Desastres ambientales, muertos, violencia y demandas laborales son parte del historial de las mineras BHP y Lundin, multinacionales que anunciaron su fusión para explotar los proyectos Filo del Sol y Josemaría en San Juan. Acumulan denuncias y condenas en Chile, Brasil, África y Australia. BHP fue responsable del desastre minero en Minas Gerais, con 19 fallecidos y cientos de casas destruidas.
Las corporaciones mineras BHP y Lundin comunicaron su asociación para explotar de manera conjunta los proyectos Filo del Sol y Josemaría, ambos en San Juan. El anuncio fue aplaudido por funcionarios políticos, empresas y medios de prensa afines al sector. En sus discursos, las cifras monetarias ocupan el centro de atención: montos de inversiones, valor de las acciones, primas y promesas de entrada de dólares por exportaciones. Ni una línea en esos discursos menciona los costos socioambientales, la falta de licencia social de las comunidades ni, mucho menos, los prontuarios de estas empresas.
Fundada en 1885, BHP es hoy la corporación minera más grande del mundo, por su valor de capitalización de mercado. Tiene su sede en Melbourne (Australia), y proyectos en ese país, Chile, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. En su página oficial, señala que se enfoca en la extracción de cobre, níquel, potasa, hierro y carbón metalúrgico. Aunque no lo refiere en su emotiva historia pública, la empresa también tiene antecedentes en Argentina: en Andalgalá (Catamarca), el gobierno provincial le otorgó en secreto la concesión para explorar y explotar un yacimiento bautizado como Pilciao 16, literalmente debajo de las casas del centro departamental. La rebelión popular logró frenar el macabro proyecto en 2010.
El origen de Lundin Mining Corporation se remonta, según su historia oficial, al año 1994, en Canadá, donde tiene su sede central. Se especializa en extracción de cobre, zinc, oro y níquel, que extrae —o planea extraer— de yacimientos en Argentina, Brasil, Chile, Suecia y Estados Unidos. La compañía forma parte de Lundin Group, un holding fundado “hace más de 50 años”, constituido por diferentes empresas “centradas en los sectores de minerales, metales, energías renovables y energía”, según refiere en su página web. En Argentina, Lundin Mining era la única propietaria del proyecto Josemaría, mientras que Filo Colorado estaba en manos del grupo empresarial Lundin.
Los territorios “vendidos”
Filo del Sol es el nombre del proyecto que, por un plazo estimado de 14 años, planea extraer cobre, oro y plata de un área compartida entre Argentina y Chile, según indica su página oficial. El yacimiento se ubica 140 kilómetros al sureste de la ciudad chilena de Copiapó y en el extremo norte del departamento Iglesia, en la provincia argentina de San Juan. Su adquisición conjunta significó —afirma Lundin Mining en un comunicado— “una contraprestación total de aproximadamente 4.100 millones de dólares canadienses” (poco más de 2.960 millones de dólares estadounidenses).
Diez kilómetros al norte, se ubica Josemaría, el otro proyecto adquirido por el matrimonio corporativo. Con una “vida útil” estimada en 19 años, el yacimiento se ubica íntegramente en San Juan y también alberga cobre, oro y plata. El proyecto se encuentra en construcción —etapa previa a la explotación— y, pese a sus irregularidades, la empresa se jacta de haber obtenido la aprobación del Informe de Impacto Ambiental. Por compartir el proyecto, “BHP pagará a Lundin Mining una contraprestación en efectivo de 690 millones de dólares”, afirma la empresa canadiense en su web.
“Estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con importantes sinergias y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes de su tipo”, expresó Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining sobre la operación combinada de ambos proyectos. Mientras los empresarios festejan el ahorro de costos, con un discurso cercano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró que “el complejo va a estar entre las diez minas de cobre más grandes del mundo y le va a aportar a San Juan, cuando produzca a pleno, 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales”.
Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, Saúl Zeballos no comparte ese optimismo. “Las inversiones son para ellos”, afirma, con la autoridad que le da vivir en un territorio donde la megaminería tiene dos décadas. Refiere que las promesas de construir caminos y ampliar el tendido eléctrico, por ejemplo, son para beneficio y uso de las propias empresas. “Se vende como progreso, pero en 20 años la megaminería en San Juan no ha dejado dinero ni siquiera para repavimentar las rutas que ellos mismos rompen”.
Mientras las ganancias favorecen a las corporaciones, el costo es para las comunidades y en Jáchal saben que el precio es muy alto: el agua. “Si el proyecto Josemaría ya suponía un riesgo impresionante de secar el río Jáchal, con la incorporación de Filo del Sol eso está asegurado”, lamenta Zeballos.
