Pablo Anino escribió: “En los grandes medios de comunicación se bombardea a cada segundo, sin descanso, sobre un supuesto estilo de vida dispendioso de quienes son víctimas del declive capitalista.
En un espectáculo morboso, a aquellos quienes la miseria creciente los obliga a recurrir a todo tipo de estrategia de supervivencia se les cuenta hasta las costillas: se los culpabiliza por tener que recurrir al Potenciar Trabajo, se les pregunta por la AUH o si tienen el lujo de recibir la garrafa social, que es la contraparte de no tener acceso a la red de gas en pleno siglo XXI”.
El lunes 20 de junio, en su discurso de Avellaneda, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó la estigmatización de los que no tienen nada y que mal sobreviven con la asistencia de algún programa social. El miércoles 3 de agosto, en su primera conferencia de prensa, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la auditoría de los programas sociales con el eje en una supuesta “vuelta al trabajo”.
Para no quedar atrás, el martes 9 de agosto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto con su ministra, Soledad Acuña, anunció que les quitarían los planes sociales a las familias que no garanticen el 85% del presentismo de sus hijos en la escuela, sin preguntarse las razones por las cuales las niñas y niños no llegan al colegio.
Y agrega Anino: “La pobreza es una expresión nítida de la decadencia del régimen capitalista argentino: pasó de afectar al 4 % de la población a principios de la década de 1970 hasta aproximadamente el 40 % en la actualidad. Pero para declarar inocente al régimen capitalista de ese crimen del cual es culpable se invierte la realidad: se ataca a los pobres, a las organizaciones sociales y al presupuesto social como el origen de todos los males”.
El Potenciar Trabajo en el foco del ataque
Se presenta como “vagos” a quienes bancan los comedores y otras tareas comunitarias en los barrios, a quienes defienden sus puestos de trabajo en las empresas recuperadas, a trabajadoras y trabajadores de la Economía popular. Carecer de un empleo en una empresa no es equivalente a no trabajar. De hecho, trabajan y mucho.
En el marco del Consejo de las Américas, el ministro de Economía, Sergio Massa, habló del decreto para transformar los planes sociales en “empleo genuino” que beneficiaría a más de 200.000 personas. Además, explicó que “el empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social, ART y sindicato» y «el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio”.
La falsa idea de la “vuelta al trabajo” de Massa, tiene como único objetivo ofrecer como mano de obra barata a las empresas y a los intendentes a quienes perciben el Potenciar Trabajo, es decir, medio salario mínimo ($ 30.976,50).
Esta mano de obra barata es en realidad un “subsidio” de las trabajadoras y trabajadores precarizados a la ganancia empresaria o a los presupuestos municipales. E implica una presión adicional para bajar las expectativas de la clase trabajadora y devaluar más los salarios.
Los defensores del régimen capitalista se ponen la gorra para vigilar y castigar a los que no tienen nada. ¿Por qué no se auditan las cuentas y los stocks de las grandes alimenticias o de las agroexportadoras que especulan con la suba de precios? ¿Por qué no se audita la fraudulenta deuda externa que dejó Mauricio Macri con los lobos de Wall Street y el FMI? ¿Por qué no existe una auditoría en todo el país del trabajo para regularizar el 36 % de la fuerza laboral que no tiene descuento jubilatorio (es decir, no está registrada), según estadísticas del INDEC?
Según datos del ministerio de Economía, el Potenciar Trabajo tiene recursos para el corriente año por $284.000 millones. Se trata apenas del 1,7 % del total del presupuesto. Es decir, que el ataque a este programa como el origen de todos los males no se condice con su importancia dentro del presupuesto.
Muy por encima del presupuesto del Potenciar Trabajo se ubican los servicios de la deuda pública, que representan el 7,4 % del presupuesto: el Estado desembolsará durante el corriente año $1,2 billones en pagos de deuda. Lo destinado a servicios de la deuda es 4,2 veces superior que lo destinado al Potenciar Trabajo.
Por fuera del presupuesto público del Estado Nacional, el Banco Central podría destinar, durante 2022, $ 2,3 billones en pagos de intereses por Leliq y pases a los bancos que equivale a casi 3 % del PBI. Los banqueros se llevan 8 veces más que el presupuesto del Potenciar Trabajo.
Para este año 2022, se estima que el Estado dejará de percibir $1,6 billones por el total del gasto tributario, lo cual se explica por la recaudación que pierde de grandes empresas. Esto equivale a 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) y es 5,6 veces más que el presupuesto del Potenciar Trabajo.
Mientras los amos del país juegan a ser esclavos de un Estado que subsidia a los pobres, los principales subsidiados y beneficiados son los dueños de todo.
La pobreza alcanzó al 43,1% y afecta a más de 18 millones de personas en Argentina
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina publicó el informe de avance Deudas sociales en la Argentina urbana 2010-2022, cuyos datos se elaboraron en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) durante los meses del tercer trimestre de 2022.
Según se desprende de los principales resultados, el 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza en el país. En comparación con las cifras del año pasado, cuando el porcentaje de pobreza fue 42,4%, el estudio da cuenta de un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 2022. El reporte señala, además, que entre julio y octubre de este año el 5,7% de los hogares y 8,1% de las personas eran indigentes.
De acuerdo con los resultados del informe Trabajo, empleo, inactividad forzada y exclusión social. Argentina Urbana 2010-2022,
La tasa de empleo subió del 58,8% registrado en 2021 a 64,3 % este año. Solo el 40,3% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 8,7% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 23,0% sometida a un subempleo inestable, es decir, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación.
Al mismo tiempo, el 28,0% contaba con un empleo regular, pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia y sin afiliación al sistema de seguridad social.
Por otro lado, si en 2021 la tasa de desocupación fue de 9,1%, la posterior reactivación generó que este año la desocupación disminuyera al 8,7%. Entre otros datos, recolectado por la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA entre julio y octubre de 2022, se señala también que aproximadamente un 50% de la población activa no posee un empleo con plenos derechos laborales.
El universo geográfico de la EDSA abarca a una serie de grandes y medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuquén: Plottier – Cipolletti, Mar del Plata, Salta, Tucumán – Tafí Viejo, Paraná, Resistencia, San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande.
Se reunió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil
Se aprobó un aumento del 20%, 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo.
El 20% aprobado durante la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se suma a los montos alcanzados en los consejos de marzo y agosto de este año, y es acumulativo respecto del 57.900 de noviembre. De esta manera, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), alcanzará los $69.500 en marzo, y un total de 110,5% anual para el período marzo 2022 a marzo 2023.
