Una comparación poco feliz: «La motosierra* va a seguir»

“Nosotros cortamos de cuajo la obra pública, cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a provincias, empezamos a recomponer las tarifas, o sea, con lo cual nosotros estamos logrando esta baja de la inflación, además recomponiendo tarifas”, afirmó.

“Evidentemente echamos empleados públicos y el 90 % del ajuste fue ajuste, o sea, fue motosierra, solamente el 10 % fue licuación, para el chanta [charlatán] ese que decía: ‘No, no, este es mucho licuadora y tijerita’. No, no, o sea, es motosierra”, añadió.

En este punto, el presentador Alejandro Fantino le preguntó si la motosierra seguiría y el inquilino de la Casa Rosada respondió afirmativamente, ante lo cual su interlocutor comentó que para qué tener encendida la motosierra “si no hay más nada para cortar”.

“La motosierra no para nunca, la motosierra va a seguir. Siempre hay algo para cortar, todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar. La motosierra no para, estamos todo el tiempo poniéndole combustible”, aseveró convencido el mandatario.

Por otro lado, tildó de “brutos” e “idiotas” a quienes le piden que emita dinero para comprar reservas: “Lo que me están diciendo es que yo les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda […] los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal, no con emisión monetaria del Banco Central, eso es lo que no entienden estos imbéciles”, espetó.

La segunda etapa arranca con más motosierra

La aprobación de la ley Bases, luego de seis meses de tire y afloje con la oposición amigable, abrió la “segunda etapa” del plan económico, tal como lo anunciaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Javier Milei.

En Casa Rosada se entusiasman con la posibilidad de poner en marcha en el corto plazo una serie de medidas y reformas, algunas habilitadas por la flamante megaley –privatizaciones, desregulaciones varias y desguace estatal–, y otras que van a requerir de mucha rosca parlamentaria y debate público.

En la agenda de Balcarce 50 pican en punta una reforma electoral y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, dos proyectos que serán enviados al Congreso por el oficialismo en las próximas semanas. También la mentada “ley de Hojarascas”, ideada por Federico Sturzenegger, quien Milei se enfocará «en destrabar las regulaciones» de la actividad económica.

Lo que es seguro es que la «fase dos» tendrá la misma cuota de “motosierra” que hasta ahora, según insistió el Presidente en una entrevista televisiva. 

Pero no todo viene viento en popa: al leve aumento de la brecha cambiaria y el pedido devaluatorio del FMI, se le sumó el recrudecimiento del conflicto bilateral con Ignacio “Lula” Da Silva. Milei no concurrió a la cumbre del Mercosur, que tuvo lugar el 8 de julio en Asunción. Los nubarrones de su tirante relación con el presidente de Brasil no se despejan, lo que genera preocupación en el sector energético y el automotriz. 

Tampoco irá a China, tal como se especuló hace unos días. De la agenda de viajes internacionales solo se mantuvo la minigira por París, donde Milei planea estar para los Juegos Olímpicos, este mismo mes. 

En diálogo con TN, Milei se vanaglorió de haber cumplido con la primera etapa del ajuste, «el más grande de la historia de la humanidad», según dijo. «El déficit cero lo logramos en el primer mes. Los números de los primeros seis meses fueron muy positivos, en un claro superávit, y hay un exceso de caja para pagar los intereses de la deuda del mes de julio», dijo. 

Luego arriesgó que «el riesgo país va a tocar un piso», en los próximos meses donde, además, prometió, «se empezará a ver una recuperación de la economía». «Las jubilaciones y los salarios reales le vienen ganando a la inflación y ya están por encima de los niveles de noviembre del año pasado», mintió. «Hay condiciones para que haya un rebote» del consumo, agregó. 

En ese panorama de mil maravillas que sólo ve el Gobierno, metió en medio la Ley Bases que, sostuvo, «va a repotenciar» con «inversiones que ya están llegando» (ni dijo cuáles, ni en qué sectores) el «ciclo virtuoso» de la economía. 

Pero «la tarea no está terminada», sostuvo. «Estamos entrando en la fase dos del programa, que es la emisión cero», dijo. «La base monetaria va a quedar igual, lo que va a cambiar es que va a aumentar la demanda de dinero», siguió. 

Más tarde confirmó que no habrá devaluación, tal como le exigen fundamentalmente el FMI y el sector agroexportador. En ese rapto, eligió confrontar con de los economistas que vienen planteando críticas a la gestión: Ricardo López Murphy y Carlos Melconian, a los que llamó «fracasados» y «resentidos». 

