Diputados aprobó el proyecto que reforma la Ley de barrios populares

«Estamos hablando de una política pública que pueda desarrollarse a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación», destacó el miembro informante, Lucas Godoy (FdT), quien recordó que se estaba prorrogando una ley sancionada en 2018, la cual había declarado de interés público la integración de los barrios populares -lo que implica acceso a servicios públicos, saneamiento, infraestructura, etc. -, así como la suspensión de los desalojos por cuatro años. El proyecto aprobado, sin embargo, incluía algunas modificaciones: incluir más de 1.200 barrios populares relevados -llevándolos a más de 5.600- y extender la prohibición de los desalojos por 10 años más. 

Les diputades de JxC y el resto de los bloques de la oposición reivindicaron la ley como una «política de Estado». «Esta es una ley que se promovió durante el gobierno de Mauricio Macri y se mejoró y continuó durante el gobierno de Alberto Fernández. Y es importante reconocernos todos como parte de esta política. Porque cuando las políticas terminan siendo apropiadas por un sector le hacemos daño a la política pública y a las personas que tienen que beneficiarse», señaló Silvia Lospennato (PRO), en un juego de atribuirse la autoría de la política que se desarrolló a lo largo de toda la tarde.  

«Sin la calle ni la movilización popular esta ley no habría nacido«, zanjó, por su parte, Eduardo Toniolli, diputado del Movimiento Evita.  

Las exposiciones más emotivas vinieron de la mano de les legisladores que representan a las organizaciones populares, principales impulsoras de la ley. «Pocos conocen el sacrificio que se lleva adelante cuando uno queda despojado absolutamente de todo. Y lo digo con conocimiento de causa porque en 2014 me vi en la obligación de irme con mi familia a un terreno a construir mi vivienda», comenzó Federico Fagioli, diputado de Patria Grande que vive en Pueblo Unido, un asentamiento que surgió tras una toma de terrenos de la que fue protagonista. «La integración socio-urbana no es solamente tener luz, agua y cloacas. Es discutir cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio y para eso se necesita una planificación a largo plazo«, destacó. 

La encargada de cerrar el debate fue Natalia Zaracho, la primera diputada cartonera de la historia del Congreso. «Con la ley del 2018 conseguimos que se suspendan los desalojos y también algo muy importante que son los certificados de vivienda. Hoy traje el mío, que me llena de orgullo», manifestó, mostrando en alto su certificado de vivienda en Villa Fiorito, en donde vive junto a su familia. «Cuando asumí muchos me dijeron que me iba a ir de Fiorito y la verdad es que no me quiero ir, quiero que todos mis vecinos y vecinas tengan los derechos garantizados», finalizó, con el recinto estallando en aplausos.  

Leandro Ramírez, referente del Movimiento Evita y de la COTEP San Alberto explicó que la ley fue un avance muy significativo para los barrios y además se traduce en fuentes de trabajo: “la ley prevé que un alto porcentaje de la obra pública que se destina para la infraestructura social de esos barrios la realicen compañeros y compañeras que residen en los propios barrios”. 

Los movimientos sociales se movilizaron a nivel nacional para exigir a los diputados que traten la reforma de la Ley de Barrios Populares y de esta manera que se garantice la continuidad de las obras que se están haciendo. 

Como referente del Movimiento Carlos Mugica, Marco Galán, participó de la asamblea general y explicó: “para nosotros es fundamental que esta ley que se sancionó hace cuatro años se prorrogue por lo menos por diez, yo estimo que podría ser un poco más, hasta 15 años teniendo en cuenta que uno de los artículos suspende los desalojos y obliga al Estado nacional a expropiar las tierras privadas para poder regularizarlas”. 

Violento desalojo en Merlo contra 400 familias sin vivienda 

Un fuerte operativo policial desalojó a unas 400 familias que intentaron habitar un predio ubicado en las calles Coronel Conde y la ruta prov. N° 1001 en el límite entre el partido de Merlo y González Catán. El saldo del accionar policial dejó, al menos, a una decena de personas heridas por golpes y balas de goma.   

En el desalojo se detonaron gran cantidad de disparos de perdigón a pesar de haber muchos niños y ancianas. “Estamos siendo violentamente desalojados y reprimidos por la policía en el Barrio La Resistencia. Solicitamos urgente apoyo y atención de las organizaciones políticas, sociales, barriales, territoriales y de Derechos Humanos. Hay mujeres y niños heridos por la represión bajo la lluvia. A este momento hay vecinos de los cuales no conocemos paradero aún por el desbande que fue la represión”. 

Una de las vecinas relató que las familias que ocuparon el predio ya no pueden pagar alquileres y que por esto se decidieron a habitar el predio. “Lamentablemente nos desalojaron. Yo ayudé a una anciana muy viejita que decía que no tenía dónde vivir. Hubo mucha violencia innecesaria. Nos pegaron y nos trataron como animales”. 

El operativo de desalojo se realizó durante la madrugada. Lo cual no cumplió con el mínimo protocolo humanitario para salvaguardar a las personas, principalmente a las niñas y niños. “No mostraron ninguna orden, hubo muchas personas heridas de bala de goma, pero no pudimos saber cuántas personas heridas hubo porque la gente estaba asustada y huyó”. 

250 familias fueron desalojadas en la Matanza 

El miércoles 5 de octubre por la madrugada alrededor de 250 familias ingresaron a un predio abandonado en Ciudad Evita, partido bonaerense de La Matanza. Reclamaban una mesa de diálogo y evitar un operativo desalojo. Se trataba de familias de barrios linderos que denuncian que el lugar es un basurero y «un peligro por la inseguridad». En un comunicado emitido denunciaron que el predio fue ocupado en varias oportunidades y desalojado a pesar de compromisos asumidos por el municipio, a cargo de Fernando Espinoza, para planificar un proyecto de urbanización.

Finalmente,luego de ocho horas de intentar dialogar sin éxito, ante la falta de respuestas oficiales con el municipio y ante la amenaza de represión y desalojo violento de las fuerzas de seguridad, las familias decidieron resistir, pero fueron desalojadas a empujones.

Así lo informaban delegadas del barrio: «recién acabamos de desconcentrar. No obtuvimos ninguna respuesta positiva. La única respuesta fue desalojo y amenaza de represión. Cuando la policía se armó para reprimir resistimos en cordón humano hasta donde pudimos. A empujones nos desalojaron, pero la realidad es que la necesidad está y vamos a seguir reclamando un derecho justo que el Estado nos está negando: el de tener un pedazo de tierra para vivir. Nos dicen que ese predio es privado, cuando hace más de 40 años solo se ve abandono y basura. El terreno es ocioso y lo que pedimos es que el Estado municipal, junto con el provincial expropien las tierras, las loteen y nos las den a pagar en cuotas sociales acorde a lo que podamos pagar». 

Asimismo, demandan: «también que en ese lugar se construya un jardín, una escuela secundaria y salita de primeros auxilios. De ese modo dejaría de ser un lugar peligroso e insalubre para los vecinos que vivimos alrededor. Se solucionarían varias cosas a la vez: tierra para los que menos tienen, educación para nuestros hijos y cesarían un poco los robos que se sufre ahí todo el tiempo», remarcaron. 

