Refugio Libertad de Trabajadores Unidos por la Tierra (Traut) y la Universidad del Mocaser (Unicam Suri)
El 27 de marzo del año pasado la Unicameral cordobesa sesionó en el lugar, hoy gestionado por Trabajadoras Unidas por la Tierra. Un espacio donde confluyen múltiples historias del pasado y del presente.
Los dos expresos políticos se conocieron hace relativamente poco, pero son los únicos abrazados entre el público de la sesión legislativa que se desarrolla en el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana. La jornada es histórica: a metros de donde ellos permanecieron cautivos durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, en el centro clandestino de detención recuperado desde 2018 para la vida comunitaria, la Unicameral cordobesa no sólo sesionó a 48 años del golpe militar, sino que aprobó una capacitación obligatoria en derechos humanos para todos los agentes del Estado. Margarita Zeniquel y Félix Rodríguez, los nombres de los dos sobrevivientes que de seguro nunca imaginaron esta voltereta del destino: en el mismo lugar donde vivieron el terror, el miércoles 27 de marzo las banderas de memoria, verdad y justicia estuvieron bien altas.
Las gestiones para que el pleno legislativo -70 parlamentarios- se trasladara a 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba las encaró Trabajadoras Unidas por la Tierra, la organización social que tiene permiso de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para gestionar parte del predio estatal. Lo bautizaron Refugio Libertad, y en estos casi seis años, además de cultivar la tierra y criar animales, el colectivo de trabajadoras rurales enrolado en la UTEP desarrolló un galpón de reciclaje, una bodega y sala de extracción de miel, un merendero, un ropero comunitario, un espacio para infancias y una biblioteca y centro cultural. Una experiencia que incluye un secundario para adultos y una granja para jóvenes en recuperación del consumo problemático de sustancias, además de un sitio de memoria, claro, porque el predio está reconocido como CCD desde el mismo 2018, oficialmente señalizado desde el 2 de julio de 2022.
La referente Mercedes Ferrero toma el micrófono ante el salón lleno para reafirmar ante los 70 legisladores que “no se puede recuperar la tierra sin recuperar la memoria”. La sala de audiencias se escenificó en una de las baterías o cuadras donde antaño dormían los conscriptos; en lugar de dos filas de cuchetas metálicas triples y suboficiales a cargo hay ahora 80 bancos escolares prestados por el IPET 265 de José de la Quintana. Es la única escuela secundaria de la zona, y también está de estreno: dos días antes incorporó el nombre de “Senador Luis Carnevale”, fundador del colegio asesinado por el terrorismo estatal. No es el único homenaje: la ley aprobada en la sesión lleva el nombre de Sonia Torres, referente de Abuelas de Plaza de mayo filial Córdoba y luchadora incansable por los derechos humanos hasta su muerte a fines del 2023, y los parlamentarios entregan un reconocimiento a Luis Miguel “Vitín” Baronetto, ex director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, ex preso político, biógrafo de monseñor Enrique Angelelli, militante político y por los derechos humanos. Si algo no faltó fueron emociones en esta jornada inédita para el interior provincial.
Ferrero y la referente Jimena Ludueña fueron las encargadas de darles a la bienvenida a los legisladores que de manera extraordinaria sesionaron fuera de la capital provincial. Contextualizaron que el lugar “no fue un predio menor en el marco del terrorismo de Estado, sino cabecera de la subárea 3117 dentro del área 311 del Tercer Cuerpo de Ejército” que comandaba en los años de plomo el genocida Luciano Benjamín Menéndez. Que el lugar “permaneció muchos años en silencio, y fue abandonado y después saqueado y vandalizado”; y que hoy “una de las grandes deudas de la democracia tiene que ver con la ruralidad y con que quienes producen alimentos sanos en el país están bajo la línea de pobreza”. “En materia de derechos humanos es necesario legislar para fortalecer el arraigo rural”, señaló Ferrero, al tiempo que Ludueña contó que desde hace un par de años vive en una casa del ex barrio de Oficiales donde su madre era trabajadora doméstica cuando el cuartel estaba activo.
Capacitación obligatoria en derechos humanos
Los parlamentarios tomaron nota, aunque la sesión especial tenía un objetivo central: aprobar el proyecto del legislador socialista Matías Chamorro para que todos los agentes del Estado pasen por una capacitación obligatoria en derechos humanos. El debate de tres horas estuvo cruzado por algunos planteos extemporáneos realizados por bancadas minoritarias y un consenso general de reafirmación de las políticas de memoria, verdad y justicia, donde el gobierno provincial de Martín Llaryora plantea una continuidad en las políticas públicas desplegadas por las gestiones anteriores. Así, Chamorro destacó que la ley finalmente aprobada “busca asegurar que la dignidad humana siga siendo el pilar de nuestra sociedad y que los agentes del Estado estén debidamente preparados para proteger y respetar los derechos humanos, fortaleciendo nuestra democracia”. En tiempos de reflote de la teoría de los dos demonios, negacionismos variopintos y pedagogía de la crueldad, el aliado del oficialismo provincial destacó que “esta iniciativa pretende brindar herramientas con un profundo sentido pedagógico, que redunden en un fortalecimiento democrático y sus instituciones”.