La «fase dos» tiene, entre sus puntos salientes, el desembarco formal de Sturzenegger a cargo de un ministerio. 

Sturzenegger estará a cargo de «la desregulación de la economía». «Tenemos 3.200 reformas más», dijo Milei, que se agregan a la Ley Bases, que a su vez «es cinco veces más grande que la reforma que hizo Menem en los 90». «Si le sumas el DNU (que presentó el propio funcionario) es ocho veces más grande». «En seis meses hemos hecho más por la Argentina que lo que se hizo en 100 años», se vanaglorió. 

El mandatario nacional también resaltó el envío al Congreso de un nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de los menores en el país a los 13 años.

«Si tiene consciencia para cometer un delito de adulto, por qué no va a pagar como adulto. El que las hace las paga», destacó Milei.

«Después se verán los mecanismos para el acompañamiento. La gente responde a los incentivos, si vos les hacés menos rentable el delito, delinquen menos, y en eso estamos trabajando muy activamente y está funcionando. En Rosario cayeron los delitos un 70 % «, indicó.

El presidente se manifestó así luego de que esta semana los ministerios de Seguridad y Justicia presentaran oficialmente el proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 13 años. 

También salió en defensa de Patricia Bullrich, en relación al caso Loan. «Patricia trabajó hasta donde la dejaron, ahora se ampliaron las hipótesis y se trabaja sobre todas, se están haciendo todos los esfuerzos para encontrar a Loan», señaló el jefe de Estado.

El Gobierno afila la motosierra

El Gobierno nacional trabaja sobre una serie de decretos para acelerar el posible cierre de alrededor de 60 organismos públicos, como parte de las iniciativas de reforma del Estado que recaen actualmente en la órbita del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario viene trabajando en esa dirección desde marzo, con la intención de reducir la estructura del organigrama estatal sin la necesidad de someterse a las voluntades del Congreso.

Si bien no está definida la nómina de los organismos a disolver ni el plazo puntual para su eliminación, la duración de las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo tras la sanción de la Ley Bases es de 12 meses, durante los cuales se “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los entes.

Desde Casa Rosada, argumentan que se trata de organismos cuyas funciones estarían «duplicadas”, y también arremeten contra la administración anterior por la supuesta creación de entes públicos concebidos para «crear cajas» o bien para «ubicar militantes”.

Sturzenegger encara dicha tarea en colaboración con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, junto a quienes lima detalles de el o los decretos en preparación.

Tal como lo determina el Mapa del Estado, el Sector Público Nacional (SPN) contiene 43 organismos desconcentrados y 73 descentralizados.

Uno de los organismos que se encuentra en el radar del Gobierno para su cierre es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi): de hecho, Manuel Adorni anticipó en febrero su cierre definitivo, que todavía no llegó a concretarse.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve) también entrarían en la lista de organismos sujetos a la desregulación.

Con la Ley Bases, quedaron fuera de alcance presidencial el CONICET, ANMAT, ANLIS, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA, SENASA, entre otros organismos.

LA MOTOSIERRA APLICADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A NIÑECES ABUSADAS SEXUALMENTE

Pensiones por discapacidad: La «desafortunada» operación de Manuel Adorni

Por Laura Vales

“Hay un grave error en la denuncia que hizo el Gobierno, sobre que la Argentina tiene ‘una cantidad estrafalaria’ de pensiones por discapacidad”, sostiene Pablo Molero. El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad sale así al cruce de las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, y advierte que desde Casa Rosada se está haciendo “una campaña muy desafortunada” y “plagada de datos no corroborados” para justificar un ajuste en las prestaciones por discapacidad. El dato más claro es que el caso que contó Adorni, sobre que el Estado otorgó una pensión en base a la radiografía de un perro, resultó ser falso. «No niego que pueda haber cosas mal hechas, pero lo que está haciendo el gobierno es una mala campaña. Quieren hacerle creer a la gente que las pensiones por discapacidad son un curro. Le pedimos que no cometa el error de hacer bajas masivas». 

Adorni presentó el viernes pasado los resultados de una auditoría sobre las pensiones que realizó el actual titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el abogado –de Javier Milei– Diego Spagnuolo. El vocero dijo que la auditoría muestra que las pensiones por discapacidad fueron utilizadas por el kirchnerismo y la gestión de Alberto Fernández como “un gran negocio, una gran caja”, y que se otorgaron con total “descontrol”.

Como prueba de esto, mostró una radiografía de un perro que -sostuvo- fue presentada en 2022 en Corrientes en un expediente para solicitar una pensión. Adorni aseguró que la Agencia de Discapacidad la había otorgado. Sin embargo, fue desmentido por el ex titular de Andis, Fernando Galarraga, que mostró el expediente y lo publicó en las redes: así se supo que a la Agencia no le habían metido el cuento del perro, y que había rechazado el pedido de la pensión.

El vocero hizo además otras acusaciones por el estilo (por ejemplo, que en el Chaco hubo 150 titulares de pensiones que las consiguieron con la misma radiografía de hombro, o que hay 60 mil pensionados con incompatibilidades). La idea central que dejó planteada fue que el estado argentino, al otorgar un millón doscientas mil pensiones por invalidez (su número actual) llegó a una cantidad “estrafalaria”, que “no se corresponde ni siquiera con un país que haya sufrido una guerra”.

Aclaraciones del Foro

“No descarto que haya habido irregularidades y en ese caso deben ser investigadas”, dijo ayer Molero. Sin embargo, el sacerdote señaló que el planteo del gobierno “contiene un grave error”. Y es que las pensiones «no se otorgan por incapacidad laboral, sino por discapacidad y pobreza”. Molero hizo un repaso del proceso histórico por el que esto es así. 

“En Argentina hay una ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales; entre ellas han estado las personas con incapacidad laboral, que durante mucho tiempo significó una incapacidad mayor al 76 por ciento, que debía ser certificada a través del certificado médico, sumado una situación de vulnerabilidad económica».

«Hasta el gobierno de De la Rua hubo un cupo de 18.000 pensiones. Esto implicaba que para acceder a una pensión había que esperar a que un pensionado muriera. Cuando Néstor Kichner llegó a la presidencia teníamos casi un millón de discapacitados en la pobreza porque, lamentablemente, en un país como el nuestro, discapacidad y pobreza son condiciones que van asociadas, para una persona con discapacidad es muy difícil conseguir empleo. En 2001, la gente se nos moría de hambre. Kirchner decidió tomar un criterio más amplio que la incapacidad laboral, y así se comenzó a contemplar la discapacidad. La discapacidad no es lo mismo que la incapacidad laboral, porque se puede tener una discapacidad y posibilidad de trabajar, o se puede ser niño y tener una discapacidad.  Fue un criterio acertado, porque la necesidad es real, existe: por esas políticas, mucha gente ha tenido no sólo un ingreso, sino atención, tratamientos de rehabilitación, la posibilidad de ir a la escuela”.

Es decir que cuando el gobierno usa el argumento de que «ni siquiera un país que haya pasado por una guerra» tendría tantas pensiones por discapacidad, está mezclando los conceptos. El millón doscientas mil pensiones por discapacidad atienden a discapacitados en situación de pobreza (de todas las edades y con diferentes situaciones), y no sólo a trabajadores con discapacidad laboral.

Según el Censo 2010, en el país había una población con alguna dificultad o limitación permanente de 5 millones de personas, agregó el consultado. Datos más recientes, del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (2018) señalan que la población mayor de 6 años con discapacidad es de más de 3 millones y medio de personas. 

El millón doscientas mil pensiones por discapacidad no fueron otorgadas sólo a adultos en edad de trabajar, pero con alguna incapacidad laboral, sino a ese conjunto más amplio, el de personas que tienen alguna discapacidad y están (además) en situación de pobreza. Por eso, el número de 1 millón doscientas mil titulares de pensiones no es excesivo. 

Que haya saltado, entre 2003 y 2015 de 79.000 a 1.045.000 beneficiarios tiene como explicación el reconocimiento de derechos y no -como ha dicho Adorni- la creación de una caja o de un mecanismo de corrupción, concluyó Molero.

«Si algo está mal hecho, si hay corrupción, hay que cambiarlo y denunciarlo, pero que se haga con seriedad. Esta campaña ensucia a las personas con discapacidad y genera una gran inquietud en este sector. Lo correcto, si quiere construir y evitar que haya personas que sufran injusticias, es auditar caso por caso. El estado cuenta con todos los recursos para rever si los requisitos se cumplieron y si se sostienen las condiciones para contar con una pensión». 

«La impresión, en cambio, es que solamente se busca generar enojo en quienes escuchan, crear un clima social en el que la gente crea que todo es un gran curro. El gobierno está planteando mal el tema; es una mala campaña, con números que se dicen alegremente y sin corroborar; se trata de una campaña muy desafortunada». 