Hugo «Cachorro» Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, argumentó: «hace rato que la inflación en Argentina no la determinan los aumentos de precios, sino por la especulación de los sectores empresariales. Y no vemos ningún esfuerzo de los empresarios para una distribución de ingresos en favor de los trabajadores».
El dirigente afirmó que: «este aumento no permite siquiera sostener el nivel de ingresos de marzo de este año, está muy lejos de lo que pedimos, y siguen sin atenderse nuestros pedidos de recuperar el poder adquisitivo del SMVyM».
La Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se comprometió a realizar una nueva convocatoria del Consejo de no cumplirse las expectativas inflacionarias previstas para los próximos meses. Teniendo en cuenta la pérdida que sufrió el Salario Mínimo, Vital y Móvil que durante el gobierno de Macri alcanzó el 20%, y desde el 2019 un 11% más, la CTA Autónoma había reclamado un aumento del 47% desde el mes de noviembre y hasta marzo del 2023.
Los programas sociales cada vez más devaluados
Una familia beneficiaria del Potenciar Trabajo, AUH y Tarjeta Alimentar adquiere hoy apenas el 87% de la Canasta Básica de Alimentos, mientras que en enero de este año cubría el 99% del índice que calcula el INDEC. La inflación y los magros aumentos dispuestos por el Gobierno explican el deterioro.
Un estudio del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) revela el atraso en las actualizaciones de dichos haberes en función del ajuste fiscal que viene impulsando el Gobierno, en particular desde la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía.
Se observa que a lo largo del presente año, salvo en los meses de abril y junio, los valores de la canasta alimentaria siempre estuvieron por encima de los programas, con el agravante de que durante los últimos cuatro meses la cobertura fue cada vez menor.
Todo esto en el marco de una fuerte estigmatización de los sectores más vulnerables, principales destinatarios de estas ayudas, desde medios de comunicación hegemónicos y figuras de la oposición e incluso el oficialismo. El paroxismo de este ataque incluyó la difusión de un informe de la AFIP que apuntaba a supuestas incompatibilidades entre los beneficiarios. A la filtración le sobrevino una desmentida por parte de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien de todas maneras lanzó un proceso obligatorio de revalidación de identidad para seguir cobrando el Potenciar Trabajo.
Y como si este deterioro alcanzado no fuera poco, el estudio del ISEPCi proyecta un análisis para los futuros incrementos anunciados por el Gobierno, pero en este caso tomando en cuenta los pronósticos de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercados (REM) elaborado por el BCRA: “se puede presumir una continuidad de deterioro para los meses subsiguientes”.
Tolosa Paz: «El aumento del Potenciar Trabajo seguirá atado al salario mínimo»
Así lo aseguró la ministra de Desarrollo Social, cabeza de playa de la ofensiva contra las organizaciones sociales, que habló de recortar 250.000 programas, en una entrevista que le realizara la revista Ladran Sancho.
La ministra Victoria Tolosa Paz hizo estas declaraciones mientras visitaba un emprendimiento del Movimiento Evita en Luján, acompañada de Emilio Pérsico y otros referentes locales, donde claramente quiso demostrar que se habían acabado las rencillas. Y señaló: «les pediría que entiendan que la justicia metió la cola como tantas veces, impidiendo que el 5 se depositaran los Potenciar. Corrimos y pudimos hacerlo dos días más tarde buscando, como le dije al juez, no cometer delitos pero mucho menos injusticias. Lo que pasó fue una emboscada de la justicia en contra de esta ministra».
No fue así, la propia ministra aumentó la confrontación y ante las multitudinarias movilizaciones de la Unidad Piquetera y la UTEP, tuvo que tirar la toalla y cambiar de posición.
Para las y los piqueteros el retroceso de la ministra ha significado una victoria y la demostración de que solo en la lucha callejera se pueden conseguir avances. Hay que recordar que la semana pasada cientos de miles en todo el país desafiando las altas temperaturas se movilizaron en las calles exigiendo que les paguen miserables 30.000 pesos.
La Unidad Piquetera consiguió torcer el brazo al Gobierno
La Unidad Piquetera realizó una nueva medida de lucha el martes 6, con piquete frente a Desarrollo Social de Nación y acciones en todo el país, ante las demoras en la liquidación del pago del Potenciar Trabajo. Como resultado de la jornada de lucha, después de una reunión con funcionarios de Desarrollo Social pese a la ausencia de la ministra Tolosa Paz, finalmente se anunció desde el gobierno que pagará el Potenciar Trabajo el miércoles 7.
La avanzada oficialista contra los beneficiarios del Potenciar Trabajo suscitó una respuesta inmediata de las organizaciones sociales y piqueteras que culminó con la “postergación” de la auditoría fiscal de los programas sociales y la amenaza latente de cientos de miles de bajas en los programas.
De todos modos, el gobierno aún preserva una ofensiva general que busca liquidar los programas sociales: auditorías, bloqueo de nuevas altas, desenganche del salario mínimo, son algunas de las medidas que el gobierno articula con este propósito.
El pasado viernes 2 tuvieron lugar diversas acciones en todo el país. La Unidad Piquetera protagonizó una conferencia de prensa en el Obelisco, seguida de movilización y medidas en distintas ciudades y provincias; mientras que las organizaciones sociales afines al gobierno protagonizaron un corte en el Puente Pueyrredón.
El gobierno tuvo que retroceder postergando la auditoría fiscal sobre los programas sociales, por lo desmedido de la medida -en contraste con los beneficios y “libertades” para los grupos capitalistas- y por la contundente respuesta popular.
En el informe de Afip una inmensa mayoría de casos está vinculada a la tenencia de una motocicleta o la declaración de una vivienda, ambos compatibles con el Potenciar Trabajo.
Esto revela aún más la naturaleza de la campaña sucia contra los programas sociales, que busca allanar el camino de bajas masivas difamando a los y las trabajadoras desocupadas que luchan por la asistencia económica del Estado en el marco de una crisis de desocupación, pobreza e indigencia que se agrava.
Sin embargo, el gobierno persiste en su línea de ajuste contra los programas sociales y los desocupados. Está en pie la auditoría virtual que deben completar la totalidad de los beneficiarios del Potenciar Trabajo -tengan o no recursos para hacerlo-, con lo que esperan imponer miles de bajas. También persiste el impedimento por decreto de nuevas altas y el intercambio de “trabajadores por herramientas”.
Otra de las medidas “en carpeta” es el desenganche del Potenciar Trabajo respecto al salario mínimo (representa el 50% de este último), con lo que se busca deprimir aún más la asistencia económica del Estado por medio de negociaciones trasladadas a un Consejo de la Economía Popular.
La Unidad Piquetera volvió a salir a las calles para enfrentar esta ofensiva ajustadora, reclamando además el cumplimiento de los compromisos asumidos y la entrega de los alimentos a los comedores populares.
