«¿Dónde está el ajuste? No lo sé, yo no lo encuentro»

Vamos a tratar de ayudar al presidente. De acuerdo al Monitor de Ajuste del Gasto de la consultora Analytica, el gasto primario devengado mostró que en la tercera semana de enero hubo un descenso del 18,3 % real respecto del mismo período de diciembre y de 31,1 % en comparación con la misma semana de 2022. El economista Ricardo Delgado de la consultora explicó que “la caída estuvo enfocada en jubilaciones y pensiones debido a que el bono otorgado en 2021, tomado en pesos de diciembre de 2022, fue $ 6.000 superior al asignado para el trimestre diciembre, enero y febrero”. Una vez más, el Gobierno recorta a los sectores más vulnerables. 

El año también había comenzado con una “decisión administrativa” -publicada en el Boletín Oficial- mediante la cual el Gobierno recortó $ 327.000 millones para políticas alimentarias y otros programas sociales. Como detalló el informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en Políticas Alimentarias la baja en los fondos será superior a los $ 100.000 millones, en Asignaciones Familiares $ 90.000 millones, en el caso de las becas estudiantiles casi $ 60.000 millones y más de $ 30.000 millones no serán asignados para el Fondo Nacional de Incentivo Docente. 

Según un informe de Emmanuel Álvarez Agis, en 2023 el Estado destinará un punto del PBI menos que en 2019 (año de ajuste macrista) para pagar jubilaciones, pensiones y ayudas sociales (10,4 % vs 11,4%). 

Sigamos aportando datos al presidente. Según un análisis del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), a cargo de Luis Tonelli, los recortes pegaron un salto en los últimos tres meses del año pasado. En ese período, el gasto en jubilaciones y pensiones perdió un 10 % con la inflación, es decir, medido en términos reales, ya que creció a un ritmo del 74% anual, mientras que las asignaciones sociales descendieron un 13 % y los subsidios energéticos nada menos que un 44 % que tuvo como contraparte el impacto en la suba de las boletas. 

En enero de este año parece no haberse detenido, más bien lo contrario. Un informe sobre ejecución presupuestaria que elabora la consultora Analytica, que dirige Ricardo Delgado, estimó que “en la cuarta semana de enero el gasto primario real cayó 33,7% respecto de igual semana de diciembre, y 26,2% de un año atrás”, en base una proyección de microdatos oficiales. Los mayores recortes fueron realizados en Obra pública (-75,2%), Bienes y servicios (-66,1%), Programas sociales (-65,8%), Asignaciones familiares más Asignación Universal por Hijo (-48,3%) y Transferencias a provincias (-43,7 %). 

El presupuesto 2023, que había sido diseñado por Sergio Massa en Washington, ya preveía importantes recortes en los gastos para el año en curso. Si se considera la inflación promedio para el año (75,7 %), la variación en los fondos destinados a “Promoción y Asistencia Social” incluían un descenso del 1,7 %. Mientras que lo destinado a “Vivienda y urbanismo” cae en términos reales un 4,6 %. Las jubilaciones y pensiones tienen previsto un recorte de 4,3 % para este año, que se suma al ya aplicado en 2022. 

El Gobierno enfrenta la contradicción de cumplir con las metas del acuerdo con el FMI y las elecciones en una situación de mayor degradación de las condiciones de vida de las mayorías populares y descontento social. Sin embargo, el oficialismo al poner en funcionamiento el Presupuesto 2023 ya decidió avanzar con el ajuste. Mediante una decisión administrativa recortaron $ 327.000 millones para políticas alimentarias y otros programas sociales en 2023. El objetivo es reducir el déficit fiscal primario desde el 2,4% del PBI con el que habría terminado 2022 hasta 1,9 % del PBI comprometido con el FMI. 

El plan económico de Juntos por el Cambio es mayor ajuste 

La conducción nacional de Juntos por el Cambio (JxC) definió armar una mesa política y mantuvo su primer encuentro el lunes 6 de febrero. En la reunión acordaron un plan económico que contiene una mega devaluación, la eliminación de subsidios y la desestabilización de la actual gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía. 

Según explicó Roberto Navarro en el pase en El Destape Radio con Roberto Caballero, van a hacer una fuerte devaluación y llevar el precio del dólar Oficial al del Contado con Liquidación. “Ellos quieren eliminar la brecha, pero sin sacar el cepo”, afirmó el conductor de Navarro 2023 luego de conocer los detalles de lo discutido en la mesa opositora. 

De esta forma, llevarían el dólar que se utiliza para exportar de 190 pesos a 360 pesos. Una suba de aproximadamente un 90%. El plan económico, que junta las propuestas de Carlos Melconian y del equipo de Hernán Lacunza, fue aprobado por todos los sectores de Juntos por el Cambio, incluso los radicales. 

Además, advirtieron que eliminarán todos los subsidios a las tarifas y buscarán bajar las cargas sociales. Por lo tanto, “el golpe de precios que se tendrá en los primeros seis meses de gobierno, va a ser brutal”, admitió Navarro. Con la eliminación de los subsidios, habría un aumento en las tarifas de luz y gas del 270%. 

También desde Juntos por el Cambio aseguraron que postergarán los pagos de la deuda en pesos, sin definir de qué manera lo resolverán. “Están proponiendo un plan muy fuerte para el primer semestre y bombardeando el plan actual”, indicó Navarro. 

“La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió hoy y manifestó preocupación ante la grave situación económica que el Gobierno Nacional le dejará al próximo gobierno, que no hace más que perjudicar a los argentinos, a los que condenan a este estancamiento permanente. Asimismo, consideró que la situación será mucho peor que la recibida en 2015″, indicó la coalición opositora en un comunicado difundido tras la reunión. 

También se hizo mención a la “entrega arbitraria de tierras a supuestos mapuches, que no son originarios del territorio argentino”. “Ratificamos que esa decisión va a ser dejada sin efecto por un próximo gobierno de Juntos por el Cambio”, indicaron desde la mesa nacional. 

Un paliativo 

Mientras suben los precios, las tarifas y aplican recortes del presupuesto, el Gobierno optó por lanzar un anuncio que alivia parcialmente la situación de unos 600.000 trabajadores que perciben ingresos apenas por encima de la canasta de pobreza.  

El Gobierno anunció que igualará el tope de ingresos familiares con el mínimo no imponible del Impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, es decir, del impuesto que recae sobre salarios y jubilaciones. 

El nuevo tope de ingresos para percibir asignaciones pasará de $ 158.000 a $ 404.000 a partir de marzo. 

Según informaron, “se incluyen al sistema de las Asignaciones Familiares a 900.000 nuevos niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de más de 600.000 trabajadoras y trabajadores”. También aclararon que el tope de las asignaciones se actualizará cada vez que se modifique el piso de Ganancias. 

En términos presupuestarios se estima que esta medida representará $ 4.000 millones por mes, cuando solamente por sobre cumplir en 0,1 % del PBI la meta de déficit fiscal pactada con el FMI el Gobierno se ahorró el equivalente a unos $ 60.600 millones (a precios de 2022). 

