IX Encuentro internacional «La economía de los/as trabajadores/as»

Convocamos a participar de esta nueva edición del Encuentro a trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas y autogestionadas, cooperativas y organizaciones sociales y populares, así como a organizaciones sindicales y académicos interesados y comprometidos con las prácticas autogestionarias y el proyecto de una nueva economía de los trabajadores y trabajadoras.

Las sesiones se realizarán en las instalaciones de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, como sede principal, y en la ciudad de Rosario. La Cooperativa de Puerto San Martín, formada por trabajadores portuarios, es una de las principales cooperativas de trabajo de la Argentina y recientemente vivió un proceso de recuperación de su condición de empresa autogestionada por sus trabajadores. En sus instalaciones hay espacios para las sesiones, así como condiciones para el hospedaje y las necesidades de los participantes del Encuentro. Puerto San Martín se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Rosario, que cuenta con un fuerte movimiento autogestionado y de empresas recuperadas y en donde también se harán actividades del Encuentro y hay gran oferta de hospedaje.

Esta novena edición de nuestro Encuentro se desarrolla al cumplirse quince años de su primera convocatoria por el Programa Facultad Abierta, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en julio de 2007. Posteriormente, se realizaron encuentros nuevamente en Buenos Aires (2009), México (2011), Brasil (Joao Pessoa, 2013), Venezuela (Punto Fijo, 2015), Argentina (Pigüé, 2017), Brasil (Guararema, Escuela Nacional Florestan Fernandes, 2019) y México (2021, en modalidad virtual). A partir del año 2014 se comenzaron a realizar encuentros regionales en Sudamérica, Europa y América del Norte y Central (se realizaron en Ciudad de México, Pigüé, Montevideo, Santiago de Chile, Marsella, Tesalónica y Milán) y recientemente, también en la Escuela Nacional Florestan Fernandes, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, se desarrolló con gran éxito la I Escuela Internacional de Autogestión. Como resultado de esta trayectoria, nuestra red se ha extendido por más de 35 países de los cinco continentes, poniendo en debate la economía global desde la clase trabajadora, en particular desde los procesos de autogestión del trabajo.

Este nuevo Encuentro se va a celebrar en el marco de una situación cada vez más crítica a nivel mundial, en que el crecimiento de las derechas y el fascismo en muchos países del mundo, en especial en el hemisferio occidental y el continente europeo, expresan un recrudecimiento de la agresividad del poder capitalista neoliberal contra la clase trabajadora en todo el mundo, agravando además el enfrentamiento entre bloques geopolíticos y la crisis ambiental que afecta a todo el planeta. En ese contexto, la economía de los trabajadores y trabajadoras, basada en la autogestión, aparece cada vez más como una alternativa al capitalismo salvaje que condena a la explotación, a la precariedad y a la desocupación a las mayorías y que desata guerras, discriminación y destrucción por el conjunto del planeta. Desde ese convencimiento convocamos a participar en esta nueva edición, apuntando a fortalecer y ampliar el debate y la organización y a poder repensar un proyecto de economía y de sociedad desde la clase trabajadora y sus experiencias y organizaciones.

Otra vez, no nos ven

ANDRÉS RUGGERI

La autogestión, organizada en cooperativas de trabajo, no es contemplada por los candidatos

El candidato a presidente por Unión por la Patria y ministro de Economía en funciones, Sergio Massa, realizó hace pocos días una serie de anuncios con beneficios a diversos sectores para intentar compensar los efectos de la alta inflación y de la devaluación que siguió a las elecciones primarias. Entre esas medidas, nuestro sector, el trabajo autogestionado, brilla por su ausencia.

Otra vez, no nos ven. Incluso si consideramos que una gran parte de las personas integradas en cooperativas de trabajo figuran como monotributistas, estas resoluciones son, en el mejor de los casos, insuficientes: el no cobro (o, en realidad, la postergación de ese cobro) del componente impositivo del monotributo, y créditos a tasa 0 a los que, en general, los monotributistas cooperativistas no pueden acceder.

No es la primera vez que esto sucede. Para poner un ejemplo, durante el período del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en plena pandemia, el reclamo de las cooperativas de trabajo era no haber sido incluidas ni en los ATP destinados a las empresas privadas y a sus empleados en relación de dependencia, ni en los distintos programas sociales. Tampoco en períodos anteriores la cuestión fue muy diferente, con escaso lugar en la política pública para las cooperativas de trabajo.

Lo que subyace a esta ausencia de políticas es una concepción que no logra ver la existencia de un tipo de trabajador diferente del asalariado formal y del no registrado o, incluso, de aquel que forma parte de alguna organización de la economía popular y recibe el “potenciar”. Según esta visión, hay dos grandes conjuntos de trabajadores: el representado por su sindicato, que está formalizado y goza (aún) de los derechos laborales y a la seguridad social, por un lado, y el de la economía popular, encuadrado en los movimientos sociales que conforman la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), por el otro.

Para estos dos grandes grupos la cosa está clara y el problema, en el caso de los asalariados formalizados a través del sector privado, es la resistencia de las patronales a pagar el bono de suma fija decretado por el gobierno. Además, para la franja de mayores ingresos entre los trabajadores, se eleva el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, mientras sectores empresarios reciben amplios beneficios impositivos, entre otras medidas. Para el sector de la economía popular, por su parte, se dará un aumento para los planes sociales. La autogestión, organizada en cooperativas de trabajo, no es contemplada.

Se podría decir que esto responde a la poca capacidad de movilización del sector, que lo hace menos visible que los grandes sindicatos y movimientos, a su número menor (se calcula que asociados y asociadas a cooperativas de trabajo no pasan las 200.000 personas), o a la falta de peso político de sus organizaciones, especialmente en contraste con la CGT, la CTA o la UTEP.

Ojalá fuera solamente eso. El problema es que no se nos ve porque no hay siquiera instrumentos normativos que señalen nuestra existencia, más allá del reconocimiento de las cooperativas. El trabajo autogestionado no existe como una relación laboral por sí misma, diferente del asalariado (público o privado) y del informal o no registrado. No goza de derechos laborales ni a la seguridad social, a tal punto que se usa para darle cierta cobertura una figura impropia, tributaria, como el monotributo. La cuestión es tan grave que, como solución, incluso por parte de quienes conducen la política específica encarnada en el INAES, se propone un tipo especial de monotributo en lugar de legislar para que el trabajo autogestionado, colectivo, sea una forma legal, además de legítima, de trabajar en la Argentina.

