Paro y movilización contra nueva ola de despidos en el Estado

Esa misma postal –o una parecida– podría repetirse a partir del lunes que viene, cuando a otros 50.000 empleados que eludieron aquella primera poda se les vence el contrato precario que les fue renovado por apenas tres meses más. Ante ese posible escenario, desde ATE convocaron a un paro con movilización hacia Plaza de Mayo –donde además podrían instalar una carpa, similar a la de los docentes en la década del 90– para este jueves, en coincidencia con el Día del trabajador estatal. También planean una permanencia pacífica en las oficinas de cada organismo, una medida de fuerza similar a la que tomaron hace 90 días.

“El 27 de junio nos vamos a movilizar en todo el país y desde ATE no descartamos montar una vigilia. La idea es permanecer dentro de los ministerios y organismos hasta que llegue el primer día hábil de julio, para que se garantice la continuidad laboral de todos los vínculos que vencen a fin de mes”, describió la medida de fuerza el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

En Casa Rosada aceleran los pasos para ultimar los detalles de la nueva ola de despidos. Según contaron fuentes del Gobierno, el método será similar al que ya se utilizó en abril: cada ministerio presenta su propia nómina ante la jefatura de Gabinete, bajo cuya órbita –todavía– funcionan la Secretaría de Transformación y la de Simplificación del Estado. 

De todos modos, la poda no será como dijo públicamente el presidente, quien se vanaglorió en una entrevista reciente sobre su deseo de “despedir 50 mil empleados públicos” como parte de su plan de “destruir el Estado desde adentro”. Aguiar lo confronta.»No van a despedir a 50.000 estatales. Si echan a esa cantidad directamente nos quedamos sin Estado”, dijo.“Y a Milei en verdad no le interesa destruir el todo el Estado, sino que lo quiere para hacer negocios, que hagan negocios sus amigos y para garantizar los intereses de las grandes empresas”, aseguró.

“El gobierno no despide para ajustar, despide para desmantelar, para desguazar e intentar pasar numerosas áreas públicas a sectores privados. Tenemos que multiplicar las protestas para evitarlo”, agregó el secretario general de ATE.

Igualmente, pase lo que pase el 30 de junio, cuando el Gobierno comunique cuántos contratos renovó y cuántos no, el programa libertario de desguace estatal seguirá en marcha. «Más despidos va a haber, con seguridad. Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno, revisar funcionamientos de determinadas áreas, qué valor agregan, si la dotación es la correcta y si no lo es», había sostenido el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa a principios de este mes, luego de una tanda de despidos que sufrieron los trabajadores del INADI. 

En ese marco, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió la semana pasada en su despacho al secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, quien le llevó el planteo de la renovación de los contratos, pero también de reincorporaciones que están pendientes desde la primera poda, que en su brutalidad no discriminó a embarazadas, personas con discapacidad y tampoco respetó el cupo trans establecido por ley. Otro de los reclamos pasa por que la renovación de los contratados sea al menos hasta diciembre y no cada tres meses, lo que genera obviamente angustia e inestabilidad entre los laburantes. 

De acuerdo a un informe de ATE, basado en los datos del INDEC sobre empleo público, el primer recorte fue de 15.404  trabajadores. El número abarca únicamente a la administración pública nacional, es decir a los ministerios y organismos descentralizados, pero no a las empresas del Estado, donde también está en marcha un proceso de desguace que abarcó otros 3.819 despidos. El total -al mes de mayo- fue de 19.223 (un 80 % en la administración pública, y el 20 restante en las empresas estatales). El universo completo del ajuste de empleados es del 14,6 % respecto a la planta de diciembre del año pasado. 

Los ministerios más golpeados fueron Capital Humano (se redujo el 17,7% por ciento del total), seguido por Interior (-13,9%) y Economía (-16,2%). En Presidencia (de la que dependen varios organismos descentralizados) superó el 20 %. 

La abrumadora mayoría de los despedidos son, obviamente, contratados, aunque hubo algunos casos aislados de planta. Los contratados, contrario a lo que se cree, son la mayoría de los trabajadores estatales. Algunos, con más de 20 años de trabajo, y aún sin estabilidad. «Se habla de los contratados como si fuéramos algo accesorio, pero en la administración central y en los organismos somos más del 70 % del total de trabajadores, muchos con bastante antigüedad. Hay un mito de que somos accesorios, o consultores externos, pero somos mayoría, si despiden a los contratados, chau Estado, no hay quien lo sostenga», describió el secretario gremial de ATE Capital y trabajador del ministerio de Salud, Pedro Lyn. 

Estatales calientan la calle

Uno de los artículos de la Ley Bases ataca directamente la estabilidad de los trabajadores de planta permanente del Estado. Por eso, gremios del sector, como ATE, planificaron medidas de fuerza y acciones en la calle ante la posibilidad de que el proyecto sea finalmente aprobado por la Cámara de Diputados. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, llamó a los estatales a “seguir organizando la lucha” que viene desarrollando el gremio en un marco de despidos y cierres de dependencias y organismos públicos.

Aguiar también fue crítico de la reforma laboral. ”Si esta reforma laboral se confirma en Diputados, de punta a punta será inconstitucional”, remarcó, adelantando posibles planteos de los sindicatos ante la justicia. Para el dirigente, además, el proyecto fue aprobado «con graves irregularidades y sospechas de prebendas», en referencia a la embajada ante la Unesco que recibió Lucila Crexell, entre otros escándalos que dejó la sesión. 

El dirigente advirtió que “la ley afecta directamente al sector público”, especialmente el artículo que «deja en disponibilidad a trabajadores de la planta permanente cuyos organismos cierren y no puedan ser reasignados a otras áreas, pudiendo echarlos sin respetar la estabilidad, ni si se trata de mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o que hayan sufrido un accidente”. 

Finalmente, prometió que los estatales seguirán en las calles «profundizando la pelea, multiplicando las protestas en todo el país”.

Un centenar de despidos en Yaciretá

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), encabezada por el macrista Alfonso Peña, inició a mediados de abril un brusco recorte de personal con el despido de 100 personas en la hidroeléctrica más grande del país. Los despedidos, un 15 % del total del personal, cumplían funciones en Misiones, Corrientes y Ciudad de Buenos Aires. 

La Asociación de Personal Argentino en Yacyretá, el gremio que representa a los trabajadores reclamó que se reviertan los despidos y calificó la medida de “discrecional y arbitraria”. Y advierten quelos despidos podrían continuar. 

Los telegramas de despido llegaron a empleados en la capital, en la ciudad correntina de Ituzaingó y, en su mayoría (60 en total), a quienes se desempeñaban en Posadas, Misiones. 

Las desvinculaciones son depersonal de planta permanente, incorporados durante las últimas tres gestiones. El responsable de la decisión fue Peña, designado al frente de la EBY en febrero pasado, a través del decreto 180/2024, como parte del acuerdo electoral sellado entre La Libertad Avanza y el PRO para la segunda vuelta electoral. 

Peña es un ex compañero de Macri en el Colegio Cardenal Newman y empresario en el sector de obras hidráulicas y de saneamiento. Junto a Peña volvieron funcionarios vinculados al misionero Humberto Schiavoni, presidente del PRO entre 2012 y 2020 y ex senador por su provincia. Schiavoni estuvo al frente de Yacyretá durante la breve presidencia de Eduardo Duhalde y durante la gestión de Macri.   

“Llama poderosamente la atención el proceder segregatorio adoptado por el Ente Binacional, pues es evidente que los despidos, al carecer de causa, se observan claramente arbitrarios y carentes de toda motivación funcional“, denunció el secretario general de la Asociación de Personal Argentino en Yacyretá, José Correa.

La serie de despidos también tiene la dirección de la secretaria del Comité Ejecutivo, Dolores Dollberg, quien ya había pasado por la entidad. Dollberg desempeñó tareas en Yacyretá, para luego adherirse a un retiro voluntario propuesto por la gestión Schiavoni y percibir una millonaria suma. 