No contentos con el desalojo a empujones, los y las vecinas del barrio denunciaron queefectivos policiales arremetieron e intentaron quemar una casilla humilde que funciona como comedor para decenas de familias de la zonadonde, cuando no hay lugar para sentarse en el interior, se merienda afuera. El intento de incendio policial del merendero no pasó, finalmente, a mayores porque las vecinas lograron apagar el principio de incendio. 

Tras los hechos, el Barrio 1º de Noviembre expresó en un comunicado: «después de reclamar por horas que el intendente nos atienda para proponer una urgente solución a las familias del barrio, nos retiramos del barrio pacíficamente y una hora más tarde, siendo 21:40, con la policía custodiando el predio, nos queman uno de los merenderos. Esta es la respuesta que recibimos. El Barrio 1º de Noviembre no baja los brazos ante la represión policial, las amenazas de la justicia ni los atentados de las patotas del poder. Queremos tierra para vivir. Ninguna familia sin techo», expresaron. 

Tres días de acampe 

A fines de setiembre, La Coordinadora por el Cambio Social comunicó en las redes sociales que continuaba la permanencia del acampe en la 9 de Julio, tres días después de una jornada de movilizaciones y acampe a nivel federal. Tras una asamblea piquetera, se decidió marchar a Trabajo para apoyar la lucha de los trabajadores del SUTNA (neumáticos), y seguidamente se anunció que si de aquí a la próxima semana, el Gobierno no abre una puerta al diálogo, las medidas de lucha se radicalizarían aún más, produciendo jornadas de cortes de rutas y puentes en todo el país. 

Compartimos el comunicado publicado en las redes sociales de la Coordinadora por el Cambio Social: 

El gobierno en su posición de plan de ajuste no atiende los reclamos del sector de desocupadxs piqueterxs que es el más afectado en una coyuntura donde se hace cada vez más difícil sostener la buena alimentación de nuestrxs niñxs en los territorios donde el gobierno solo asistiría a sus aliados y quienes se alinean con ellos si no hubiera organizaciones sociales.
Mediante el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el gobierno plantea expresamente no atender a las peticiones de las organizaciones sociales y políticas, como así tampoco al sector asalariado expresión de la lucha del gremio del neumático SUTNA, lxs docentes y sanidad de ATE ni tampoco a los estudiantes que también están dando una pelea por la sana y necesaria alimentación para las respuestas neuro cognitivas adecuadas que lxs niñxs y adolescentes necesitan en su etapa de desarrollo y aprendizaje.

Cuando las posiciones más nefastas plantean intencionalidad política (que sí la hay pero en un sentido de profundidad que no es el que los voceros, funcionarios y medios distorsionan e intentan instalar) para desviar el foco de la verdadera emergencia alimentaria, social, sanitaria, educativa, habitacional, laboral a partir de la aceleración de la descomposición social por una crisis post pandemia que vino a visibilizar aún más las profundas miserias humanas, políticas, económicas y sociales de una clase política del establishment capitalista que solo garantiza la mayor concentración de la riqueza de las sociedades (de las naciones) por una minoría que acapara la rentabilidad de la tierra (propia y expropiada), la explotación de lxs trabajadores en el mercado formal e informal legal e ilegal, la apropiación del excedente producido y la súper explotación de los bienes comunes y recursos naturales; y no olvidemos los mecanismos financieros para multiplicar el patrimonio mediante los diferentes dólares convenientes según el sector dependiendo de la presión que hagan para hacerse de la divisa, junto con los movimientos de cuentas de capital («blanqueado») con los distintos métodos especulativos para poder fugar la mayor cantidad de dólares posibles que se van por peso en kilogramos y no por cantidad, o también en cuentas de empresas off shore, lavado de activos, corrupción en la obra pública con el favoritismo amigo concesionario, prebendas, jubilaciones de privilegio, en fin toda la red estructural y para estructural que garantiza la contención del «derrame» sistemáticamente en favor de los intereses más concentrados en la fuga de capitales regulado jurídicamente y no.

La complejidad de la situación de pobreza estructural que viven lxs sectores desempleadxs, empleadxs en negro, y asalariadxs es límite, estos últimos encuadrados en aparatos burocráticos (es una vergüenza llamarlos sindicatos) que impiden la unificación de la lucha de lxs trabajadorxs siendo cómplices de los índices inflacionarios, el aumento de tarifas, el piso y techo salarial, la reforma previsional, el acuerdo con el FMI, la degradación y pauperización de la clase trabajadora en general. Ayer se dio la encuesta por medio de la EPH de INDEC del primer semestre 2022. Los burócratas, empresarios, políticos y funcionarios ya sabemos, que ni siquiera se van poner colorados. 

La Unidad Piquetera arrancó al gobierno compromiso de alimentos e insumos 

La Unidad Piquetera anunció en un comunicado público la obtención de un compromiso por parte del gobierno en la entrega de alimentos, insumos y herramientas para los trabajadores desocupados. Manifestaron que suspenden las acciones de lucha anunciadas y se mantienen en alerta por el cumplimiento de lo comprometido. 

Luego de protagonizar un contundente acampe durante tres días frente a Desarrollo Social de Nación, y con acciones y permanencias en distintos puntos y ciudades del país, las organizaciones piqueteras se reunieron con el ministro, Juan Zabaleta (luego renunció), para tratar las reivindicaciones urgentes de los sectores más golpeados por la crisis económica y la política oficial. 

Los avances se dieron en el marco de una situación acuciante para millones de trabajadores, con un crecimiento de la indigencia y con capas enteras de la población hundidas en la pobreza. 

Desde la Unidad Piquetera vienen denunciando lo acotado de la asistencia económica de Estado, que alcanza a menos de la mitad de una canasta alimentaria de indigencia, ante la falta de empleo y la caída general de los ingresos salariales y populares por medio de la inflación y el ajuste en marcha. 

Reclamaron por el aumento y la apertura de los programas sociales para paliar los efectos inmediatos de la crisis, a la vez que insistieron en el plan de generación de empleo genuino presentado hace más de un año al ministro Zabaleta, impulsando la obra pública y la construcción de viviendas para las familias obreras. 

Las organizaciones de la Unidad Piquetera anunciaron que suspenden las medidas anunciadas para la próxima semana y que se mantendrán alertas al cumplimiento de lo comprometido por el gobierno. 

Las organizaciones integrantes de la Unidad Piquetera, tuvieron una reunión con el ministro Zabaleta, y funcionarios de la Secretaría de Políticas Alimentarias a cargo de Laura Alonso, la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, y la Secretaría de Asistencia Critica a cargo de Gustavo Aguilera. 

Compartimos comunicado publicado por la Coordinadora por el Cambio Social:
Avanzamos en la resolución de los refuerzos alimentarios, y en la provisión de insumos y herramientas para los espacios productivos
Siguen pendientes nuestros reclamos de aumento y apertura de los programas
El ministro ratificó que en el presupuesto de este año está contemplado el bono de fin de año. Y que para los sectores en situación de indigencia se está definiendo un refuerzo de ingresos.
Luego del acampe de tres días realizado la semana pasada, en la que hemos logrado hacer visible nuestros reclamos y necesidades, estaremos en alerta para que los compromisos asumidos se concreten. De todas maneras, evaluamos que es un paso adelante, y en este marco suspendemos las acciones anunciadas para esta semana.
COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR.
BARRIOS DE PIE / LIBRES DEL SUR
MST TERESA VIVE
POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE de LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P. 

Un “refuerzo alimentario” atado a las migajas del agronegocio 

Desde el Gobierno se promocionó un supuesto «destino social» de parte de lo recaudado por el dólar soja que benefició a las grandes agroexportadoras. El monto y el universo de beneficiarios quedarán a criterio del superministro Massa, aunque adelantan que será una cifra cercana a los 16.000 pesos, por pocos meses y atada a la especulación del agronegocio. 

El martes 4 de setiembre se confirmó la medida oficial para «incentivar» la liquidación de exportaciones de soja mediante un tipo de cambio diferencial. El “dólar soja” implica una ganancia extra para las patronales agrarias que podría ascender hasta $ 200.000 millones, si liquidan los U$S 5.000 millones acordados con el Gobierno (liquidaron U$S 6.000 millones). 

La medida se dio mientras se conocían bajas arbitrarias en planes sociales y se recortaban fondos para salud, educación y vivienda. Más de $ 128.000 millones. 

Massa promociona el «destino social» que tendría parte de lo recaudado. En el artículo 9 del decreto plantea la creación de un “Fondo de Incremento Exportador”, que incluye una “prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”. 

Lo cierto es que mientras la ganancia empresaria está garantizada, nadie sabe de cuánto será el monto de este refuerzo “alimentario”, para cuántas personas, con qué criterio. El decreto “faculta al ministerio de Economía a establecer la proporción de las sumas indicadas”. O sea que el superministro definirá quienes y cuánto recibirán. Como si fuera poco, deberán compartir ese Fondo con “pequeños y medianos productores de las economías regionales”, que también serán beneficiarios. O sea, con los empresarios del citrus, la fruta o la ganadería que son parte del negocio agropecuario súper explotando a miles de trabajadores y trabajadoras rurales. 

Las organizaciones sociales oficialistas festejaron el anuncio y dicen que el monto llegaría a 16.000 pesos. Un cuarto del pobre Salario Mínimo, Vital y Móvil, pero que además se devaluará con el aumento de los alimentos que traen aparejadas los acuerdos del gobierno con los “formadores de precios”. Hoy en la Argentina 2.800 personas pasan a ser pobres por día. Cualquier “refuerzo” será recibido en esos hogares, obviamente, pero no quita que seguirán en la pobreza e indigencia mientras otros amasan fortunas. 

Vale insistir que ese monto no está confirmado, mucho menos el universo que alcanzará. No lo podrán recibir, por ejemplo, quienes perciben otros programas sociales. Como si estos le permitieran a alguien llegar a fin de mes. Si le agregamos que el beneficio será trimestral, está claro que estamos ante una actitud vergonzosa: el hambre de cientos de miles de personas queda atado a las especulaciones y pactos con el agronegocio, que ganará miles de millones con el “dólar soja”. 

A pesar de todo desde Patria Grande destacaron la medida y suspendieron su alejamiento del bloque del Frente de Todos anunciado hace pocos días. 

En una entrevista a la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, realizada por Clarín el pasado 16.10, le preguntan: 

¿El bono para piqueteros prometido en el “dólar soja” se va a cumplir? Ya pasaron varias semanas del anuncio. 

Y contesta: “Está prometido antes que yo llegara y va a ser parte de lo que daremos antes de fin de año. Ese bono va a estar, es parte del acuerdo que hizo Massa con un sector de la economía popular que le reclamaba al Estado que había que tener políticas activas”.  

El FMI pide recortes en planes sociales, mientras admite que lo peor de la crisis «está por venir» 

Por Nazareno Kotzev 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el gobierno argentino deberá avanzar en una “racionalización de la asistencia social”. Promueve así recortes en los programas sociales, en nombre de “incentivar la entrada al mercado laboral”. Esto, cuando el gobierno ha reconocido en su proyecto de Presupuesto 2023 que el índice de desocupación no va a bajar, y mientras el propio FMI informa que la economía mundial se dirige hacia una recesión. Es decir, exige un mayor ajuste en la asistencia social cuando todas las condiciones son adversas para la creación de trabajo genuino. 

La política en cuestión se desenvolvería cuando el país se encuentra asistiendo a una profundización de sus tendencias recesivas, fruto de la política de ajuste del gobierno, en particular en la obra pública, pero que también se expresa en el aumento de las tasas de interés y del cepo a las importaciones; así como de la crisis mundial. Por su parte, la situación social es pavorosa, como lo ha demostrado el último trabajo del Indec en la materia, el cual indicó que se ha acrecentado la indigencia y que la pobreza continúa en niveles críticos. 

De hecho, hay un incremento del trabajo informal. En CABA, por ejemplo, según datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, lo que más crece, desde el punto de vista del mercado laboral, es la informalidad y la precarización del trabajo. Casi un 29% de los 1.183.000 asalariados porteños se halla en esa situación, porcentaje ubicado 6 puntos por encima de las estimaciones del año pasado en el mismo terreno. Los más afectados por esta política, que implementan las patronales, pero también el Estado, son los jóvenes de entre 19 y 29 años; “el 49,9% de los jóvenes trabaja sin acceso a derechos laborales, 8,2 puntos por encima de 2021 y 8,1 puntos más en relación a tres años atrás” (Clarín, 11/10). 

Las estadísticas de la Ciudad son la manifestación de un fenómeno que ha tomado dimensiones generales. El informe sobre el mercado de trabajo del segundo trimestre 2022 realizado por el Indec reflejó cómo crecen la precarización laboral y la demanda de empleo de aquellas personas que ya cuentan con uno. Entre otras cuestiones, el relevamiento dio cuenta de un retroceso en la cantidad de trabajadores con descuento jubilatorio y de un incremento de los obreros que laboran en negro. 

Mientras esto ocurre, la actividad económica declina cada vez más. Un paper del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) ha advertido que hubo una caída desestacionalizada de la economía en agosto del 1,2% respecto a julio. Las proyecciones sobre el futuro refuerzan la posibilidad de que la economía argentina caiga en un estancamiento y se dirija hacia una recesión. Estas tendencias están instaladas en el proceso económico, signado por un gran descalabro, una huelga de inversiones por parte de los capitalistas, una inflación que está en números históricos, y por la primacía de una fuerte incertidumbre con respecto a la volatilidad del dólar. 

La política fondomonetarista y ajustadora del gobierno nacional no solo limita la absorción de la mano de obra en el mercado laboral, sino también la capacidad de consumo de amplias capas de la población. Según datos de la CAME, las ventas minoristas cayeron en septiembre un 3,5% interanual y un 1,4% si se compara mes a mes. Como se ve, se pretende ajustar los programas sociales cuando no existe ningún síntoma en el proceso económico-social que asegure que en el futuro se desarrolle una creación de empleo genuino. Tal es el carácter criminal de la orientación oficial. 

Para conseguir trabajo genuino, los trabajadores debemos luchar contra el ajuste del gobierno y el Fondo, y a la par pelear por un seguro universal al desocupado, equivalente al costo de vida (basta de planes sociales de indigencia). Es el camino que marcan las masivas movilizaciones y acampes del plan de lucha de la Unidad Piquetera. 

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social: “Mientras la Argentina crezca no vamos a dar más planes sociales” 

En el mencionado reportaje del diario Clarín, la ministra declaró: 

[…] tenemos que tratar de hacer, con mucha inteligencia, la reducción gradual y paulatina de los planes sociales, para realmente tener una política de empleo formal. 

[…] hay sectores de la indigencia que no tienen cobertura y hay otros sectores que tienen superposición de coberturas. 

Vamos a tratar de darle un ordenamiento que tenga un límite y no genere un impacto negativo en la búsqueda de trabajo. 

Estamos trabajando mucho con la ministra (de Trabajo) Kelly Olmos. No te puedo adelantar la letra del decreto, pero es una medida que buscar reordenar parte de la política de transferencias de ingresos para ver cómo alentamos al trabajo. Si yo como Estado te estoy cuidando tanto, pero me paso de amor y de cuidado y te doy por arriba de determinado monto de transferencia por distintos motivos, eso puede afectar al puente de inclusión laboral. 

¿Se busca terminar con esa contradicción que se genera porque hay personas que trabajan por sueldos inferiores al monto que otras que, sin trabajar, reciben por los planes? 

Exactamente, ese sería el concepto. Tenemos que trabajar las dos cosas: los trabajadores pobres y los pobres sin trabajo formal. Nosotros queremos que toda la Argentina tenga obviamente derechos laborales consignados a partir del empleo. 

¿Y eso no es ajuste? 

No. Para nada. No vamos a tocar un centavo de eso. Lo que vamos a hacer es reasignar los ingresos. 

Pero las demandas sociales parece que van en otra línea. Ya hay piqueteros pidiendo más planes. Juan Zabaleta, su antecesor, se resistió. ¿Cuál es su postura? 

Mientras la Argentina siga creciendo, nosotros no vamos a dar más alta de planes. Esta es la continuidad de lo que planteó Juanchi, que hizo una muy buena gestión, y es una indicación del Presidente. El día que la curva de inversión y empleo caiga, veremos qué hacemos, pero la Argentina hoy no necesita más planes, necesita reconvertirlos en trabajo. 

En otras definiciones se mostró partidaria de cumplir con la meta fiscal impuesta por el FMI y se manifestó contraria al Refuerzo de Ingresos Complementario que prevé el Proyecto de Ley de la senadora Juliana di Tullio, que le garantiza a 4 millones de personas una cuota mensual de $ 15.000 durante al menos un año. 

De todas maneras, el colmo de sus definiciones estuvo dado por su concepto de indigencia: “La indigencia existe en tanto y en cuanto ese ciudadano no tenga otro ingreso. Una mamá indigente que tiene chicos ya no es indigente en esta Argentina porque además de la asignación ($ 9.000), tiene la Tarjeta Alimentar ($ 18.000)”. Total: $ 27.000 

Tal vez la ministra desconozca que la línea de indigencia se establece a partir del valor monetario de la Canasta Básica Alimentaria ($111.297,57), que representa a los productos requeridos para la cobertura de un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas de cada miembro del hogar. Aquellos hogares cuyos ingresos totales no superan el valor de la canasta básica de alimentos (CBA) capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas son considerados indigentes. En la actualidad para no ser considerada indigente se precisan $ 52.990. 

La ignorancia de algo tan básico hace prever una escalada de futuros enfrentamientos con las organizaciones sociales. 

Además, respecto al empleo, apenas el 1,6% de las personas que están enmarcadas dentro del programa Potenciar Trabajo, del ministerio de Desarrollo Social, han logrado conseguir un trabajo formal. 

De los 1.100.000 titulares del Potenciar Trabajo, solo 18.276 personas hicieron o está haciendo un pasaje hacia el empleo formal, cifra que equivale al 1,6% del total. De ellos, apenas 6.589 personas han egresado definitivamente del programa, es decir, el 0,6% de los titulares. 

Massa acelera el prometido bono 

El ministro de Economía se reunirá este martes con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y luego con el presidente, para ultimar los detalles de un “refuerzo”. 

Al respecto, confirmó que estará en la calle “en los próximos siete días”, que el objetivo es que “los grupos de mayor riesgo puedan asistir al mínimo básico alimentario” y que también servirá para dotar a los programas de bienes y herramientas. 

Massa se había comprometido a otorgar una ayuda social el 4 de setiembre pasado en el lanzamiento del “dólar soja”, cuando aseguró que el excedente de la recaudación (unos $ 75.000 millones) iban a destinarse a subsidiar a los productores y programas sociales. Luego, Cristina Kirchner le pidió un refuerzo alimentario. 

Las medidas de Massa enfrentan presiones cruzadas. Mientras el FMI insiste en reducir el gasto en asistencia social, la suba de la indigencia y la elevada inflación genera tensiones con los movimientos sociales. 

«Con Tolosa Paz, estamos un paso atrás en los mínimos compromisos alcanzados con el ex ministro Zabaleta» 

Compartimos comunicado de prensa de la Unidad Piquetera: 

Con Tolosa Paz, estamos un paso atrás en los mínimos compromisos alcanzados con el ex ministro Zabaleta. 

Luego de la reunión de hoy (lunes 17 de octubre) por la tarde, con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, comprobamos que la flamante Ministra comienza su gestión desconociendo los acuerdos. 

Como informamos hace 10 días, la UP y el ahora ex ministro Zabaleta habíamos llegado a puntuales acuerdos en un aumento de los alimentos y la entrega de herramientas para los espacios de trabajo, dejando para una nueva reunión los temas pendientes como aperturas y aumento del programa Potenciar Trabajo.
Sin embargo, el día de hoy, la propuesta del refuerzo de alimentos fue sensiblemente reducida, y no hay fechas para la entrega de las herramientas.
Lo que en algún momento caracterizamos como un paso adelante, hoy es lo contrario: UN PASO ATRÁS. 

Por otro lado, la Ministra se niega a establecer una fecha para una reunión que venimos solicitando desde su asunción.
Mientras, realiza declaraciones cada vez más reaccionarias como las que acaba de hacer en medios de comunicación. Según Tolosa Paz, «No podemos tener a una población activa que piense que es lo mismo trabajar que no trabajar».
Desde los barrios más empobrecidos de la Argentina le decimos a la Ministra que nadie piensa que es lo mismo trabajar que no hacerlo, y que la desocupación y sub ocupación en la Argentina es responsabilidad de los gobiernos, no de lxs desocupadxs. Sus dichos revelan un enorme desconocimiento de la realidad de millones de personas y un prejuicio que nada tiene que envidiarle a los Milei y las Bullrich.
Por ese camino, desconociendo la realidad y los compromisos mínimos que su ministerio hizo, y sin abrir un diálogo con las organizaciones, nos pone en estado de alerta en todo el país.
El plan del FMI de redoblar el ajuste, se hace carne en el Ministerio que dirige Tolosa Paz ahora.
Desde la Unidad Piquetera reafirmamos nuestro reclamo de una reunión en forma urgente. 

Firmas
POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE de LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P. 

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR. 