«El Gobierno está dejando morir una herramienta fundamental»

Por Roxana Sandá

Después de dinamitar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y desfinanciar el programa Acompañar, una herramienta de ayuda económica para mujeres y LGBTI+, el Gobierno de Javier Milei desarticuló PatrocinAr, el programa de Patrocinio Jurídico gratuito y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, y para personas que atravesaron hechos de abuso sexual durante la niñez o adolescencia. Hasta la fecha, el programa dependiente del Ministerio de Justicia solo atenderá las causas que tiene pendientes y no podría tomar nuevos casos. Además de desvincular a la coordinadora del Area de Asesoramiento Legal, la abogada Andrea Quaranta, no se renovaron los contratos de lxs trabajadorxs sociales ni de las psicólogas que brindaban acompañamiento integral a las víctimas, ni tampoco de abogadas que asesoraban a sus compañeras de territorio en las provincias, mientras que a aquellas que continúan solo les renuevan sus contrataciones cada tres meses.

“En marzo de este año me desvincularon junto con dos de las psicólogas, pero esas tres funciones nunca fueron cubiertas por otras personas. Después, por una serie de malos tratos, renunciaron cuatro personas más que tampoco fueron reemplazadas, entre ellas la coordinadora del Area Psicosocial. Esta gestión sacó todo lo que era salud mental y trabajo social, solo dejó la parte legal, con menos personas; en rigor, el equipo de Buenos Aires está desmantelado. También hizo desaparecer el Area de Capacitación, un insumo fundamental para seguir formándonos en estas temáticas”, explica Andrea Quaranta, que trabajó en el programa desde 2019, cuando se denominaba Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género, y abarcaba 13 provincias: hoy funciona en 21 provincias e intervino en 32 jurisdicciones departamentales del Poder Judicial. “Sin embargo, las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia les comunicaron a las abogadas que no iba a haber más ingresos de casos y que sus contratos laborales serían renovados por dos o tres meses, para cerrar los casos que quedaban. Semanas más tarde desmintieron el no ingreso de casos, pero lo cierto es que en el último mes y medio a ninguna de las abogadas del país le derivaron un caso nuevo. No tengo dudas de que están dejando morir el PatrocinAR.”

El programa asegura patrocinio en los fueros Penal, Civil o de Familia, en aquellas causas derivadas del abuso, y sus profesionales trabajan con perspectiva en derechos humanos, niñez y género. Interviene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las capitales provinciales. En la provincia de Buenos Aires, además de La Plata, asiste en Morón, La Matanza, Lanús, San Martín y Quilmes. Avellaneda y Lomas de Zamora también figuraban en el listado, pero la abogada de esos territorios terminó renunciando por los obstáculos y destratos que padeció.

Desde los inicios se admitieron 1.115 personas víctimas, de las cuales 830 recibieron patrocinio jurídico gratuito y 285 fueron derivadas a profesionales que brindan asesoramiento jurídico sin patrocinio. Por su parte, se iniciaron 902 causas judiciales, de las cuales 680 permanecen en trámite, 86 fueron elevadas a juicio y algunas ya están en proceso de debate oral y con fecha próxima de debate fijada. “Tuvimos más del 90% de condenas, en un delito que todo el mundo dice que no hay que denunciar porque no hay resultados. De 67 causas que llegaron a juicio, en 65 hubo condena”, subraya Quaranta. “Los números eran buenos porque había un equipo especializado, con apoyo psicológico, psiquiátrico y social. Nos ha pasado que algunas madres manifestaban que no querían seguir con la causa. Profundizábamos un poco, y en realidad esa mujer no tenía para pagar la SUBE cuando la citaban del juzgado. Resolvíamos esas cuestiones para seguir adelante con el juicio y porque era parte de nuestra tarea. Mi temor hoy es qué va a suceder cuando en septiembre se vuelvan a vencer los contratos, porque lo que va a pasar ese que las víctimas se van a quedar sin patrocinio gratuito.”

¿Qué franja de la población recurre al PatrocinAR?

