El Estado Nacional junto a Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero avanzan, sin consulta a las comunidades locales, en mega obras de infraestructura que modificarán uno de los humedales más grandes del país. El objetivo de fondo es ampliar la frontera agropecuaria, conectada a la Hidrovía. Trigo transgénico, caña de azúcar y más consecuencias del agronegocio.Malena Castilla* y Álvaro Álvare
En las primeras dos décadas del siglo XXI se dio una significativa expansión de los extractivismos en América Latina, en general, y en Argentina, en particular. Un nuevo consenso se instaló en la región, sometiendo cuerpos y territorios a las lógicas y dinámicas de los actores más concentrados del capital: el de los commodities vinculados al agronegocio. El área que conforman los bajos submeridionales se encuentra en la región Chaqueña, segunda área boscosa más amplia de Sudamérica, atravesada por grandes cuencas hídricas que ocupan cerca del 25 por ciento del territorio nacional. En esta región, desde fines del siglo XX y hasta la actualidad, la expansión de actividades extractivas —agroganadera, explotación minera, hidrocarburifera, la taninera para la producción de cueros, forestal, entre otras— acaparó, expropió y destruyó territorios habitados y repletos de biodiversidad.
El desarrollo de estas actividades, junto con infraestructuras que acompañaron este avance extractivista, causó y provoca desmontes, contaminación de las fuentes de agua y suelos —producto de la aplicación de agrotóxicos—, problemas de salud, transformación del paisaje e incrementa efectos perjudiciales como el cambio climático, que sacude a esta región con las sequías desde hace años.
Si se comparan las superficies sembradas con soja transgénica en 1990 y 2021/22 en Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco —las tres provincias que conforman la ecorregión de los bajos submeridionales— se observa que la superficie sembrada se duplicó, pasó de dos millones de hectáreas en 1990 a cuatro millones en la campaña de 2021/22, según estadísticas del área de Estimaciones Agrícolas de la Dirección Nacional de Agricultura.
Sin embargo, pese al decidido énfasis en la expansión del agronegocio, si analizamos estos datos y los comparamos con los índices de pobreza, podremos observar que este modelo genera mayores niveles de desigualdad y exclusión para un gran porcentaje de la población. En el segundo semestre del 2022, los principales conglomerados urbanos de las provincias arrojaron índices de extrema pobreza: 39,5 por ciento de pobres en el Gran Santa Fe, 64 por ciento en La Banda (Santiago del Estero) y 64,3 por ciento en Gran Resistencia (Chaco). Este modelo que destruye, contamina y acapara no resiste estadísticas y promueve escenarios de extrema vulneración socioeconómica y ambiental.
En los últimos años, la expansión del agronegocio encuentra límites concretos por los conflictos y problemáticas ambientales generadas. En ese contexto, se prevé un conjunto de obras de infraestructura (hídricas y de transporte) que posibilitan la expansión de la producción en territorios antes no valorados por el capital, como los bajos submeridionales.
Los bajos submeridionales constituyen uno de los humedales más grandes de la Argentina, con ocho millones de hectáreas en suelo mayoritariamente salino. Las intervenciones sobre este territorio, con el propósito de convertirlo en “tierra productiva” para la agricultura y la ganadería, irrumpe en la dinámica del agua —que de manera natural alterna períodos de sequía con períodos de inundación— y podría ser fuente de diversos impactos sociales y ambientales. Sin embargo, no se cuenta en la actualidad de manera pública con información actualizada, ni sistematizada, sobre estudios de impacto ambiental, no existe un inventario de humedales, ni han existido instancias de participación de las poblaciones afectadas por las obras realizadas.
El proyecto de los bajos submeridionales
En 2018, los gobiernos provinciales del Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, junto con autoridades del gobierno nacional, conformaron el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (Cirhbas). El objetivo fue crear un Plan Director con obras y políticas destinadas a manejar y ordenar el territorio y las cuencas hídricas que conforman la ecorregión de los Bajos Submeridionales, en la transición entre las ecorregiones del Chaco Húmedo y el Chaco Seco, lo que se refleja en la alternancia de períodos de sequías y de inundaciones recurrentes.
