Festival solidario y una movilización por La Nirva

En un comunicado publicado el 12 de enero en su perfil de Facebook, los y las trabajadores hacen un repaso sobre la situación de vaciamiento que vienen sufriendo y resistiendo: «somos las y los trabajadores de la Nirva que desde agosto de 2019 vivimos un calvario porque desde esa fecha el dueño Matías Paradiso nos debe nuestro salarios, obra social y aportes jubilatorios, más cheques sin fondo que nos entregó esa Navidad, perjudicándonos aún más a las 55 familias que somos, que de ese 80 % somos mujeres jefas de hogar«, denuncian. 

En la misma línea, rememoran: «en marzo de 2020, en pleno principio de la pandemia, mientras todos los trabajadores estábamos en nuestra casa sin ingreso económico, los vecinos nos avisaron que el señor Paradiso se estaba llevando maquinaria, que era la única garantía de nuestra fuente de trabajo. Ante este aviso todos los compañeros decidimos comenzar un acampe en la puerta de la fábrica para frenar el vaciamiento. Esto duró más de dos meses. En este tiempo, nos sostuvimos con venta de tortillas, tortas, donaciones de vecinos y organizaciones», recuerdan. 

Y agregan: «debido a que se agotaron las instancias de negociación con el ministerio de Trabajo en las cuales Paradiso reconoció todo lo adeudado por intermedio de sus abogados, sin importarle esto, no cumplió con ninguna de las promesas hechas ante el ministerio. Ante esto, decidimos ingresar a la planta, y desde ese momento permanecemos en asamblea permanente resguardando las máquinas y produciendo alfajores a fazón y este diciembre último, hicimos pan dulce. Gracias a todo esto podemos sostener a nuestras familias», explicaron. 

Finalmente, relataron el último trago amargo que recibieron de parte de la justicia: «el día 30 de diciembre de 2021 por la noche, mientras nos encontrábamos preparando para celebrar el Año nuevo junto a nuestras familias, nos enteramos que el juez Fernando D’ Alessandro, del Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 de la Secretaría N°13, resolvió el inminente desalojo de la fábrica con fecha y hora inciertos. En estos últimos días hubo muchas idas y vueltas judiciales, entre ellas, el martes 4 de enero dieron el aviso de que habilitaron las ferias judiciales para dar lugar al pedido de desalojo pero a los pocos días nuestros abogados nos dieron la noticia de que aceptaron la apelación, esto no quiere decir que hayamos ganado esta pelea judicial». 

Además, volvieron a recordar el CBU que pusieron a disposición para recibir aportes para el fondo de lucha del conflicto: 19100384-55103801076549. 

En este marco, se organizó una amplia campaña de apoyo a la lucha de los y las trabajadoras de La Nirva, que cuenta con la participación de personalidades, organizaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos, donde impulsan, además, un petitorio contra el desalojo de la planta productora de alfajores. 

Tras el desalojo violento, la Legislatura provincial votó la expropiación de la Cooperativa Nueva Generación 

COMUNICADO DE LA COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL 

Saludamos fervientemente el triunfo de la Cooperativa Nueva Generación. Se logró la votación de la expropiación que contaba con media sanción del Senado. Pero se logró por la acción de un sector de la clase trabajadora mancomunada en defensa de NG cuyos intereses son lxs de todxs lxs trabajadorxs. Ese es el verdadero triunfo obtenido que por ahora concluyó ayer (28/12) en el Parlamento provincial.
Nos sentimos orgullosxs por haber brindado un modesto esfuerzo en esa causa y consideramos que deberemos transitar un camino de intercambio y lucha en común cada vez que se trate de la defensa de lxs intereses de lxs trabajadorxs contra las políticas de ajuste, sometimiento y explotación, que con variadas argumentaciones tratan de imponer los monopolios y sus socios locales, y las políticas gubernamentales.
¡¡Un fuerte abrazo!!
Coordinadora por el Cambio Social 

“Atlanticazo” en toda la Costa bonaerense: buscan replicar el triunfo popular del “Chubutazo” 

Decenas de ciudades protestaron contra el avance petrolero en las costas de Buenos Aires. Es la respuesta a la decisión del gobierno nacional, que dio luz verde a la empresa noruega Equinor para explorar el Mar Argentino. Sin grieta: el proceso licitatorio lo había iniciado Mauricio Macri y lo continuó Alberto Fernández. La autorización fue firmada por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié. 

Los pueblos de la Costa Atlántica bonaerense se movilizaron el martes 4 de enero contra las petroleras en el Mar Argentino. La manifestación se produjo luego de que el 30 de diciembre pasado la Resolución 436/2021, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. La compañía Equinor pidió permiso en 2020 para realizar estas acciones de exploración sísmica y, pese a que la actividad no cuenta con licencia social, fue autorizada en el último día hábil de 2021. La exploración petrolera será desarrollada en conjunto con las empresas Shell e YPF. También hubo movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. 

Los vecinos y vecinas de Mar del Plata ya se habían expresado en la audiencia pública de julio de 2020 por «un mar sin petroleras». Participaron activistas y sectores de la pesca marítima de la provincia de Buenos Aires, reuniendo a un total de 522 personas inscriptas que fueron parte del debate virtual durante tres días. Si bien la instancia no era vinculante, mostró la falta de licencia social que la actividad hidrocarburífera tiene en la zona. 

La exploración sísmica cuencas afueras (u offshore), autorizada por Cabandié, utiliza una flota de buques con sensores que recopilan información del subsuelo marino a través de un bombardeo sonoro. Con esos datos construyen mapas en dos y tres dimensiones para determinar cuáles son los lugares donde es posible realizar las perforaciones exploratorias. La autorización inicial es sobre los bloques denominados CAN 100, 108 y 114, ubicados en de la Cuenca Argentina Norte (CAN). 