Jubilaciones: el aumento de marzo pierde contra la inflación y el Gobierno anunció un bono 

El viernes 10 se anunció el aumento trimestral de marzo de las prestaciones de Anses del 17,04%. El haber mínimo quedará en $ 58.665, menos de lo que percibieron en febrero ($ 50.124 + $ 10.000 por el bono), por lo que el Gobierno tuvo que anunciar un nuevo bono de hasta $ 15.000 por tres meses. La Asignación Universal por Hijo, que también se actualiza por el índice de movilidad, se elevará de $9.795 a $11.464.  Fernanda Raverta, directora de Anses, acompañada por Sergio Massa finalizó el anuncio asegurando que, con este aumento, «ningún jubilado va a cobrar menos de 73.000 pesos».  

Los incrementos otorgados con la fórmula de movilidad quedaron muy por detrás de la inflación. En diciembre, el haber mínimo (sin bono) acumulaba una pérdida del 11 % en términos reales en los últimos tres años, tras haber subido 320% en forma acumulada entre diciembre 2019 y diciembre 2022, por debajo de la inflación que acumuló 371% en el mismo período. 

Por su parte, la pérdida de poder adquisitivo llega hasta 18 % con los haberes máximos, que se incrementaron 286% en forma acumulada en los últimos tres años. 

En el caso del haber mínimo, el Gobierno tuvo que anunciar un bono de $ 15.000 mensuales, para llevar el ingreso total a $ 73.665, lo que representaría un 17 % más que lo percibido en el trimestre anterior. Por su parte, los haberes de dos mínimas para arriba, que no perciben bono, seguirán arrastrando un profundo deterioro. 

La paradoja para el Gobierno es que estos bonos no podrán dejar de implementarse porque los aumentos por la movilidad quedarían anulados si los jubilados que cobran la mínima pierden el cobro de los bonos. Cabe recordar que el haber mínimo apenas representa menos de un tercio de lo que vale la Canasta del Jubilado que elabora la Defensoría de la Tercera Edad, de $ 151.478 en octubre de 2022. 

Por ello, el Defensor de la Tercera Edad, Dr. Eugenio Semino, está exigiendo al Gobierno Nacional, que se integre una suma de $ 50.000 a partir del mes de marzo 2023, a todos los haberes de los 7.200.000 beneficiarios del Sistema Nacional e igual suma al millón de pensiones no contributivas. 

La inflación se volvió a acelerar a 6 % en enero 

Mientras Alberto Fernández plantea que se trata de un problema “autoconstruido”, la inflación se volvió a acelerar en el primer mes de 2023 y el Indice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) trepó hasta el 6 % mensual. De esta forma, el índice interanual (de los últimos 12 meses) acumula 98,8 %. 

El 2022 había cerrado con un incremento de precios del 94,8 % anual, el nivel más alto en 32 años, desde 1991, que fue superado ahora por el dato de enero. Y en diciembre pasado el indicador ya había dado por encima del 5 % mensual, contradiciendo las perspectivas de Sergio Massa de desacelerar los precios. 

De acuerdo al informe publicado el martes 14 por el Indec, «la división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (9,0%), principalmente por la incidencia que tuvo el aumento de los servicios de turismo a raíz de la temporada de vacaciones, y del servicio de televisión por cable». «Siguieron en importancia en términos de mayor suba mensual las divisiones Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (8,0%), impulsada en gran parte por el alza de las tarifas de servicios públicos, y Comunicación (8,0%), por las subas en los servicios de telefonía e internet». 

Asimismo, «el aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,8%) fue lo que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división se destacó la suba de los precios estacionales de Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres. A su vez, aunque con menor alza que los anteriores, sobresalió la incidencia de Pan y cereales y Carnes y derivados«, detalló el Indec. 

Las perspectivas de precios para 2023 no son muy optimistas. En el mejor de los casos, los analistas privados prevén la continuidad de una inflación crónica en torno al 98 % anual y apenas una baja al 80 % anual en dos años, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. El gobierno insiste con la proyección de 60 % del Presupuesto (con la intención de atar los salarios), meta ficticia que ya empieza a derribarse en el primer mes del año. 

Mientras el Gobierno propone algunos parches para limitar la suba de precios, basados esencialmente en programas de precios con empresas y supermercados como «Precios Justos», sigue implementando a rajatabla un programa inflacionario y de ajuste pactado con el FMI. 

Los acuerdos de precios, si bien pueden tener algún efecto en ciertas góndolas, los resultados son muy limitados porque las condiciones las terminan poniendo las empresas. El Secretario de Comercio, Matías Tombolini, reconoció en una Comisión de Diputados que en el programa Precios Justos el nivel de cumplimiento de las empresas en relación al stock entregado fue entre el 50 y el 60 %.  

Se difundió que 24 de las 30 empresas que participaron del programa incumplieron. Entre ellas, Fargo, Arcor, Danone, Pepsi, Las Marías, Johnson y Johnson, Nestlé, Unilever y Mondelez, entre otras.  

El nuevo programa Precios Justos 2 no sólo permite una pauta de incremento de los productos que lo componen de 3,2% mensual hasta junio, sino que para un conjunto de casi 2.000 precios que quedarán «fijos» a partir de marzo, el Gobierno les autorizó una suba de 9 % en febrero. A esto hay que agregar que el alcance sólo abarca a grandes supermercados, no llega a comercios de barrio ni cadenas regionales, que son los lugares donde consumen a diario quienes tienen menores ingresos. 

Más allá de las «fallas» del diseño o implementación, y fundamentalmente de no cuestionar el elevado nivel de ganancias de las empresas alimenticias y de productos de primera necesidad, estos acuerdos de precios actúan sobre las consecuencias y no sobre las causas de la inflación. 

El Gobierno no ataca los problemas de fondo que ocasionan la inflación, como la escasez de divisas (por los pagos de deuda pública y privada, la fuga de capitales, las maniobras de sobrefacturación de importaciones por los grandes grupos, etc.), el ciclo de altas ganancias empresariales o el atraso productivo. 

Estos problemas tienen una raíz común en la orientación económica alrededor del acuerdo con el FMI. El propio programa del Fondo implica un contexto inflacionario utilizado para licuar partidas del gasto social y en la perforación de los salarios, en tanto que profundiza el problema de escasez de divisas ya que su acumulación tiene un fin privilegiado: pagar la deuda. Al tiempo que incluye una serie de recortes en subsidios económicos a las grandes empresas de servicios que se compensan con subas de tarifas a consumidores y la industria para no afectar las ganancias de las privatizadas, que alientan la suba de precios. Y habilita incrementos de precios de otros insumos básicos como los combustibles. 

Tampoco enfrenta al poder concentrado que tienen las grandes alimenticias, que llega al punto de que dos o tres firmas pueden repartirse la casi totalidad de las ventas en su sector. Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma, que tiene una posición líder en la producción y comercialización de azúcar controlando el 40 % de esta rama. 