El gobierno postergó hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo
Como epílogo de una jornada «caliente» en la que los movimientos sociales con sus distintas siglas protestaron en la calle y anunciaron más medidas de fuerza, Alberto Fernández citó en su despacho a la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, a Emilio Pérsico y Esteban «Gringo» Castro, del Movimiento Evita y tomó la decisión de postergar hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo.
Ante esta decisión oficial, la UTEP desactivó las medidas anunciadas de cortar rutas el miércoles 7.
En la reunión con Fernández se discutió la decisión de la ministra Tolosa Paz de solicitarle a la Justicia que levante el secreto fiscal para que la AFIP entregue la lista nominal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan con incompatibilidades había generado un fuerte malestaren los movimientos sociales oficialistas, que incluso dejaron trascender que analizaban renunciar a los cargosque ocupan en el Poder Ejecutivo, principalmente dentro de la cartera de Desarrollo Social.
Durante la reunión, Alberto Fernández le reprochó a Tolosa Paz el manejo desprolijo de la situación y señaló que como resultado terminó “con la gente en la calle”. En esa línea, Pérsico le recriminó que no debería haber pedido el levantamiento del secreto fiscal.
Por su parte, la ministra Tolosa Paz explicó que hizo el pedido para evitar una imputacióndel fiscal Guillermo Marijuán quien de todos modos la denunció -junto con Pérsico- por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”, por no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP por pedido de su antecesor Juan Zabaleta.
Dado que Marijuán igualmente hizo la denuncia, Tolosa Paz se mostró de acuerdo con Alberto Fernández y Pérsico en esperar hasta febrero para depurar los listados.
Sin embargo, aclaró que las asignaciones que ya fueron canceladas porque los beneficiarios compraron dólares o están fallecidos, seguirán dadas de baja.
Ante estos planteos y la promesa de que se entregarán más alimentos a los comedores, Pérsico y Castro se comprometieron a no implementar el plan de luchaanunciado en la asamblea que realizaron en el Puente Pueyrredón -bautizado “Navidad en la calle”- que implicaba varias movilizaciones la semana pasada en todo el país.
El corte de la Utep en el Puente Pueyrredón
Como medida de rechazo al recorte de los planes sociales, organizaciones sociales nucleadas en distintos agrupamientos piqueteros protestaron el viernes 2 con cortes de tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en los accesos al Puente Pueyrredón y en las inmediaciones del Obelisco porteño.
«Este viernes 2 de diciembre salimos a las calles en todo el país para exigir que dejen de recortar en los programas de trabajo de la Economía popular. Concentramos a las 9:30 en Plaza Alsina y vamos al Puente Pueyrredón para llevar adelante la asamblea central que defina el plan de lucha», decía el comunicado de la Utep.
«Una vez más -agregaba- cuando las cosas no van bien, vuelven a cargar contra los últimos y las últimas de la fila, con criterios burocráticos insólitos y falaces. Pareciera que no les tiembla el pulso para sacarle la comida de la mesa a las familias que más lo necesitan en un contexto crítico de fin de año».
La central, cuyo secretario general es Esteban «el gringo» Castro, señaló en el comunicado que «hace años y con muchísima lucha, conquistamos derechos para los y las que inventamos trabajo cuando el mercado laboral nos expulsó. Esas reivindicaciones arrancadas en un gobierno neoliberal son puestas en duda en este contexto complicado donde se debería defender a los y las que más lo necesitan».
Para finalizar, el escrito señala: «Vayan a buscar a los que la fugaron, fíjense quiénes son los que ganan siempre, los que especulan con su riqueza. Siempre vamos a acompañar las medidas que apunten a la justicia social, pero la persecución y el ajuste a los y las de abajo, que la pelean todos los días, no lo vamos a permitir».
Renunció funcionario piquetero
Con duras críticas Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa, el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, confirmó que el espacio que lidera dio un paso al costado del Gobierno del Frente de Todos.
El hasta entonces director nacional de Políticas Integradoras del ministerio de Desarrollo Social aseguró que no están dispuestos a “convalidar un ajuste” y denunció que los trabajadores populares nunca estuvieron tan mal como en este momento.
Explicó que el arribo de Victoria Tolosa Paz tiene el objetivo de realizar el ajuste que comandan desde Economía, y afirmó que se “actúa con la agenda de la derecha”.
“Hay una política de congraciarse con la derecha. Gerardo Morales maneja más planes que todas las organizaciones que resistieron el macrismo. Después entonces no nos llenemos la boca pidiendo la libertad de Milagro Sala. Hay que resetear el país”, puntualizó.
Klejzer aseguró que si bien se desvincularon del ministerio de Desarrollo Social hace 20 días, no lo pudieron comunicar con anterioridad, teniendo en cuenta el cambio en la dirigencia de la cartera, los reclamos sociales y el “ataque de la derecha a los planes Potenciar Trabajo”.
“En líneas generales, el ministerio se divide en tres: los laburantes que son los que sostienen el ministerio, los que no entienden nada del drama social que pasa en la Argentina y los que sabiendo el drama convalidan un ajuste. Eso es muy peligroso para un gobierno que se dice popular”, lamentó el dirigente social.
Y añadió: “La política creó las condiciones para que haya un consenso de que los responsables de la pobreza son los pobres. Desde que se fue Arroyo no hay debate, no hay ideas centrales. Hoy es un ministerio de transferencia de guita en alimentos y directa a la gente”.
La Unidad Piquetera realizó un corte total en la Avenida 9 de julio
El viernes 2, las organizaciones de la Unidad Piquetera realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, seguida de cinco horas de movilización y corte total de la Avenida 9 de julio, Corrientes, Diagonal Norte y calles aledañas, contra el ataque del gobierno hacia trabajadoras y trabajadores del Potenciar Trabajo.
Se trató de una jornada de lucha resuelta de emergencia y convocada con poco tiempo, en el marco de un agravamiento y profundización del ataque del gobierno contra los trabajadores desocupados, con el levantamiento del secreto fiscal para forzar la eliminación de miles de programas sociales.
En la conferencia de prensa, las distintas organizaciones que conforman la Unidad Piquetera, plantearon que el gobierno de los Fernández había echado gasolina al fuego, y tendría como contrapartida «un diciembre caliente y piquetero».
“El informe, difundido desde la propia Afip busca golpear a los sectores más empobrecidos. En cambio no se abre el secreto fiscal para las grandes fortunas y los evasores millonarios. Duros con los pobres, complacientes con los ricos”, señalaron en su comunicado de prensa, denunciando la doble vara del gobierno nacional.