La resolución firmada por Cabandié, en plena crisis climática y con once provincias ardiendo por los incendios, pretende instalar otra forma de extractivismo en una región donde hoy no existe actividad hidrocarburífera. La zona donde se proponen estos proyectos se solapa con el «Frente Talud», identificado como posible Área Marina Protegida por científicos nacionales y por el mismo ministerio de Ambiente. Su relevancia reside en ser el principal corredor biológico del Mar Argentino, por su alta productividad y por ser la zona de alimentación de importantes especies como la ballena franca austral, designada Monumento Natural en 1984, como denunció Greenpeace. 

Maximiliano Pomponio, vecino de Mar del Plata e integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras advierte que la decisión del ministro de Ambiente no les sorprende. «Hace varios meses tuvimos la noticia de que se encontraba suspendida la aprobación para realizar exploración sísmica pero a un día de finalizar el 2021, el 30 de diciembre, Juan Cabandié autoriza la exploración sísmica», reconstruye. El asambleísta confía en que, tomando como ejemplo la experiencia de Mendoza en relación a la Ley 7722 y el reciente «Chubutaguazo» en contra de la zonificación minera, esperan llevar a cabo un «Atlanticazo» contra el extractivismo en el Mar Argentino. 

Para el entrevistado «esta autorización permite que las grandes corporaciones petroleras saqueen y destruyan el mar y esto obedece a las políticas de entrega». En ese sentido, explicó: «Desde hace varios años, independientemente del color político que gobierne, se vienen rematando nuestros bienes comunes en todo el país». Pomponio compara la avanzada sobre la Costa Atlántica argentina con otras experiencias extractivas: la megaminería a cielo abierto, el agronegocio, el desmonte y los incendios forestales y la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. «Es una frontera que se mueve todo el tiempo, en perjuicio de las comunidades y las poblaciones y a favor de las grandes corporaciones y los gobiernos», define. 

Pomponio argumenta: «Nos oponemos a la exploración sísmica porque es una metodología que genera grandes daños fundamentalmente a la fauna marina, que en esta región de Argentina es muy variada». En las zonas licitadas y concesionadas la fauna marina encuentra su espacio de alimentación, de tránsito y de reproducción. «Si montáramos mapas que nos muestren cuáles son las zonas más licitadas entre 2018 y 2019 y a eso le superpusiéramos mapas sobre la migración de determinadas especies como los cetáceos, nos encontraríamos con una gran superposición», grafica el entrevistado. «Lo que estamos defendiendo es un bien común, que son nuestros mares y océanos, el gran ecosistema marino y todas sus especies», sostiene. 

El asambleísta afirma: «En términos ambientales, toda la actividad hidrocarburífera desde la exploración hasta la comercialización final, pasando por las etapas de transporte, almacenamiento, la extracción, el proceso y la refinación implica daños ambientales».  

Por su parte, Sebastián Agliano, de la Asociación de Embarcaciones de la Pesca Costera, expresó a su vez una «honda preocupación» por el proyecto de búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino y reclamó que «haya claros sobre la tiniebla que hay en la información» suministrada por la empresa petrolera y el Gobierno. 

No solo se opusieron quienes defienden el ambiente y las empresas pesqueras. Sol de la Torre fue la voz del Concejo Deliberante marplatense que participó de la Audiencia Pública. De la Torre, integrante del bloque de concejales del Frente de Todos se mostró «abiertamente en contra» de la iniciativa de exploración y extracción offshore. Para la edil, este proyecto «no hipoteca el futuro sino que hipoteca el presente» de las comunidades, las especies, los ambientes, y las economías regionales. «La industria naval, pesquera, turística y gastronómica dependen del trabajo que surge y dialoga con el frente costero», reflexionó, y apuntó: «Este es un proyecto extractivista, colonialista y patriarcal, diseñado y puesto en marcha en tiempos del cruel Mauricio Macri». 

El 23 de septiembre de este año, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación firmó la Resolución 16/2021 de la secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. La misma, determinó la suspensión de los plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; cuenca Argentina Norte (áreas can 108, can100 y can 114)”, presentado por la empresa Equinor, hasta tanto se reciba respuesta de todos los organismos que deban ser consultados. 

En el último día hábil del año, el ministerio de Ambiente declaró concluida la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en el artículo dos de la Resolución 436, aprobó el pedido de la noruega Equinor. “Gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una Audiencia Pública, con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de Impacto Ambiental”, declaró tras la Resolución 436 el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. A su vez afirmó que «se dio un paso fundamental para más producción de gas viable para las y los argentinos”. 

Promesas de más empleos 

Desde 1995, cuando se comenzaron a realizar las Encuestas Permanente de Hogares, Mar del Plata se encuentra entre las ciudades de Argentina con mayor desempleo. «En este contexto las empresas petroleras junto con el ‘Cluster de Energía’ -un grupo de 30 empresas dedicadas a logística e informática- y algunos otros sectores políticos y económicos vienen impulsando esta actividad con el discurso de que genera empleo», dice Pomponio. 

Pero el entrevistado cuestiona esa idea. «No vemos que eso suceda de esa manera: tenemos la experiencia de Tierra del Fuego, que es una provincia donde esta actividad costas afuera se viene realizando hace varias décadas; lo mismo sucede en la zona del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia (Chubut) y también en Santa Cruz», ejemplifica. «Lo que hacen las petroleras al arribar es empobrecer a las comunidades más humildes, concentrar riquezas en algunos sectores de la población, destruir el tejido social y todas las actividades culturales, recreativas e identitarias de las comunidades», subraya. En ese sentido, resalta la tradición pesquera de Mar del Plata frente a la intencionalidad de convertirla en una ciudad petrolera. 

