Los envenenadores sistémicos se han quitado, sonrientes, las máscaras. Y gobiernan. Ya no en las sombras. Sentados en los sillones máximos. Exhibiendo a sus niños y a sus corbatas. Y firmando actas de defunción de cerros y ríos.
El modelo extractivista –como se llama al sistema vampírico que deja anémica a la tierra e intoxica el agua y el aire- ya tiene sus delegados formales en el gobierno. En algunos casos, personajes fundacionales en el generoso presente con que en 1993 el país ensalzó a las megamineras: el régimen de estabilidad fiscal. Fue Daniel Melián, hoy secretario de Minería, el padre amante de ese pequeño monstruo al que hoy, veinte años después, le concede la mayoría de edad con la supresión de las retenciones. Justo en estos días cuando se conoce la pericia de la Federal emitida en diciembre: cinco ríos envenenados después del derrame de un millón de litros de agua cianurada en setiembre de 2015.
La nación puede determinar que no se cobrarán más los derechos de exportación de las entrañas de la tierra y perder 3300 millones de dólares al año. Pero se encoge de hombros ante los controles, porque sólo pueden ser ejercidos por los gobiernos provinciales. Que suelen ser rehenes a partir de sus desgracias financieras: cualquier canto de sirena que ofrezca consumo y puestos de trabajo temporales es alojado generosamente, sin detenerse en secuelas mínimas, como cerros volados, agujeros desérticos en la tierra, ríos envenenados, fauna y flora alterada, pueblos fantasma y graves consecuencias en la salud y en la vida.
La Nación (1) ejemplifica con la mina La Alumbrera, de la suiza Glencore, que “en 17 años aportó 4.820 millones de pesos al fisco de Catamarca y los 663 millones de pesos que aportó en 2014 solventaron los presupuestos de dos ministerios y dos secretarías de Estado”. También en 2014 la mina Veladero, de la canadiense Barrick Gold, “hizo compras a proveedores de San Juan por 1.505 millones de pesos y esas compras sostuvieron las arcas provinciales a través del impuesto de ingresos brutos”. En setiembre de 2015 Veladero admitió el derrame de un millón de litros de agua con cianuro en el río Potrerillos.
El modelo extractivista irrumpió triunfal en la Argentina de los 90, cuando se firmó la autorización para la transgénesis de la soja y se llamó a las inversiones megamineras con un voucher obsequio, un kit de leyes irresistible que consistía en entrar, disponer, volar, contaminar, pagar el 3% a boca de mina y vaciar. Dejando las migas del banquete en la panza vacía del suelo. Las leyes comenzaron a promulgarse en 1989 y fueron sembrándose durante diez años; varias de ellas fueron conceptualmente paridas por el regresado Daniel Melián. Un régimen jurídico que convirtió a la megaminería en la actividad extractiva más beneficiada del país. Y que subsiste hoy, sin que ninguno de los subsiguientes representantes políticos haya rozado siquiera la tentación de alterarlo.
La ley 24.196 de Inversiones Mineras le concedió a la minería un régimen de Estabilidad Fiscal por treinta años. Ningún mortal de estos pies del mundo hubiera soñado algo así: “esto significa que los sujetos alcanzados por estos beneficios no pueden ser afectados durante ese plazo por la creación de nuevos impuestos, el aumento de alícuotas, impuestos aduaneros, la derogación de exenciones otorgadas, la eliminación de deducciones admitidas, etc., tanto a nivel nacional y provincial como municipal” (2).
La Alumbrera, emplazada en Catamarca, ganó miles de millones de dólares por la extracción de cobre y oro durante 18 años. Ante el agotamiento de la mina, ya se prepara la explotación de Agua Rica. Y es Andalgalá la que resiste. Acampando en Buenos Aires, a los pies de la Corte, para ver si la Justicia baja la cabeza y los ve. Esperando el amparo que los ampare de la explosión de Agua Rica. Que afectará al río, fuente del agua potable de Andalgalá. Fuente de la vida de Andalgalá. Que a pesar de la cercanía con la Alumbrera y de las promesas de paraíso, no tiene cloacas, los baños del hospital no tienen agua potable, la mitad de sus habitantes está desempleada y depende de la caridad pública de la minera para que haya caminos transitables.
Sugestivamente, Elisa Carrió, una líbera ideológica, le apuntó con un dedo índice a su socio, el Presidente Sistémico: “mientras las tarifas energéticas suben para toda la población, para las mineras se mantienen congeladas. Hace apenas dos años, la mina Veladero pagaba 2.700 pesos al mes por usar millones y millones de litros de agua”.
En estos días se eriza el Famatina y se oye el temblor de los glaciares. Si había alguna puerta entornada que dificultara la entrada tumultuosa de las compañías, ahora se allanó. Daniel Melián cortó el candado de las retenciones y Mario Capello, subsecretario de Desarrollo Minero llegó a cuidar las ovejas con dentadura de lobo. El mismo que minimizó, junto al entonces gobernador Gioja, la travesura de la Barrick en el Jáchal. “Cosas que pueden pasar”, dijeron mientras ofrecían a los voluntarios un vaso de agua con cianuro para comprobar que seguirían vivos. De los cinco ríos envenenados ni una palabra. Gioja está muy ocupado intentando presidir el PJ. Y Capello, tratando de cajonear la pericia que, inexplicablemente, se filtró. Con cinco ríos cianurados, con metales pesados, sales y cobalto, que se vuelcan en la red domiciliaria.
Los envenenadores sistémicos están mordiendo el cuello del futuro. Donde había pájaros y niños habrá una oquedad infinita. Donde había ríos de cristal habrá correntadas verdes o rojas o amarillas. Donde había cerros que tocaban el cielo habrá apenas cielo. Y donde hay palabras absurdas, habrá silencio.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dijo que la eliminación de retenciones a las mineras «es para conseguir pobreza cero». Entonces se retiran los pájaros. Y los niños se van a dormir, esperando despertarse en otro tiempo.
Notas
(1) La Nación, 23 de febrero de 2016
(2) 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Colectivo Voces de Alerta
Fuente: Pelota deTrapo, Edición: 3109