En las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela, el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, logró la victoria con el 51,2% de los votos, frente al derechista Edmundo González, que consiguió el 44,2%; sin embargo, Estados Unidos reconoció como vencedor al dirigente opositor.
Maduro informó que el 5 de agosto el Consejo Nacional Electoral (CNE), requerido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), entregó “todos los recaudos del proceso electoral” (teleSUR, 6 agosto).
El periódico La Jornada de México publicó –el 30 de julio- un editorial titulado Golpe en marcha, con la siguiente reflexión: “Debe recordarse que el candidato de paja Edmundo González y la verdadera líder de la derecha venezolana, María Corina Machado, no son sino los más recientes elegidos por la Casa Blanca y la CIA para apoderarse del Palacio de Miraflores y, con él, de las mayores reservas petroleras del planeta”.
La Jornada añadía que la intentona sigue un esquema muy similar al que ya experimentó Venezuela (y del que también fueron víctimas otros países latinoamericanos) en los años 2002, 2014, 2017 y 2019; por ejemplo, los grandes medios informativos elevan las acusaciones de fraude electoral a la condición de hechos probados; o se presenta como demócratas a los “grupos de choque” de la extrema derecha.
Adoptó una perspectiva distinta el diario El País, en un editorial del 4 de agosto (Maduro se atrinchera); “la maniobra de dilación en la publicación de las actas, que a todas luces parece dirigida a ganar tiempo, se produce en medio de un clamor por la transparencia”; los editorialistas del grupo Prisa utilizaron expresiones como “régimen chavista” y “reacción mundial”.
El artículo de opinión explicita cómo “las dudas se han multiplicado por la opacidad del proceso electoral”; asimismo el texto pone de relieve cómo la actitud de Maduro, quien considera un “ataque al Estado” cualquier cuestionamiento de los resultados, ha conducido a movilizaciones “masivas” en las calles; también el 4 de agosto, el corresponsal de El País en la Región Andina firmaba, desde Bogotá, la información de una plana titulada La noche de las “actas perdidas” en Venezuela.
Otro ejemplo de la línea editorial podría leerse el pasado 27 de julio, en la sección América de El País-digital; dos periodistas del rotativo escribían, desde Santiago de Chile y Bogotá, la siguiente entradilla respecto a María Corina Machado:
“La líder opositora que empuja la candidatura de Edmundo González ha realizado una transición desde la confrontación contra el régimen chavista hasta una moderación estratégica”.
Tal vez un antecedente del tratamiento informativo pueda localizarse el 13 de abril del 2002; El País publicó ese día un editorial titulado Golpe a un caudillo; el 11 de abril tuvo lugar un golpe de Estado, que finalmente fracasó -por la respuesta popular y de los militares leales-, contra el entonces presidente, Hugo Chávez; estaba previsto que, al frente del ejecutivo golpista se situara el empresario y presidente de la patronal Fedecámaras, Pedro Carmona.
El editorial de El País interpretaba los hechos del siguiente modo: “Sólo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón”; en el párrafo inicial se incluían valoraciones como “sueño de una retórica revolución bolivariana” y se calificaba a Chávez de “autócrata peligroso”.
Quizá un precedente menos lejano remita a enero de 2013: el periódico global publicó –en las ediciones impresa y digital- la fotografía falsa del presidente Hugo Chávez intubado,con motivo del tratamiento de una enfermedad grave en Cuba; el diario señaló, días después, que se trataba de “uno de los mayores errores de su historia”.
Cuestión diferente es la del periodista Pablo González, detenido en Polonia desde el 28 de febrero de 2022; accedió a la libertad el pasado 1 de agosto, tras una larga estancia en prisión –más de dos años y cinco meses- sin cargos formales ni fecha de juicio; cuando se cumplían 262 días sin poder contactar con su familia (sólo mediante cartas), el reportero –acusado de trabajar para el servicio de inteligencia ruso- recibió la visita en la prisión de Radom (Polonia) de su pareja y su representante legal en España.
Amistades del periodista constituyeron, al conocer su arresto, la asociación #FreePabloGonzález (Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber); González colaboraba en el canal La Sexta y el periódico Público; nacido en Moscú, de 42 años y también politólogo, Pablo González Yagüe posee un vasto conocimiento sobre la geopolítica del ámbito postsoviético.
El 2 de agosto la agencia informativa Naiz, de Euskal Herria, en la que también había publicado el reportero free lance, recordaba en un editorial (Testigos incómodos de toda clase de injusticias) que la liberación de Pablo González se produjo en el contexto de un intercambio de rehenes entre Rusia y otros Estados; “las condiciones de su reclusión han sido contrarias a varios convenios internacionales de derechos humanos, vinculantes en la UE”.
Naiz tildó de “vergonzosa” la dejadez mostrada por los autoridades políticas españolas, vascas y de la UE ante la reclusión “arbitraria” del ciudadano Pablo González.
Sin embargo el 4 de agosto, en la sección Internacional de El País, dos redactores firmaban –desde Madrid y Bruselas- la información de una página titulada Pablo González, el supuesto espía ruso al que Putin recibió con honores; el antetítulo subrayaba que González Yagüe “estaba en la mira de los servicios secretos de varios países”.
En concreto, agregaba en las primeras líneas el periódico dirigido por Pepa Bueno, “los servicios secretos polacos, que trabajaron en colaboración con otras agencias occidentales, le seguían la pista desde hacía tiempo, aseguran a El País dos fuentes de inteligencia”.
El rastreo por las hemerotecas permite la lectura de otros editoriales polémicos del diario de Prisa; así, el 10 de octubre de 2007, con Javier Moreno en la dirección, Caudillo Guevara: “El romanticismo europeo estableció el siniestro prejuicio de que la disposición a entregar la vida es digna de admiración y elogio”; el texto se refería a “dotar al crimen de un sentido trascendente” (la redacción del periódico hizo pública una nota de disconformidad con el editorial).
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