-En general se trata de población de bajos recursos, en su mayoría mujeres, pero también llegan casos de gente de clase media y algunos de clase alta, porque el programa no exige certificado de pobreza. Aquí lo importante no solo es que sea gratuito, sino que sea especializado, porque además quienes recurren al programa están a la intemperie, en un estado de mucha indefensión y soledad. Y al mismo tiempo tuvimos que ir reforzando y ampliando el área de apoyo social para esa franja de menores recursos, en cuestiones habitacionales, de subsidios para transporte, de escolaridad o salud. Además, en las provincias, especialmente del NOA, donde hay una impronta patriarcal y feudal muy pesada, y el acusado es un poderoso o un amigo del poder, es importante que la abogada que patrocine a la víctima esté avalada por el Ministerio de Justicia de la Nación. En algunas cuestiones, desde María Soledad Morales hasta hoy, no ha cambiado nada. El Poder Judicial se sigue manejando con la misma impunidad y arbitrariedad.

Una motosierra a las infancias

La abogada detalló que, en la actualidad, el programa depende de una especie de “limbo”, dentro del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona. “La subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro, renunció en medio de un recorte de atribuciones, y hasta donde se supo no hubo reemplazo. Tampoco se nombró una nueva dirección para el Centro Nacional de Atención a las Víctimas del Delito (Cenavid), que incluye el PatrocinAR en su organigrama. No es un dato menor que a mitad de año todavía no haya nombramientos en áreas tan sensibles, donde es central sostener la continuidad y los trabajos de articulación con abordaje integral.”Que el achique del PatrocinAR “a su mínima expresión”, como sostiene Quaranta, haya sobrevenido tras el cierre masivo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), no sería casual. Gran parte de los casos que llegaban al programa se canalizaban a través de la Línea 149 del Cenavid y de los CAJ, distribuidos en todo el país, con los que articulaban las abogadas del programa. De los 110 existentes apenas quedaron 24 CAJ colgando de un pincel. Y desarmaron la red que se había creado con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf): “Había cuatro abogadas de enlace que, además de trabajar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para asistir situaciones complejas, lo hacían con la Senaf, porque el programa siempre abordó más allá de la cuestión legal. Por ejemplo, para conseguir vacantes en escuelas, tratamientos médicos o psicológicos. De esas cuatro compañeras, dos ya no están y las que quedaron tienen otras funciones. “La mayoría de los organismos con los que articulábamos ya no existe. Es un desguace abrumador.“En esa línea, la eliminación de las capacitaciones clausuró la posibilidad de seguir ampliando el abordaje jurídico de los abusos sexuales en niñeces y adolescencias. En principio, derribaban los mitos que todxs tenemos cuando nos acercamos a estos temas. Mitos respecto de las madres, de lxs familiarxs y de las propias víctimas. Una capacitación siempre hace repensar los mitos y también ayuda a desterrar los argumentos de la falsedad de las denuncias: a nivel mundial, apenas el 2% de las denuncias de abuso son falsas, pero para sostener esta argumentación hay que tener una formación sólida y comprometida. Las capacitaciones eran necesarias para entender pericias e informes, y formarse en aspectos de la psicología. Por ejemplo, en la retractación, un mecanismo de defensa común en lxs chicxs, porque lo que desatan a partir de que hablan es muy pesado, y en algún momento no lo toleran más. Comienzan entonces diciendo “es mentira”, “es una broma”. Por suerte hay juzgados que toman la retractación como una prueba más del abuso, pero esos, precisamente, son los juzgados que se han formado. En esos espacios, además, se abordaban los modos de abrir puertas para que los abusos no prescribieran, la posibilidad de hacer juicios por la verdad, o cómo tratar las causas que llegan archivadas. En provincia de Buenos Aires recibimos una causa con tres archivos encima, y tuvimos que trabajarla con la abogada, la psiquiatra y la psicóloga. No solo logramos el desarchivo, sino que se llame por primera vez al acusado a indagatoria, después de ocho años de realizada la denuncia, y ahora esa causa tiene fecha de juicio. En definitiva, las capacitaciones son herramientas que ayudan para un mejor litigio, y sobre todo para que las personas afectadas estén mejor, que es lo más importante. El acusado podrá ir preso o no, pero mientras tanto se buscan medidas reparatorias.

En el repaso de esas victorias, enumera las ayudas económicas, las reconstrucciones de una cotidianeidad sin miedos, las confianzas recuperadas, los traumas que fueron sanando. «En un caso conseguimos una indemnización por daños dentro de la misma causa penal, y con ese dinero la madre de una víctima pudo poner un negocio para sostener sus vidas. Recuerdo otro en que una adolescente, a partir del daño que el abuso le provocó, no pudo seguir la escolaridad y cuando quiso retomarla el desfasaje de edad era tal, que en ese pueblo no había escuela pública donde pudiera ir. Se logró que, como parte de la condena, el acusado le pagara una escuela privada que la aceptaba por la edad, para terminar el secundario.