“Nos pusimos en contacto con todas las asambleas ambientales del país y pudimos construir una red. Eso es importante, sabemos sus problemas ambientales, ellos saben los nuestros y nos vamos potenciando”, remarcó Carolina García Curilaf, de la Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras, quien también integra la Ecoasamblea de Parque Camet. “En la provincia de Buenos Aires, Miramar, Villa Gesell, Necochea, Bahía Blanca, San Clemente, también desde el sur de Chubut y hasta con Tierra del Fuego se ha coordinado, porque logramos construir una red de resistencia. Sabemos que este modelo extractivista es el mismo para todo el país, son problemas comunes”.  

El #atlanticazo crece 

La Asamblea por un mar libre de petroleras, junto a diversas organizaciones ambientalistas, políticas, sociales, artísticas y de Derechos Humanos siguió visibilizando el rechazo al proyecto del gobierno nacional de avanzar con la exploración sísmica en las costas de la provincia de Buenos Aires. En este marco, el martes 18/01 se realizó una Movilización plurinacional en Mar del Plata. 

Además, durante el fin de semana en las rutas estratégicas de arribo a la ciudad de Mar del Plata (Autovía 2 – Ruta 11 Acceso Sur y Acceso Norte) se realizaron cortes intermitentes y reducción de calzada, con el objetivo de seguir visibilizando e informando a lxs turistas que ingresaban a la Ciudad, en el cambio de quincena. 

Voces a favor y en contra 

A medida que creció el rechazo y se convocó al “Atlanticazo” del martes 4 de enero, también emergieron las voces a favor de la aprobación de la exploración sísmica por parte de Equinor. Por caso, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas difundió a través de su cuenta de Twitter algunas “aclaraciones” en torno al proyecto. “Lo primero, es que se trata de una iniciativa del Estado Nacional y no de empresas extranjeras que vienen a ‘saquear’ un recurso local”, aseguraron. Y agregaron: “Pero, además, esto no es nada nuevo. La Argentina busca hidrocarburos en su mar desde hace más de 90 años. Desde entonces, se han perforado 187 pozos en el lecho marino y se han producido algunos hallazgos de interés, sin incidentes ambientales significativos”. Detallaron que “en las costas bonaerenses, por caso, se han registrado desde 1960 unos 50.000 kilómetros de sísmica y se perforaron 18 pozos; el último en 1997, algunos de ellos relativamente cercanos a la costa. ¿Ocurrió algún desastre ecológico? La respuesta es un rotundo NO”. 

Desde ese espacio destacaron que “por primera vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participa en la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Esto incluye la realización de una audiencia pública”. Sin embargo, el resultado de la audiencia fue de rechazo mayoritario a la medida, que siguió adelante. 

El mismo día de la aprobación, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas emitió un comunicado de rechazo. “En un contexto de crisis climática y ecológica, la expansión de la frontera fósil forma parte del pasado. Es una tecnología obsoleta que debe entrar en desuso cuanto antes y esos fondos ser desviados hacia la construcción de la infraestructura necesaria para una transición energética justa y popular”, plantearon. En contraposición con el IAPG, que denunció “una embestida sin precedentes en contra de los hidrocarburos, que hoy representan la mitad del consumo mundial de energía. No es cierto que en el corto plazo puedan ser reemplazados con energías renovables. Y la demanda energética va en aumento”. 

Para las y los abogados ambientalistas, “desde el punto de vista ecosistémico, es necesario destacar que ante la acidificación y contaminación de nuestros mares y océanos, los proyectos de explotación de combustibles fósiles en el mar son la antesala de un auténtico ecocidio que no solo va a afectar al mar, a la ballena franca, lobos marinos, delfines y muchas otras especies, sino que también puede convertirse en una catástrofe que recaiga sobre el mar y las playas de uso público e incluso actividades productivas como la pesca”. 

¡¡¡Libertad a Milagro Sala!!! 

Movimientos políticos y personalidades de la vida pública exigieron la inmediata liberación de la líder social Milagro Sala, en ocasión del sexto aniversario de su encarcelamiento. 

En una carta abierta publicada en medios locales, organismos de Derechos Humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos reclamaron la libertad de Sala, y calificaron su detención como arbitraria e ilegal. 

Los firmantes sostuvieron que con presos políticos no hay democracia plena, y repudiaron el hostigamiento padecido por la dirigente del movimiento Tupac Amaru, quien se encuentra en prisión preventiva desde 2016 pese a que la ley vigente dispone que el límite de esa medida cautelar es dos años. 

Además, consideraron que su caso devino laboratorio del uso del lawfare, la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el mandato presidencial de Mauricio Macri (2015-2019). 

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, mientras encabezaba una movilización para exigir que el gobernador de Jujuy (norte), Gerardo Morales, escuchase las exigencias de miles de cooperativistas de viviendas en demanda de la continuidad de 20.000 puestos de trabajo. 

Desde la prisión ha denunciado la humillación, atropello, persecución judicial y violencia que ha sufrido en estos años, que motivaron que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) denunciaran al Estado federal ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). 

La carta en que se exige su liberación está firmada por Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Tristán Bauer, Horacio Verbitsky, Víctor Hugo Morales, Baltazar Garzón, Cecilia Roth y muchos más. 

Persecución a trabajadores de la Economía popular 

El dirigente Juan Grabois presentó una denuncia penal por tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde diciembre de 2020 en adelante y pidió el juicio político de la fiscala porteña Celsa Ramírez, que intentó vincular a la organización sindical con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar esos seguimientos. Hay fotografías de quienes acuden al edificio de la UTEP en la calle Pedro Echagüe 1265 donde, entre otras cosas, no sólo hay oficinas sino que también funciona un comedor comunitario que recibe a 3.500 personas y la obra social Mutual Sentimiento. También se incluyen informes que contienen conclusiones disparatadas, como que existen razones para sospechar de esa organización porque reparte “elementos de higiene” (en plena pandemia) entre las/los vendedoras/as ambulantes, además de acompañarlos en manifestaciones. El caso quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. 