El sitio de memoria que funciona en el Refugio Libertad desarrolla un guion con eje en lo ocurrido durante la última dictadura, pero no sólo: quienes visitan el predio conocen la historia larga del lugar, desde su creación en el primer peronismo hasta su cierre con el menemismo y los proyectos que le dan vida hoy. La parábola inicia con aquel proyecto de Argentina industrializada llamada a tener un rol en el concierto de los países del mundo, hasta el peronismo privatizador de los 90 que remató a precio vil las joyas del Estado y el proceso de recuperación material y simbólica que tiene lugar hoy.
En ese arco de 40 años operativo es que el ex GA 141 fue parte de las tropas que reprimieron el Cordobazo, participó en el Operativo Independencia en el monte tucumano y funcionó como Centro Clandestino de Detención y Tortura, en circuito con otros CCD de la zona y la capital provincial. En 1978 los soldados fueron movilizados al sur, por el conflicto por el Canal de Beagle; algún cañón pesado mandó a Malvinas y en los 80 alojó “detenido” al propio Menéndez.
Cerrado en los primeros años 90 tras la derogación del servicio militar obligatorio, en antiguos túneles construidos en los fondos del predio se almacenaron los proyectiles recolectados en la ciudad de Río Tercero, tras el atentado.
Además de secuestros y torturas, existen denuncias sobre fusilamientos y enterramientos clandestinos, y también testimonios sobre delitos de lesa humanidad ocurridos incluso antes del Golpe de Estado. Por caso, el de una niña -sobrina del enfermero- que vacacionaba allí y asegura haber permanecido cautiva durante ocho meses y quedado embarazada tras los múltiples abusos sexuales sufridos a manos de un oficial. Además de parir en las peores condiciones, su bebé -hoy un hombre de 49 años, al que sigue buscando- le fue robado.
A pesar de tamaños antecedentes, en el predio de 880 hectáreas florecen los proyectos y germinan las semillas de una mejor vida posible. “A mí el Refu me salvó la vida” cuenta uno de los jóvenes que asiste a la Granja que funciona en la ex Mayoría, donde la organización Hogar de Cristo lleva adelante una experiencia para que jóvenes con consumo problemático de sustancias puedan soñar un futuro distinto. “La reconstrucción de la historia es de qué lado de la mecha te parás. Un lugar que desamparó en los 70, ahora es un lugar que abraza”, escribieron en la dedicatoria de “Drogario”, el libro de poemas que editaron el año pasado.
Es en clave de buen vivir y comunidad rural organizada que se planifican compras comunitarias, que les niñes de la zona disfrutan de un espacio de cuidado y que delegaciones de todo el país concurren a formarse en la sede de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular que funciona en el ex Casino de Oficiales. La experiencia avanza, a pesar de que en estos casi seis años las trabas no han sido pocas: dos incendios intencionales, múltiples ataques de odio presenciales y virtuales, y hasta un allanamiento en plena pandemia, tan concurrido como poco sustentado. Esas son sólo algunas de las vicisitudes que les tocó atravesar a las más de cincuenta personas que trabajan allí a diario.
La etapa que se abrió el 10 de diciembre interpela al campo popular y a los militantes de derechos humanos en particular. Es entonces cuando resulta necesario ensayar formas posibles para la defensa de las banderas de memoria, verdad y justicia; tierra, techo y trabajo. Apostando a más institucionalidad -en esa clave puede leerse lo que ocurrió el 27 de marzo, también los convenios y articulaciones con universidades y el propio Estado- y a mayor organización popular, caminos complementarios que bien pueden ser referencia para experiencias similares a lo largo y lo ancho del país. Aún ante escenarios hostiles, apelando a la creatividad y la fuerza del trabajo, para imaginar otro mundo posible y un futuro modelado con nuestras propias manos. «
Por Adrián Camerano
FUENTE: Tiempo Argentino
Refugio Libertad: un pasado de militares y torturas, un presente de vida, agro y memoria
Por Darío Aranda
Producción diversificada, biblioteca, escuela, centro cultural, merendero, cultivos, cría de animales, agroecología y memoria. Trabajadores Unidos por la Tierra recuperó cientos de hectáreas que estaban en manos del Ejército y las transformó en una comunidad rural, de vida y trabajo. Una crónica sobre autogestión, cooperativismo y soberanía alimentaria.