¿Qué significa la disolución del programa PatrocinAR?

–En principio, este programa significa un espacio de escucha y contención empática. El trabajo interdisciplinario de estos años hizo que las propias abogadas tengan hoy una escucha diferente. Había un lema, no sé si seguirá, “la gente no puede irse sin una respuesta”. No se podía decir “esto no nos corresponde”, y si no nos correspondía, veíamos qué podíamos hacer o derivábamos a esa persona, pero no a un organismo en abstracto, sino a alguien en concreto que ya se había interiorizado con el caso. Creo que era una marca muy diferenciadora de lo que es el Estado a veces. Se pensaba la reparación en sentido amplio, porque el proceso judicial puede ser muy dañino, y otras aristas de la vida de las personas, y eso no tiene precio. El desmantelamiento del programa PatrocinAR significa que el Estado deje solas a las víctimas y sus familias. Hay muchas Ong´s que asesoran, pero muy pocas hacen patrocinio, y los colegios de abogadxs brindan un patrocinio, pero hay que estar casi en la indigencia para que lo den. En ese sentido, el programa cubría un hueco que sigue existiendo. Las medidas de recorte y desguace dejan a la intemperie a cientos de niñxs y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero también exponen la mirada cruenta que el Gobierno ejerce sobre estas problemáticas.

(*) Nota del editor:

“Los ideólogos e instructores en el uso de la motosierra como instrumento de terror en América Latina fueron los militares y mercenarios de Israel que adiestraron a sicarios y asesinos.

Estaban ligados al Cartel de Medellín, a terratenientes y ganaderos del Magdalena Medio, a dirigentes políticos de Puerto Boyacá, a militares del Ejército colombiano y a otras instancias del Estado

«Klein entrenó a los hermanos Carlos y Fidel Castaño, los líderes de escuadrón que luego formarían las notoriamente violentas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Bajo el patrocinio de ricos terratenientes, narcotraficantes, ganaderos, políticos y militares colombianos, las AUC cometieron masacres espeluznantes en todo el país, incluso utilizando motosierras para asesinar y desmembrar a los campesinos, todo ello con el objetivo de aterrorizar a las comunidades para que huyeran de sus tierras.» Dan Cohen, El rol de agentes israelíes en el genocidio político colombiano. Disponible en: https://misionverdad.com/traducciones/el-rol-de-agentes-israelies-en-el-genocidio-politico-colombiano

El Tiempo, un periódico oficial del establishment, publicaba el 10 de noviembre de 1998 una noticia con el este titular: «Volvió el terror de la motosierra» y en sus primeros párrafos decía: «Doce muertos dejaba hasta ayer la incursión de cien paramilitares, que recorrieron el pasado fin de semana los corregimientos Santa Isabel, de Remedios, y El Tigre, de Vegachí. Los campesinos de estas poblaciones antioqueñas denunciaron que varios de sus vecinos fueron mutilados con motosierras y luego enterrados en fosas comunes por los paramilitares que se identificaron como el grupo R-20, una fracción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)». No se crea que esta información fue algo excepcional; por el contrario, noticias sobre el uso de la motosierra y otras formas bestiales de tortura fueron el pan cotidiano de este país durante largos e interminables años.

El hecho bestial de utilizar la motosierra para destrozar a seres humanos (concretamente guerrilleros, campesinos, líderes sociales y políticos de izquierda) fue una práctica recurrente por parte de los grupos paramilitares en este país, durante el período 1988-2010 y se extiende hasta el presente por la existencia de casas de pique en algunos lugares de Colombia. Esto es algo que debería producir una condena universal, similar a la que han recibido genocidios y otros crímenes de lesa humanidad, principalmente los llevados a cabo por la Alemania Nazi y como lo deberían recibir los crímenes genocidas del Estado de Israel.

La motosierra ha adquirido una presencia mediática en estos días, porque en las elecciones de Argentina el candidato ultraderechista Javier Milei la ha usado como unos de los símbolos distintivos de su campaña presidencial y, además, ha enarbolado la sangrienta bandera de Israel. Esta actualización de la motosierra en el panorama latinoamericano del momento nos sirve para recordar la tenebrosa relación entre Israel y los paramilitares colombianos, que convirtieron a ese aparato en un arma de tortura y muerte, como expresión del «aprendizaje» criollo de las técnicas criminales con marca de Israel.” (negritas mías)

Renán Vega Cantor en “Israel, la motosierra y las masacres paramilitares en Colombia”

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.