El ensañamiento del gobierno con los trabajadores desocupados y beneficiarios de los programas sociales contrasta con los beneficios que se le otorga a los capitalistas y exportadores, como el reciente dólar soja 2, que implica miles de millones de pesos para las patronales sojeras en tan solo 30 días.
Las organizaciones piqueteras encuadran las hostilidades actuales en el marco del plan de ajuste diseñado por el FMI y aplicado rigurosamente por el gobierno nacional, que busca liquidar los programas sociales como un medio para aplastar los salarios del conjunto de los trabajadores.
Comunicado de la Unidad Piquetera
Fuerte reacción contra el ajustazo del gobierno.
La semana que viene continúa y se refuerza el Plan de lucha.
En
todo el País y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires hubo una
fuerte reacción de los trabajadores del Potenciar Trabajo ante la
amenaza real de bajas masivas y el desenganche de los programas sociales
del salario mínimo, ingreso que ya es más que miserable
A eso se suma la incertidumbre de si habrá doble aguinaldo, que serviría
como paliativo frente a la inflación que destruye los ingresos.
El
gobierno ajusta a los que menos tienen y la «justicia» que no investiga
nada, persigue a los trabajadores que sobreviven con un plan social,
luego de que las políticas de los gobiernos destruyeran el trabajo.
Hoy hubo una confluencia en los hechos con organizaciones que sostienen
un apoyo al gobierno, pero que no pueden seguir ocultando a sus bases
que este es un gobierno ajustador.
Las organizaciones de la Unidad Piquetera llamamos a todas las organizaciones a unir fuerzas en una acción común,
fuerte con todas las fuerzas posibles para derrotar el ajuste.
La semana que viene profundizaremos las medidas con cortes de acceso,
acampes y movilizaciones en más de 100 rutas nacionales y provinciales,
puentes carreteros y autopistas.
«Para que los planes sociales se transformen en trabajo genuino hay que democratizar la tierra»
Por Diego Aranda
¿Reforma agraria en el Siglo XXI? ¿El rol de los movimientos sociales y los gobiernos? ¿Cómo salir del extractivismo y del agronegocio? Algunas de las preguntas que abordó Diego Montón, 46 años, mendocino, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y con larga trayectoria en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Y algunas de sus definiciones: el balance negativo del gobierno de Alberto Fernández, «la Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada», los 30 años de La Vía Campesina y su reorganización local, y un repaso de temas: el modelo agropecuario, las contradicciones en la relación con los gobiernos, la Mesa Agroalimentaria, la relación Grabois-Grobocopatel, la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria. Y un mensaje a las organizaciones, que también puede ser un llamado a la acción: «El rol del movimiento social no es contener el descontento sino transformar la realidad, lograr cambios estructurales, el cambio social».
«La Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada»
—¿Qué evaluación hacen desde el MNCI Somos Tierra de la actualidad política, del gobierno de Alberto Fernández? Un Gobierno que ustedes llamaron a votar y está volcado al extractivismo, incluido al agronegocio.
—El balance para nosotros no es positivo, porque arrancamos con un ministro de Agricultura yendo al Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, comprometiéndose con ese programa a fines del año 2019, un Alberto Fernández que en su primer discurso ante el Parlamento puso a la agricultura familiar en el centro, habló de soberanía alimentaria, planteó la expropiación de Vicentín, justamente en el camino a construir la soberanía alimentaria…
—Y no hizo nada de eso.
—Sí, hay que señalarlo. Y también decir que vino una pandemia que cambió todo el escenario.
-La pandemia también se transforma en excusa de muchas cosas. Y el Gobierno dio más vía libre a las mineras, petroleras…
—La pandemia también podría haber sido la excusa perfecta para avanzar en otra agenda, para más producción de alimentos, lograr precios más accesibles para los sectores populares, pero no se hizo. Se retrocedió con lo de Vicentín a tal punto que terminó siendo negativo. Se demoró mucho el monotributo social agropecuario y todavía no es efectivo, tampoco se avanzó con la Ley de Acceso a la Tierra, que perdió estado parlamentario. La Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada. Entonces, la lectura que hacemos hoy es que no se cumplieron los propios postulados que Alberto Fernández había planteado para el sector. Y, relacionado al modelo, el tema del precio de los alimentos es uno de los principales problemas que tiene la sociedad argentina.
—Ante el balance negativo, ¿qué harán como MNCI Somos Tierra o como Mesa Agroalimentaria?
—Estamos en un proceso desde la Mesa Agroalimentaria de debate sobre las próximas acciones de lucha que vamos a desarrollar en función de, justamente, esta severa crisis alimentaria, severa crisis ambiental, severa crisis energética, frente a las cuales no vemos políticas de fondo que apunten a resolverla desde la perspectiva popular.
—Respecto al apoyo de movimientos sociales a determinados gobiernos que luego no cumplen con las promesas, incluso hacen lo contrario. ¿Qué autocrítica hacen?
—La crítica y la autocrítica es permanente y es parte también de la fuerza con la que nosotros nos organizamos.
—El MNCI estuvo muy cercano al último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, recuerdo en particular un Congreso de la CLOC en Ezeiza. ¿La cercanía a los gobiernos desmoviliza y debilita la lucha?
—El tema de la fuerza o debilitamiento de los movimientos no ha tenido que ver con la relación con el Estado, sino con la propia dinámica interna y las propias debilidades que a veces se maximizan con algunas acciones. Si bien es más sencillo, quizás, plantearse en movimiento sin la relación con los gobiernos, la posibilidad de que se efectivicen algunas políticas públicas que nosotros planteamos tiene que ver con la participación y las contradicciones que asumimos como movimiento. Lo que sí tenemos que seguir revisando son, justamente, por un lado, los roles y las dinámicas en el sentido de la combinación de la movilización, la formación política y la lucha con la implementación de las políticas. Y lo que no puede ser una ilusión, y eso hace a la formación política, es creer que sólo de la mano del control de una institución del Estado se va a poder avanzar con cambios estructurales.
—¿Cómo se logran cambios estructurales si, por ejemplo, se está dentro de un Gobierno que impulsa el extractivismo y el agronegocio?
—Para los cambios que nosotros planteamos hacen falta la movilización y la organización popular. Y hace falta también la construcción institucional de un poder político que esté en el marco de las organizaciones populares. En eso nos falta mucho por recorrer. Y obviamente en esto también juega la naturaleza humana, juegan los egos de las personas, nuestros propios egos, de los dirigentes, de los movimientos y de quienes asumen roles institucionales.
—Hay una Secretaría de Agricultura Familiar y una Dirección de Agroecología. Pero es difícil pensar que desde ahí surgirán cambios profundos, y no lo digo por los trabajadores y trabajadoras que están en esos lugares sino por las políticas concretas que pueden ejecutarse desde esas estructuras.
—Hemos visto que algunas veces hemos impulsado luchas para generar instrumentos institucionales y después cuando a esos instrumentos los ejecuta una persona totalmente ajena al sector y al movimiento termina siendo desnaturalizado. El problema también es que, a partir de la conquista de un espacio institucional para una política pública, se desinfla la movilización y la organización. Creo que es un desafío. Y, ante el avance de la derecha, es una contradicción necesaria, que hay que asumirla y que tenemos que ir evaluando con crítica y autocrítica de los errores que hemos cometido. Y también nosotros tenemos que ser capaces de seguir instalando los debates que son fundamentales para nosotros. El tema de la tierra, por ejemplo, la reforma agraria, que se evaluó en los 30 años de La Vía Campesina, es necesario que vuelva a estar en la agenda global y en la agenda nacional, y nos parece que esa es la disputa que tenemos que dar.
—¿Ve que algún candidato presidencial, por fuera de la izquierda, pueda tomar el tema de la reforma agraria en Argentina?
—En lo que se viene hacia adelante, al 2023, nuestro principal objetivo es fortalecer la lucha y a partir de ahí evaluar quiénes son las compañeras y compañeros que pueden disputar algún espacio institucional que, justamente, venga a resolver estos problemas.
«El rol del movimiento social es transformar»
—A más de 20 años del 2001, del «que se vayan todos», se fueron pocos y aumentó la pobreza, la inflación y seis de cada diez chicos es pobre. Algunos referentes de movimientos sociales explican que no se producen estallidos como en 2001 porque las organizaciones sociales contienen ese disgusto, además de las políticas sociales implementadas. ¿Coincide con esa lectura?
—El rol del movimiento social no es contener el descontento sino transformar la realidad, lograr cambios estructurales, el cambio social. Para nosotros el post 2001, de alguna manera, se hacía fuerte la idea del cambio social y creo que ese es el principal valor de un movimiento social. Claro que tiene que ver con el momento histórico que le toque vivir, generar las condiciones subjetivas, pero también la fuerza para lograr ese cambio social. No creo que el rol tenga que ser la contención social, ese en todo caso puede ser el rol de una política pública, pero no de un movimiento. De todas maneras, no coincido con la idea de que hoy la situación está contenida. Me parece que también hay una sobreestimación de la capacidad de algunos movimientos de contener. Lo que sí creo es que el desafío, justamente, tiene que ver con la construcción de escenario para la movilización, con avances, con la construcción de escenarios de cambio o de la conquista de derechos, y no con el solo hecho de frenar el avance de grupos de derecha o fascistas.
—¿Qué opina de la demanda de «transformar planes sociales en trabajo genuino»?
—Creo que muchas veces estamos frente a un debate político de eslogan, que no nos está haciendo bien al movimiento social y al movimiento popular. Creo que tenemos que avanzar en acciones más profundas. Es un eslogan muy fácil decir “vamos a traducir los planes sociales en trabajo” y eso no aparece muy vinculado a cuestiones estructurales, que son las que creo que los movimientos populares debemos volver a poner sobre la mesa: para que los planes sociales se transformen en trabajo genuino hay que democratizar la tierra y democratizar el sistema agroalimentario. Cuando en algunas organizaciones naturalizan el vivir con “la changa más una ayuda del Estado…”. Es un error, no puede ser ese el horizonte de vida, eso pasa a ser conservador y ahí volvemos a plantear la necesidad del cambio social.
—Sobre movimientos sociales y cambios transformadores o no. En las últimas semanas pasaron dos hechos puntuales. Juan Grabois junto a Gustavo Grobocopatel, contando sobre la posibilidad de un trabajo conjunto. Por otro lado, organizaciones que en centros urbanos son muy conocidas, como Jóvenes por el Clima, sentados en la mesa con el Gobierno y las empresas mineras. ¿Qué opinión tiene?
—Respeto mucho la lucha que venía haciendo Juan Grabois, me parece que también que Jóvenes por el Clima vienen dinamizando un debate. Y no me preocupa tanto que se sienten a mesas de diálogo, lo que sí me parece —y volvemos al tema anterior— es que hay que ser claros, si nos dedicamos a contener o a transformar. Tener expectativas de que los referentes del agronegocio van a aceptar cambios estructurales me parece falso y, si el dirigente social no tiene esa expectativa, hay que pensar bien cómo comunica las ideas porque se lee que tiene esa expectativa. Y no entiendo que se pueda tener expectativas de esos sectores del poder económico, con intereses claramente determinados, que no ceden derechos, que no van a ceder parte de sus beneficios solamente por “buena gente”. Y me parece que ese tipo de falsas ilusiones puede tener un efecto que desmovilice la lucha.
—¿Qué opina de Grobocopatel?
—Estoy convencido que Grobocopatel no es ni bueno ni malo, sino que representa intereses y esos intereses son seguir subordinando a la agricultura familiar a los intereses del capital financiero.
—¿Y por qué creés que algunas organizaciones y movimientos hablan de planes conjuntos o intentos de consenso con esos sectores, del agronegocio o las mineras?
—A esos sectores les diría que es necesario hacer la lectura histórica de los 500 años, pero además de los 200 años de Nación Argentina, y de la sangre que ha corrido en términos justamente de las luchas por conquistar derechos, de trabajo digno, de democratizar la tierra. Desde nuestra perspectiva no hay posibilidades de democratizar la tierra sin más organización y sin fortalecer la lucha. Y en eso trabajamos todos los días.
[…]
Rupturas
campesinas y nuevas articulaciones
—El MNCI daba la sensación de ser un movimiento fuerte y consolidado. Luego estuvo el acercamiento al Movimiento Evita y la ruptura, que fue bastante silenciosa. ¿Qué fue lo que pasó?
—Una virtud que tuvo el MNCI fue la capacidad de poner las luchas por delante y administrar las divergencias y tendencias que siempre existieron en el movimiento. El MNCI logró articular muchas experiencias. Pero en un contexto de la ofensiva macrista y de la reconstrucción del movimiento popular de Argentina, no encontramos las herramientas para gestionar algunas de esas divergencias que se profundizaron. Eso llevó la división, entre el MNCI y el MNCI-Somos Tierra, donde quedamos la Red Puna, el Movimiento Campesino de Córdoba y la UST (Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza). Pienso que, para los dos MNCI, siguen siendo objetivos fundantes la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Y entiendo que la articulación política se va a poder seguir haciendo en función de construir unidad de acción.
—Por otro lado, nació la articulación con Fecofe y UTT en la conformación de la Mesa Agroalimentaria.
—Sí, y tiene relación con lo anterior. Para nosotros la alianza con los movimientos urbanos es estratégica, pero siempre pensamos que era fundamental construir una plataforma de lucha estrictamente agraria y rural, porque la propia dinámica de la urbanización argentina y de la agenda mediática del Conurbano tiende a invisibilizar las luchas agrarias y la realidad de toda la diversidad territorial argentina. Por eso, una cuestión que nosotros entendemos, y sí fueron puntos elementos de divergencia, es no subordinar el movimiento agrario en la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), porque eso iba a invisibilizar a las luchas agrarias. Y de hecho nos parece que en parte eso ocurrió con otras organizaciones que quedaron ahí dentro.
—¿Por dónde pasa la construcción con otros movimientos sociales?
—El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular fue una súper experiencia, muy buena, porque logró aglutinar a diversos sectores que ponían sobre la mesa justamente esa realidad y las propuestas para esa realidad. Incluso en ese momento de construcción y de máxima visibilidad de ese proceso todos los actores políticos empezaron a poner en su agenda, de una u otra manera, a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Y una vez que se retrocedió en ese proceso también eso se vio en el impacto en la agenda política, por eso es que nos abocamos a la construcción de la Mesa Agroalimentaria Argentina, fundamentalmente con la UTT y Fecofe. Entendiendo y tratando de representar la diversidad que va desde una comunidad de pueblo originario hasta una cooperativa de medianos productores, que entienden y conciben a la soberanía alimentaria como el objetivo y al alimento como un derecho. Y, por supuesto, que no entendemos a la Mesa Agroalimentaria en una burbuja del campo, sino que desde ese espacio articular con el movimiento sindical, con los sectores políticos, con los movimientos urbanos, pero con nuestra agenda sobre la mesa.
—¿Cuáles con las acciones concretas realizadas desde la Mesa Agroalimentaria?
—Además de la articulación política se trata de la articulación cotidiana de las acciones concretas. Venimos trabajando juntos por la transición agroecológica. Desde la Mesa tenemos una propuesta concreta sobre cómo es la transición y cómo seguirla desarrollando en los territorios. En temas comerciales hemos dado un paso muy importante en articular y de, por ejemplo, que en los almacenes que tenemos en las organizaciones se ofrecen todos los productos de las distintas organizaciones de la Mesa. Eso nos ha ido llevando también a poder establecer circuitos de comercialización, que ya van incluyendo todos nuestros productos. Esto nos ha ido también enseñando, mediante la práctica concreta, que es posible desarrollar una dinámica de los sistemas agroalimentarios de una manera totalmente diferente a la que hoy tiene la Argentina. Es otro principio importante que yo destacaría de la Mesa: está la lucha política gremial, pero en el camino también son acciones concretas y coordinadas. También estamos nutriéndonos juntos en la formación de escuelas de agroecología y de la cuestión de nuevas colonias agrícolas o comunidades agroecológicas.
Jornada de lucha por tierra
Con la consigna «Basta de privilegios para los negocios inmobiliarios», el jueves 1º de diciembre, familias sin tierra ni vivienda, junto a organizaciones sociales que las acompañan, llevaron adelante una jornada de lucha en reclamo de tierra para vivir.
En este marco, en la Ciudad de Buenos Aires un sector concentró frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, sobre la Avenida Callao, en la zona de Congreso, donde además presentaron una carta.
«Acercamos esta carta para transmitir la preocupación sobre el problema de tierra y vivienda que afecta en general a la provincia y en particular al municipio de Almirante Brown. Tenemos la voluntad de encaminar un diálogo sustancial sobre el tema, el cual nos preocupa hondamente, considerando que son muy pocos los conflictos que se resuelven favorablemente para las familias, ya que en su mayoría sólo se obtiene como resultado represión y judicialización para las personas afectadas«, sostiene en la carta el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que acompaña a las familias sin vivienda.
«La Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat se aplica de manera limitada y discrecional, siendo habitualmente necesario que se alcancen elevados niveles de conflicto para su concreción, continúa la carta presentada a las autoridades. Un claro ejemplo sobre este planteo es el caso de Guernica, donde durante los meses de septiembre y octubre de 2020 presentamos un proyecto de urbanización diseñado con apoyo de equipos de profesionales y expertos de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, para evitar el desalojo urbanizando in situ los barrios existentes, utilizando las herramientas provistas por la mencionada Ley. Tras el violento desalojo del 29 de octubre del mismo año, estas mismas tierras terminan por ser asignadas a usos habitacionales, estando actualmente a la espera de la implementación de un plan de urbanización lanzado por la provincia. Era clara la viabilidad de nuestra propuesta, pero fue una decisión primar el desalojo de miles de familias«, remarcaron.
En la misma línea, agregan: «hoy estamos reclamando por un nuevo retroceso. El proyecto A.R.C.A., de lotes con servicios para familias en situación de vulnerabilidad habitacional, implementado por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es en este momento una posibilidad de explorar líneas de resolución a muchos conflictos en curso pero, sin embargo, también nos es negada en su implementación. La mayoría de los intendentes del conurbano del FdT y JxC han definido entregar las zonas rurales de sus distritos a los intereses inmobiliarios de countries y barrios cerrados, referidos bajo eleufemismo de ‘clubes de campo’«, sostienen.
En cuanto al proyecto del Barrio Comunitario Norita Cortiñas, sostienen: «fue aprobado por la SISU (ID 615), que estaría en condiciones de dar una solución a la problemática habitacional de unos 200 grupos familiares organizados, ha sido vetado por el intendente electo Mariano Cascallares, en el municipio de Almirante Brown. Detrás de esto, hay un acuerdo más amplio que incluye a muchos de los intendentes del Conurbano, para no concretar los proyectos A.R.C.A., ya que va en contra de sus planes estratégicos de ceder la tierra a los intereses inmobiliarios y los sectores sociales ricos. Por estas diferentes situaciones antes planteadas nos preguntamos: ¿Qué futuro nos espera si no hay ningún plan a gran escala de solución a esta gravísima problemática y las pocas posibilidades que existen, nos son negadas? Ante estos interrogantes, consideramos necesaria una mesa de diálogo urgente para poder avanzar en resolver el conflicto desatado en Almirante Brown y muchos otros conflictos existentes», finaliza la carta que entregaron a las autoridades de la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Simultáneamente, un grupo concentró frente a la Secretaría de Tierras en la ciudad de La Plata.
En tanto, en la Plaza Brown de Adrogué, el Barrio Comunitario Norita Cortiñas llevó a cabo una jornada de visibilización y debate sobre la problemática de la vivienda,los humedales, las urbanizaciones cerradas y el acceso al suelo urbano y la producción autogestiva del hábitat.