BARRIOS DE PIE – LIBRES DEL SUR
MST TERESA VIVE 

Trabajadoras de La Terre y de Coreme: “Se puede trabajar sin patrones” 

En el taller de “Trabajo Sin Patrón y Fábricas Recuperadas”, que se realizó en el marco del 35º Encuentro de Mujeres realizado en la provincia de San Luis, estuvieron presentes trabajadoras de la Cooperativa La Terre y de la Cooperativa Coreme. 

Las trabajadoras de Coreme llevan años poniendo el cuerpo recuperando y reciclando desde los basurales, donde fueron perseguidas hasta que realizaron la organización que las llevó a tener su espacio, su galpón, recibir premios y conformarse no solo como cooperativa, sino como familia. Contaron su historia y la situación que enfrentan. 

Las y los trabajadores de La Terre volvieron a producir en la fábrica recuperando así sus puestos de trabajo, luego que en el 2014 la Ex Industria Matas quebrara quedando todo abandonado y desguazado. Hoy continúan con fábrica de deshidratados, incluso sus productos son de interés legislativo. También son un ejemplo de solidaridad, donaron más de 50.000 raciones de comida preelaborada con la campaña Racioná en distintos lugares de la provincia a comedores populares en medio de la pandemia y en una situación nacional y provincial, donde creció la pobreza y el desempleo. 

#COREMEquiereseguirtrabajando 

Durante la tarde del jueves 22 de setiembre trabajadoras recuperadoras de COREME recorrieron los cursos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se encontraron con un importante apoyo de cientos que reconocen y se solidarizan con su lucha 

La cooperativa COREME, compuesta por más de 45 familias, realiza el trabajo de tratamiento y recuperación de los residuos sólidos de distintos barrios de la Capital mendocina y de todo el campus de la UNCuyo, son quienes tratan los materiales secos del programa “UNCuyo Separa los residuos”. Las y los trabajadores garantizan que esos materiales no terminen enterrados y se reutilicen; por todo ese trabajo es que docentes y estudiantes apoyan la pelea que está dando COREME para seguir funcionando como lo viene haciendo hace 7 años. 

Pasados más de 21 días sin poder trabajar debido a la injusta clausura de su galpón por parte del Municipio y la policía de Daniel Orozco, las trabajadoras de COREME se mantienen en pie luchando por la reapertura de la planta para recuperar sus puestos de trabajo, creando lazos de solidaridad en la comunidad, campañas en redes, eventos como el festejo de su aniversario y visitando la Universidad Nacional de Cuyo. 

Las trabajadoras visitaron la FCPyS acercando los productos que realizan con material reciclado en el taller de mujeres “laboratorio de juguetes” que es impulsado por las trabajadoras de la planta llevando a cabo un rol solidario para merenderos y guarderías, además de tenerlos en venta para el sustento de sus familias. En este momento es su medio de recaudación mientras no pueden poner a trabajar el galpón, también pasaron por las aulas compartiendo su historia y buscando solidaridad. 

En los cursos el apoyo fue pleno, los y las jóvenes como también docentes aportaron al fondo de lucha de la cooperativa y se sacaron fotos con la onsigna #COREMEquiereseguirtrabajando. Sin dudas, la unión de trabajadores y estudiantes es fundamental para que en COREME sepan que no están solos. En Mendoza son miles quienes, preocupados por la contaminación y los desastres ambientales, van a defender el trabajo que han realizado durante tantos años. También el apoyo fue enorme debido a la gravedad de que 45 familias trabajadoras se hayan quedado sin sus ingresos diarios por una decisión mezquina y oportunista de parte de quienes manejan el municipio. Tras 7 años funcionando, pasaron distintas gestiones gubernamentales y nadie les regaló nada, sino que los y las trabajadoras construyeron COREME desde abajo, por lo que los ataques de Orozco son inaceptables. 

Festival en la ex Ansabo 

Desde P.OR.Y.SO (ex Ansabo) y Patenado Barrios invitaron el domingo 9 de octubre, a las 11:00, al Festival libre y gratuito en las instalaciones de la fábrica bajo gestión obrera, que se encuentran en 882 y San Martín, al lado del arroyo Las Piedras, Quilmes. Se colaboró con la olla popular acercando alimentos no perecederos, azúcar y grasa. 

Las empresas recuperadas lanzan su moneda: comprar y vender con soberanía 

Por Mariana Di Mauro  

Fuentes: Revista Resistencias 

“La cooperación supera a la competencia” es el lema que se imprime en la Moneda de Intercambio Argentina (MIA), lanzada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). 

Con una gran feria de productos de todo tipo, el pasado sábado (1/10), en el Mercado de Flores, se hizo la presentación oficial de la MIA, una moneda social complementaria pensada para promover una alternativa para el intercambio de bienes y servicios, fortaleciendo y consolidando la autonomía y el trabajo de las empresas recuperadas, PyMEs y cooperativas del sector popular. 

Luego de varios meses de prueba dentro de las cooperativas y empresas recuperadas, finalmente se llevó a cabo la presentación oficial. “La estamos presentando a la comunidad para demostrar, primero, los productos que fabricamos; que otra economía es posible; y mostrar, también, que”, nos cuenta Edith Garay, de la tornillera recuperada La Matanza e integrante del MNER, desde las puertas del Mercado. 

En cuanto a la propuesta y al objetivo de la MIA, Bruno Di Mauro, presidente del laboratorio recuperado Farmacoop y miembro del MNER, nos explica: “Tiene varias funciones, por un lado, fomenta el consumo de los trabajadores y las trabajadoras de productos de la Economía popular. Se puede utilizar en los mercados populares que hay en las diferentes recuperadas en muchos barrios, como así también en la comercializadora a través de la página monedamia.com.ar. Por otro lado, permite el intercambio directamente entre empresas, por ahora, cooperativas, que a través de RECOOP pueden hacer intercambio de productos, materias primas e insumos, utilizando la moneda MIA”. 

MIA: de Suiza a la Argentina 

En cuanto al surgimiento de la MIA, Edith cuenta: “Como hoy estamos en un gobierno y en una etapa en la que está faltando demasiado la liquidez de billetes-pesos, surgió esta idea, que no es una idea nueva, nosotros la tomamos de Suiza”. La referencia es al WIR (“nosotros” en alemán), una moneda suiza creada 1934, luego de la crisis del 29, con el objetivo de que pequeñas empresas y productores puedan intercambiar sus productos sin estar atados a la moneda oficial (Franco suizo), y así paliar las consecuencias económicas de la recesión. Hoy, el WIR cuenta con más de 50.000 miembros (17% del total de los negocios de Suiza) y el intercambio en WIR llega a ser el 1 o 2% del PBI suizo. 

Sobre esa base, se pensó la MIA, adaptada al contexto socio-económico argentino. Al valor de 1 MIA = $1 y con valores de 50, 100, 500 y 1000, los billetes MIA, de variados colores, llevan impresas fotos de trabajadores y trabajadoras, así como el sello del MNER: Ocupar, Resistir, Producir. “Hoy está en formato papel solamente. La idea es ver si para fin de año podemos hacer la moneda digital y que la gente pueda comprar en formato digital”. Además de la moneda, se presentó la web oficial de la MIA, “Eso también es una prueba piloto para ver cómo es el intercambio abriéndonos a la comunidad y cómo recepciona nuestro pueblo este tipo de intercambio”, nos cuenta la trabajadora de La Matanza. 

