la parte nacional está dada por Gastón Guarino que es el Presidente de la Cámara eólica argentina. Y los capitales españoles pertenecen a Gri que es una multinacional que está en 14 países.  

M.H.: ¿Querés agregar algo? 

D.C.: En este momento seguimos con una toma pacífica de una parte del estacionamiento de la planta, que es generalmente de libre acceso, porque todavía la situación respecto de las diferencias salariales no se terminó de solucionar. Incluso se suma a esta cuestión de los despidos. Así que los compañeros decidieron por asamblea mantener esta ocupación hasta tener alguna respuesta de la empresa. 

La Asamblea y Cuerpo de Delegados convocan para este martes 17 de noviembre, a las 8:00, en Puente Pueyrredón desde donde marcharán hasta la Cámara de Energía Eólica y luego al Congreso en contra de la extorsión por los despidos y para exigir el pago de las quincenas adeudadas, el cese del lock out patronal y de la presencia policial en la planta.

Paritarias 

Hasta octubre, unos 3,7 millones de puestos de trabajo recibieron aumentos salariales establecidos por la paritaria 2020, de acuerdo al ministerio de Trabajo. Representa el 84% del total del empleo asalariado privado encuadrado en convenios de trabajo de más de 10.000 trabajadores. 

El aumento salarial promedio fue del 33% (diciembre 2019 a diciembre 2020). Según el INDEC, a setiembre, la inflación interanual fue del 36,6%. Y la canasta básica alimentaria (de indigencia) subió un 39,6%. 

A julio, según Trabajo, el salario promedio formal privado total (cubierto o no por convenios) había caído un 4,7% con respecto a igual mes de 2019 y retrocedió un 14,7% respecto de julio del 2017. 

De los convenios firmados, solo el 30% acordó aumentos por un año con “cláusulas de revisión salarial, antes de la finalización del acuerdo”. 

En tanto, el 70% que suscribió subas salariales por un plazo inferior a un año, incorporaron sumas fijas (61%) para las distintas categorías. 

Según Trabajo, a mayo había 6,1 millones de puestos de trabajo formales en empresas privadas. De ese total, 5,3 millones (87%) se encontraban alcanzados por un CCT cubierto por negociación colectiva.  

Fuentes: Clarín, Resumen Latinoamericano, Anred, Programas radiales “Metrópolis”, “Fe de erratas” y Plan B(aires) – FM La Boca (90.1), Le Monde Diplomatique, Canal Abierto, Red Eco Alternativo, argentina.indymedia, Infogremiales.