En este contexto, es urgente una suba de emergencia del salario, las jubilaciones y de los programas sociales para recuperar lo perdido desde el 2015. Que nadie gane menos de lo que cuesta una canasta de pobreza, en diciembre de $152.515, en el camino de lograr un salario mínimo igual a la canasta familiar que los trabajadores del Indec calcularon en $ 238.680 para diciembre. 

La Unidad Piquetera levantó el acampe en la 9 de Julio 

Las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera levantaron el jueves 16 el multitudinario acampe que mantenían desde la tarde del miércoles sobre la avenida 9 de Julio frente a la sede del ministerio de Desarrollo Social, en reclamo por las bajas en el programa Potenciar Trabajo. 

«Levantamos el acampe dándole continuidad al plan de lucha, aunque no obtuvimos respuesta. Nos vamos a reunir mañana para definir qué nueva medida vamos a tomar la semana que viene», dijo el dirigente de la UP y referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. 

La decisión fue adoptada en una asamblea que tuvo lugar en la zona del acampe durante la cual se resolvió desconcentrar la movilización. 

La decisión de acampar sobre la principal avenida de la Ciudad fue tomada el miércoles a las 19:00 en una asamblea, luego de una jornada de protesta que comenzó a las 15:00 y que se mantuvo toda la tarde frente al edificio de la cartera de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano. 

Belliboni aseguró que si bien levantan el acampe, «retomarán las asambleas» para decidir cómo continuar. «El 3 de marzo vamos a un plenario para elaborar un plan de lucha para los próximos meses que no acepta el ajuste que se da sobre los trabajadores», indicó. 

Mientras tanto la ministra, Victoria Tolosa Paz, criticó duramente a las organizaciones piqueteras que el miércoles iniciaron un acampe sobre la avenida 9 de Julio contra el recorte de 160.000 planes del Potenciar Trabajo. 

«Lo que necesita el ministerio de Desarrollo Social es poner todo el esfuerzo en la inclusión educativa y laboral del Potenciar Trabajo, lejos del piquete, lejos de la extorsión en función de algunos intereses que están muy lejanos a los que tiene que tener el Ministerio», afirmó la ministra. Cuestionó con dureza puntualmente al Polo Obrero y a Barrios de Pie-Libres del Sur y demás organizaciones, acusándolos de «hacer política y posicionarse en un año electoral utilizando a los más pobres». 

Por su parte, la Unidad Piquetera denuncia un «ajuste» en torno a 154.441 beneficiarios, quienes en febrero percibieron solo la mitad del monto total ($ 32.000) y que el paso siguiente será la baja del plan. 

«En el caso de Unidad Piquetera estamos hablando de 6.000 personas que no encuentra Belliboni. Que las traiga y que haga una fila en el ministerio de Desarrollo Social y nosotros le validamos la identidad. ¿Qué pasa? No las encuentra. ¿Qué pasa? Evidentemente cuando daba el presentismo y certificaba actividades, no estaban», criticó Tolosa Paz. 

Al ser consultada respecto a si se trata de un caso de clientelismo, la ministra dijo que hay una causa abierta en la Justicia y que desde su cartera aportaron información. 

«Hoy cerramos la liquidación con 100.000 titulares que se van a dar de baja porque no hicieron el proceso de validación. Toda esa información va a la causa en este caso y es la Justicia que investiga», sentenció. 

La funcionaria del gobierno del Frente de Todos pidió a los dirigentes piqueteros que el esfuerzo que hacen en organizar un acampe, trayendo a la gente en colectivos y poniendo baños químicos, lo pongan en ayudar a quienes no pudieron hacer el trámite de validación de datos. 

«El piquete no es la contraprestación del Potenciar Trabajo, la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo, el llevar a pibes y pibas al acampe de la 9 de julio, nenes de 4 años que ves con su mamá, no es la contraprestación del Potenciar Trabajo», concluyó. 

El líder del Polo Obrero le respondió a la ministra Tolosa Paz, que acusó a las organizaciones de «extorsión». Lo hizo a través de su cuenta de Twitter y la comparó con la gestión pasada de Cambiemos en el ministerio, que estuvo a cargo de Carolina Stanley. 

«Extorsión es la palabra que utilizaba Stanley, la ministra de Macri ante cada manifestación. Se parecen cada vez más al Macrismo. Ajuste y estigmatización a los trabajadores», tuiteó Belliboni. 

«La UP no está dispuesta aceptar que personas en estado de vulnerabilidad casi total, sean las víctimas de este ajuste. Reclamamos que se suspenda todo ajuste a los que menos tienen, que se abran los programas para los que lo necesitan, y se aumente el monto miserable que cobran los compañeros que tienen un Potenciar Trabajo», expresaron a través de un comunicado. 

Espert pidió «bala» contra Eduardo Belliboni 

El miércoles 8, en respuesta a una publicación en Twitter del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que apoyaba un corte de la Avenida General Paz en reclamo de luz y agua, el diputado de derecha de «Avanza Libertad», José Luis Espert, publicó una brutal amenaza e incitación a la violencia contra el referente. 

Desde esa red social, Espert escribió que «Está claro que si no es por guita, no apoyás las protestas. Cárcel o bala para vos Belliboni que lucrás con los pobres. Sos el peor capitalista aunque la juegues de trosko. Sos rapiña de la peor calaña, el que lucra con los pobres. Basura». 

Como es evidente, la publicación del diputado de derecha es una clara amenaza de muerte e instigación a cometer atentados contra Belliboni, en un marco en el cual, hace pocos meses, se atentó contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. 

Estos sectores que hablan de «libertad» son los principales instigadores de la violencia política en el país, en este caso buscando además que sus ataques sean funcionales a un plan de criminalización de la protesta y de la pobreza, en un país profundamente desigual donde millones están en la miseria y unos pocos se llevan fortunas. 

Esta amenaza desde Twitter se da además en el marco del desarrollo de jornadas de protesta de sectores de los movimientos sociales opositores, contra la baja de 160.000 planes Potenciar Trabajo dispuesta desde el ministerio de Desarrollo Social, en el marco de un plan de ajuste. 

Desde el Partido Obrero, organización de la que es parte Belliboni, informaron que «vamos a presentar acciones legales». También llaman «a rodear de solidaridad la lucha piquetera y a derrotar la ofensiva de ajuste promoviendo la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados». 

Eduardo Belliboni le respondió a Espert  

El dirigente del Partido Obrero le respondió al diputado libertario que pidió para él “cárcel o bala” y lo señaló por las protestas. “Claramente la amenaza no está dirigida a una persona, sino a una lucha”, aseguró el dirigente social. 

“Lo raro es que el crea que un capitalista es algo malo”, señaló Belliboni. Y explicó que, en su mensaje, Espert “lo pone como una cosa negativa”. Allí, el libertario le dice que es “capitalista, aunque juegue de trosko” 

Por eso, el dirigente del PO le contestó: “Es un detalle dentro de su propio texto en el que revela su subconsciente. Sabe que el capitalismo está en crisis y hace mucho mal”. 