En el mismo lugar donde hubo jóvenes obligados a ser soldados, ahora hay agroecología y actividades educativas. Donde se cometieron injusticias y vulneración de derechos, hoy se decide de forma asamblearia, se producen alimentos y pregonan el trabajo digno. Lo que fuera el Grupo de Artillería 141 del Ejército ahora es una comunidad productiva y cultural llamada «Refugio Libertad», creada y sostenida por la organización Trabajadores Unidos por la Tierra (Traut), en la localidad de Los Molinos, a 80 kilómetros al sur de Córdoba capital.
En 2017, cuando se conformó la organización, eran unas 30 familias. Tenían claro que había que juntarse para cambiar la realidad, el modelo productivo y las condiciones de vida. Siete años después, son unas 300 familias, trabajan unas 250 hectáreas del lugar y están presentes en trece pueblos de la zona (cercana a Los Molinos, Villa San Isidro y José de la Quintana —Valle de Paravachasca—). Una comunidad rural que tiene como pilares la autogestión, el cooperativismo y la soberanía alimentaria.
Trabajadores Unidos por la Tierra
«Somos una organización de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular que habitamos en pequeños pueblos y zonas rurales de los departamentos Calamuchita y Santa María», es la presentación oficial de quienes integran Trabajadores Unidos por la Tierra (Traut).
En 2016 comenzaron a organizarse, principalmente mujeres con necesidades de trabajo en una zona con altos índices de violencia familiar. Una forma de abordar ambos temas fue la fabricación artesanal de dulces y conservas. Al poco tiempo se fueron sumando jóvenes y hombres. Eran (son) familias campesinas, pero que cuesta que se reconozcan como tales —noeliberalismo mediante—, prefieren definirse como obreros, albañiles, changarines. «Vimos de cerca esa nueva ruralidad y una alternativa que debía ser colectiva», explicó Sergio Job, del grupo fundador.
En 2018 lograron el permiso de uso legal y parcial del predio del ex Grupo de Artillería, otorgado por la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) bajo el gobierno de Mauricio Macri. Fue un paso fundamental para la consolidación de Refugio Libertad, un campo comunitario donde producen alimentos sanos, ganadería, forrajes y granos, horticultura, apicultura, reciclado y la recuperación de la infraestructura abandonada, además de actividades culturales, educativas y de memoria.
La entrada principal es por la ruta provincial E56. Se gira a la derecha unos 80 metros y aparece el portón de hierro y alambre, suficientemente ancho como para que pase cómodo un camión. Al ingresar, se observa la primera muestra de lo gigante del predio: casonas amplias, galpones, una torre-tanque de agua de 46 metros de altura, monte nativo allá al fondo, otro tanto de planicies verdes y más galpones. Asemeja, en menor dimensión, a Campo de Mayo, la guarnición militar del conurbano oeste bonaerense.
El auto estaciona bajo unos árboles añejos, a pocos metros de una casona antigua, de puertas y ventanas grandes, de chapa y madera. Es el ex Casino de Oficiales, uno de los primeros edificios que recuperaron desde la organización. El estado del inmueble era calamitoso. A modo de ejemplo, recuerdan, tenía veinte centímetros de excremento de murciélago en los techos y otro tanto en los pisos. Fue un trabajo de semanas. Hoy luce impecable.
Allí funciona un centro cultural, la biblioteca Margarita Zeniquel (homenajeá a una de las sobrevivientes secuestrada con su bebé de 45 días), el Centro Educativo Nivel Medio Adultos (secundaria para adultos, en una localidad donde solo hay primaria), la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (Enocep) de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El lugar es un espacio abierto a la comunidad, que incluye actividades deportivas, asambleas, reuniones, capacitaciones y hasta celebraciones de cumpleaños.
Junto con organismos de derechos humanos, señalaron el lugar como sitio de memoria. Y entendiendo al acceso a internet como un derecho, promueven el software libre y la soberanía tecnológica, sosteniendo un equipo propio de infraestructura digital que es responsable de la red comunitaria de internet Los Molinos.
Media mañana nublada de Córdoba. El sol amaga, aparece y se oculta. En la galería de la casona está Mercedes Ferrero, de 36 años, que juega con Juan, su hijo de 2. Saludos de bienvenida, preguntas de ocasión e invitación a recorrer, mate-termo en mano, la edificación principal. Juan acompaña inquieto. Charla informal en la biblioteca. Anécdotas varias. Muestras de los arreglos edilicios (muchos) y de lo que falta (también varios).
«Buscamos fortalecer la comunidad y nuestra autonomía, avanzar en soluciones habitacionales y crecer en lo productivo, protegiendo el monte nativo y el río que nos vieron nacer. Soñamos con un Refugio Libertad abierto a la comunidad y que cuente con el aporte de todos y todas. Algo que ya está sucediendo». resume.
Refugio Libertad: vacunos y gallinas, verduras y miel, flores y vinos
Fin del mate. Levantar campamento y caminar. Unos cien metros derecho, bordear un galpón y otros cien metros a la izquierda. Otro gran galpón, con un tractor, camioneta y herramientas variadas de agro, un compresor grande y una soldadora. