El próximo 16 de enero se cumplen siete años de la injusta detención de Milagro Sala.
Un mes antes, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia condenatoria a Milagro Sala a 13 años de prisión, convalidando así la decisión previa del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, una decisión que fue la conclusión de un proceso judicial viciado, llevado adelante por un Poder Judicial funcional a los intereses del gobernador de Jujuy.
La defensa de Sala había presentado un recurso extraordinario federal por las violaciones al debido proceso durante el juicio, pero fue calificado como inadmisible por los magistrados de la Corte Suprema.
Milagro Sala es la principal referente de la Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA), una organización que surgió como frente barrial de la CTA en la provincia de Jujuy hacia finales de los años noventa, en el contexto de la política de privatizaciones y despidos masivos en la región, como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste del FMI bajo el gobierno Menem.
El trabajo social de la de la OBTA comenzó con la provisión de copas de leche para las y los niños de trabajadores desocupados, y continuó desarrollándose como un importante elemento de intervención política y organización social en el barrio, en los años siguientes.
Con el ascenso del kichnerismo al poder político, la Tupac, al igual que muchas otras organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, comenzaría a recibir financiamiento directo del Estado Nacional, sin necesidad de la intermediación de los gobiernos provinciales. Esto permitió a la organización expandir su trabajo social y político a otros ámbitos, logrando así construir un poderoso aparato que la convertiría en el referente fundamental de la organización popular en Jujuy.
Con el apoyo de fondos estatales se establecieron fábricas textiles, de materiales de construcción y otros ramos productivos. Construyeron seis fábricas que para 2009 empleaban a aproximadamente 600 ex desocupados de la provincia.
Las fábricas de materiales de construcción potenciaron el trabajo de construcción de viviendas y barrios obreros enteros, una política que se convertiría en un símbolo central de su actividad. Organizando cooperativas de vivienda lograron construir miles de viviendas a todo lo largo y ancho de la provincia, empleando tres veces más trabajadores que cuando eran construidas por empresas privadas, y casi un 30% más económicas en los costes de venta.
Todos los barrios que han construido tienen piletas de natación, así como un mini mercado, telecabinas, cibercafé, y polideportivo con canchas de fútbol, básquet, hockey y rugby.
Asimismo, han construido cuatro instituciones educativas: dos escuelas primarias, una secundaria y una terciaria, atendiendo a miles de estudiantes, niños, jóvenes y adultos de la comunidad; y dos centros de salud, que atienden una serie amplia de patologías.
Este breve recuento sobre el enorme trabajo social que ha empujado durante años la Tupac, para mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras de la provincia, generando a su vez un importante saldo político organizativo en la comunidad, nos permite entender por qué el gobernador Morales y el aparato de la justicia provincial atacan con tanta virulencia a esta organización.
La Tupac llegó a convertirse en su momento de mayor auge, en uno de los tres primeros empleadores de la provincia. Una enorme corporación de trabajo local independiente del Estado regional, con una tradición histórica de luchas populares, forjada al calor de los enfrentamientos entre las masas trabajadoras y los gobiernos locales de los 90.
Apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema, Morales señaló que éste ratificaba el “proceso de transformación de la matriz productiva”, es decir, que desmontar una organización obrera y popular significa progreso y desarrollo de las fuerzas productivas. Luego añadió que el fallo de la Corte Suprema “nos interpela en el sentido que pone en debate el asistencialismo como política pública que no resuelve el problema de la pobreza, sino que la consolida. Lo que lo resuelve es el trabajo decente con transformación productiva”.[1]
Además, quienes acusan a Sala de corrupta, por ejemplo, el gobernador Morales o sus allegados, hicieron negocios millonarios con los planes de vivienda en la provincia.
Una investigación del periodista Franco Mizrahi dio a conocer cómo los hermanos del gobernador Morales, Freddy Morales -secretario de gobierno- y Walter Morales -cabeza del Instituto Regional de Vivienda-, compraron 150 hectáreas al Banco de Jujuy por 720.000 pesos y las revendieron meses después al Estado provincial por un momento de 30 millones de pesos, a fin de ser utilizadas en un plan regional de vivienda.
El ataque a la Tupac trata también de cómo la banda Morales y allegados junto a los empresarios del sector inmobiliario y de la construcción en la provincia, hacen de los planes de vivienda jugosos negocios.
Después del fallo de la Corte Suprema el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejando Garfagnini, anunció la realización de un acampe en la Plaza de Mayo para solicitar al presidente Alberto Fernández el otorgamiento de un indulto a Sala.
El acampe duró 72 horas y fue levantado el 24 de diciembre sin resultados positivos.
Garfagnini señaló que el fallo emitido por la Corte Suprema en la causa contra Sala, faculta legalmente al presidente para que le otorgue el indulto. Sin embargo, el 21 de diciembre, Alberto Fernández declaró en una entrevista a Radio La Voz, que la Corte Suprema había ratificado el carácter provincial y no federal de la causa. Sobre la base de ese argumento, Fernández se excusó señalando que constitucionalmente sigue sin estar facultado para otorgarle el indulto: “La solución no pasa por el indulto, la Constitución me lo prohíbe, con mucho pesar”. Luego elevó una solicitud al gobernador Morales (sic), proponiéndole que, si no desease indultarla, bien podría conmutarle la pena, por los años que estuvo detenida arbitrariamente.
Parece que el presidente no escuchó las declaraciones de Morales justo después del fallo de la Corte Suprema, cuando aclaró que no otorgará el indulto a Sala y solicitó que se le retire el beneficio de arresto domiciliario y sea pasada a una cárcel común.
Hay sectores de la dirección del Frente de Todos que desde el principio han estado absolutamente de acuerdo con la política de disciplinamiento y desmantelamiento de las organizaciones obreras. Basta con recordar las palabras de Sergio Massa, actual ministro de Economía, durante una entrevista con Mirtha Legrand en 2016 sobre la detención de Sala. En aquella oportunidad Massa señaló su apoyo a la política de Morales porque con la detención de Sala se estaría corrigiendo la existencia de Estados paralelos a las provincias y gobiernos locales, Estados construidos con fondos públicos y que hacen de los planes sociales un negocio. La misma posición de Morales, pero en la boca de un dirigente del Frente de Todos.
Preocupación por la salud de Milagro Sala
El doctor Jorge Rachid, que atiende a la referente social Milagro Sala, realizó el martes una denuncia pública a través de redes sociales en la que advierte el deterioro en el estado de salud de su paciente y exige intervención inmediata a las autoridades jujeñas.
“Estoy pidiendo el traslado de Milagro Sala a un centro de hemodinamia de alta complejidad dado el estado de su trombosis profunda en miembro inferior izquierdo que ya fue intervenido anteriormente. El gobierno jujeño no atiende el reclamo y menosprecia su salud”, escribió Rachid en Twitter.
“Hago responsables de la salud de Milagro Sala a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. No admite demoras”, completó.
El fallo de la Corte, su salud y las amenazas de un regreso a la cárcel
Pocas horas después de la sentencia de la Corte Suprema, el fiscal de Estado de Jujuy y el fiscal de Ejecución declararon en los medios provinciales que luego del fallo correspondía un “inminente traslado” de la dirigente social desde su prisión domiciliaria a una cárcel común, una decisión que vulnera las exigencias que hizo la CIDH. Esos anuncios son parte de una sucesión de hechos de hostigamiento y criminalización contra ella y la Tupac Amaru, que buscaron desde sus inicios desactivar protestas que la organización llevaba adelante en Jujuy.
Milagro Sala se encuentra detenida por la causa “Pibes Villeros” desde el 29 de enero de 2016. A partir de ese momento hubo un entramado de acusaciones consecutivas, que derivaron en el inicio de 12 causas judiciales, con el objetivo de sostener su privación de libertad de manera indefinida. Todo esto en un contexto en el que el Poder Ejecutivo provincial nombró nuevos jueces del Superior Tribunal y quedó muy cuestionada la independencia judicial en Jujuy.
Milagro ya cumplió más de la mitad de la condena bajo el régimen de prisión preventiva. Un tramo de esa detención fue en distintas cárceles provinciales y otros en prisión domiciliaria, luego de la orden de la CIDH. Las autoridades judiciales de la provincia no pueden desconocer la decisión de la CIDH que en noviembre de 2017 le exigió al Estado argentino adoptar “las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud” de Milagro. En ese momento, el tribunal internacional consideró que su estado revelaba “una situación de extrema gravedad y urgencia y la posibilidad razonable de que se materialice un daño de carácter irreparable”. En función de esta orden, en diciembre de ese año, Milagro pasó de un arresto bajo un régimen penitenciario a un arresto domiciliario. Cualquier regresión en este sentido, en contra de los parámetros de la CIDH, significará una profundización del hostigamiento.
Por esta situación de hostigamiento y criminalización contra Milagro y la Tupac, en 2021, el CELS junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) denunciaron al Estado argentino ante la CIDH. Esta última decisión de la Corte Suprema y las acciones de las autoridades provinciales se suman a los hechos analizados en ese trámite internacional.
Carta a Alberto Fernández por la libertad de Milagro Sala
4 de enero de 2023
La Red internacional por la Libertad de Milagro Sala envió este miércoles una carta al presidente Alberto Fernández, en la que reiteraron el pedido por el fin de la persecución de la dirigente social. El próximo 16 de enero se cumplirán siete años de su detención en Jujuy.
En la misiva se manifiestan «esperanzados por su compromiso de utilizar los mecanismos legales disponibles para facilitar su inmediata libertad» y le recuerdan al jefe de Estado que el pedido «ha contado con importantes apoyos internacionales» de mandatarios tales como Justin Trudeau (Canadá), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Nicolás Maduro (Venezuela); y de los ex presidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador). Semanas atrás, un fallo de la Corte rechazó el recurso de queja de sus abogados defensores y de ese modo dejó firme una condena a 13 años de prisión en la causa “Pibes Villeros”
La carta incluye las adhesiones diputados y senadores de 14 países, como Grecia, España, Alemania, Reino Unido y Bélgica y resaltan que «una delegación internacional de abogados visitó a Milagro Sala y demás detenidos de la Organización Barrial Tupac Amaru en junio del 2018», y que sus integrantes «concluyeron que la detención continua de Milagro Sala y de los otros presos violaba principios jurídicos básicos y pidieron por su libertad».
También se subraya el hecho de que la Corte Suprema «recibió pedidos de intervención como amicus curae en la causa conocida como pibes villeros» por parte de personalidades como el dirigente francés Jean-Luc Mélenchon. Y que en mayo de 2021 tuvo lugar el festival internacional «Una Canción para Milagro», con artistas como Susana Rinaldi, Ariel Prat, Sudor Marika, Miguel Ángel Estrella, Teresa Parodi y músicos internacionales.
Como parte de la campaña, se recordó que, al cumplirse 200 días del arresto de Sala, se difundió un video con reclamos por su libertad. «Señor Presidente, el tiempo de actuar es ahora. El rechazo al fallo de la Corte perjudicando a las provincias argentinas y el inicio del juicio político a los integrantes de la Corte empieza ese camino. La libertad de Milagro Sala es otro escalón para acabar con ‘los sótanos de la democracia’, objetivo que Ud. formulara en su discurso de asunción», dice la carta en tal sentido.
«En Argentina y en el mundo esperamos ansiosos que cumpla con su promesa a los organismos de Derechos Humanos y Milagro esté en libertad antes del 16 de enero del 2023″, cierra el texto.
Fuentes: Corriente Socialista Militante, Resumen Latinoamericano, CELS
Nota:
[1] El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó las tasas e indicadores socioeconómicos relacionados con el mercado de trabajo de su Encuesta Permanente de Hogares.
Allí se advierte que durante el segundo trimestre del año en el aglomerado Jujuy-Palpalá la desocupación llegó al 5,6%.
Este dato refleja que el desempleo aumentó más de medio punto en la provincia ya que en el primer trimestre del 2022 el porcentaje había sido de 5%.
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