Consultado sobre la amenaza en su contra, Belliboni expresó que “el problema es que hay un discurso de odio en el país». «Muchos dirigentes compiten para ver quién es el más antiobrero, el que más odia a los pobres”. 

Para el dirigente social, este discurso tiene una base en las operaciones de prensa que se hicieron de manera constante sobre su persona y sobre las organizaciones populares. En este punto, señaló al propio Gobierno por formar parte del armado. 

“Se ve que es el clima que han creado. De mí han dicho cualquier barbaridad. Me han dicho multimillonario. Eso es muy funcional a todo esto también. Eso salió de las usinas del Gobierno. Yo vivo hace 50 años en el mismo barrio. No tengo patrimonio”, denunció. 

Luego, explicó los motivos de esta campaña: “Se estructura un discurso en el que la gente que la pasa mal, que no está bien, en vez de reclamar sus salarios se queja porque nosotros tenemos a veces que cortar la calle porque hay una situación social extrema”. 

Finalmente, Belliboni cuestionó a la actual ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y aseguró que su política se basa en el ajuste que le reclama el Fondo Monetario Internacional. 

“El tema de las bajas del Potenciar Trabajo es un ajuste contra los que menos tienen. Estamos hablando con los funcionarios de Desarrollo Social para que corrijan una medida absolutamente negativa”, reveló. 

Además, Belliboni apuntó: “Hay gente que no pudo hacer la virtualidad, aunque quisiera. Hay un reconocimiento del resto que no lo puede hacer. Gente con parálisis facial. El Estado tiene que ir al barrio y no la gente ver si puede conectarse. Para nosotros esto es por la presión del FMI de que hay que ajustar”. 

Paritarias 

Días después de la protesta frente a la casa de “Gran Hermano”, que logró filtrarse en el programa con más audiencia del país el domingo 12, los trabajadores nucleados en el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) se movilizaron al ministerio de Trabajo el miércoles 15, donde se realizó una nueva audiencia de conciliación con las patronales del sector. 

Exigen un aumento salarial del 24% para el período enero-marzo y denuncian que progresivamente los ingresos siguen perdiendo poder adquisitivo más allá de las promesas de “recuperación salarial” que nunca se cumplieron.  

Tal como se votó en las asambleas de diferentes hospitales e instituciones de Córdoba pertenecientes a la Coordinadora Salud Unida, el 15 de febrero, se llevó a cabo un paro con asistencia a los lugares de trabajo durante 24 horas. Durante la mañana, en diferentes nosocomios, se realizaron asambleas y si no hay respuestas ante las demandas, se prevé continuar con medidas próximamente. 

La medida se realizó debido a “el incumplimiento por parte de las autoridades provinciales de lo acordado meses atrás frente a los reclamos efectuados por quienes nos desempeñamos en este sector. Estas acciones se implementarán también como rechazo al despido arbitrario de una compañera médica del Hospital Elpidio Torres y para exigir su pronta reincorporación a su lugar de trabajo. En el marco de nuestros reclamos, ratificamos la solicitud de salarios dignos, que a la fecha no se han cumplimentado, así como la incorporación de personal y las mejoras en las condiciones laborales que posibiliten una atención digna de la salud de la población de nuestra provincia”. 

Durante la jornada la Coordinadora emitió un nuevo comunicado en respuesta a los medios oficiales, mediante entrevistas al Dr. Carlos Giordana, director de Hospitales de Capital, quien al ser consultado por la medida justificó el despido de la médica intensivista del Hospital Elpidio Torres. En virtud de desmentir sus dichos, expresan que: “el cese de su contrato es el final de una serie de episodios de maltrato institucional y persecución por las actividades realizadas en defensa de los derechos laborales y de la salud pública. Cabe aclarar que la médica del hospital fue retirada violentamente por la fuerza policial y autoridades de la institución cuando se encontraba atendiendo pacientes. Es preciso destacar que no existieron advertencias, llamados de atención ni sanciones previas, según la ley de procedimiento administrativo por parte de las autoridades pertinentes, que justifiquen las calumnias vertidas por las autoridades, respecto del profesionalismo de nuestra compañera. Por lo cual no hay ninguna causa de despido; lo propio indica la notificación formal que recibió la doctora que alude al art.6º del contrato que indica rescisión unilateral y sin causal. Llaman la atención las acciones de un gobierno que despide sin causa a una médica que asistió a la población durante toda la pandemia y es único sostén de cuatro hijas”. 

Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas realizaron un nuevo paro de 48 horas, con guardias mínimas, a partir del miércoles 8 de febrero, para seguir reclamando por una urgente recomposición salarial, ante la falta de respuestas tanto de las autoridades del nosocomio como del Gobierno nacional. 

Los reclamos principales que motivaron el paro fueron un aumento salarial por fuera de la paritaria (dado que la misma fue considerada como “insuficiente”), un bono de $100.000, (sólo se pagaron $30.000), recategorizaciones de los sectores profesionales y no profesionales del hospital, licencias especiales y pases a planta. 

Mirtha Jaime, presidenta de CICOP Posadas y coordinadora de hospitales nacionales de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), explicó en relación con la medida: “El Gobierno cortó todo diálogo con los profesionales y trabajadores en conflicto”. 

“El 90% de los trabajadores del hospital está en condiciones precarias, y el Estado nacional -que hace 30 años administra el hospital directamente- no ha tenido la decisión política de resolver el trabajo decente para los 5.000 trabajadores que pusieron todo de sí para enfrentar la pandemia, con más del mil enfermos y cinco compañeros fallecidos”, concluyó la gremialista. 

El miércoles 15 de febrero salió un comunicado del Cuerpo de delegados del sindicato Luz y Fuerza, en el cual hacen una cronología mencionando los aumentos que hubo en 7 cuotas a lo largo del año: en abril fue del 14%, junio 6%, julio 9%, septiembre 12%, noviembre 12% y diciembre 10%. 

En el mes de febrero estaba pautado un aumento del 5%, pero mediante revisión dieron otro aumento del 6%, llegando a un total del 11% y dando por terminado el período anterior. 

En dicho comunicado dice que el aumento total fue del 102% anual, pero con los 7 incrementos sumados, da un total de 74%. En las cuentas suman la bonificación anual por eficiencia, el presentismo y el bono como parte del acuerdo de las paritarias. Esas cuentas contrastan con las de los trabajadores del sector eléctrico que en octubre y noviembre del año pasado se manifestaron en las puertas del sindicato de Luz y Fuerza Capital porque sus sueldos se desvanecían mes a mes con una inflación que golpeaba a todas y todos los trabajadores de estas empresas. 

El secretariado de la Asociación Bancaria (AB), que encabeza Sergio Palazzo, anunció un paro de 24 horas para el jueves 23 de febrero y reiteró el reclamo «en defensa del salario» y en rechazo a la «postura provocadora de las Cámaras empresariales», en el marco de la negociación paritaria que llevan adelante.  