Hace tiempo que ciertas fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires escrutan con obsesión la venta callejera en algunos barrios y en particular a la comunidad senegalesa que, además, suele ser blanco de feroces despliegues de violencia institucional. Para hacerlo, y satisfacer una persecución funcional al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y al macrismo, se esfuerzan en usar o distorsionar figuras penales. Eso les permite retener las causas judiciales que, en realidad, están destinadas a tramitar en la Justicia Federal, ya sea en Comodoro Py o en el fuero penal económico. El hecho es que en una de esas investigaciones, en la puerta de un depósito de mercadería, fue fotografiado un hombre con una campera que tenía la inscripción “MTE-UTEP” (Movimiento de Trabajadores Excluidos y Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y se convirtió en el puntapié para que la fiscala Ramírez ordenara seguimientos y tareas de inteligencia sobre la organización sindical, cuyo nombre original es Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La denuncia de Grabois dice que mandó agentes encubiertos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la CABA. 

“Dichas acciones fueron realizadas con el único fin de amedrentar a La UTEP como así también a vendedoras y vendedores ambulantes”, dice la denuncia. Ramírez, precisa, “se valió de las facultades que su calidad de fiscal le provee para hacer un uso arbitrario del poderque le fuera conferido y perseguir penalmente a este sindicato que nuclea al sector poblacional de mayor vulnerabilidad, aquel que trabaja en el sector de la economía informal”. Además de señalar una violación a la Ley de inteligencia y abuso de autoridad, la denuncia de Grabois advierte sobre actos discriminatorios, “a partir de la racialización” de las personas que pone bajo sospecha, a las que la fiscalía se refiere como de “rasgos africanos”, como si las características físicas y el color de piel –además– fueran un factor de relación con el delito. 

El caso 

El comienzo de la causa a cargo de Ramírez fue una denuncia de una apoderada de la empresa Nike, por falsificación de la marca. La fiscala invocó el artículo 289 inciso 1 del Código Penal que no es exactamente lo mismo, sino una figura que se usa para falsificación de sellos y patentes. Lo hizo para retener el expediente, porque la violación a la ley de marcas es un delito federal que ella desde los tribunales porteños no puede investigar. También le puso asociación ilícita, un comodín que se usa con frecuencia ante la falta de precisiones y para agravar el escenario penal. Además, en el fuero federal la jurisprudencia indica que estos casos son desestimados, no se considera que haya delito. La base es un dictamen de la ex procuradora Alejandra Gis Carbó que señala que en la actividad de venta callejera no puede haber engaño porque es ostensible que las características de la mercadería no se corresponden con las etiquetas. 

En el expediente figura la imputación: 

* Un párrafo general dice que se investiga “una organización que desde al menos el 12 de febrero de 2021 de manera coordinada en forma permanente e ininterrumpida se dedica a gestionar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público…” y que se apunta a la “responsabilidad” de “un grupo de personas cuya identidad hasta el momento se desconoce, quienes, previo acuerdo de voluntades y distribución de roles, de forma coordinada e ininterrumpida, dispusieron lo necesario para gestionar el ingreso al país de forma irregular, tanto de personas provenientes en su mayoría de Senegal, como así también de distintos productos de indumentaria y accesorios presumiblemente apócrifos”. 

* Un tramo específico sobre la UTEP detalla textualmente: “Se investiga el vínculo existente entre los miembros de la organización delictiva aquí investigada con el personal de la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), sita en la calle Pedro Echagüe 1265, quienes en el mes de diciembre de 2020 les proporcionaron múltiples elementos, como ser de higiene, a los vendedores ambulantes de la zona de Once y Avellaneda, a quienes, además, acompañaron en sus manifestaciones”. Agrega que en la puerta del predio “se ha comprobado la presencia de personal policial” “manteniendo un comportamiento no acorde a la función”. Quienes conocen la actividad de la UTEP y del comedor, saben que se entregan viandas para los detenidos de la Comisaría 1ª, en San Juan y Entre Ríos. 

Con todo eso, Ramírez dispuso hacer inteligencia y también un allanamiento en la UTEP. Las fotos en el expediente muestran, entre otras cosas, las colas de la gente que va al comedor comunitario. La denuncia de Grabois señala la preocupación por la información recabada mediante personal encubierto del Cuerpo de Investigaciones que habría seguido las actividades de la organización desde diciembre de 2020. “Las acciones atribuidas a este sindicato en modo alguno podrían ser indicativas de ninguna acción criminal. Nuestra labor diaria consiste en asistir y articular con trabajadoras/es de la Economía popular en general, proveyendo alimentos, vestimenta, elementos de higiene y realizando múltiples acciones a los fines de garantizar derechos laborales, económicos, sociales, culturales, entre otros, y no por ello es parte de acciones delictivas que eventualmente pueda cometer cualquier persona”, advierte. 

Criminalización 

En los últimos años varios organismos dieron cuenta del hostigamiento y la persecución selectiva de la Policía de la Ciudad respecto de los migrantes senegaleses que se dedican a la venta ambulante. El Ministerio Público de la Defensa porteño señaló la multiplicación creciente de operativos y la acción desproporcionada, que termina en detenciones. La mayor parte de las denuncias por violencia policial tiene como víctima a ese colectivo. Lo mismo fue denunciado por la Defensoría del Pueblo (incluso en casos donde intervino la misma fiscala y con el criterio de asociar a la comunidad senegalesa con el delito) y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hay, evidentemente, una política que aplican en forma complementaria el gobierno porteño, su policía y el sistema judicial. La UTEP enumera otros antecedentes de la fiscala Ramírez.  