Como a nivel nacional, la megaminería es política de Estado en San Juan: José Luis Gioja, Sergio Uñac y Marcelo Orrego, los últimos gobernadores, estuvieron siempre alineados con los intereses de las grandes empresas multinacionales.
Tragedia minera en Brasil
Diecinueve personas murieron, cientos fueron desterradas, sus casas derribadas, sus cultivos destruidos y sus modos de vida arrasados por el barro tóxico que se derramó y avanzó 650 kilómetros por el río Doce, tras la rotura de un dique de colas en Brasil. Ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en Mariana, Minas Gerais, y tiene como responsable visible a Samarco, la firma encargada de extraer “mineral de hierro” en nombre de BHP y Vale, que “tienen una participación del 50 por ciento cada una”, según informa la primera.
“BHP es un símbolo del desastre, del crimen”, expresa Letícia Oliveira, del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). La empresa representa, dice, “la minería de hierro sin escrúpulos, sin preocuparse por las comunidades, por sus derechos, por el desarrollo de la ciudad y por los derechos de los trabajadores. Esto es lo que significa para cualquiera que viva en Mariana; para mí, que vivo en Mariana”. Y añade que la empresa “sólo busca ganancias y no tiene ningún compromiso con el ambiente, con las personas, no le preocupa el riesgo a que están sometidas estas personas en este entorno”. Y apunta que “sólo le preocupan los beneficios de los accionistas, convencerlos de que inviertan cada vez más en la empresa, incluso intentando ocultarles la información real de lo que la empresa provoca en el territorio donde opera”.
Justamente, días atrás un Juzgado brasileño condenó a la fundación Renova —patrocinada por BHP, Vale y Samarco— por los daños materiales y morales que causó la realización de anuncios de autopromoción sobre el colapso del dique de colas. En la sentencia, el tribunal consideró que la fundación creó una “narrativa de fantasía”, lo cual “demuestra claramente una falta de respeto hacia las víctimas”.
En enero de este año, un Tribunal Federal de Brasil condenó a las empresas por “daños morales colectivos, en razón de la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas” y está previsto que en octubre comience en Reino Unido otro juicio contra estas mismas empresas en una causa que tiene más de 700 mil demandantes afectados por ese crimen socioambiental.
Crímenes de guerra en África
Dos ex ejecutivos de Lundin Oil —que ha mutado su nombre a Orrön Energy y forma parte del grupo Lundin— están siendo juzgados por un Tribunal en Estocolmo (Suecia). Se los acusa de complicidad en crímenes de guerra cometidos en Sudán, entre 1999 y 2003.
“La acusación describe violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que ocurrieron en la zona de operaciones de Lundin en Sudán del Sur y causaron daños indescriptibles, desarraigando a decenas de miles de personas y empobreciendo una gran zona”, afirma la organización holandesa PAX.
Se calcula que 12.000 personas murieron por la violencia desatada en el área concesionada a la empresa. El juicio podría extenderse hasta 2026 y sentaría un precedente, ya que “rara vez las corporaciones internacionales son procesadas por complicidad en violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos”, expresa PAX, que desarrolla el programa Deuda Impaga, para visibilizar los crímenes cometidos en Sudán.
Exprimir los acuíferos
La mina Escondida se encuentra ubicada en la región de Antofagasta, al sur del Salar de Atacama, en el norte de Chile. Desde 1991, se extrae de allí tanto cobre que la ha posicionado como la principal “productora” de este metal en el planeta. La gran beneficiada es BHP, que posee más del 57 por ciento de las acciones.
Aunque se la postula como un modelo a copiar, “al menos dos denuncias reflejan el cuestionado actuar de la empresa”, refiere desde Chile, Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
En 2016, organizaciones y funcionarios denunciaron a la empresa por incumplir legislación ambiental y secar un acuífero. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) la demandó formalmente por “daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra”. En 2021, la empresa llegó a un acuerdo de compensación económica y reparación ambiental con las comunidades.
Aunque la empresa habría dejado de extraer agua subterránea en 2017, otra causa se inició en su contra en 2018. Cuatro años después, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) la multó con 6.660 millones de pesos chilenos “tras acreditar un daño irreparable a las vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama”.
Además, en 2022, la comunidad indígena Atacameños de Peine iniciaron otra causa contra tres proyectos mineros —otra vez la mina Escondida figura entre las denunciadas— por provocar daños irreparables en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, afectar la biodiversidad e impactar negativamente en su sistema de vida. Con la etapa de alegatos concluida en enero de este año, aún aguardan la sentencia.
El agujero “misterioso” de Atacama
“Misterioso” fue el adjetivo más utilizado por los medios de comunicación para referirse a un pozo de más de 30 metros de diámetro y más de 60 metros de profundidad que “apareció” —otra palabra muy utilizada— en Atacama (Chile). Lo cierto es que el socavón sería consecuencia de la actividad minera en Alcaparrosa, donde Lundin posee el 80 por ciento de la propiedad de una mina de cobre. Por esto, el CDE “ingresó una demanda contra la minera Ojos del Salado (filial de Lundin) que apunta a un eventual daño producido en el acuífero del lugar, tras una sobreexplotación de la faena minera”, afirma Arroyo Olea.
Un dato complica a la empresa: “Tenía una proyección indicada de 38.000 toneladas de mineral a extraer, pero extrajo cerca de 138 mil toneladas, más del triple”, explicaron desde la ONG Red Geocientífica de Chile.
Los ríos violentados
“Lundin Mining opera y maneja minas en el norte del país, donde arrastra denuncias que han sido judicializadas”, señala Arroyo Olea. En 2023, la SMA multó a la empresa por el equivalente a nueve millones de dólares debido a infracciones graves en el uso del agua en la mina de cobre Caserones, donde Lundin tiene el 51 por ciento de la propiedad. Los incumplimientos afectaron la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en la cuenca de un río.
En la misma región, Lundin opera el complejo minero de cobre Candelaria, que comprende Ojos del Salado. En 2022, la Corte Suprema de Chile sentenció a la empresa por dañar la cuenca del río Copiapó y la obligó a pagar una multa. Pero no fue la única denuncia: éstas se acumulan en expedientes generados por los habitantes de Tierra Amarilla, un pueblo a sólo cinco kilómetros del proyecto. Allí afirman y documentan el agrietamiento de sus viviendas y el polvo en suspensión que están obligados a respirar, que se suman a acusaciones por sobre extraer agua en una región de alta escasez hídrica.
“Estos impactos lo viven recurrentemente comunidades como también la propia naturaleza”, señala Arroyo Olea y agrega que “en el caso de Lundin, refleja una conducta que rompe con los márgenes de la legalidad y favorece la profundización de impactos ambientales y sociales”.
El mito del buen trabajo
A inicios de agosto, el 99 por ciento de las y los trabajadores de la mina Escondida votaron a favor de una huelga. El sindicato justificó la medida en “la extensión de las jornadas de trabajo, pérdida de beneficios tan básicos como alimentación en faena, aumento de las exigencias operacionales, la afectación de trabajadores enfermos y contraindicados”.
No es la primera vez que los trabajadores demandan a la empresa. En 2017, habían denunciado que BHP mantenía los campamentos (donde viven los empleados) de las minas Escondida y Spence en zonas no aptas ambientalmente. Ya en 2001, la autoridad sanitaria habría advertido que se trataba de “zonas saturadas” y, por ende, no cumplía con la normativa de calidad de aire.
Acosos y abusos sexuales
“Es suficiente”, es el nombre de un informe de 2022 que recopila denuncias por acosos y abusos sexuales, sufridos por mujeres que trabajan en el sector minero en Australia, uno de los países tomados como ejemplo por el vocero presidencial en el anuncio de la fusión empresarial. Una de las empresas donde ocurrieron es BHP, que opera varios yacimiento en ese país. El reporte fue elaborado por un comité parlamentario de Australia occidental y derivó en una serie de recomendaciones gubernamentales.
Sin especificar localizaciones de los hechos, la propia firma australiana reconoce que en 2023 la empresa receptó 475 denuncias por acoso sexual en sus instalaciones. Aunque auto-elogia el sistema que permitiría “aumentar la conciencia y promover la denuncia”, son los propios gerentes y líderes de las compañías los encargados de recibirlas.
Sobre modelos y beneficios
En su discurso, Adorni aludió a Australia y Chile como modelos, pero lejos están de ser ideales. “Bajo el manto de ser un ‘país minero´, Chile ha enfrentado fuertes impactos ambientales” que han afectado comunidades y ecosistemas, señala Arroyo Olea. “De igual forma, bajo la idea de trabajo e inversión, los gobiernos chilenos han sido permisivos con las irregularidades y sobreexplotaciones del modelo minero”, agrega.
Aunque Adorni aseguró que BHP no se habría sumado a los proyectos si no fuera por la aprobación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), lo cierto es que aún San Juan no se adhirió y recién lo debatirá en la mitad del mes.
Mientras en Argentina el Gobierno amplía más los beneficios para una actividad mimada, desde Chile, Arroyo Olea objeta algo que también sostienen las Asambleas de Argentina: “Las ganancias del Estado llegan a ser marginales en comparación a las utilidades de las empresas privadas nacionales y transnacionales”. Un negocio redondo para las empresas que, concluye Zeballos desde San Juan: “A nosotros nos hace cada vez más esclavos”.