El gremio que conduce Sergio Palazzo pide un entendimiento corto por arriba de la inflación y que las entidades aporten a soportar la carga impositiva de Ganancias que recae sobre los empleados: «Debe ser parte de una solución el tema del Impuesto a las Ganancias, mientras se discuten los proyectos presentados sobre la modificación a la ley». 

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó el viernes 10 con la Federación Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros (Fatap) un 10% de aumento salarial para enero, 10% para marzo y 7% para mayo, lo que alcanza a los conductores de corta y media distancia.  

«El acumulativo semestral llega al 29,47%», reportó el Ministerio de Trabajo en su cuenta de la red social Twitter. 

Asimismo, indicó que se pautó una revisión en el próximo mes de julio. 

Por su parte, la UTA informó en un comunicado que «el pago del reajuste del mes de enero se hará efectivo el día 23 de febrero». 

La Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA) que encabeza Raúl Vázquez, comenzó un cese de actividades por 24 horas el miércoles 8 de febrero desde las 7:30 horas, en las terminales Río de La Plata y APM Terminals del Puerto de Buenos Aires. 

La medida, según fuentes gremiales, “se lleva a cabo ante la falta de acuerdo y al estar agotadas las instancias de diálogo con el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) ante el ministerio de Trabajo de la Nación”. 

El sindicato explicó que la acción “afectará la actividad del comercio exterior” por un monto que estiman en U$S 23 millones diarios. 

Raúl Vázquez, titular de AEDA señaló que «hemos sido claros desde el inicio de la negociación. Nosotros entendemos fundamental una urgente recomposición acorde a la realidad inflacionaria, y la última oferta del CDA por un 34% es absolutamente inaceptable». El dirigente explicó que los trabajadores que representan «no están dispuestos a aceptar acuerdos que no representen los efectos de la inflación». 

La propuesta del sector patronal implica una suba acumulada del 92% para los alrededor de 8.000 empleados que se encargan de garantizar la documentación necesaria para viabilizar todas las operaciones del comercio exterior. Si bien no se trata de un gremio operativo en las propias terminales representa un eslabón fundamental para garantizar el flujo del comercio exterior y la cadena de suministro de exportaciones. 

Si bien la medida fue anunciada por un período de 24 horas, el propio Raúl Vázquez manifestó desde uno de los piquetes que se realizaron en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires que «si esto no se soluciona no vamos a levantar la medida y mantendremos el paro por tiempo indeterminado”. A la vez aclaró que “la responsabilidad por esta situación es enteramente del Centro de Despachantes de Aduanas” 

La propuesta empresaria llevaría el salario bruto de los empleados hasta poco menos de $100.000 equivalentes a $83.000 de bolsillo. La línea de pobreza se ubica hoy en casi el doble de ese monto destacan desde el gremio. 

El paro quedó en pausa tras 12 horas de cese de actividades. La medida de fuerza se destacó por el bloqueo al ingreso a la terminal de hasta 2.000 camiones. 

El paro quedó en suspenso hasta el viernes, día en que los representantes de la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA) se reunieron en la cartera de Trabajo con las autoridades del Centro de Despachantes de Aduana para tratar de solucionar el conflicto. 

También estalló un conflicto en Naturgy BAN, considerada la segunda mayor distribuidora de gas de la Argentina, por deudas salariales y la falta de pago de adicionales. 

El jueves 9, integrantes de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural (APIGAS) y Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (STIGAS) se concentraron frente a la sede de la firma para exigir se cumple con un remanente de aumento salarial cercano al 5 %, el pago de una bonificación anual correspondiente a 2022 y el extra correspondiente al Día del Trabajador/a de la Industria del Gas Natural. 

Otra empresa que atraviesa una instancia de conflicto gremial es Baggio, que enfrenta el reclamo del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) San Luis por sueldos impagos en Juplast, una firma controlada, también, por la familia que fabrica los jugos. 

Juplast produce sorbetes y edulcorantes y no pagó los salarios correspondientes a los meses de diciembre y enero. Los Baggio afirmaron que saldarían las deudas de sueldos el 14 de este mes. 

«Volveremos a trabajar el 15, cuando se constante el cumplimiento del acuerdo al que se arribó en la audiencia del ministerio del Trabajo», declaró en las últimas horas Víctor Leyes, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) San Luis. 

«Muchos de nosotros hemos sido asistidos por vecinos, amigos y familiares con comida en nuestras mesas debido al atraso de pago, en medio de una situación económica extremadamente difícil para las familias de Juplast», añadió. El número de familias afectadas por los sueldos impagos asciende a más de 100. 

La Mesa de Enlace se niega a revisar salarios 

Por Alfonso de Villalobos  

Los ruralistas consiguieron subsidios fiscales y financieros por $65 mil millones. El sindicato reclama mejorar la pauta del 70% acordada en agosto. 

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) aseguró mediante un comunicado su disposición de “ir hasta las últimas consecuencias” en caso de que la Mesa de Enlace no modifique su actitud frente a la revisión de la paritaria sectorial. 

El sindicato exige que se sustancie la cláusula de revisión pautada para el mes de enero para negociar el último tramo del período paritario 2022-2023. En agosto se había activado ese mecanismo que permitió llevar los aumentos hasta diciembre por un equivalente al 70%. Allí se estipuló que en el primer mes de este año se realizaría una nueva reunión para actualizar los haberes en función de la evolución de las variables económicas. 

Sin embargo, los representantes de la Mesa de Enlace dilataron el proceso y, en una última instancia, pidieron un cuarto intermedio hasta el 14 de febrero. 

En medio de estas negociaciones las patronales agrarias forzaron una reunión con los ministros de Economía y Agricultura, Sergio Massa y Juan José Bahillo, para reclamar medidas tendientes a paliar los efectos de la sequía en la producción agropecuaria. 

En solo una semana obtuvieron gran parte de lo que esperaban. El gobierno anunció la creación de fondo de asistencia por un monto de $5.000 millones así como una serie de beneficios impositivos y crediticios que implican un gasto tributario total por un monto equivalente a los $65.000 millones. 

Además, las “mesas de trabajo” que se desarrollaron durante una semana con autoridades de la AFIP y el Banco Nación derivaron en medidas como la suspensión de los anticipos del Impuesto a las Ganancias, la suspensión de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes y la refinanciación por 360 días de créditos vigentes especialmente con la banca pública. El Banco Nación destinará una partida de $50.000 millones para ofrecer créditos blandos (con una tasa 15 puntos por debajo del mercado) para que productores agropecuarios financien arriendos para la próxima campaña, capital de trabajo y compromisos comerciales. 

Además, consiguieron la desafectación del cálculo de Ganancias de las ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía favoreciendo a unos 4.200 productores en todo el país y la reclamada derogación de la resolución del BCRA que incrementa el costo financiero de los productores de soja. 

El alivio fiscal y financiero obtenido, sin embargo, no ayudó a modificar la actitud de las patronales agrarias con relación a sus propios trabajadores que reclaman el “urgente tratamiento de la cláusula de revisión”. “Sabemos las dificultades que enfrentan muchos compañeros y quiero que sepan que vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, avisó José Voytenco, su secretario General. 