En todo esto, el papel de la UTEP no es para nada menor, porque precisamente encabeza la representación de quienes subsisten mediante la venta ambulante entre otras modalidades del mercado informal de trabajo. “La criminalización de la organización sindical tiene como efecto inmediato infligir temor entre quienes buscan, por su intermedio, que el Estado dé respuestas a sus necesidades como trabajadoras/es”, sostiene la denuncia. En la pandemia, agrega la organización, se han duplicado esfuerzos en la “tarea humanitaria” para “dar respuesta a necesidades básicas de alimentación, vestimenta, educación, inclusión de liberadas/os, asistencia a víctimas de violencia institucional, de violencia de género, atención psicológica y de la salud integral”. Por eso, sostienen, su labor está protegida por los estándares internacionales de protección de defensores/as de derechos humanos. 

Espionaje 

“Las tareas investigativas que mandó a hacer Ramírez en UTEP no tienen ningún fundamento. Las filas que se ven en algunas fotos en la puerta de la sede es la gente que va a buscar viandas. Mandar a espiar por haber visto a una persona con una campera con una inscripción de un gremio en la entrada de un depósito es inteligencia ilegal. Pero se deduce de las afirmaciones de la fiscal que hubo inteligencia previa incluso a la ocasión en que se les entregaron elementos de higiene a las y los vendedores ambulantes», dice el abogado Nicolás Rechanik, quien hizo la denuncia. 

Luego, el escrito indica dos cuestiones elementales: la ley 25.520 exige que para disponer tareas de inteligencia se debe haber detectado una actividad criminal. “Las acciones realizadas por UTEP no constituyen ilícito alguno”, afirma. La norma requiere que se trate de actividades criminales que afecten la libertad, la vida, el patrimonio, derechos garantías o instituciones de gobierno, de lo contrario se trata –como argumenta la denuncia en este caso– de una violación a la privacidad y la intimidad. Como queda a la vista, las formas de espiar no sólo aparecen vinculadas a una política de Juntos por el Cambio sino que toman todas las formas posibles. Eso sí, las trabajadoras y trabajadores, así como la estructuras que los amparan, son un blanco predilecto.   

El gobierno del municipio neuquino se niega a abrir los puestos de trabajo comprometidos

Como parte de la jornada nacional del Bloque piquetero nacional, el Polo Obrero y otras organizaciones se movilizamos al municipio de Neuquén reclamando ante el incumplimiento de parte del gobierno municipal respecto al compromiso asumido y anunciado hace tres meses.

En ese compromiso se ofrecieron 140 puestos de trabajo a partir del 17 de enero y el gobierno municipal mantiene silencio al respecto, ni ha entregado herramientas o ropa de trabajo. Con la lucha le han arrancado puestos de trabajo que se niegan a otorgar.

Estuvieron en las oficinas del IPVU para que les den información y se negaron siquiera a atenderlos.

Por lo tanto el miércoles 19 de enero a partir de las 8:30 horas concentraron en el monumento a San Martín y desde allí tras recorrer las calles céntricas hasta la ruta 22, presentaron el siguiente reclamo ante el municipio.

1-entrega de la indumentaria de trabajo, fecha y lugar de inicio de obra de los 140 puestos de trabajo que se conquistaron en noviembre del año pasado con compromiso firmado frente a la Fiscalía.

2- entrega del terreno para el inicio de obra de los cuales dependen 40 puestos de trabajo de la unidad ejecutora nacional (cuadrillas) desde hace más de un año.

En caso de seguir negando lo que firmaron se está evaluando un acampe piquetero en los próximos días. 

El Frente de Izquierda quiere que incluyan a las recuperadas en las licitaciones del Hospital Norpatagónico 

El diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, solicitó al Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén, que se incluya a las empresas recuperadas ceramistas en las futuras licitaciones para la construcción del Hospital Regional Norpatagónico. Será el centro de salud más grande de la Patagonia. 

El gobernador Omar Gutiérrez anunció que se hará el llamado a licitación para la construcción del Hospital Regional Norpatagónico. Y aseguró que “esta obra se lanza en el marco del respeto al empleo y compre local”. 

En la provincia de Neuquén existen fábricas recuperadas que producen ladrillos, pisos y revestimientos, así como también insumos textiles para hospitales. Estas fábricas fueron puestas a producir por sus trabajadores y trabajadoras en resguardo de su fuente de trabajo debido al abandono o cierre patronal. 

En este sentido, Blanco señaló que el “respeto al empleo” y el “compre local”, tiene que ser concreto, no solo un discurso. «Tienen que incluir a las gestiones obreras, que defendimos y generamos puestos de trabajo, en futuras licitaciones del Hospital Regional Norpatagónico”. 

El diputado ceramista señaló que el gobierno provincial, viene anunciando desde hace años la reactivación de la obra pública y el compromiso del compre a empresas neuquinas. «Pero nunca menciona a las industrias ceramistas que pueden proveer ladrillos, pisos y revestimientos”. 

Explicó que en Neuquén las empresas recuperadas que se podrían incluir en las futuras licitaciones son la Cooperativa de Trabajo Cersinpat (ex Stefani), en Cutral-Có, que fabrica ladrillos huecos. Fasinpat Ltda (ex-Zanón) y Cooperativa de Trabajo Confluencia Ltda. ex Cerámica Neuquén Parque Industrial de Neuquén que fabrican pisos y revestimientos. Así como también la Cooperativa Traful Newen Parque Industrial de Neuquén, para futuros insumos de ropa de trabajo, camisolines, sábanas, delantales, etc. 