En cuanto al alcance de la moneda, hoy circula entre las empresas recuperadas y cooperativas que forman parte de la comercializadora RECOOP, pero se prevé ampliarlo. Para esto, desde el MNER, sostienen que es central generar confianza en los productos que venden: “Sabemos que los productos alimenticios de las empresas recuperadas no llegan a las góndolas, entonces hacemos este lanzamiento y este tipo de feria que vamos a seguir replicando en diferentes puntos del país”, adelanta la trabajadora. 

En la misma línea, Bruno dice que “la idea es poder ir generando confianza en esta moneda para poder ampliarla a los circuitos de proveedores de estas empresas, que muchas veces necesitan insumos o materias primas que nosotros fabricamos, entonces podrían también hacer girar la rueda y utilizarla”. 

La cooperación como alternativa 

“Nosotros tenemos como eslogan de la moneda MIA y del Movimiento que la cooperación supera la competencia, y sobre ese eslogan venimos trabajando”, cuenta Edith, enmarcando la iniciativa. Las empresas recuperadas de todo el país trabajan desde hace años para mostrar que una economía basada en la autogestión y la solidaridad es posible, y hoy lo plasman en una nueva moneda. 

“Sabemos que no hay fluidez de pesos, de efectivo, y con esto tratamos de dar alivio a los compañeros de las recuperadas, y podemos conseguir, a precio mayorista y más económicos, productos de primera necesidad y de calidad”, reflexiona y agrega: “La moneda la respaldamos con nuestro laburo, con nuestra producción”. 

Sobre esto mismo, Bruno agrega que la idea fundamental de la MIA es “tener una herramienta soberana para poder contar con una moneda de emisión propia”, y cierra, “para que, en momentos donde haga falta liquidez circulante, tengamos la suficiente soberanía para emitir una moneda propia y poder intercambiar bienes y servicios a través de una moneda que no esté limitada en su emisión por los designios de lo que dicta la política económica que sabemos que mucha veces viene digitada desde los mandatos del FMI”. 

Frente a la avanzada del capitalismo financiero y cada vez más concentrado, los y las trabajadoras de la Economía popular se siguen organizando para construir un camino alterno, pensado por y para les más humildes, que reemplace la competencia, la especulación y a las patronales por la cooperación, la autonomía y la autogestión. 

«Quienes están en un peligro inminente son las familias que habitan en Lafken Winkul Mapu» 

El 4 de octubre a las 7 de la mañana más de 200 efectivos del «comando unificado de seguridad zona Villa Mascardi» creado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, comenzó un operativo de desalojo en un territorio recuperado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, a 35 kilómetros de Bariloche, por orden de la jueza federal subrogante, Silvina Domínguez, quien está con la fiscal Cándida Etchepare.  ANRed dialogó con Diana Lenton, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y dijo: «ésta gente reclama que vuelva el genocidio, que vuelvan aquellos personajes genocidas que tanto daño han hecho y uno piensa que en nuestro país después de lo que pasó con la dictadura militar ya habíamos aprendido algunas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con estos discursos porque nos están poniendo en peligro a todos. Hoy en día además, los que están en un peligro inminente son las familias que habitan en Lafken Winkul Mapu. Hay mujeres embarazadas, niños perdidos que han quedado en el bosque expuestos a las balas de la Policía Federal, la Gendarmería y otras fuerzas que están entrando en el bosque con balas de plomo disparando sobre las familias».  

ANRed dialogó con Diana Lenton, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) quien explicó: «venimos denunciando el racismo y la falta de diálogo que ejerce la provincia frente a esta situación conflictiva y de alguna manera, ya sea por omisión o por acción la actitud permisiva de la provincia respecto de grupos de ultraderecha, que lamentablemente tienen mucha penetración en cierto público en general al que no podemos llamar ciudadanos de ultraderecha pero que de buena fe caen en los engaños que difunde gran parte de la prensa hegemónica. En la ciudad de Bariloche hace unos días se llevó a cabo un foro que se llama Consenso Bariloche, en el cual participa de manera explícita la ex ministra de seguridad, Patricia Bullrich, con intereses inmobiliarios declarados y conocidos en la zona. Estos grupos nunca protestaron contra la penetración de capitales, empresas y posesiones inmobiliarias extranjeras en la zona. Hay que decir que en los alrededores de Villa Mascardi la mayor parte de los lotes privados que se han comprado por monedas a muy bajo valor la hectárea, son posesiones de grupos extranjeros en los que predominan grupos cataríes, de Arabia Saudita, la Corona holandesa, el famoso estanciero Lewis a quien no le pretenden reclamar nada ni expulsarlo por extranjero sino que cuando la justicia falló a favor de los ciudadanos de liberar el paso para que los argentinos puedan llegar al Lago Escondido que este señor cercó ilegalmente, la provincia apeló el fallo para proteger a este estanciero. Pero cuando se trata de la comunidad Lafken Winkul Mapu que está ocupando un terreno muy pequeño y que lo está ocupando en función de su propiedad ancestral y como pueblo reclaman ese derecho, empiezan a esparcir a partir de la realización de estos foros la idea de que hay que expulsar a los mapuches porque son extranjeros, criminales, terroristas, porque hay un interés en los terrenos de esta comunidad, porque está el proyecto de construir dos hoteles internacionales dedicados a un turismo de muy alta gama, a ciertos turistas extranjeros, no es un proyecto de turismo accesible». 

Continuó «este foro Consenso Bariloche ya había sido denunciado por la presencia de grupos racistas supremacistas, con organizaciones nazis que funcionan en lugares como Bahía Blanca, Mar del Plata y tienen filiales en la provincia de Buenos Aires. Se han dedicado a esparcir folletos y panfletos que llamaban a la violencia y ataque hacia las comunidades mapuche. Durante la marcha que se realizó el domingo también se expusieron consignas que junto con la bandera argentina que frente al público en general simboliza una idea de unión, una idea de bien común para todos los argentinos, cuando es todo lo contrario porque es una política excluyente pero junto con la bandera aparecen consignas que llaman al genocidio, por ejemplo: tiene que volver Roca.» 

Agregó «aquí quiero hacer una observación. En mayo de este año hubo una sentencia de un Tribunal Federal de Resistencia, es decir, es jurisprudencia nacional que reconoció el genocidio cometido contra los pueblos indígenas en general de todo el país en el marco de una causa por una masacre en particular producida durante el siglo XX en Chaco. Pero dicha masacre fue enmarcada en el genocidio estructural que ha cometido el Estado argentino contra los pueblos indígenas. Esto está reconocido por la justicia y se basó para esa sentencia en pruebas de cómo se produjeron matanzas, torturas reducción a la servidumbre, secuestro de niños, trata de personas, etc. Con todos esos elementos declara válido el reclamo por el genocidio. A pocos meses de esto, esta gente reclama que vuelva el genocidio, que vuelvan aquellos personajes genocidas que tanto daño han hecho y uno piensa que en nuestro país después de lo que pasó con la dictadura militar habíamos aprendido algunas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con estos discursos porque nos están poniendo en peligro a todos. Hoy en día además, los que están en un peligro inminente son las familias que habitan en Lafken Winkul Mapu. Hay mujeres embarazadas, niños perdidos que han quedado en el bosque expuestos a las balas de la Policía Federal, la Gendarmería y otras fuerzas que están entrando en el bosque con balas de plomo disparando sobre las familias». 