Está claro que en la coyuntura en que nuestra sociedad se debate después del resultado de las PASO, el peligro es mucho mayor y nada podemos esperar para resolver esta cuestión si alguna de las opciones de derecha o ultraderecha llega a la presidencia. Razón de más para atender ya la solución de uno de los problemas que limitan, y seriamente, no solo el acceso de los trabajadores autogestionados a medidas de gobierno y derechos laborales, sino su potencialidad para ser una alternativa real para el trabajo y la producción que ayude a solucionar los graves problemas sociales que impactan en la vida de nuestro pueblo.

Fuente: tramas.ar

Organizaciones sociales sostienen un acampe frente a Economía “en defensa de los puestos de trabajo”

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) junto a otras agrupaciones sociales realizan un acampe frente al ministerio de Economía, “en defensa de la urbanización de los barrios populares y de los puestos de trabajo”.

La protesta se inició a la medianoche del jueves 21, y las organizaciones demandan “la concreción de los legajos técnicos ya firmados, para seguir llevando el agua, la luz, las veredas y demás obras a los barrios populares”.

“Ante la situación tan crítica para la mayoría de los trabajadores de la Argentina, las cooperativas de trabajo movilizaremos para defender los puestos de trabajo de cientos de compañeros y compañeras y por el derecho de los vecinos a que las obras continúen, para poder recuperar algo, de todos los derechos perdidos”, se señaló en un comunicado conjunto.

En defensa de la urbanización de miles de barrios populares. ¡En defensa de nuestros puestos de trabajo*! pic.twitter.com/m25A3AxksE

En ese sentido, los organizadores de la protesta reiteraron que “le reclamarán al ministerio de Economía y Desarrollo Social que aprueben los fondos para seguir ejecutando obras en los barrios populares”.

El miércoles 20, estas agrupaciones se manifestaron frente al ministerio de Desarrollo Social y luego se concentraron frente a la sede de la cartera de Economía.

Jornada de lucha piquetera contra el ajuste y el avance de las derechas

Comunicado de prensa de la Coordinadora por el Cambio Social

¡Gran movilización contra el ajuste y el avance de las derechas! ¡Por nuestros salarios, el trabajo y los derechos conquistados!

– Movilizamos en todo el país
– En CABA a las 16.30 en Obelisco, movilizamos hacía Plaza de Mayo.

Este jueves 14 de septiembre La Coordinadora por el Cambio Social, en el marco de la Unidad Piquetera, convocamos a una masiva movilización para enfrentar el ajuste, el avance de las derechas y el intento de avasallar nuestros derechos conquistados. Solo es posible lograrlo con la movilización popular y en unidad con la clase trabajadora para construir por abajo la resistencia a los planes de empobrecimiento y hambre que se profundizaran en el corto plazo.

El panorama de la última década arroja un saldo súper negativo para les trabajadorxs en su conjunto. La sostenida pérdida de poder adquisitivo, el pluri empleo, la desocupación y la precarización; el aumento de la pobreza y la inflación que no da tregua son las principales preocupaciones que nos golpean día a día. Ni el gobierno de Cambiemos ni el Frente de Todos dieron respuestas a estas problemáticas urgentes, por el contrario, no hicieron más que profundizarlas y el descontento generalizado se materializa hoy en un crecimiento de la ultraderecha.

La política de sometimiento ante el FMI que el Frente de Todos ha decidido aceptar sin miramientos nos está hundiendo en una espiral de ajuste aún más profunda y que se perpetuará durante años. Los sectores más afectados por esta realidad son las mujeres y disidencias sexuales, que verán multiplicarse las tareas de cuidado en condiciones aún más desfavorables y a la vez no les quedará otra que sostener trabajos precarios para apenas sobrevivir. También la juventud está siendo tremendamente golpeada por esta realidad, que no ofrece un presente ni un futuro sobre el cual afirmarse.

Con el agua al cuello nuestro pueblo busca respuestas en quienes se presentan como lo “nuevo”, en los sectores que no han tenido bajo su poder la gestión del Estado, y por eso decimos que el crecimiento de Milei es responsabilidad de las políticas de hambre, de los sucesivos gobiernos, el FMI y el poder de los monopolios y sus socios locales, quienes se la llevan en pala desde hace muchos años.

Frente a esto, las organizaciones de la clase trabajadora en su conjunto, los movimientos sociales, los feminismos, las asambleas en defensa del ambiente, los pueblos originarios, las agrupaciones estudiantiles, los organismos de derechos humanos, los espacios culturales, los medios alternativos y los sindicatos tenemos una tarea enorme que implica recuperar nuestras memoria histórica, nuestras herramientas de lucha, la multisectorialidad y la articulación en la calle para tejer alianzas sólidas que puedan hacerle frente al individualismo, al sálvese quien pueda, a la violencia y el odio.

Si bien hoy en día gran parte de la población no cuenta con sus derechos básicos garantizados, sabemos lo que implica la vuelta a las épocas de la dictadura genocida, los 90, el neoliberalismo y las políticas privatizadoras: desocupación, encarecimiento y empeoramiento de servicios y derechos, pérdida de soberanía y mayores niveles de endeudamiento. A su vez, las propuestas de Milei, Bullrich o Massa implican una profundización del saqueo y la entrega total de bienes naturales indispensables y estratégicos, para ponerlos al servicio del extractivismo y las ganancias de un puñado de multinacionales millonarias.

Frente a esto, la vía tiene que ser luchar con más fuerza para que el acceso a la salud, la educación en todos sus niveles, la vivienda y los servicios lleguen a todas las personas, tengan mejor calidad y sean reconocidas como una prioridad fundamental por todos los gobiernos. Restringirlos a quienes puedan pagar por ellos es un salto al vacío sin retorno.

En este camino debemos recuperar el ejemplo del pueblo jujeño que logró expresar en la calle la unidad frente a la reforma inconstitucional de Morales, la defensa por el territorio, por la salud y la educación.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que también se han profundizado en el último tiempo los discursos de odio contra les migrantes, el colectivo LGTTBIQ+, las mujeres y los feminismos. La avanzada de sectas reaccionarias como el Opus Dei o de sectores ultraconservadores como las cúpulas evangelistas, son una amenaza directa contra nuestras vidas, nuestra libertad y contra la protección de las infancias.