Reclaman ayuda para cooperativas 

Con el fin de año concluyó la Línea 1, que otorga un subsidio a las cooperativas de trabajo y que estuvo vinculado a las consecuencias de la pandemia. 

Conarcoop y CNCT, dos entidades del sector, reclamaron por el sostenimiento de la ayuda dada que la presencia del Covid-19 continúa. 

Año Nuevo sin soluciones al reclamo de tierras en Guernica 

Terminando el 2021, los y las vecinas comenzaron otro nuevo año sin tierra para vivir. 

La novedad fue que Bellaco S.A. hizo entrega formal de las tierras que corresponden según la Ley 14.449, al banco de tierras municipal. 

Pasaron ya 14 meses del violento desalojo de Berni y Kicillof. Durante el conflicto el gobernador hizo el anuncio de un Plan Provincial de Acceso a Lotes con servicios y Viviendas. 

Las movilizaciones, la participación en todas las instancias de diálogo pese al destrato y las difamaciones, y la solidaridad de amplios sectores de la sociedad, forzaron que las empresas inmobiliarias empezaran a cumplir con la ley.  

Mientras el gobierno provincial firmó actas donde se comprometía a entregar luego de 180 días (cumplidos a mediados de 2021) los lotes a las familias que fueran censadas y necesitan resolución habitacional con urgencia, la intendenta Cantero se apresta a entregar la tierra a sus punteros políticos. 

¡Las familias y las organizaciones de la recuperación de tierras de Guernica, nos declaramos en estado de alerta y movilización para hacer cumplir nuestros derechos! ¡Tierra para Vivir! 

Vecines y Familias de la recuperación de Guernica 

Organizaciones: FOL, Frente Darío Santillán Corriente Plurinacional, MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), MTR Votamos Luchar, Barrios de Pie/ Libres del Sur. 

Comienza el año y sigue el ajuste 

EL GOBIERNO AJUSTA A LES TRABAJADORES MAS POBRES PARA PAGARLE AL FMI. 

Ni bien comenzado el año, el gobierno desconoce compromisos muy elementales que realizó con miles de desocupados/as que están sufriendo terriblemente sus condiciones de vida. 

Al calor sofocante, que sufren mucho más los y las que menos tienen, a la falta de luz y -por consiguiente el agua-, el gobierno le suma que NO VA A CUMPLIR con los ingresos al programa Potenciar Trabajo de decenas de miles de personas que están en condiciones de pobreza y aún de indigencia, y que realizó en diciembre, porque según dicen los funcionarios del Ministerio «no tienen presupuesto…» 

Tampoco cumplirá con entregar ALIMENTOS en enero, un mes larguísimo en el que casi desaparecen las changas y las familias trabajadoras apelan más que nunca a los comedores populares. 

UN AJUSTE AL SERVICIO DEL FMI
Recién empieza el año ¿y ya no tienen presupuesto? (¡!) 

Es que TODO el presupuesto está sujeto al acuerdo con el FMI: la salud, la educación y el llamado gasto social, son los más perjudicados por este AJUSTE. Por eso se dieron de baja contratos en el área de salud, colapsando los establecimientos en medio de una suba en flecha de los contagios en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos; o los despidos de los recolectores de residuos en Berazategui y otros.
Los programas sociales han sido estigmatizados por los medios, el gobierno, la derecha y algunos personajes detestables, pero mientras no se abran fuentes de trabajo genuino, seguirán siendo necesarios para una población que no es responsable de esta catástrofe, sufre una inflación galopante que se come los ingresos fijos mes a mes y sufre pésimas condiciones de vida.
¡El gobierno de los Fernández empeñado en el pago de la fraudulenta deuda externa, no tiene ningún plan de desarrollo que cree trabajo Genuino, como el que le presentamos las organizaciones piqueteras que creaba un millón de puestos de empleo! ¡Por eso no estamos dispuestos a ser el pato de la boda de esta situación, que la crisis la paguen los que la generaron!, ¡NO les hijes de los/as trabajadores/as! 

El jueves 20 marchamos contra este ajuste intolerable y si no hay respuesta la semana siguiente continúa el PLAN DE LUCHA PIQUETERO PROGRESIVO y ESCALONADO hasta obtener este mínimo pliego de reclamos: 

1) Pago en término a las decenas de miles de compañeres que fueron ingresados en diciembre y a los que el Ministerio se comprometió a pagar en febrero. 

2) Aumento de los programas al mínimo vital y móvil, que están hoy en la mitad de la canasta de indigencia 

3) Apertura irrestricta de los programas para todos los que lo necesitan 

4) Entrega de alimentos urgente. Mensual y con la calidad y variedad necesaria. 

¡¡¡Basta de ajuste!!!
¡¡¡Abajo el pacto con el FMI!!!
¡¡¡No al pago de la deuda externa!!! 

Zabaleta, los intendentes del PJ y un nuevo intento por quitar poder a las organizaciones sociales 

Por Nicolás Salas  

El ministro de Desarrollo de la Nación busca que las personas que se pretendan bajar de una cooperativa de trabajo vayan automáticamente a municipios y a la estructura de punteros del PJ en los barrios. Breve historización de los intentos gubernamentales por correr a las organizaciones de la intermediación con el territorio.   

No es la primera, ni será la última, en la que un gobierno realice vericuetos en las políticas públicas con el objetivo de quitar poder a las organizaciones sociales en el territorio. En esta oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, volverá a intentar aquello que tantas veces buscó el Estado desde el surgimiento del movimiento piquetero; cortar con la mediación que se produce en el territorio y fortalecer la estructura de intendentes y punteros vinculados al Partido Justicialista. 