Convocan a manifestaciones en diferentes ciudades del país en solidaridad con el pueblo Mapuche 

Convocatorias urgentes que surgen a partir del pedido de las comunidades del pueblo nación mapuche a las mujeres y a la sociedad en general para que se movilicen en todo el país con cualquier tipo de acción de solidaridad y visibilización pidiendo el cese de la criminalización y racismo contra el pueblo mapuche. 

Ciudad de Buenos Aires 

El 6 de octubre durante todo este día convocaron al Departamento de Montada (Cabia y Figueroa Alcorta, Palermo) para acompañar y pedir por la libertad de las presas políticas mapuche que fueron trasladadas a Buenos Aires esposadas en un avión de la Prefectura pasando por alto todos sus derechos y su cosmovisión. 

Ellas son: Luciana Jaramillo, Florencia Melo, Andrea Despo y Debora Vera. Denuncian que las mantienen incomunicadas de sus abogadas defensoras y “el procedimiento viola todos los derechos desde que se comenzó. Les dijeron que hoy las trasladaban a Buenos Aires para que realicen indagatoria y después las regresaban a Bariloche. Sabemos que especulan con los tiempos con intención de trasladarlas al penal de Ezeiza“, dicen en el comunicado. 

La convocatoria también se extendió a otros puntos como la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo que inicia a las 15:30 en Plaza de Mayo. 

La Plata 

En paralelo hay convocatoria de la Campaña Somos Plurinacional a realizar un corte de calles en 7 y 50 de La Plata. “En La Plata y en varios puntos del territorio nos unimos al grito de rabia: Liberación inmediata de las mujeres y les niñes mapuche. ¡Basta de reprimir y criminalizar al pueblo mapuche! Estado racista y colonial: ¡Fuera de sus territorios YA!“. 

También hubo marchas en Puerto Madryn y Esquel (Chubut), Rosario, San Martín de los Andes (Neuquén), Bariloche (R. Negro), Mendoza y Córdoba. 

En la ciudad de Bariloche hubo un punto de acopio de elementos de primera necesidad para solidarizarse con las niñeces de la comunidad. «Solicitamos a las organizaciones sociales, sindicatos y colectivos feministas, y a la sociedad en general, su colaboración para nuestros niñes Mapuche, desalojados de sus territorios y despojados de sus pertenencias, por lo que estamos necesitando de manera urgente: Artículos de higiene. Pañales para Recién Nacido, Mediano y Grande. Alcohol, toallitas de bebé, algodón, óleo calcáreo. Toallitas femeninas, apósitos. Ropa de niñes talles varios. Zapatillas talles varios. Pueden acercar su colaboración al Centro Mapuche Bariloche Calle Cabo Campo 73.»

Todas las convocatorias acompañaron el pedido de libertad a las tres mujeres y tres niñes que se encuentran detenidas en Bariloche: La Machi Betiana Colhuan (única liberada) Nahuel, Nekulpangui Lihuen (4 meses), Celeste Huenumil, Lienkura Mañke (1 mes) y Romina Rosas (y su bebe recién nacido). Además, desde las organizaciones convocantes iniciaron una campaña para juntar elementos de higiene (jabón blanco, shampoo), ropa (3 personas talle L, 1 persona S/M), toallas. Mate/yerba/cigarrillos para que acerquen al departamento de la Montada. 

Asimismo desde las 12:00 hubo una concentración frente al ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades «llevá tu carta, cartel, artivismo, disrupción, a la ministra Eli Gómez Alcorta (que renunció a causa de estos hechos) para que interceda con urgencia en la liberación de las siete integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu detenidas, una de ellas en situación de parto (dio a luz una niña en cautiverio), 4 de ellas en la cárcel de Ezeiza desde hoy» expresa el comunicado y agrega «la dirección es Paseo Colón 275, podés ir sola, con amigas, cuando puedas, hoy es importante por el feriado largo de las instituciones que, paradójicamente, usan al 12 de octubre de puente turístico mientras oprimen a las comunidades indígenas. A las 15:30 nos vemos en Plaza de Mayo». 

Rechazaron la excarcelación de las mujeres mapuche 

Lo resolvió el Juzgado de Bariloche tras tomar declaración indagatoria a las detenidas en la Lof Lafken Winkul Mapu. Las defensas habían planteado la excarcelación, pero los jueces ordenaron el traslado de regreso desde Buenos Aires a la ciudad rionegrina y otorgar prisión domiciliaria a las madres con niños chiquitos. En tanto, las detenidas en la unidad de la Policía Aeroportuaria de Bariloche continúan realizando una huelga de hambre líquida por tiempo indeterminado. 

Compartimos comunicado público difundido por Machi Betiana Colhuan Nahuel este viernes 7 de octubre:
KA PU ZOMO MAPUCHE 

07 de octubre de 2022 – Furilofche waria, Puelmapu 

Nosotras, pu zomo y pichikeche pertenecientes al Lof Lafken Winkul Mapu, detenidas e incomunicadas en la dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche y en la Unidad IV del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, en calidad de presas políticas, luego de la represión e intento de desalojo en nuestro lof, manifestamos lo siguiente: 

Nos mantenemos firmes convencidas asumiendo esto como parte de nuestra lucha por recuperar nuestro territorio y vida como mapuche, aún en el contexto de represión que nos encontramos por parte de este Estado, en conjunto con sus fuerzas represivas, que actúa al servicio de los poderosos terratenientes y multinacionales que ven nuestra mapu como un recurso y a nosotras como sus enemigos, propiciaron todo el odio racial y social, coludidos con medios hegemónicos. 

Por eso manifestamos esta condición en la que nos encontramos, en la que nos han atropellado, torturado, humillado, separándonos a nosotras de nuestros hijos. A eso se suma, que en las actuales condiciones de detención en la que nos encontramos, no contamos con ningún espacio para realizar nuestro gellipun.
Por estas razones:
* Decidimos empezar una huelga de hambre líquida por tiempo indefinida hasta tener respuestas por parte de la justicia.
* Exigimos la liberación inmediata de nuestra lamuen que se encuentra con un embarazo a término.
* La liberación de las dos lamuen que se encuentran con dos bebés lactantes (1 mes y 4 meses de vida). Una de ellas es nuestra machi, Betiana Colhuan.
* Y la liberación de todas pu zomo, ya que nuestro único delito es ser mapuche y defender nuestra mapu.
Mandamos mucho newen a nuestra gente que aún resiste en nuestro lof todo el atropello del winka. 

¡Newentuleymun pu lamuen!
Machi Betiana Colhuan Nahuel – Celeste Huenumil
Presas políticas detenidas en la unidad de la Policía Aeroportuaria de Bariloche 

Crece la criminalización de la protesta en Jujuy 

El jueves 6 de octubre se imputó a dirigentes de organizaciones sociales. Un Poder Judicial completamente adicto al Gobierno provincial persigue a quienes salen a luchar. Esto tiene como marco el llamado fraudulento a una reforma constitucional, donde el gobernador, Gerardo Morales, quiere restringir constitucionalmente el derecho a protestas. 