Sabemos que gane quien gane vendrán tiempos difíciles para lxs luchadorxs sociales. Pero la persecución política, la criminalización hacia quienes se organizan y la utilización de las herramientas judiciales para amedrentarnos ya comenzó ahora mismo. Tenemos decenas de compañerxs procesados por defender cuestiones básicas como el agua, el salario y el trabajo.

La profundización de esta línea represiva será mucho más cruenta y cruel si ganan expresiones de ultraderecha como las de Milei o Patricia Bullrich. La reivindicación de los genocidas y el negacionismo de lo sucedido en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, no pueden volver a tomar las riendas del Estado. Es fundamental enfrentar esta avanzada y poner un límite rotundo e indiscutible como lo hicieron nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en los momentos más oscuros de nuestra historia.

Vivimos un tiempo histórico desalentador, pero por eso la clase trabajadora tiene como desafío fundamental reconstruir la esperanza y la organización.

Trabajar en la politización y en la identificación de la solidaridad y lo colectivo está en nuestras manos. La tarea comienza ahora, en unidad y en la calle, por eso desde abajo y a la izquierda convocamos a dar el primer paso en esta larga marcha hasta lograr lo que soñamos.

¡¡Ni un paso atrás!!
¡Todes contra el ajuste, el FMI y la derecha Fascista!
¡¡El 14 de septiembre a la Plaza!!

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:

FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) – MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR – MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA LXS QUE LUCHAN

Trabajadores de cooperativas marcharon contra la “super oferta» de Massa y el FMI

En la Argentina hay decenas de miles de trabajadores y trabajadoras precarizadas que llevan adelante cooperativas productivas de todo tipo. En muchos casos forman parte de las organizaciones sociales. A pesar del trabajo que realizan y de la situación de los barrios, están entre quienes más sufren el ajuste. Por eso se vienen movilizando.

El miércoles estuvieron en el ministerio de Economía, en una actividad organizada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, FOB, MTR por la Democracia Directa, entre otras corrientes.

La consigna era: “Super-oferta» Massa/FMI: cobrás con un dígito, pero pagas con dos. Allí plantearon que “lxs trabajadores de cooperativas productivas, exigimos no se nos dé la espalda. De la pobreza se sale con trabajo. Las urgencias sociales están primero, la vida y el sostén de miles de trabajadores está primero. Antes que dilapidar los recursos nacionales en el pago de la deuda ilegítima con el FMI, o en las actuales campañas electorales, hay que cumplir con los contratos de obra y con la actividad productiva que da trabajo a miles de trabajadores en todo el país”.

La movilización fue el mismo día que se conoció la inflación de agosto: 12,4%, casi el 16% en alimentos. Por eso denunciaron la inflación y “la brusca devaluación del 25% que ejecutó el ministro y candidato Sergio Massa, tras perder las PASO. Esta devaluación, sumada a las inexistentes políticas públicas para el control de precios, dio lugar a la remarcación compulsiva, a la especulación y al aumento exponencial una vez más de las ganancias de unos pocos, a costa de mellar la calidad de vida de millones”.

Además, criticaron el intento de “remendar el daño hecho al salario (como por ejemplo el bono salarial de $10.000 para quienes trabajamos en cooperativas productivas o realizando obras de mejoras en los barrios populares)”.

Los voceros de las organizaciones sociales plantearon que “con el FMI no hay posibilidad alguna de supervivencia para lxs millones que movemos los engranajes de este país”. Junto a esta denuncia al gobierno plantearon que “es urgente la defensa del trabajo y del salario, de nuestros derechos y el mayor repudio a las expresiones políticas de derecha (como las del partido de Milei, Bullrich y compañía), que prometen más sometimiento al pueblo”.

“Guernica no está resuelto”

Los vecinos y las vecinas del espacio de recuperación de tierras de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón, aseguran que no tienen nada concreto respecto a su situación más que “un acta impresa en papel, con un compromiso más de los tantos del gobierno”. “En lo concreto, hasta no tomar posesión de las viviendas, ‘Guernica no está resuelto’”, afirman.

Es por esto que señalan que es tan importante seguir visibilizando esta lucha. “Gracias a las medidas que hemos tomado, los planes de lucha y las coberturas, el seguir organizados y en pie de lucha logramos de a poco ir destrabando y avanzando, hemos logrado conseguir respuesta y compromiso por parte del municipio de Presidente Perón, hemos logrado firmar una 2da. acta de preadjudicación, esta vez de lote más vivienda, además de que se abra un banco de tierras para que más familias tengan la posibilidad de luchar por el acceso a una vivienda digna, hemos logrado que una comisión pueda adentrarse en el predio y haga un seguimiento de avance de obra y control popular”.

Es en el marco de esta organización social, barrial y popular que se encontraban preparando un gran festival para el sábado 16 de septiembre, donde además se hizo un festejo del Día de las niñeces en el territorio donde se están haciendo las viviendas, que es el mismo lugar de donde fueron desalojados en 2020.

Cientos de familias del barrio Nueva Unión salieron a la calle

El barrio La Nueva Unión desde hace años que ha padecido intentos de desalojo tras su formación hace ya más de 4 años. Son unas 400 familias y otra vez, los y las vecinas vuelven a movilizarse porque alertan que en diciembre vence el plazo de la Mesa de diálogo para evitar el desalojo que había sido suspendida hace unos meses. En este escenario la policía ha comenzado a hostigar a las familias. Denuncian que los efectivos pertenecen a la Comisaría tercera de Rafael Castillo.

Uno de los delegados explicó que vienen pidiendo reunión al municipio para que intervenga y se abra una mesa de conversaciones. “Desde el municipio se comprometieron el 18 de septiembre para que en 15 días iniciar el diálogo con organismos de hábitat y vivienda, pero nosotros sabemos que en estos días puede pasar cualquier cosa y que después nos pateen para adelante”.

También una de las delegadas contó: “Estamos teniendo mucho problema con la policía. No dejan entrar los camiones de materiales. Vienen, se llevan a los vecinos, que están trabajando en su terreno. Vienen y los levantan.

Estamos luchando por nuestro barrio, el barrio Nueva Unión. Somos mucha gente con criaturas, gente mayor, gente con discapacidad. Y estamos en ese barrio porque tenemos el barrio, lo hicimos un barrio porque no era un barrio. Ahora tenemos luz, algunos ya tienen agua. Estamos luchando para tener una tierra para vivir. Que lo vean, el municipio no nos está dando ninguna solución. Al contrario, se ve que el municipio está mandando a la Comisaría para que vengan y hagan el quilombo adentro del barrio”.