Desde el gremio plantearon su malestar con la Mesa de Enlace, que nuclea a los principales empleadores, porque, a pesar de los constantes reclamos de la organización, mantuvieron una “absurda e incomprensiva negativa”. La última dilación hasta el 14 de febrero, en palabras de la UATRE, “fue lo que colmó la paciencia del gremio”. 

Voytenco manifestó que “estamos intentando por todos los medios posibles obtener un incremento salarial que ayude a las familias rurales a paliar la inflación que día a día reduce su poder adquisitivo” porque, detalló, “con una inflación anual del 94,8% en 2022 no pueden esperar que nos quedemos de brazos cruzados, necesitamos un refuerzo de lo que fue la paritaria obtenida en agosto del año pasado”. 

La paritaria en curso impacta de manera directa sobre los trabajadores rurales permanentes de prestación continua comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la Ley 26 727. Según datos de la Cuenta de generación de ingresos e insumo de mano de obra del INDEC, se trata de 328.000 trabajadores. A la vez, la misma fuente identifica 594.000 trabajadores rurales sin relación de dependencia cuyos haberes no se actualizan a partir de las negociaciones paritarias. Son el 65% de la fuerza de trabajo rural. 

También fue a la Justicia contra el bono extra 

La Mesa de Enlace fue a la Justicia en contra de un bono extraordinario de fin de año para los trabajadores del sector rural. Se trata de una disputa que la dirigencia del campo tiene abierta con el gremio Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). 

En diciembre pasado en el marco de la Comisión de Trabajo Agrario (CNTA), la Uatre logró que el gobierno le concediera, al margen del bono de $ 24.000 dispuesto para todas las actividades, un extra de $ 26.000. 

Esto fue sin el aval de las autoridades del sector, que rechazaron la medida y adujeron la situación de crisis en las economías regionales, la suba de costos y la merma del ingreso de los productores por la sequía. 

“Empezamos una nueva etapa, para poner sobre la mesa la necesidad de mejorar salarios y terminar con la precarización” 

Por SiPreBA 

Este jueves 9 de febrero, junto a más de un centenar de referentes del sindicalismo, la política y la comunicación, realizamos un acto como anuncio formal de la conquista histórica y colectiva de la personería gremial para nuestro sindicato, otorgada por la ministra de trabajo, “Kelly Olmos”, el pasado 23 de enero. 

Como parte central del acto, nuestro compañero y Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agustín Lecchi, sostuvo que lograr la personería gremial implica “un nuevo inicio” para nuestro gremio de prensa, y que continuaremos “peleando por mejorar los salarios y terminar con la precarización laboral”. 

“Esta organización nació el 7 de junio de 2015 tras un plebiscito masivo. No elegimos crear un sindicato «paralelo», sino que tuvimos que refundar el sindicato de prensa. Decidimos construir un sindicato que contenga a todos los trabajadores y las trabajadoras de la actividad, indistintamente de su simpatía política o de su sector laboral, en medios privados, públicos o autogestivos”, dijo Agustín Lecchi, compañero de la Televisión Pública, durante el que acto que hicimos en nuestra sede del SiPreBA, la cual está en el edificio de nuestra Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). 

En nombre de toda la Comisión Directiva, Agustín Lecchi también agradeció la decisión de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Kismer de Olmos, que luego de un “proceso largo y minucioso, donde hubo que demostrar cada afiliación, tal como exige la ley de asociaciones sindicales”, otorgó la personería gremial. 

Por su parte, la ministra Olmos destacó que otorgó la personería gremial en el marco de los 40 años de continuidad democrática y señaló: “La democracia social se afirma y se sostiene en la ampliación de derechos de las y los trabajadores. Y eso requiere de una organización gremial que lo haga posible. No hay derechos de las y los trabajadores de manera individual, sólo si existe una organización gremial fuerte, unida, solidaria, con capacidad de lucha es que esos derechos se alcanzan y se sostienen”. 

En el acto estuvieron presentes el secretario general de CTA Autónoma y secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy; el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yaski. También enviaron saludos los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Pablo Moyano, así como participaron secretarias y secretarios generales de diversas ramas sindicales. Además, se acercaron el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, legisladores nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, y representantes de la academia y la gestión de la comunicación. 

En el inicio de la jornada, además, en representación de todo el sindicato, les dirigentes Carla Gaudensi y “Paco” Rabini hicieron entrega de una mención especial de agradecimiento a nuestro abogado, Guillermo Gianebilli, artífice fundamental de la conquista de la personería. 

Sobre el cierre, Lecchi subrayó: “El 50% de nuestro gremio tiene más de un trabajo para que le alcance el sueldo. Hacen malabares para llegar a fin de mes y eso también precariza nuestra tarea de comunicar. Esperamos construir un canal de diálogo fructífero con las Cámaras del sector y cada empresa porque de todos depende revertir esta dramática situación”. 

Participaron también del acto: el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe y Adjunto en Fatpren, Pablo Jiménez; el secretario general del Sindicato de Prensa de Neuquén y secretario gremial de Fatpren, Flavio Ramírez; la secretaria general del Cispren y secretaria de Organización de Fatpren, María Ana Mandakovic; el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano; la secretaria adjunta de ATE Capital, Agustina Panissa; el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto “Beto” Pianelli; la secretaria general de AGD-UBA, Ileana Celotto; la secretaria general de choferes particulares, Andrea Aranda; el secretario general de FEDUBA; Pablo Perazzi; la secretaria general de Sadop Capital, Alejandra López; el secretario general de Soeesit, Carlos Zolezzi; el secretario general de Foetra, Claudio Marín; y Gustavo Chizolini y Alejandra Gómez de UTE; la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez; la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola. 

También estuvieron la presidenta de la Agencia Télam, Bernarda Llorente; el vicepresidente del Enacom, Gustavo López; la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin; la subsecretaría de Coordinación Política e Institucional de la Jefatura de Gabinete, Ana Portaneri; el director del Mercado Central, Nahuel Levaggi; Gonzalo Carbajal, coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (TDA). 

Además, en el acto de SiPreBA por su personería gremial, estuvieron: las y los legisladores porteños Maru Bielli, Manuel Socias, Juan Mondarelli y Javier Andrade (FDT); Gabriel Solano (FIT); las y los diputados nacionales Natalia Zaracho (FDT), Miryam Bregman, Nicolás del Caño (FIT), Mónica Macha (FDT). 

A su vez, participaron María del Carmen Verdú (Correpi), Diego Morales (CELS), Damián Loreti, Elizabeth Gómez Alcorta, Diego de Charras (vicedecano UBA Sociales), Larisa Kejval – (Directora Comunicación UBA), Martin Becerra (investigador UBA y Conicet), Luis Lazzaro (Coalición por una Comunicación Democrática), Guillermo Saucedo (Ucaya) y Daniel Escribano (Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la Universidad de Avellaneda), 

Desde el SiPreBA agradecemos a quienes se acercaron, tanto hoy como durante estos ocho años, para darnos apoyo en nuestra tarea de construcción, organización y defensa del gremio de prensa. 