Los primeros días de enero, los mismos funcionarios de la cartera nacional le comunicaron a la dirigencia de las organizaciones la nueva disposición que el gobierno buscará aplicar y que implicará reformular el alcance de las unidades de gestión (UG) que las organizaciones vienen estructurando. En la actualidad, una organización social construye una UG que es el ente que organiza el trabajo y las cooperativas de lxs adjudicatarios del Potenciar Trabajo (Programa de empleo). 

Lo que sucede en el territorio es que si una persona se quiere pasar de una UG a otra lo puede hacer a través de la notificación que los movimientos hacen llegar al ministerio. Lo que se pretende con el cambio impulsado por el gobierno es que si la persona define irse de una cooperativa a otra, por ejemplo, por prácticas punteriles en el trabajo o simplemente porque se muda de ciudad donde hay cuadrillas de trabajo de otra UG, quien definirá su destino será el gobierno. La ecuación es simple, cada persona que pierda su potestad con el Estado irá a parar a las estructuras oficialistas de los municipios o los punteros vinculados al Partido Justicialista. 

Zabaleta fue el hombre elegido por los intendentes para deteriorar el poder de las organizaciones sociales y acrecentar el de las estructuras municipales. Para eso llegó al ministerio y eso es lo que viene haciendo. No es el primero en intentarlo y seguramente no sea el último. 

Breve historización de los intentos estatales 

Uno de los promotores no intendentes para que Zabaleta ocupara el máximo cargo de Desarrollo Social fue su par en territorio bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, quien en algún punto viene fijando el plan del gobierno para los próximos años. Durante una entrevista con INFOBAE en mayo de 2021 había dejado claro su posición de que el Estado retome protagonismo en el territorio asegurando que “cuando las organizaciones determinan quiénes son los beneficiarios o los sujetos de derecho, estamos en una dificultad frente al conjunto de la sociedad”. 

Esta perspectiva ya fue asumida por otros gobiernos en el pasado, siendo derrotadas sucesivamente por la resistencia y relación de fuerzas construidas por las organizaciones. Con el primer cutralcazo en 1996, el Estado empieza a estructurar una respuesta en base a la entrega de planes sociales a aquellos sectores que protagonizaban puebladas o empezaban a realizar acciones concretas. Esa primera administración estará mediada, por lo general, por intendentes y municipios, y en el breve lapso de disputa terminarán siendo gestionados (en los hechos) por las organizaciones que lograban arrancarle al gobierno ese beneficio. 

Más allá de los vaivenes durante el menemismo, con la asunción de la Alianza en 1999 la situación empezará a modificarse sustancialmente. En principio porque el gobierno radical definirá dar curso libre a que las organizaciones estructuren sus propias asociaciones civiles y desde allí gestionen y organicen los planes con el objetivo de quitarle poder a los intendentes del PJ. 

Este movimiento táctico se le volverá un boomerang poco tiempo después las organizaciones mostrarán un crecimiento y radicalidad importante. De esta evaluación, nacieron los “comités de crisis”, propuesta interministerial delineada por Christian Colombo (Jefatura de Gabinete), Graciela Fernández Meijide (Desarrollo Social) y Federico Storani (Interior). Este nuevo organismo buscaba repartir –con las administraciones provinciales y municipales– los costos crecientes que tenía la resolución de los conflictos, al tiempo que intentaba bloquear el surgimiento de nuevas organizaciones. 

De esta manera, y más allá de la forma orgánica que tomara la intervención, el objetivo era cortar la política “benevolente” hacia lxs piqueterxs, incluso a costa de mantener mayores niveles de confrontación con el sector por un tiempo determinado. La efectividad de esta disposición será una aspirina para el cáncer que se desataba en el país, donde el grueso de los conflictos debía dirimirse con funcionarios del gobierno interviniendo directamente en el territorio. Otro capítulo de esta intentona tendrá lugar con Duhalde en el poder. 

Esta perspectiva tendrá mayor volumen ya que surgirá de legislación concreta a partir de la creación del plan “Jefes y Jefas” de hogar. En la disposición de dicho programa de empleo, que llegará a alcanzar a más de 2 millones de personas, señalaba en su artículo N°9 que el plan tenía “descentralización operativa en cuanto a su ejecución, la que se producirá a través de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se aplicará por medio de los municipios”. 

Este artículo desatará y será el gesto a intendentes y gobernadores y una nueva apuesta por recuperar la territorialidad perdida ante las organizaciones. Más allá de lo formal, las organizaciones lograrán, a fuerza de piquetes, ingresar sus listados propios sin filtros de intendentes. Se reforzará esta perspectiva con la creación, en el mismo decreto, del Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEyC), el cual estaría conformado por organizaciones de empleadores, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, entre otras. La CONAEyC fortalecía la institucionalidad a partir del vínculo con intendentes que en muchos casos eran quienes, previo dictamen del consejo local, eran los encargados de aprobar los proyectos de actividades comunitarias o de capacitación a realizarse en los territorios que gobernaban. A esto se le sumarán los consejos municipales y provinciales que ya existían desde principio del 2002 e incluso algunos con antecedentes en el gobierno de la Alianza. 

Estas iniciativas no lograrán efectividad alguna principalmente con los sectores “duros” o “combativos” que se encontraban en la calle. De esta manera, Duhalde consolidará la planificación represiva contra las organizaciones que tendrá su epicentro en la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002. Ya con la crisis de hegemonía (2001/2002) superada, en el kirchnerismo caerán la cantidad de planes que organizarán las organizaciones y recuperarán cierta centralidad en el debate con la aparición del plan “Argentina Trabaja” en 2009. Allí nuevamente pondrán a los intendentes y gobernadores al frente del control de las Unidades de Gestión dejando fuera a las organizaciones sociales, tanto oficialistas como opositoras. Las movilizaciones y acampes de estas últimas bajo la consigna “cooperativas sin punteros” será central para destrabar el acceso de dicho programa, cuestión que favorecerá también a los movimientos que eran parte del gobierno en ese entonces. 