El plan incluye más de 30 proyectos, estimados en 366 millones de dólares, para acceder y usar el agua disponible, y así potenciar la producción (agroganadera) en la zona. Gran parte de las obras implican realizar canales que encauzan (es decir, transforman la naturaleza) hacia algunos de los principales afluentes del río Paraná, que fue transformado desde mediados de los años 90 por la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las más importantes del mundo, por la que se exporta aproximadamente el 80 por ciento de la producción nacional destinada al comercio internacional. Se trata, fundamentalmente, cargas granarias y derivados de la agroindustria así como también biocombustibles y agrotóxicos.
Generalmente, este tipo de obras de infraestructura —planificadas en el Plan Director— no respetan el escurrimiento del agua de lluvia en el territorio y el cauce natural de los ríos, acelerando y alterando la dinámica, y provocando numerosos impactos territoriales. Algunos de estos impactos se presentan en la región de manera permanente y afectan a gran parte de su población: inundaciones en épocas de lluvias y sequías más intensas y prolongadas, desecamiento de humedales, pérdida de flora y fauna, entre otras consecuencias ambientales y climáticas que se agravan en escenarios de desmontes, fumigación y avance de los modelos extractivos que se expanden sobre esta zona.
Asimismo, estas obras (viales, hídricas, férreas), en gran parte de los casos, se realizan sin mediar informes de impacto ambiental o consultas a la población local. Es de destacar que en estos territorios habitan integrantes de los pueblos originarios y según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado debe consultarles antes de ejecutar cualquier tipo de obra, emprendimiento o política que pudiera afectar sus vidas.
¿Un verdadero cambio de paradigma?
En las primeras semanas de agosto se anunció la realización de diversas obras de infraestructura, servicios y créditos productivos, por una inversión estimada de 190.000 millones de pesos, financiados con fondos públicos, con el objetivo de adaptar la región a los requerimientos de la producción agroindustrial, intentando superar los obstáculos hídricos (tiempos de sequía y tiempos de inundación) y los obstáculos en la circulación de flujos (mejora en el transporte).
Esto posibilitaría un «cambio de paradigma» y un aumento de la producción y comercialización gracias al trabajo articulado entre los Ministerios de Infraestructura, Producción, Ciencia y Ambiente, motorizando inversiones por más de 58.000 millones de pesos en obras hídricas y más de 32.000 millones en obras de infraestructura vial.
En el mismo contexto se anunció el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, obra que podría pensarse distante, pero es parte del Corredor Bioceánico de Capricornio (que atraviesa los bajos submeridionales) y une la región con los principales puertos de exportación, tanto en la hidrovía Paraguay- Paraná, como en el litoral Atlántico y Pacífico. El segundo puente, que tiene una inversión total de 943.000.000 dólares incluye el viaducto propiamente dicho y las autovías que lo conectan al lado chaqueño y al lado correntino. Se trata de una obra fundamental para proyectar un nodo logístico sobre el Río Paraná potenciando la expansión de la hidrovía hacia los puertos del norte del país.
En los anuncios oficiales, el Plan Director y las obras sobre los bajos submeridionales impulsaron un nuevo paradigma que se centra en la formulación y ejecución de políticas unificadas y coordinadas por los gobiernos provinciales, y el gobierno nacional, «teniendo como fundamento resguardar los bienes comunes, disminuir el riesgo hídrico y promover la producción sustentable».
En tal sentido, nos preguntamos si es posible un verdadero cambio de paradigma en el marco de la decidida expansión del agronegocio y en un escenario que profundizó en las últimas décadas altos niveles de desigualdad y pobreza en los principales centros urbanos de la región.