Entrevista a Matías Arena de la Comisión Interna de Clarín en el programa “Metrópolis” que se emite por FM La Boca (90.1) los martes de 21:00 a 22:00  

Diario Olé: un intento de disciplinamiento  

Estamos en comunicación con Matías Arena de la Comisión interna de Agea (Clarín), redactor de Olé, que están enfrentando un nuevo ataque por parte de la patronal de Clarín. Buenas noches, Matías. 

-Buenas noches. 

-Contanos de qué se trata este nuevo conflicto con la patronal de Clarín. 

-Este es un conflicto que se inició hace aproximadamente en diciembre mes. Viene de la mano de la situación precaria que viven todos los trabajadores de prensa y que, por supuesto, esto no deja de afectar a todos los trabajadores del Diario Clarín Agea. En medio de esta situación con salarios, muchos de ellos, por debajo de la línea de la canasta básica o por debajo de la línea de pobreza, la asamblea del Diario Olé tomó la decisión de iniciar un plan de lucha que duró aproximadamente un mes. Aprovechando también que llegaba el Mundial de fútbol, como consecuencia de ser la cita deportiva más importante cada cuatro años, los trabajadores tomamos la decisión de lucha con diferentes ceses de tareas que aproximadamente duraron un mes y luego de la culminación de las medidas, cuando vamos a entrar a nuestras cuentas para cobrar el sueldo de diciembre, nos encontramos con que hubo descuentos de aproximadamente el 25%, afectando a más del 50% de los trabajadores del Diario Olé. En medio de esta situación lo tomamos como lo que efectivamente es: un intento de disciplinamiento por parte de las autoridades del diario para tratar de evitar que haya este tipo de manifestaciones, de planes de lucha para tratar de tapar las críticas que hay y los pedidos por un salario digno.  

-Una consulta, porque estuve leyendo un comunicado que habla de un descuento de entre $30.000 y $65.000, ¿verdad?  

-Sí. 

-Eso estaría representando un 25%. ¿Cuál es el salario que cobra un trabajador de prensa de Olé? 

-Por supuesto que hay diferentes escalas, pero la gran base tiene salarios por debajo de la canasta básica. Hoy la canasta básica está en aproximadamente $150.000 o $160.000. La mayoría de los trabajadores estamos por debajo de esa línea. Por eso decimos que representa el 25% con descuentos de entre $30.000 y $60.000. Si bien hay otra gran parte de los trabajadores que están por encima de la canasta, teniendo en cuenta el lugar donde se trabaja los salarios son bajos.  

No nos olvidemos que estamos hablando de la empresa más importante de comunicación del país y que no trata a sus empleados de la misma manera, sino que los denigra teniendo sueldos muy bajos en medio de una situación muy complicada con lo que fue este año, que como si fuera poco tuvimos una negociación salarial muy mala, llevada adelante como siempre por lo que es un gremio ilegitimo y que no está representando a nadie[2]. Por eso también nosotros como representantes de SiPreBA seguimos pidiendo lo que tiene que ver con una negociación con los representantes reales de los trabajadores que son la Comisión Interna dentro del diario y que a nivel empresarial se discuta con SiPreBA. 

-Martín, abrieron una cuenta, ¿verdad? 

-Sí, abrimos un fondo de lucha en medio de esta situación. La verdad es que la iniciamos buscando lograr que la mayoría de los trabajadores logren cobrar su sueldo. Como decíamos, las complicaciones para llegar a fin de mes se ven todo el tiempo y en medio de esta situación donde hay descuentos del 25% es mucho mayor. A partir de eso iniciamos un Fondo de lucha para tratar de satisfacer lo que tiene que ver con los sueldos de todos los trabajadores. Es una cuenta donde estamos pidiendo aportes solidarios económicos que representa a SiPreBA. A partir de eso iniciamos una campaña de difusión donde se puede colaborar a través de la cuenta propia del sindicato con el alias tramomaletacarton. Por su puesto cualquier ayuda, cualquier granito de arena ayuda y colabora para afrontar esta situación a los trabajadores de prensa que están en una situación muy pero muy difícil.[3]

-Bien, vamos a seguir difundiendo en nuestros programas este fondo de lucha que tiene como objetivo recuperar en parte estos descuentos que han sufrido, me decías por el 50% de los trabajadores. 

-Sí, un poco más del 50%. Afecta a más de 30 trabajadores que representa más del 50% de la planta del Diario Olé.  

-Bien, Martín muchas gracias. 

-Muchas gracias a ustedes por comunicarse, muchas gracias a los medios comunitarios que están siempre en la ayuda cuando los necesitamos porque los trabajadores de prensa somos así, somos solidarios y de esta manera es que vamos a intentar sacar adelante todo lo que nos propongamos.  

Despidos 

La empresa estadounidense Albaugh LLC, dueña de ATANOR, despidió en enero pasado a 24 trabajadores pertenecientes a la fábrica de Río Tercero. El miércoles 1º de febrero, dirigentes del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, gráficos, del neumático, auxiliares escolares, docentes, estudiantes, y distintas organizaciones, se movilizaron en Córdoba a la sede del ministerio de Trabajo para reclamar la reincorporación de los despedidos. 

“Nos movilizamos para que se entienda y se haga visible el problema, ya que a medida que van pasando los días y se cumpla la conciliación obligatoria, se va agravando la situación”, dijo Gabriel Cuaino, secretario general del gremio. 

“Hemos tenido muy pocas comunicaciones con la empresa. Y verbalmente siguen diciendo que quieren resolver el conflicto, pero no hay ningún avance. Estamos igual que en el día cero”, afirmó. 

Cuaino remarcó que la empresa ya había tomado decisiones similares en otras dependencias del país, siendo el antecedente más cercano 22 despidos en una planta de Pilar, provincia de Buenos Aires en junio de 2022. 

“Es una modalidad que tiene Atanor, de intentar someter o generar miedo en los compañeros con despidos arbitrarios sin ninguna causa. Ya que, por dichos de ellos mismos, las ganancias que tuvieron el año pasado fueron de millones y millones de dólares”, agregó. 

Lucas Felici, Secretario Gremial, expresó que “el conflicto terminó con una conciliación obligatoria a foja cero, esto es, todos los trabajadores van a ingresar a partir del día lunes a sus puestos habituales de trabajo y después harán capacitaciones. Dado que, supuestamente, quisieron hacer lo que hacen siempre, es decir, discriminar a los despedidos, mandándolos a capacitarse durante la conciliación obligatoria, ante esto desde el Sindicato instamos a que se capacitara a todos, es decir, a los 200 trabajadores mientras la planta permanecerá parada. En tanto se irán desarrollando las audiencias que corresponda llevar a cabo. Más allá de que falta mucho recorrido, no deja de ser un pequeñito triunfo en Atanor, que nos dejará la enseñanza de la solidaridad entre los compañeros”. 