El recorte de personal, con particular impacto en Misiones, genera preocupación respecto de los planes futuros de Yacyretá. Por ejemplo, la obra de Maquinización del Brazo Aña Cuá, uno de sus principales proyectos, habría perdido a casi todos sus trabajadores profundizando la parálisis en la que está sumida desde el inicio de la gestión de Javier Milei, caracterizada por el recorte del gasto público.  

En este contexto, no extraña que uno de los elegidos por Peña para integrar su mesa chica sea Eduardo Petrollo, ex gerente del proyecto Aña Cúa y encargado del polémico proceso de licitación para la obra civil que luego acabara judicializado. Además, el actual secretario general del EBY inició juicio a la entidad, que perdió, y ahora es recontratado.

El Gobierno despidió 47 operarios de Tandanor

Con una campaña previa de demonización hacia sus trabajadores y su capacidad operativa en las redes sociales, pero de forma sorpresiva, el Gobierno Nacional despidió a 47 operarios de Astilleros Tandanor.

Tandanor es el taller de reparaciones navales más grande de Latinoamérica que ya había sido foco del desmantelamiento que lanzó el Gobierno de Cambiemos sobre el Estado Nacional.

Los trabajadores se enteraron de las cesantías al momento de ingresar a sus puestos laborales por un listado que tenía la gente de seguridad.

Detrás de las cesantías y el ataque a Tandanor se sospecha la mano de Eduardo Elsztain, uno de los empresarios inmobiliarios más importantes del país y uno de los de mejor vínculo con el presidente Javier Milei.

La intención de Elsztain es hacerse con el predio porteño de 34 hectáreas en el que está emplazado Tandanor.

Elsztain el presidente de las empresas constructoras IRSA e IRSA Propiedades Comerciales, una de las más importantes del país.

Además, también es el presidente del Banco Hipotecario, de las agropecuarias Cresud, BrasilAgro y de la compañía Austral Gold, como también de la fundación IRSA. Además, es cofundador de Endeavor Argentina, lo que lo convierte en una persona sumamente influyente.

Fueron reincorporados cinco despedidos del Parque Nacional Lanín

Después de casi 20 días de reclamos y manifestaciones, con la incorporación de Monín Aquín a la intendencia del Parque Nacional Lanín, reincorporaron a los cinco trabajadores que habían sido despedidos desde el 1° de abril. Esta reincorporación se produjo en el marco de una recorrida regional del director Nacional de Operaciones, Luis Albricio y el director Regional de Operaciones, Damián Mujica, quienes pusieron en funciones al intendente del Parque Nacional Los Alerces y al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi. 

La delegada de los trabajadores del Parque Nacional Lanín, Virginia Gallardo, explicó que, mientras realizaban una multitudinaria asamblea, fueron convocados a un encuentro: “Nos reunimos con Monín Aquín, la intendenta designada, el secretario de ATE de la seccional de San Martín de los Andes, Segundo Andrade, Damián Mujica, el director Regional de Operaciones y los cinco trabajadores despedidos. La reunión duró un poco más de una hora”.

Asimismo, explicó que se trató de una reunión muy cordial. “Pudimos escucharnos y luego dialogar en buenos términos firmamos un acta con el compromiso de reincorporación de los cinco compañeros despedidos. A partir de esto levantamos la asamblea”.

Finalmente, la delegada agradeció en nombre de todos los trabajadores del Parque Nacional Lanín, a todos los medios de comunicación, locales, regionales y nacionales, que acompañaron el reclamo, así como también a los diputados provinciales y nacionales, y a los intendentes de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes y de Aluminé, y a los Concejos Deliberantes de las tres localidades.