«Todas estas medidas parten de reconocer el dramático problema que enfrentan millones de personas:la dificultad para acceder a una vivienda digna. En todo el país se multiplican los procesos de recuperación de tierras y frente a esto la respuesta del Estado es el desalojo y la represión«, denunciaron en un comunicado. Y agregaron: «en este contexto, el gobierno de Axel Kicillof decide trabar junto con los intendentes del Conurbano cualquier proyecto comunitario que se proponga dar respuesta a esta necesidad. Por ejemplo, en Almirante Brown deciden prohibir la construcción del Barrio Comunitario Norita Cortiñas, una de las pocas alternativas habitacionales autogestivas existentes en el distrito, que podría dar solución habitacional a 200 familias en situación de vulnerabilidad. Lo que hay de trasfondo a esta negativa es la decisión de privilegiar la construcción de barrios cerrados y countries, a través de nuevas ordenanzas de usos de suelo, que no sólo relegan la posibilidad de desarrollar loteos sociales o vivienda para trabajadores, sino que también destruyen las nacientes de los arroyos y los humedales locales, agravando las inundaciones en los barrios populares circundantes».
Finalmente, señalaron: «estamos dispuestxs a trabajar nosotrxs mismxs en la construcción del barrio. Tenemos proyectos e ideas, conformamos un equipo con técnicxs y personas capacitadas para llevar la propuesta adelante, sólo necesitamos que dejen de privilegiar a los ricos, a las constructoras y a los emprendimientos inmobiliarios por encima de la vida de lxs trabajadorxs»
Se presentó la Universidad Piquetera por el Cambio Social en La Plata
Con el fin de presentar el ciclo de formación de la Universidad Piquetera por el Cambio Social en febrero del 2023, el martes 29 más de 40 compañeros y compañeras de las distintas asambleas de La Plata se acercaron a la Facultad de Trabajo Social para un primer encuentro.
“Hacer un piquete también es militar y hacer política, esto es una Universidad piquetera para aprender a defender la organización”, son algunas de las reflexiones que surgieron del trabajo en grupo coordinado por el equipo docente en la Regional del FOL La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui. La Universidad Piquetera por el Cambio Social comenzará en febrero a través de seis encuentros para unxs 100 compañeros y compañeras. También contó con la participación de cuatro compañerxs que ya habían realizado la formación en el ciclo 3 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Para Laura, compañera de la asamblea el Foquito de Berazategui que participó de la formación en la UBA, significó un desafío pero aseguró que valió el esfuerzo y animó a la próxima camada a que también lo hagan.
La Escuela de Formación Política (UPCS-EFP) se propone como un espacio de formación política dirigido especialmente a quienes ya vienen cumpliendo tareas como delegades, responsables, coordinadores (Mesas, RCB, RCR) apuntando a una conciencia crítica anticapitalista, antiburocrática, ecosocialista, feminista, antimperialista, antirracista, solidaria, comunitaria y plurinacional.
Por su parte Gabi, compañero de La Plata de la asamblea Pan y Trabajo del barrio El Mercadito destacó la importancia de la formación por la historización de las luchas del movimiento piquetero, “cómo lo económico que nos atraviesa, por qué salimos a luchar, por qué la deuda, por qué la lucha feminista” expresó.
“Son miles de preguntas con las que te volvés a tu casa, es lo mejor que te puede pasar” agregó Jaqueline sobre la experiencia de formación, y agregó la importancia de leer la hoja de coyuntura semanal.
Daniela, una de las docentes explicó que el proyecto de la Escuela de Formación Política (UPCS-EFP) fue motivado por el salto cuantitativo que dio el Frente de Organizaciones en Lucha desde antes de la pandemia. “Al trabajo sin patrón y sin punteros le sumamos la complejidad, porque en primera instancia les compas se acercan por necesidad de trabajo, pero luego es necesario complejizar cuál es nuestra identidad, nuestros principios, cómo nos organizamos”, expresó y agregó que al mismo tiempo también es importante generar recambios generacionales y democratizar tareas.
Hacia el final del encuentro Sol, una de las docentes contó que el enfoque educativo de la formación es construir conocimiento desde la educación popular, colectivamente. “Nos da vergüenza tomar la palabra porque históricamente nos negaron construir conocimiento desde nuestras experiencias, por eso proponemos un diálogo con nuestras experiencias previas, del movimiento piquetero”.
Bachillerato Popular Raíces: La escuela se construye con el barrio
Por Ernestina Arias
¡La Selección Argentina a octavos de final en el Mundial Qatar 2022! El miércoles 30 de noviembre con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 2-0 sobre Polonia, obteniendo así el pase a la siguiente fase donde enfrentará a Australia. Y ahora sí, nos volvimos a ilusionar. En el barrio Las Tunas de Tigre se vivió con intensidad el partido, y al término les jóvenes que asisten al Bachillerato Popular Raíces – CEIP concurrieron a las aulas para concluir el año lectivo. En charla con docentes y estudiantes, profundizamos sobre esta experiencia de Educación popular que ya cumplió 15 años.
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Llego a casa de Matías, docente del Bachillerato Popular Raíces – CEIP y uno de los primeros estudiantes en graduarse en el “Bachi”. Nos preparamos unos mates para aprestarnos a ver el partido decisivo que colocó a la selección argentina en octavos de final de la Copa Mundial en Qatar. Dos gritos en el barrio, dos goles esperados, un primer puesto en el grupo, que determina que se jugará contra Australia, dos eliminados, México y Arabia Saudita. Afuera, la lluvia solo amagó.
A pocas cuadras, cruzando el arroyo homónimo al barrio, en Callao y Sargento Cabral, se encuentra el Bachi. Vamos caminando escuchando los festejos de les vecines, y al llegar, les estudiantes ya están sacando las mesas y sillas para tener las clases en el patio. Es el momento de las “devoluciones”, la forma en que se evalúa colectivamente el desempeño en cada materia de les estudiantes y docentes de los tres cursos. Momento de girar la palabra en un intercambio de pareceres, y de ahondar en los puntos flojos que determinen quiénes vuelven en diciembre y febrero a seguir completando el año. Momento en que se escucharán propuestas para mejorar el traspaso y generación de conocimientos. La Educación popular en el barrio.
“Quince años de construcción colectiva. Volvimos de la pandemia convencidos de la necesidad de seguir apostando al pensamiento crítico, a luchar con el otro. En un mundo donde el “sálvese quien pueda” es promovido cada vez más como la única solución posible, y los privilegios individuales se disfrazan de meritocracia, proponemos la organización colectiva como una necesidad, como la posibilidad de hacer frente a estos tiempos de disgregación social”, sostiene Matías, en el reciente festejo por un nuevo aniversario de la recuperación del terreno para construir con vecinas y vecinos “nuestra escuela”.