Sobre la movilización que realizaron la delegada comentó: “Se hizo el corte en General Paz y Ruta 3. Fuimos todos los vecinos y organizaciones sociales que también nos apoyan”. Los vecinos explicaron que tomaron la medida de fuerza para que den una respuesta. Las familias reclaman un reconocimiento del barrio. Y la justicia ha dado la orden de no innovar con los cual muchas viviendas no tienen servicios básicos como luz y agua. “La policía no deja entrar ni al sodero. Es decir, ni el derecho básico del agua por eso no nos queda otra que salir a la calle. Este lugar era una zona liberada donde se cometían crímenes hoy es un barrio”, explicó un vecino.

Barrio Tierra y Libertad pide el loteo de terrenos

La Policía Bonaerense continúa custodiando el terreno desalojado en Ciudad Evita el 2 de septiembre pasado, a través de un operativo represivo contra familias que solo reclamaban un derecho negado hace casi 14 años cuando el Estado y el Poder Judicial también las echó de dos manzanas de la zona con la excusa de que esas tierras eran de la Reserva Natural. “No pedimos que nos regalen, pedimos que loteen y nos lo den a pagar en cuotas sociales”, afirman los vecinos y las vecinas del Barrio Tierra y Libertad.

A través de un comunicado, advierten que la policía custodia el terreno desalojado día y noche, defendiendo el negocio inmobiliario, “cómplices de la venta ilegal de lotes que pertenecen al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires”.

“La necesidad de tener un techo es una prioridad, nos sentimos discriminados, la tierra es para unos pocos y para el resto solo hay palo y represión. La mayoría de las familias alquilan, la situación económica del país ha golpeado muy duro a los que menos tienen, teniendo que elegir entre comprar el pan de cada día o pagar el alquiler. Comprar el pan o vivir en la calle. Los alimentos están por las nubes y los sueldos muy por debajo de lo que necesita una familia tipo para subsistir”, afirman los vecinos y las vecinas del Barrio Tierra y Libertad.

En este sentido, reclaman “basta de represión, basta de corrupción policial, basta de estafas con tierras que son del Estado y que tranquilamente se podrían crear políticas de inclusión para el que menos tiene”. “Sin embargo permiten que se sigan haciendo inmensas construcciones ilegales en estas tierras”, agregan.

Marcha de la Interbarrial en Buenos Aires

Por Martín Suárez

Entregaron un petitorio a legisladores para que declaren la emergencia urbanística. Denuncian la eliminación de pulmones verdes, el colapso de servicios y el deterioro de casas linderas a las construcciones. En algunos barrios la constructividad aumentó más del 600%.

“Hicimos lo imposible para que el gobierno nos reciba y siempre nos dio la espalda”, grita en las inmediaciones de la Legislatura porteña Raúl, vecino del barrio de Saavedra. Desde hace varios años, quienes habitan los diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires, se vienen organizando en colectivos vecinales ante el avance de la construcción descontrolada de torres y edificios, tras la sanción e implementación del nuevo Código Urbanístico de 2018.

Durante la jornada, más de una veintena de barrios nucleados en la “Interbarrial Buenos Aires” entregaron un petitorio a los legisladores y legisladoras donde solicitan frenar nuevas obras hasta que avance la aprobación de las modificaciones al Código vigente, y declarar la emergencia urbanística ambiental en todo el distrito. Aseguran que la cementización de los barrios, la falta de espacios verdes y el colapso de los servicios, son solo algunas de las consecuencias negativas de la aplicación del nuevo Código.

Decenas de vecinos y vecinas de diferentes barrios porteños participaron de una nueva jornada de protesta para frenar el avance edilicio y suspender el nuevo Código Urbanístico. Sostienen que no es difícil darse cuenta de que la Ciudad atraviesa una emergencia urbanística ambiental, y que el gobierno porteño es el principal responsable. 

“Nosotros decidimos agruparnos en la Interbarrial Buenos Aires a raíz de la destrucción que estamos padeciendo en el barrio desde hace años. Fundamentalmente, a partir de la pandemia. Si bien veníamos desde hace ya varios años, hasta hace poco luchábamos en forma individual”, contó Sandra Barbonetti, integrante de Conciencia Urbana de la Comuna 11, que incluye a los barrios de Villa Santa Rita, Villa del Parque, General Mitre y Devoto. La vecina señala que ante la falta de medidas por parte del Ejecutivo porteño para detener la destrucción de los barrios.

“Particularmente en Villa del Parque lo que está sucediendo es que hay más de 370 casas en venta, alrededor de 180 obras en construcción, se está destruyendo el patrimonio histórico del barrio, y por ende la identidad barrial. Las casas que conformaban la trama urbana de nuestra zona desaparecieron y donde había casitas bajas aparecen edificios en altura o torres con 7 u 8 pisos”, agrega Barbonetti.

Concluye: “Hay una enorme pérdida de la calidad de vida de las vecinas y vecinos, colapsan los servicios de agua, de luz, los cortes cada vez son más reiterados y más prolongados. El aumento de la constructividad en nuestro barrio fue de más del 600%, avanzaron sobre los pulmones de manzana, eliminaron el poco verde, cementaron todo y hubo un importante aumento de la temperatura en el barrio”.

La situación se repite en todas las comunas y afecta a cada uno de los barrios: donde antes había jardines privados o terrenos con espacios verdes, los árboles fueron talados y construyeron cocheras. Las casas donde vivían una o dos familias fueron demolidas y hoy en ese mismo espacio viven más de 40 familias. Donde el gobierno podía haber construido una plaza levantó un nuevo edificio.

«En Colegiales se está viviendo una construcción de torres y edificios de forma indiscriminada, que va en detrimento de los pocos espacios verdes que quedan en la Ciudad», manifestó Hugo Ducca, vecino e integrante de la agrupación Colegiales Participa y Decide. «Lo único que esperamos es que los legisladores, tengan la predisposición de tratar los proyectos para frenar las construcciones que están empeorando la calidad de vida de las personas que habitamos todos los barrios».