Por último, Macri, a través de su ministra Carolina Stanley, buscará retomar la iniciativa, no ya a través de los intendentes, sino quitando el carácter de contraprestación y trabajo (Haciendo Futuro) y asignándole un rol educativo, es decir la persona que terminaba la secundaria o hacía algún tipo de capacitación no necesitaba rendir cuentas ante la UG ni la organización. Buscaba el éxodo de trabajadorxs de las organizaciones, cuestión que finalmente no ocurrió. Estos ejemplos solo representan una arista de la hegemonía estatal para quitar poder a las organizaciones, sin tener en cuenta aquellos aspectos netamente represivos y criminalizadores. 

Puede decirse que la “contradicción” que el gobierno tiene con las organizaciones sociales (y su intermediación) se desprende del carácter mismo que el Estado históricamente le ha dado a los programas de empleo, denegando la posibilidad que sean universales y acotándolos a aquellos sectores que se encuentran organizados o en lucha. ¿El motivo? La decisión de mantener un esquema ajustado de las políticas sociales y de empleo. Por último, el fracaso de las intentonas contra los movimientos sociales se ha cernido sobre un problema más general del capitalismo argentino (y mundial) que apunta a la destrucción constante del empleo y el crecimiento de la desocupación “estancada”, aquella que pese a los momentos de crecimiento económico (2003-2008) continúa sin poder volver al empleo formal o registrado. 

¿Cuántos y cuáles son los planes sociales? 

La asistencia que el Estado da a millones de argentinos, vuelve a estar en el centro del debate: «Los planes sociales rondan los 3 millones y el objetivo de transformarlos en empleo es muy complicado, porque la mayoría de los beneficiados no pudo completar la escolaridad, y esto hace que sean imposible de emplear por el sector privado», advierte Jorge Colina, director del instituto IDESA. 

De acuerdo con un reciente estudio de IDESA, en el universo de planes, los dos centrales son el Potenciar Trabajo, con 1.100.000 beneficiarios, y los alimentarios, que superan los 1.700.000. 

Durante este año, unos 28 millones de ciudadanos recibieron ingresos monetarios directos de parte del Estado nacional. De ese total, más de 12 millones reciben prestaciones sociales. 

Unas 9 millones las paga la ANSES, e incluyen la Asignación por hijo (AUH), que ronda los 4,5 millones de beneficiarios, las jubilaciones otorgadas sin respaldo de aportes, 3,5 millones; y las pensiones no contributivas, con un millón de beneficiarios. 

Colina señala que «los planes sociales, que comenzaron siendo 800.000 hace dos décadas, hoy son 3 millones». 

El presidente Alberto Fernández ratificó la pretensión de convertir a los planes sociales en empleo. Con ese objetivo, la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun presentó el proyecto de «Programa integral más y mejor trabajo argentino». 

El objetivo es promover nuevos puestos laborales «incentivando la contratación de trabajadores que reciben programas sociales». 

El texto promueve que el Estado otorgue el monto total de cada programa social al empleador de la totalidad de trabajadores registrados de manera directa y automática. 

La iniciativa alcanzaría a quienes perciben programas del Ministerio de Trabajo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro de Desempleo y/o los que en el futuro los modifiquen o reemplacen. 

También incluye entre los beneficiarios a quienes perciben el Programa Progresar, Potenciar o programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social, y a quienes estén inscriptos en el marco de ferias de empleo y hayan participado de un proyecto de Entrenamiento para el Trabajo. 

El Gobierno gasta más de $800 millones por día en planes sociales, y este año reforzó partidas destinadas al ministerio de Desarrollo Social para el Potenciar Trabajo y la tarjeta Alimentar. 

Se estima que en 2021 se habrán transferido unos $ 300.000 millones para hacer frente a estos planes. 

Dentro del Ministerio, el área de Políticas Alimentarias maneja más de $120.000 millones anuales. El otro plan social clave, Potenciar Trabajo, tiene un presupuesto superior a los $ 110.000 millones. 

Fuentes del ministerio de Desarrollo Social dijeron que el programa Potenciar Trabajo alcanza a 1.100.000 beneficiarios y aclararon que las trasferencias se hacen «en forma directa» a la CBU bancaria de la caja de ahorro de cada persona, al rechazar de plano que haya manejos políticos. 

Y señalaron que entre las entidades que controlan la ejecución de los programas no sólo hay movimientos sociales, sino que también está Cáritas, y gobernaciones y municipios que cuentan con unidades ejecutoras en las que realizan tareas quienes perciben el Potenciar Trabajo. Son tareas de alrededor de 4 horas, muchas vinculadas con pequeñas obras o construcción de materiales. 

El gasto destinado a planes sociales subió 30% en lo que va del año, y ahora volverá a ampliarse, ya que está atado al Salario Mínimo, que acaba de subir. 

Según los datos del presupuesto del ministerio de Economía, el ministerio de Desarrollo Social dispuso para el 2021 de $350.000 millones. La asignación que se hizo de este monto es la siguiente: 

• Aproximadamente el 50% se destinó a las tarjetas alimentarias con 1,7 millones de beneficios. 

• Un 41% se aplicó al plan Potenciar Trabajo que cuenta con 1,1 millón de beneficios. 

• Del restante 9%, 1% son otros programas asistenciales y el 8% es el gasto administrativo del Ministerio. 

Fuentes: TeleSUR, Resumen Latinoamericano, Anred, Radio Comunitaria La Revuelta, Prensa FOL, agenciatierraviva.com.ar 

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