En el año 2007 un grupo de educadores que venían transitando la experiencia dentro de los Bachilleratos populares, desde la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), decidieron junto a una organización social del barrio dar inicio a la escuela secundaria. Una necesidad de los vecinos y vecinas para reiniciar o iniciar los estudios. Años más tarde, el 20 de junio de 2009, un predio vacío, pretendido y disputado en términos inmobiliarios fue recuperado y se concretó el sueño del espacio propio.
“Sostenemos que la educación no es neutral, sino una apuesta política. Porque no creemos en la ausencia de ideología, y porque sabemos que cuando la ideología no se asume como tal es porque está tan segura de su dominio que se pretende “natural”. Los sectores dirigentes, los medios de comunicación nos dicen “así son las cosas”, como si no hubiese otro mundo posible – transmite Matías – sin embargo las desigualdades se profundizan cada vez más a extremos nunca vistos. Se saquen los territorios bajo una lógica extractiva que solo deja pobreza y despojo. El sistema capitalista en su voracidad por explotarlo todo nos va rodeando de muros y nos deja afuera de lo más básico: el acceso a la vivienda, a la tierra para vivir, a la salud, a la educación, al trabajo digno. Lo más elemental se ha vuelto un lujo, alimentarse un privilegio”.
En el Bachillerato Popular Raíces, frente a ese panorama, proponen “una forma de hacer las cosas que transforme la lucha individual por la supervivencia en la organización colectiva para la transformación social. Creemos en la prefiguración de otro mundo. Lo prefigurativo asume su dimensión en la construcción de una forma distinta de hacer las cosas, en la que no prime el interés individual ni la búsqueda de prestigio o dominio, sino una construcción cotidiana con el otro”, afirman.
La escuela se construye con el barrio, ha sido siempre desde su creación la premisa de docentes y estudiantes en pos de la de construcción de un poder popular que sirva para transformar las desiguales relaciones sociales. “Pensar la escuela como organización social es pensarla como un espacio abierto al barrio, como parte de su territorio. En ese sentido el trabajo cotidiano en el aula nos permite considerar el conocimiento como parte de una reflexión colectiva que nos permita desnaturalizar la desigualdad, trascender el individualismo para encontrarnos con el otro como un compañero de lucha”, relata Matías.
La tarea es ardua, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 22, exige mucho de cada estudiante, pero vale la pena, al concluir el año y ver el camino recorrido. Un título secundario, la posibilidad de seguir estudiando una carrera, la posibilidad de cumplir un requisito en el trabajo.
“Seguimos con la fuerte convicción de que una educación crítica que se proponga conocer la realidad para transformarla es hoy más que nunca una necesidad de la clase trabajadora en su proceso de organización para construir otro mundo”, se despiden desde el Bachi.
Pronto habrá novedades acerca de las inscripciones para el ciclo 2023, si vivís en el barrio o en Tigre y querés terminar tus estudios secundarios, acércate al Bachi, un lugar para aprender, compartir e intervenir para transformar la realidad.
Contacto en redes sociales:
Facebook Bachillerato Popular Raíces – CEIP
Madygraf sigue en pie de lucha por la expropiación definitiva
El miércoles 16 de noviembre, les trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Madygraf se movilizaron a la Legislatura Bonaerense en la ciudad de La Plata, en nueva acción de la campaña por la expropiación definitiva.
Jorge Medina, relató los pormenores de esa movilización. “Nosotros el miércoles movilizamos a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que es donde está el Proyecto de ley de expropiación de Madygraf, porque nos habían informado que iba a sesionar la Cámara de Diputados. Finalmente no hubo sesión, no hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios, que son Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, no había acuerdo en otra ley, pero por como es el sistema de funcionamiento entre ellos, cuando no hay acuerdo negocian o a veces extorsionan, dando o no dando quórum para tal o cual proyecto”.
Según trascendió, en la sesión se iba a tratar, por un lado, la ley para retrotraer la modificación en jubilaciones del personal de Banco Provincia, sancionada en su momento por el gobierno de María Eugenia Vidal. Y por otro lado, también el cambio de ley de trabajadoras de la salud.
“Cuando se confirma que no iba a haber sesión – prosigue Jorge – hicimos asamblea, donde definimos cómo continuar y lo que hicimos de inmediato fue cortar en avenida 7 y calle 50, un lugar céntrico de La Plata, en forma de protesta, pero también como muestra de que vamos a continuar con el reclamo”.
La lucha continúa para les trabajadores de Madygraf, aun con malos augurios que llegan sin confirmar, pero indignan. “Ahora también vamos a seguir intercambiando y debatiendo en asamblea y ver cómo continuar según los tiempos legislativos, porque lo que dicen “los pasillos”, que posiblemente no haya sesiones hasta terminado el Mundial, porque varios diputados se irían a Qatar. Esto no está confirmado, pero son rumores que circulan por los pasillos y desde ya generaron y generan todavía más bronca”, advirtió Jorge.
Festival en defensa de las gestiones obreras
La cita fue el 26 de noviembre en Cerámica Neuquén, la fábrica ubicada en la ruta 7 kilómetro 6,5 del Parque Industrial de Neuquén. Fue el cierre de año ceramista en una nueva jornada de lucha bajo las consignas “En defensa de las gestiones obreras” y “No al remate de Cerámica Neuquén”. La fiesta la aportaron a toda cumbia, Sabor Canela, La Cumbiamba con la Negra Pereyra y las chicas de Akelarre E Cumbia.
Franco Bridarolli de Sabor Canela comentó que conocen la experiencia de las gestiones obreras ceramistas, el lugar donde van a estar tocando y explicó que “conocemos y apoyamos la lucha de los obreros ceramistas, creemos importantísima su dedicación para mantener esos puestos de trabajo y esperamos con nuestra música y nuestro show aportar un granito de arena en la visibilización de ésta situación.”
El grupo cordobés presentará “After en Hong Kong», y compartirán el escenario con La cumbiamba de Cipolletti y con la “Negra” Pereyra y se definen como “una banda de cumbia que fusiona estilos populares de la cumbia tropical latinoamericana, apropiándose de un estilo personal que los caracteriza, y que ha logrado insertarse de a poco, hasta conseguir una amplia convocatoria popular.”
Además estuvieron abriendo las chicas de Akelarre E Cumbia de la ciudad de Plottier quienes se presentan como “una agrupación de mujeres construyendo un espacio de experiencias musicales, tejiendo redes, haciendo tribu”, interpretan ritmos afrocolombianos “como cumbia, mapalé, bullerengue, fandango y puya”.
Fuentes: Redacción Canal Abierto, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Prensa FOL
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