El gremio asegura que la empresa obtuvo ganancias extraordinarias en el año 2021, dado que tuvo un superávit de más de 500 millones de dólares y calificaron la medida como una represalia hacia los trabajadores. 

Debido a una serie de suspensiones arbitrarias que Cuyoplacas, ubicada en la localidad de Las Heras (Mendoza), aplicara sobre la totalidad de su personal a fines del año pasado, y que representaron un descuento salarial cercano al 30%, perjuicio que además se trasladó a las liquidaciones de aguinaldos y vacaciones, el Sindicato de la Madera de Mendoza abrió una instancia de negociación con la empresa, consiguiendo solo ofrecimientos irrisorios, y la promesa de no despedir personal. Esa promesa fue incumplida por Cuyoplacas en pleno cuarto intermedio, cuando a fines de enero despidió a catorce trabajadores y dos trabajadoras, sin ningún motivo, pero con un mecanismo que resulta extorsivo, además de ser una práctica empresarial desleal: “inventando causas fantasmas”. En medio de esto se agregó el pago del Bono de Fin de Año decretado por el Gobierno Nacional, que se realizó en febrero, que solo abonó un proporcional a muy pocos trabajadores. 

Cuyoplacas aduce que a partir de octubre de 2022 se encuentra en crisis debido a problemas con las importaciones, pero dicha crisis jamás fue justificada por los organismos del Estado. 

Los telegramas de despido se fundamentan en causas como “falta de contracción al trabajo”, “incumplimiento del reglamento interno” y, en algo mucho más grave porque atenta contra la moral del operario, “pérdida de confianza por la desaparición de elementos de trabajo”. Operarios con más de una década de servicio, que jamás tuvieron algún tipo de sanción disciplinaria se encuentran de repente sin trabajo, con una familia que mantener, y con las presiones de la actual situación económica, que de por sí, ya es complicada para los asalariados. Sabiendo esto, Cuyoplacas, por intermedio de sus abogados citan a los trabajadores despedidos para ofrecerles un acuerdo extrajudicial, con un ofrecimiento económico que ronda el 30 o 35% de la indemnización correspondiente, o pasar a un juico laboral que llevará tiempo. 

Este sábado 18 de febrero, en la Sede del Sindicato de la Madera, Salta 1774 de la Ciudad de Mendoza, los trabajadores y trabajadoras de Cuyoplacas realizaron una Asamblea General, para decidir cómo defenderse de esta situación angustiante, dentro de un clima laboral enrarecido por presiones y amenazas. 

En mayo de 2019, luego de casi 15 años de trabajo intensivo en las líneas de producción de Coca Cola, Fabián Alba sufre la rotura del manguito rotador. Recibe licencia e indicación médica de realizar tareas livianas. Con estudios posteriores, los médicos resuelven operarlo y, después del posoperatorio, con el alta en mano se presenta en la fábrica. Tras varias demoras por parte de Coca Cola, se le otorgan tareas livianas en el sector de Control de Calidad. Sin embargo y, a raíz de una merma de trabajadores en el sector de las líneas de producción, Coca Cola le exige a Fabián que retome tareas laborales en el mismo sector que los profesionales médicos, tanto de la empresa como los particulares, habían aconsejado no realizar. Volver a tomar tareas pesadas agravó las lesiones y Fabián debió tomarse licencias médicas y todas las vacaciones adeudadas para luego, ante el último alta médico, encontrarse con la noticia de su despido luego de casi 18 años de antigüedad en la empresa, a fines del año pasado. 

Los antecedentes de despidos de esta empresa con relación al personal que padece problemas físicos, los “rotos”, hacen que los trabajadores se vean forzados a trabajar poniendo en riesgo su salud, ocultando dolencias para mantener el trabajo. Aunque hay antecedente en que la Justicia falló a favor de los trabajadores en este tipo de situaciones, la realidad es que la empresa se maneja con total impunidad con el aval de la Comisión Interna, de la lista Verde, que responde a la dirección del sindicato.  

Es el mismo sindicato que avaló el convenio de turno americano y el quite de conquistas en los 90 y que en 2019 firmó 32 despidos, entre los cuales varios eran activistas de la Agrupación Marrón opositora, dejando en la calle a todas esas familias, sin sueldo y sin cobertura médica. 

En Coca Cola los ritmos de trabajo son de 12 horas con turno rotativo. Estas condiciones laborales se dieron en el marco de los Convenios colectivos de trabajo firmados en la década del 90. Bajo el gobierno neoliberal de Menem se impuso el turno americano, que consiste en jornadas de 12 horas rotativas, eliminando de un plumazo (y con la connivencia de la burocracia sindical) el plus de alta tecnología y los francos compensatorios. Los feriados dejaron de ser optativos, obligando a trabajar los fines de semana como si fueran días normales. Según un estudio de la Unidad del Sueño del Instituto Dexeus en Barcelona y del Servicio de Neurofisiología del Hospital de Madrid, los turnos rotativos producen insomnio, irritabilidad, angustia, depresión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos digestivos, entre otros problemas. 

Las trabajadoras tercerizadas de recepción de varios de los edificios centrales de AFIP en la Ciudad de Buenos Aires denuncian despidos sistemáticos y maltrato laboral de parte de la empresa Bayton.  

No es ningún secreto que el Estado nacional es uno de los principales empleadores de trabajadoras y trabajadores tercerizados precarizados en diversas formas de contratación, tanto a nivel nacional como provincial y en los municipios. Incluso en AFIP que tiene gran parte del personal en planta, varias áreas de trabajo son cubiertas con personal tercerizado de empresas contratistas. Es así en el sector de limpieza, donde ahora son rotados intencionalmente y también en el caso de quienes cubren la recepción de los edificios centrales del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso son despedidas sistemáticamente. 

Hubo un período hace casi dos décadas en el cual estos puestos eran cubiertos por personal de planta, pero luego se retomó esa “costumbre” de tercerizar también este sector. Hoy varias trabajadoras luchan contra los despidos encubiertos, contratadas por la empresa Bayton, uno de los grandes jugadores a nivel de agencias de contratación de personal. 

Los operativos de la AFIP detectaron irregularidades en el 29% de los trabajadores del turismo y la gastronomía 

El administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, aseguró que desde la AFIP detectaron un 29% de trabajadores con irregularidades, no registrados o mal facturados, en el marco del Operativo Verano. 

Castagneto precisó que el Operativo Verano tuvo lugar “en 17 provincias, a través de 8.500 controles en comercios de bienes y servicios, focalizados en gastronomía y turismo”. 

Notas:

[1] Se refiere a la representación de la Utpba a quien el ministerio de Trabajo quitó la representación de los trabajadores de prensa en favor del SiPreBA. 

[2] Mediante el Fondo de huelga se logró compensar los descuentos. 

Fuentes: www.eldestapeweb.com, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, www.sipreba.org, Infogremiales, Anred, elmegafono.net, Télam, www.tiempoar.com.ar, La Nación 

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