Ya “retiraron voluntariamente” a 4.000 trabajadores del Correo Argentino

El Correo Argentino le informó oficialmente a la Justicia electoral que no corre riesgo la organización de las elecciones legislativas de 2025 a pesar de que redujo su planta en unos 4.000 empleados que se acogieron a los “retiros voluntarios” y piensa quedarse con unas 600 sucursales de un total de 1452.

También hubo un proceso de despidos que involucró a 377 empleados. Según la nueva gestión, los afectados fueron operarios con sumarios abiertos.

Tras reunirse con la jueza federal María Servini y los reclamos del juez federal Ernesto Kreplak de La Plata, la Cámara Nacional Electoral le pidió a la empresa pública que le informe sobre los alcances de su plan de ajuste y cómo va a afectar la organización de las elecciones. El organismo es el encargado de repartir las urnas y los útiles, y luego del comicio de resguardar las urnas y trasmitir los telegramas.

El Correo informó que “los papeles de trabajo sobre optimización de la red no prevén el cierre de ningún centro operativo, ni modificará sustancialmente el actual esquema logístico electoral en centros urbanos, base principal del despliegue logístico electoral en los grandes distritos”.

El Correo Argentino les dijo a los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía que “el personal transitorio de los procesos electorales de las últimas décadas ha representado aproximadamente el 75 % del total de la fuerza de trabajo, por lo que aún con las bajas previstas en el mencionado proceso de reestructuración las capacidades electorales no se verán significativamente impactadas”.

“El eventual cese de actividades comerciales que periodísticamente se presenta como Cierre de sucursales no implicará el abandono de la presencia del correo en el territorio, incorporando al plan de transformación en elaboración las necesidades referidas a todas las actividades que la Ley prevé y que la Justicia Electoral y el Poder Ejecutivo encomiendan a esta empresa”, señala la nota.

Gremio ferroviario reducirá nuevamente la velocidad de los trenes

El Sindicato La Fraternidad fijó este miércoles un tope de velocidad de hasta 30 km/h en la circulación de trenes en todo el territorio nacional para el próximo martes 25 de junio, ante el fracaso en la negociación salarial con los empresarios del sector. 

De esta manera, el sindicato que conduce Omar Maturano llevará adelante la medida de fuerza por 24 horas. “La decisión tiene como origen la postergación de la medida de fuerza anunciada para el 4 de junio pasado a solicitud del Gobierno Nacional y el haber participado en cuatro reuniones consecutivas, mostrando la mejor de las predisposiciones para llegar a un acuerdo”, indicaron fuentes del gremio. 

A su vez, desde el sindicato que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes, afirmaron que no fue posible encaminar la negociación, «habida cuenta de que el sector empresarial ha tenido más de 15 días para mejorar la propuesta salarial de forma que la misma reflejara los índices inflacionarios para mantener el poder adquisitivo alimentario, el cual viene siendo «licuado» sistemáticamente desde enero de 2024″. 

“Por los motivos expuestos y habiéndose agotado las instancias de diálogo, es que con la medida anunciada nuestro sindicato retoma su Plan de Lucha que fuera postergado”, señalaron desde el sindicato. 

Maturano se había reunido a principios de este mes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y decidió postergar el paro de trenes convocado para el 4 de junio al haber sido citado a una audiencia en el ministerio de Trabajo.

En tanto, a fines del mes de mayo, el sindicato llevó adelante una medida similar a la que lanzó este miércoles, donde la velocidad de las formaciones se vio reducida en señal protesta ante la ausencia de incrementos salariales. 

“Más del 75% de los estatales son pobres”

La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el INDEC elaboró un informe que indica que el salario mínimo para una familia tipo debe ser de $1.309.303 de bolsillo para no caer debajo de la línea de la pobreza. En este contexto, el 75% de los estatales son pobres.

“Cuesta encontrar registros sobre un deterioro tan acelerado de los ingresos en el sector público. El programa económico del Gobierno en pocos meses destruyó todos los salarios. El superávit fiscal que se muestra como un logro, en realidad se asienta sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de los estatales y los jubilados”, señaló Rodolfo Aguiar.