Durante la jornada entregaron un documento a los legisladores y legisladoras solicitando la declaración de «Emergencia Urbanística y Ambiental» y exigir «la suspensión inmediata del otorgamiento de permisos de demolición, de obra nueva que superen los nueve metros de altura o invadan el pulmón de manzana y de certificados urbanísticos». La solicitud responde a la necesidad de frenar nuevas obras hasta que avance la aprobación de las modificaciones al Código vigente, en proyectos legislativos que presentaron decenas de movimientos barriales.

“Muchos adultos mayores del barrio me cuentan que las casas se le rompen, se rajan y que nadie les lleva el apunte”, manifestó Lilian, una histórica comerciante del barrio de Núñez que por su actividad, habla a diario con decenas de vecinas y vecinos que le manifiestan lo que viven a diario. Lilian integra el Plan Alerta Nuñez Belgrano Saavedra, otro colectivo de vecinos organizados para frenar la destrucción de sus barrios.

“Una señora que ahora está internada, tuvo que alquilar otra casa porque en su vivienda ya no podía estar. En la rajadura más chica que había en su pared y parte del techo entraba un brazo entero. Fue terrible ver eso. Están haciendo monstruos de edificios de 45 o 50 pisos, muchos tuvieron que abandonar su negocio, y otros tantos sus hogares”.

En la marcha había vecinos y vecinas de los barrios de Villa Ortúzar, Villa Del Parque, Villa Devoto, Villa Santa Rita, Colegiales, Chacarita, Palermo, Boedo, Parque Chacabuco. También participaron agrupaciones vecinales de los barrios de La Paternal, Caballito, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Almagro, entre otros.

Por qué quieren frenar el actual Código Urbanístico

La norma fue sancionada por la Legislatura en 2018 con el propósito de ampliar los topes de altura de los futuros edificios en toda la Ciudad, sin distinciones de zonas, lo que ocasionó la aparición de construcciones en altura en barrios que tenían casas bajas. Otro polémico cambio que introdujo el nuevo Código urbanístico es el «completamiento de tejido» o «enrase».

Cuando alguno de los edificios linderos supera la altura máxima fijada para la parcela a edificar, se permite igualarla. Es decir, si entre un edificio y otro hay un lote, espacios verdes o pulmones de manzana, la norma permite que en esos terrenos se hagan construcciones de la misma altura de las preexistentes.

Fuente: Tiempo Ar

Viviendas Norte: recuperar la experiencia y producir con calidad en clave cooperativa

La historia de una empresa tradicional del norte del Conurbano bonaerense que había quedado al borde de la quiebra, pero fue recuperada por sus trabajadores. Ofrece acceso a la vivienda a sectores populares bajo una lógica de negocio diferente al mercado tradicional.

Desde Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires, Viviendas Norte produce soluciones habitacionales para todo el país bajo una lógica cooperativa. Se trata de una marca reconocida en la Zona norte del Conurbano bonaerense con 40 años de existencia y fue recuperada por sus trabajadores para continuar su tradición de calidad.

«Hace dos años que somos cooperativa y seis que trabajamos en la fábrica de casas», explica Milca Sosa, referenta de la cooperativa que lleva el nombre de Tierra Techo y Trabajo – Viviendas Norte. La empresa original fue una fábrica de casas fundada en 1980 que en el 2013 cerró sus puertas y fue puesta a la venta. «Junto con otros tres distritos realizamos la compra de la firma y maquinaria para reactivar la producción», cuentan.

El objetivo principal, comenta, es «volver a instalar el concepto de vivienda como un bien social y no un bien del mercado, un derecho y la decisión de construir esa alternativa que demuestre que es posible».

Desde la planta en Don Torcuato, producen paredes, techos, ventanas y demás en madera, con altos estándares de calidad. Se fabrica en función del requerimiento de metros cuadrados tanto de vivienda como espacios comunitarios. «Todo lo que se pueda construir en un piso, lo hacemos», relata Sosa.

El primer paso del proyecto fue reubicar a los ex trabajadores de la fábrica y proponerles el desafío de volver a producir, recuperar el funcionamiento y generar nuevos puestos de trabajo. «Sumamos cuatro laburantes que ya tenían más de veinte años de experiencia, con la esperanza de recuperar el puesto de trabajo», detalla Sosa, que venía de la militancia territorial en el distrito de Tigre y la construcción de la CTEP desde el Movimiento Evita. Emilio Pérsico fue quien le propuso a Milca llevar adelante la reactivación de Viviendas Norte.

«Tuvimos que trabajar también sobre los prejuicios de trabajar con un movimiento político y gente vinculada al salario social complementario que quizás no contaba con tanta experiencia. Pero lo que sí había era mucha fuerza y convicción de sacar adelante el espacio nuevamente». Lo que más rescata de la experiencia hasta el momento es que el presidente de la cooperativa es Claudio Silva, uno de esos trabajadores con mucha experiencia que este proyecto logró recuperar tras el cierre de la firma original.

Fueron años difíciles. Según relata ella, la situación económica y política no acompañó todo lo esperado. «Remamos en dulce de leche, pero nos fuimos vinculando a otros distritos, intendencias, ministerios, sindicatos y particulares. Ofrecimos casas y kits constructivos de calidad, pero a bajo costo, buscamos subsidios para la compra de materiales que permitieran generar una casa financiada a los sectores populares».

Lo que tracciona esta forma de organización de la producción fue desde el principio «hacer la diferencia con las empresas tradicionales a partir del trabajo asociativo en las unidades productivas y la esencia de lo comunitario, lo solidario, lo reivindicativo del derecho a tener una casa y que las familias trabajadoras de la economía popular puedan comprarla», señala.

En ese camino eligieron el cooperativismo, que les dio acceso a mecanismos de contratación con el Estado y la posibilidad de contener a otras cuadrillas que trabajan en las obras de mejoramiento habitacional. «Ahí nos ampliamos a la construcción de las bases, la casa y terminaciones con un equipo de trabajo integral que aborda la búsqueda laboral, la gestión de los proyectos, las obras de infraestructura básica, la fabricación de casas y la profesionalidad de los oficios que se van sumando para lograr un buen trabajo y garantizar la continuidad y estabilidad laboral que la cooperativa asume», describe Milca.

La primera experiencia propia de la cooperativa Tierra Techo y Trabajo – Viviendas Norte fue un proyecto de vivienda inicial que a futuro permite ampliaciones. Estuvo destinada al Programa Potenciar Trabajo y financiada a cinco años, bajo el nombre de Vivienda Semilla. «Llevamos un año trabajándolo y actualmente 37 familias pagan una cuota accesible. Al sexto mes instalamos la casa, alrededor de una garantía colectiva para mantener la relación con las familias y las organizaciones que promueven».

Sobre el modelo cooperativo, Milca Sosa afirma que, a pesar del presente económico, «la fuerza está en hacia dónde apunta lo que logramos: es un sector que el mercado no ve como competitivo, pero nosotros vemos la masividad y necesidad constante de falta de acceso a la vivienda de calidad. Es accesible por las facilidades de pago, cuota a cuota».

Santiago del Estero: desalojo de comunidades, desmonte y violencia habilitada por el Estado

Por Mariángeles Guerrero

El conflicto de tierras ocurrido la semana pasada en el departamento Figueroa finalizó con un fallecido, heridos y tres detenidos. La violencia es consecuencia de un modelo de negocio que cruza a empresas extranjeras, intermediarios locales, avales del gobierno provincial, discursos “verdes” y violación de la Ley de Bosques. Tierra Viva viajó monte adentro para escuchar las voces de las comunidades que enfrentan a las topadoras.

“Tengo 45 años, soy nacida y criada en esta comunidad y quiero morir en este lugar”, dice Angélica Serrano, camache (autoridad) del Pueblo Tonokoté en el departamento Figueroa, Santiago del Estero. Anochece en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Figueroa, en el centro oeste santiagueño. Algunos vinales, árboles autóctonos del lugar, juegan con los débiles rayos del sol y proyectan las últimas sombras de la tarde. Serrano habla con calma, sonríe cuando cuenta sobre los alimentos que produce y se vuelve enfática cuando denuncia la responsabilidad del gobierno provincial en el conflicto territorial que ya lleva años con la empresa Concept Nature, de capitales alemanes y argentinos, y que sigue perjudicando a las comunidades nativas que viven en cada uno de los parajes monte adentro.

La semana pasada el paraje San Roque, de Figueroa, fue escenario de un enfrentamiento que terminó con un muerto, tres heridos y detenidos. Los medios locales presentaron el caso como “una pelea entre vecinos”, pero en verdad fue otro episodio de defensa del territorio que terminó con un fallecido en un contexto de inacción del Gobierno de Santiago del Estero, a cargo de Gerardo Zamora.

Según un informe de Greenpeace, Santiago del Estero es la provincia que más deforestación registró en las dos últimas décadas: entre 1998 y 2019 perdió 1.908.057 hectáreas de bosques nativos. La organización ambientalista señala que la principal causa de los desmontes es el avance de la frontera agropecuaria, para ganadería y cultivo de soja.

El desmonte no sólo arrasa los árboles autóctonos, como el algarrobo, el chañar o el vinal, sino las formas de vida de las comunidades que habitan el monte nativo. Es el caso que viven las familias del departamento Figueroa, ubicado en la zona seca del centro oeste provincial. Allí, distribuidas en diez parajes rurales, viven cien familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, a la agricultura en pequeña escala y a la recolección de los frutos del monte. “Es una zona donde se han relevado y están registradas muchas comunidades originarias e incluso afrodescendientes”, contextualiza Victoria Escobar, integrante de la UTT de Santiago del Estero.

La productora cuenta la situación del conflicto de tierras mientras lleva plantines a la feria que se realizará en la capital santiagueña. Allí, las y los productores de la zona venden sus verduras, conservas, algarroba, arropes de chañar o de tunas. Son alimentos elaborados agroecológicamente, a precios accesibles para la población urbana.

“Figueroa es un lugar muy montuoso. Está alejado de los centros urbanos y eso genera mucha vulnerabilidad”, continúa Escobar. Sobre la tenencia de la tierra, explica que es un problema en ese territorio porque “las familias no cuentan con papeles que reafirmen su posesión veinteañal (de más de dos décadas), lo que las coloca en una situación vulnerable frente a los empresarios”. Pero subraya: “Sin embargo, es un departamento de mucha historia de organización de las familias campesinas y de las comunidades que vienen resistiendo a estos desalojos y atropellos”.

En esa zona de monte virgen y sinuosos caminos de ripio, alejada de las ciudades, opera la empresa Concept Nature Mangagment S.A. La firma tiene negocios en Misiones y también, específicamente, en Figueroa. En su sitio web da cuenta de sus objetivos: “Nuestras forestaciones son trabajadas preservando todos los componentes del medio ambiente e incluyen una diversidad de especies nativas y exóticas de alto valor las cuales fueron plantadas luego de la preparación del terreno y cuyo crecimiento es optimizado por medio del control de malezas, raleos y podas”.

El relato corporativo se condice con lo que cuentan los propios campesinos sobre lo acontecido en las últimas semanas: “Desmontaron todo y empezaron a colocar plantines de almendras”, dice un lugareño, que no da su nombre para evitar reprimendas.

“Las familias campesinas están refugiadas en sus propios territorios”

Todas las personas consultadas para esta nota coinciden en algo: lo de Figueroa no es un hecho aislado. Los números lo comprueban. En 2022, según Greenpeace, se deforestaron en esa provincia 38.492 hectáreas. Y entre enero y junio de 2023, las máquinas avanzaron sobre 19.040 hectáreas. “Resulta grave que más del 80 % de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido”, denuncian desde Greenpeace. Y señalan que el gobierno provincial “viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido”.

La modalidad que tienen empresas como Concept Nature es asociarse con firmas nacionales, como Santiago S.A. o Figueroa S.A., que a su vez les pagan a intermediarios para conseguir la propiedad de las tierras para las empresas. Estos intermediarios son personas del lugar, que conocen el territorio y rastrean ―a través de la Dirección de Catastro provincial― a los herederos de los antiguos dueños de las tierras, que hace generaciones que no viven en el lugar y que muchas veces desconocen que poseen por herencia esos campos. A ellos les ofrecen la compra de las tierras y luego usan esos títulos en contra de las comunidades que, por inacción del gobierno, no cuentan con elementos para hacer valer su posesión veinteañal.

En 2017, en el Boletín Oficial de la provincia, se publicó la aprobación de los planos de agrimensura enviados por la empresa alemana-argentina en la zona de Rodeo Grande, otro paraje de Figueroa, donde también viven comunidades campesinas e indígenas. Una vez que se hacen con los campos, los cercan para sus planes de negocios, obstruyendo el modo de vida y de producción que ancestralmente realizan las familias del lugar.

Ese entramado económico y burocrático tiene como consecuencia lo que ocurre en Figueroa. “Después de lo ocurrido la semana pasada, las familias campesinas están en calidad de refugiadas en sus propios territorios, por temor a las represalias. Son familias que viven allí hace tres o cuatro generaciones. Viven, producen: viven por y para la tierra”, dicen desde la UTT.

Serrano, la camache del Pueblo Tonokoté, describe las tareas de cría que realizan: “Producimos alimentos agroecológicos, tenemos huertas y animales de granja como gallinas o patos. También hacemos producción caprina y porcina. Hacemos conservas, de conejo, por ejemplo. Si bien no tenemos producción de conejos, los cazamos en el monte. Hacemos escabeches de conejos, de perdices, de gallina y de gallina casera criolla. Tenemos verduras para el autoconsumo y para llevar a las ferias, para intercambiar con otras hermanas y hermanos de la comunidad”. El monte nativo es para esas familias fuente de alimento y de vida.

Mariela Campos, delegada provincial de UTT, describe con angustia: “Es muy triste esta situación, ver cómo las familias tienen que irse y dejar sus casas, sus animales, todo”.

Desmontes ilegales y armas para apropiarse de tierras campesinas en San Roque

En las últimas semanas, un grupo de operarios con máquinas topadoras ―que trabajan para las empresas intermediarias Santiago S.A. o Figueroa S.A.― comenzaron a abrir caminos en el bosque nativo del paraje San Roque. Cansados por la situación, un grupo de campesinos fue a pedirle a quien manejaba una de las máquinas que cese en su trabajo. La charla, que comenzó en la mañana del martes 5, fue pacífica. El operario se retiró del lugar y se comprometió a quitar una suerte de obrador que estaba en ese sitio.

Pero las horas pasaban y esas casillas seguían en su puesto. Ese mismo martes, los lugareños regresaron a pedir que las saquen. Fue en ese momento que llegó Edgardo Ledesma ―jefe del grupo de operarios― en una camioneta, con varias armas, y diciéndole a los campesinos: “¿Quién es el pelotudo que me quiere quemar las casillas?”. Luego comenzó a disparar e hirió de bala a uno de los campesinos. La situación devino en un tiroteo en el que Ledesma fue herido de muerte. Mientras se investiga quién hizo el disparo que terminó con su vida, algunos campesinos y otros peones de Ledesma fueron detenidos de manera preventiva por el Poder Judicial santiagueño.

Desde entonces, la situación en San Roque es tensa. Una mujer, que pide que se preserve su identidad por las amenazas recibidas, relata: “Vivimos torturados por esta gente. Nosotros nunca alambramos, criamos siempre nuestros animales en el campo abierto y nunca tuvimos problemas entre las familias“. Es la esposa de uno de los hombres que el martes pasado fue a frenar las máquinas. Un vecino, que tampoco se anima a dar su nombre, agrega: “Nos amenazan diciendo que nos van a matar o nos roban los animales”. Y pide que la situación se esclarezca: “Que no digan que esto fue una pelea entre vecinos, como si fuéramos malos vecinos, cuando en realidad estamos defendiendo el monte”.

La tensión producida en las zonas rurales donde se disputa el monte nativo trae a la memoria otros hechos, como el asesinato de Cristian Ferreyra, de la comunidad Lule Vilela de San Antonio, en 2011. En el momento del crimen, Ferreyra participaba de una actividad en defensa de su territorio, situado en el este santiagueño. Por el hecho, se condenó a diez años de prisión a Javier Juárez, como autor material del homicidio; y se exculpó al empresario sojero Jorge Ciccioli, denunciado como presunto autor intelectual.

Un discurso verde que entra con topadoras

En su sitio web, Concept Nature afirma: “Nuestra compañía se encuentra evaluando y comenzando a incursionar en estrategias para maximizar la capacidad de sus bosques de quitar dióxido de carbono de la atmósfera a fin de participar del mercado de bonos de carbono, el cual incentiva la lucha contra el cambio climático”. Los bonos de carbono, o “bonos verdes”, son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto ligado a reducir el impacto del cambio climático.

Por eso, Concept Nature inició hace tres años un proyecto de “recuperación de áreas forestales degradadas”. Y dan cuenta explícitamente de cómo se apoderan de las tierras de las comunidades: “Identificando las áreas de una explotación comercial realizada previamente a la adquisición de las propiedades por la firma y enriqueciendo el monte con especies nativas para producir de forma sustentable madera de alta calidad”.

Respecto a la intención de reforestar campos que ya están densamente forestados por ser zonas vírgenes, Escobar explica que “estas empresas se enmarcan en la corriente verde de lo sustentable, que es parte también de la estrategia de los extractivismos del agronegocio: vestirse de verde, de orgánico, de sostenible”.

La productora de UTT añade: “Estas empresas vienen con un plan de negocios diciendo que va a convertir ese monte en un monte productivo, sustentable, orgánico, verde. Pero vienen a lavar sus culpas de haber contaminado en otros países, de haber emitido un montón de gases de efecto invernadero. Vienen con el eslogan de reforestar un monte que ya existe, un monte vivo que ya alberga a muchas familias trabajadoras”.

Desalojar a los pueblos indígenas para beneficiar a las empresas

Serrano cuenta cómo fue el proceso de reconocimiento del Pueblo Tonokoté en Santiago del Estero. Ella es camache de su comunidad en el paraje San Felipe. “Nuestra comunidad originaria es el Pueblo Tonokoté, cuyo nombre ancestral es Iacumuchuna, que se identifica con la zona de escasez de agua”, explica. Agrega que las familias de la zona aún hablan esa lengua para que no muera. “Mis abuelos fueron nacidos y criados en este lugar y ellos me transmitieron la lengua, la cultura, la identidad y todo lo que sabemos”, sostiene la mujer.

En 2009, se autor reconocieron como integrantes del Pueblo Tonokoté, ya que son herederos de su lengua, su cultura y su historia. Con la Ley 26.160, el Estado Nacional reconoció las tierras que ancestralmente habitan los pueblos originarios. El relevamiento del Pueblo Tonokoté llevó varios años, y finalmente les fueron reconocidas 10.000 hectáreas. “Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que esa ley tampoco era la solución, porque aún tenemos que seguir peleando en las provincias para que los gobiernos nos reconozcan”, dice Serrano.