Las ingenierías del agronegocio
A pocos días de asumir su fugaz paso por el Ministerio de Economía, en julio del 2022, fue Silvina Batakis, quien instaló el debate sobre los bajos submeridionales. La ex ministra expresó que resultabafundamental una tarea de planificación del territorio argentino y la necesidad de “exportar más”. Batakis sostuvo que hay que “llevar agua a las zonas áridas” y afirmó: “En la cuenca de los bajos submeridionales, que involucra a tres provincias. No se lograba que los gobernadores se pusieran de acuerdo para recuperar y ampliar la frontera productiva”.
Esa ampliación de la frontera productiva, como lo expresa el Plan Director, requiere de obras de infraestructura. Tres tipos de ingenierías se entrelazan para hacer posible una modificación estructural del territorio en función de “recuperar y ampliar la frontera productiva” para “exportar más” como lo vaticinó Batakis.
Por un lado, se planifica un complejo entramado de obras que facilita la exportación desde los principales puertos del país. Esas megaobras tienen una planificación regional y fueron parte desde el año 2000 de la cartera de proyectos de la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). En la actualidad se desarrollan en el territorio con la pretensión de viabilizar un corredor bioceánico bimodal (ferroviario y carretero) sobre el eje de capricornio, siendo una de las obras prioritarias para las provincias del Norte Grande.
Por otro lado, la ingeniería hídrica modifica el pulso natural de las cuencas, buscando alterar los ciclos de agua para adaptarlos a las dinámicas y necesidades productivas. Un conjunto de obras de alcantarillado, alteos, canalizaciones, se desarrollan en el territorio, para los cuales no existen estudios ambientales sistémicos, que prevengan futuros impactos sobre una región de equilibrio frágiles y modificaciones ambientales evidentes en las últimas décadas.
En paralelo al anuncio de las intervenciones sobre los Bajos Submeridionales se anunció en la Argentina la aprobación y producción del trigo transgénico HB4. La ingeniería genética, con investigación pública, avanza en la tecnología HB4, que sería apta para sembrar en suelo salino y en condiciones de estrés hídrico se plantea como una solución a la crisis ambiental actual. Desde que el Plan Director se conocieron proyectos de expansión agroindustrial sobre los bajos de trigo HB4, caña de azúcar para la producción de etanol, algodón transgénico y cannabis, todas actividades en las que se consolidan corporaciones con una gran concentración del capital.
En tal sentido nos hacemos algunas preguntas con el objetivo de problematizar qué infraestructura se propone y en función de qué modelo sobre esta región:
¿Qué impactos tiene la intervención hídrica sobre los Bajos Submeridionales, en los usos precedentes del territorio y en el equilibrio ambiental? ¿Qué consecuencias podría generar la implementación de la tecnología HB4, y el paquete de agrotóxicos asociados a ella, donde prevalece el glufosinato de amonio, sobre un territorio con las características hídricas de los bajos, que drena agua sobre una cuenca de las dimensiones del Paraná? ¿Qué impacto social tiene la expansión de un modelo hiperconcentrado sobre las prácticas precedentes? ¿Tenderá este conjunto de obras y la expansión de la frontera agrícola a una mayor concentración agrícola y expulsión de comunidades?
Hasta el momento, en la región, la expansión de la agroindustria se sostiene a partir de la incorporación de áreas donde antes prevalecía el monte nativo. Junto con los desmontes, la utilización de agrotóxicos es otro elemento que abona la crisis ambiental y la contaminación regional. Estos factores, vinculados a los modos de producción de la agroindustria, generan un nuevo ordenamiento territorial dedicado a la extracción de productos primarios que incrementan la cantidad de tierras ambientalmente degradada, los eventos derivados del cambio climático —como aumento de las altas temperaturas y la disminución de precipitaciones anuales, propagación de incendios, inundaciones producto de la falta de absorción de los suelos—, enfermedades y los niveles de pobreza.
Repensar y problematizar las infraestructuras, en sus diversas formas, es un paso necesario para discutir el modelo del agronegocio y el bienestar de los territorios y personas que en ellos habitamos.
Malena Castilla. UnLaM/Conicet.
Álvaro Álvarez. IGEHCS/Unicen/Conicet.