En esta línea, agregó: “El nivel de endeudamiento de la mayoría de las familias es alarmante. Se están utilizando las tarjetas o tomando créditos para comprar alimentos. En este momento más del 75% de los estatales son pobres”. Cabe destacar que los ingresos de los provinciales y municipales son los más bajos dentro de la administración pública.

“Se deben convocar de manera urgente a las paritarias en todos los niveles del Estado y definir estrategias que permitan una rápida recuperación del poder adquisitivo. El incremento en la administración pública nacional no debiera ser inferior al 80% y liquidarse en una sola cuota, como única posibilidad de compensar la caída del salario real que hemos sufrido a partir del 10 de diciembre”, indicó el dirigente estatal.

“Los trabajadores municipales siguen siendo los más postergados y la precariedad laboral es grave en la mayoría de las comunas del país. El precepto constitucional que asegura que por igual tarea debe existir igual remuneración, no se cumple. Hoy un trabajador municipal cobra dos o hasta tres veces menos que un provincial y en muchos casos hasta cinco veces menos que alguien que se desempeña en un organismo nacional”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Informe sobre el salario estatal

El valor de la canasta para una familia tipo (dos adultos y dos hijos en edad escolar), elaborado por la Junta Interna de ATE en Indec en base a los últimos datos oficiales del organismo correspondientes al mes de mayo, se compone de la Canasta Básica Alimentaria, cuyo monto es de $468.811, y de la Canasta de Consumos Mínimos, que es de $840.492.

Sin embargo, este valor varía según la zona geográfica del país: región noroeste $1.139.575; noreste $1.165.651; cuyo $1.133.917; Patagonia $1.282.830; Gran Buenos Aires $1.309.303; y pampeana $1.202.350

Cabe destacar que, de los 3 millones y medio de estatales en el país, son los trabajadores municipales (casi medio millón) los que reciben ingresos considerablemente menores al resto, seguido de los provinciales (2,3 millones).

Estos datos se condicen con el informe lanzado recientemente por Unicef, en el que da cuenta que el 23% de los hogares debió endeudarse para cubrir sus gastos en los últimos meses, y que los mismos pertenecen en su mayoría a las franjas sociales más vulnerables. Además, el 45% de los hogares en Argentina utiliza más que antes la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.

Presentaron un Proyecto de Ley Antidespidos en el Congreso de la Nación

El miércoles 22/5 a las 17:00 se presentó en el Auditorio del Congreso de la Nación, el Proyecto de Ley Antidespidos. La propuesta busca proteger el empleo registrado, a través de la declaración de la “Emergencia Pública en materia ocupacional” hasta el 31 de diciembre de 2027.

El proyecto contempla tanto el ámbito público como privado, en todo el territorio nacional, cualquiera sea su denominación, modalidad contractual o fecha de ingreso.

Desde ATE Capital acompañaron el proyecto «porque entendemos que la salida no es con mayor desocupación, y tal como expresa el proyecto de ley antidespidos “la propia realidad demuestra que resulta indispensable resguardar eficazmente a las personas que trabajan».», señalaron.

«El trabajo, bajo la forma social que lo conocemos, es un derecho esencial para toda persona, que le permite configurar su vida mediante la percepción de su salario. Al despojárselo, se agrede su dignidad humana en toda su dimensión. Evitar esto último, Constituye el objetivo de la norma que aquí se propone», apunta el proyecto a presentar.

Entre los diputados que firman el proyecto se encuentran Hugo Yasky , Pablo Carro, Sergio Palazzo, Mario Manrique, Vanesa Siley, Blanca Osuna, Gabriela Pedrali, Hilda Aguirre, Lorena Pokoik, Julia Strada, Carlos Cisneros, Daniel Gollán, Natalia Zaracho, Daniel Castagneto, Juan Pedrini.

Fuentes: Perfil, Página 12, Indymedia Trabajadoras/es, Resumen Latinoamericano, Infogremiales, Resumen Latinoamericano, Realidad Sanmartinense

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