Se conocieron nuevas imputaciones del Poder Judicial jujeño contra dirigentes de organizaciones sociales. Se trata de las mismas organizaciones que habían sufrido allanamientos en julio pasado, a pedido del Poder Judicial, como parte de una campaña de criminalización contra el derecho a protesta. 

Diversos dirigentes quedaron imputados por «amenazas coactivas y extorsión». El marco es una investigación impulsada por la fiscalía Especializada en Delitos Económicos contra la Administración Pública Nº 2 de Jujuy, que está a cargo de Diego Funes. 

Las personas imputadas son Claudia Soledad Molina, María Eugenia Molina, Adrián Gonzalo Maurín, Sebastián Manuel Fernández Ferreyra, José David Surita y Antonio Juan Manuel Chorolque. Según señaló Luis Paz, abogado defensor, se confirmó un cambio de carátula en la causa. «Hubo un cambio de calificación respecto de la primera conducta que se estaba investigando que era asociación ilícita y extorsión», indicó. 

Como se ha denunciado reiteradamente, la figura de “asociación ilícita” es utilizada abierta y arbitrariamente para la persecución política. En este caso, contra organizaciones sociales. 

Eso es lo que está ocurriendo en Jujuy. El gobernador radical Gerardo Morales ha hecho una bandera de la persecución a las organizaciones sociales que salen a protestar. Tal es así que, en la propuesta de una reforma constitucional, se intenta restringir directamente ese derecho como parte de la nueva Constitución. 

Recordemos que esa reforma fue habilitada gracias al apoyo del peronismo de Jujuy. Fue el legislador Fernando Posadas el que dio su voto positivo para que la Legislatura aprobara esa convocatoria. 

La imputación de este jueves debe considerarse en ese marco. Como parte de una campaña política que, al mismo tiempo que apuesta al endurecimiento represivo, es funcional a la convocatoria de Morales. La apuesta política del gobernador radical es mostrarse como un “duro” en su provincia, intentando desde allí apuntalar su propia figura nacionalmente. 

Hay que redoblar el repudio contra esta avanzada contra la protesta social, denunciando los intentos de criminalización y la causas contra organizaciones sociales. 

Salvaje represión contra organizaciones sociales deja múltiples heridos en Santiago de Estero 

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denunció mediante un comunicado, el pasado 26 de setiembre, la durísima represión ocurrida en la localidad de Caburé, en el Departamento Copo llevada adelante por el gobierno de Gerardo Zamora, aliado del Frente de Todos a nivel nacional. 

Lanzan campaña en defensa de los y las vecinas criminalizadas por luchar por el agua en el «Chubutazo» 

Con las consignas «Luchar por el agua no es delito» y «Solo el pueblo salvará al pueblo» se lanzó una campaña de junta de firmas en apoyo y defensa de 24 vecinos y vecinas de Rawson, Trelew y Puerto Madryn que fueron citados a declarar este viernes 26 de agosto a las 9 en la Oficina Judicial de Rawson por haber participado del «Chubutazo», una pueblada en la que miles de pobladores y pobladoras salieron a las calles de la provincia a luchar por el agua y contra la explotación minera en la provincia que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. «El Poder Judicial de la Provincia de Chubut, de la mano del gobierno de Mariano Arcioni, viene avanzando en un sentido criminalizador de la protesta social. La condena reciente a luchadores sindicales por las protestas docentes de 2019 fue un anticipo de lo que se pretende alcanzar en estos momentos con la judicialización de los vecinos y vecinas que se manifestaron masivamente en las calles de Rawson contra la zonificación minera en diciembre del 2021. El «Chubutazo» fue producto de años de crisis social y económica generada por el gobierno provincial, y ahora pretenden criminalizarnos», sostienen.  

El viernes 26 de agosto a las 9:00 en la Oficina Judicial de Rawson la Justicia citó a declarar a los 24 vecinos y vecinas de Rawson, Trelew y Puerto Madryn que participaron del «Chubutazo», una pueblada que tuvo lugar en diciembre de 2021, donde pobladores y pobladoras salieron a las calles chubutenses en defensa del agua y nuevamente contra el proyecto de zonificación minera que impulsa en la provincia el gobernador Mariano Arcioni, en una protesta multisectorial masiva que contó con cortes de ruta, asambleas en toda la provincia, paros generales de las dos CTA y varios gremios de la CGT en rechazo al proyecto de instalar la megaminería en la provincia. Producto de esa contundente movilización el gobernador Arcioni se vio obligado a enviar un nuevo proyecto a la Legislatura provincial en donde derogó la Ley de Zonificación Minera que había votado una semana atrás. 

Como antecedente, en 2019 había ocurrido lo mismo en Mendoza, donde una protesta masiva a fines de ese año obligó a los mismos legisladores que habían votado el avance de la megaminería en la provincia, tuvieran que hacerlo en sentido contrario una semana después. 

En este marco, diversas organizaciones llamaron a acompañar a los y las vecinas imputadas que declararán este viernes y lanzaron una campaña en su defensa, con un comunicado para recolectar firmas (al que se puede acceder para firmar aquí). 

Titulado «El pueblo defiende a lxs vecinxs del Chubutazo que lucharon por el agua«, el comunicado sostiene: este viernes 26 de agosto a las 9:00 en la Oficina Judicial de Rawson acompañamos a los 24 vecinos y vecinas de  Rawson, Trelew y Puerto Madryn que lucharon en el Chubutazo. Los hechos que sucedieron en diciembre del año pasado fueron en el contexto de una pueblada donde miles y miles de vecinos y vecinas salieron a defender el agua y se pretende castigarlos por ello», remarcan. 

En la misma línea, agregan: «el Poder Judicial de la Provincia de Chubut  de la mano del gobierno de Mariano Arcioni viene avanzando en un sentido criminalizador de la protesta social. La condena reciente a luchadores sindicales por las protestas docentes de 2019 fue un anticipo de lo que se pretende alcanzar en estos momentos con la judicialización de los vecinos y vecinas que se manifestaron masivamente en las calles de Rawson contra la zonificación minera en diciembre del 2021.El Chubutazo fue producto de años de crisis social y económica generada por el gobierno provincial y ahora pretenden criminalizarnos», remarcan. 

Fallo contra las detenciones de ambientalistas 

La magistrada María Celeste Ferreyra exhortó a la Policía de Córdoba a garantizar el derecho de protesta y recomendó la elaboración de un protocolo ante manifestaciones sociales. 

Un fallo judicial exhortó al gobierno provincial a evitar las medidas que limiten o atenten contra la libertad de los ambientalistas que reclaman contra la autovía de Punilla, Paravachasca y las Sierras Chicas. 

La resolución de la jueza María Celeste Ferreyra se conoció en medio de las denuncias de detenciones arbitrarias de personas que vienen manifestándose contra el avance las obras. 

Aquí el fallo: Descargar 

Fuentes: agencia.farco.org.ar, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Prensa Obrera, Anred, Red Eco Alternativo, rebelión.org, Télam, Clarín. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.