En 2013, la empresa MIJOVI S. R. L., propiedad de la familia Sarquíz, beneficiada con la licitación de obras públicas en la provincia, intentó despojarlos de cinco mil hectáreas. Fue gracias a la organización comunitaria que lograron frenar las topadoras. La autoridad indígena denuncia: “Los empresarios ocupan nuestros territorios y queremos estar organizados, buscando nuevas estrategias ante tantos gobiernos que nos invisibilizan. El último conflicto, en la comunidad hermana de San Roque, ocurrió en un territorio que también está relevado. Allí hay una empresa que viene intentando despojarlos”.

La entrevistada apunta al gobierno de Gerardo Zamora: “Queremos que el Estado a través de la organización reconozca el territorio para vivir tranquilos, para producir alimentos sanos y cuidar el monte”. Sobre la responsabilidad del gobierno en los hechos, manifiesta: “Siempre hago responsable al gobierno porque tiene vínculos con el Poder Judicial. Estas grandes empresas vienen con el aval del gobierno, que no piensa si habrá en esas tierras comunidades, si existirán allí pueblos originarios”. Y recuerda: “El año pasado hicimos una marcha por un hermano que estaba preso por un conflicto de tierras y el gobierno provincial nos mandó a reprimir. Esa es la respuesta que tenemos del gobierno: apoyar a las grandes empresas y ser ajeno a los problemas de las organizaciones”.

“En 2022 nos sumamos a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, para hacer visible la realidad de las comunidades campesinas e indígenas en el interior de Santiago del Estero. Porque somos invisibles, esa es la realidad. Y también para mejorar la producción, fortalecer la defensa del territorio y apostar a la agroecología”, cuenta Serrano. Y asegura: “Estamos convencidos de que necesitamos espacios de territorio y también resguardar lo que hay en el territorio”.

Serrano señala la importancia de defender el monte para decirle “no” al narcotráfico, a la contaminación del ambiente y a las enfermedades que producen los agrotóxicos. “Queremos vivir tranquilos y sanos. Queremos vivir en el territorio donde nacimos”, argumenta. E insiste: “Quiero morir en mi comunidad produciendo, transmitiendo nuestras luchas cotidianas y también buscando mejorar nuestra comunidad, haciendo tomar conciencia a nuestros hermanos y hermanas de que debemos producir la tierra en la que vivimos y justamente resguardarla para producir en ella”.

FUENTE: Agencia Tierra Viva

Ratifican procesamiento por luchar en defensa del agua

Lo hizo la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el miércoles 5 de septiembre a través de una sentencia en la que se ratifica el procesamiento de 5 vecinos y vecinas de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar en defensa del agua y la Iniciativa Popular en mayo de 2021. La misma Cámara, en tanto, reconoció que no había motivos para procesar a 11 de lxs 16 imputadxs originalmente, a los que les dictó la falta de mérito. Para los vecinos y vecinas, esta última decisión confirma que la causa no tiene fundamento, sino que su objetivo es amedrentar a la población para evitar que luche cuando avanzan sobre sus derechos.

Entre lxs vecinxs perseguidxs por la justicia, se encuentra Santiago Vasconcelos, diputado provincial electo del Frente de Izquierda Unidad, entre otrxs militantes de izquierda y del movimiento socioambiental de Chubut.

“En la provincia y en el país avanzan con la criminalización de la protesta como mecanismo para hacer pasar el ajuste y el saqueo de la mano de los gobiernos y el FMI que se profundiza cada vez más. Seguiremos luchando por la absolución de lxs 5 compañerxs, así como por el resto de las causas existentes”, afirman vecinos y vecinas.

Absolución en Corrientes

Tres integrantes de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (CODEJU) habían sido enviados a juicio tras participar de manifestaciones en rechazo al desalojo de la familia Almeyda, que habitaba desde hacía 50 años las tierras en Paso Vallejos, Monte Caseros Corrientes. Sin embargo, el juez Gustavo Ifran reconoció que los hechos “sucedieron en el marco de una protesta social” y que “no se pueden hacer desalojos sin garantías”, por lo que declaró la absolución de Jorge Espíndola, Galileo Galantini y Guillermo Galantini.

El magistrado consideró además que “no se pudo acreditar las acusaciones de la Fiscalía”, ya que su accionar “no fue clara ni específica”. No pudieron decir “qué, cómo, cuándo y dónde” ocurrieron los accionares que derivaron en las acusaciones.

“El fallo puede ser un faro y antecedente para todxs lxs luchadores, y significa una clara demostración que la movilización social consecuente y perseverante, como tuvo esta causa con más de 100 organismos que se solidarizaban y pedían a gritos la absolución, es el camino que hay que recorrer para derribar y derrotar todas las criminalizaciones que la justicia, profundamente relacionada con el poder político, pretende asestar contra quienes se organizan a luchar. Desde la CODEJU celebramos este resultado que, además del apoyo social del activismo de toda la Argentina, tuvo en la Dra. Sonia López, una férrea e implacable defensa de los derechos de nuestros compañeros”, expresaron desde la Coordinadora.

“En el tiempo que va del 23 de noviembre del 2021 a la fecha, la familia Almeyda pudo recuperar parte de sus tierras que, por herencia ancestral, les corresponde. Las venales maniobras del Dr. López Ruiz (el primer fiscal que llevara adelante el invento de los cargos y que fuera apartado por el TOP debido a su falta de objetividad en los procedimientos) ha tenido un gran revés en sus ardides arteros, sesgados y criminalizantes. El pobrísimo desempeño de la Dra. Valeria Fornaroli, en calidad de Fiscal Subrogante en reemplazo de López Ruiz, puso de manifiesto no solo su opacada profesionalidad, sino que ha sido demostrativa de la acción del Ministerio Público en ejecutar sin pruebas las imposiciones políticas del Gobierno de (Gustavo) Valdés, el cual no puede resolver los problemas de la tierra y la vivienda, entonces manda atacar a quienes luchan en favor de esos derechos. Recordamos que, en este juicio, la Fiscal pidió tres años y medio de reclusión para Guillermo Galantini y el Juez resolvió que “No ha lugar a la detención””, agregaron.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Resumen Latinoamericano, Anred, Ansol, Indymedia Trabajadoras/es, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.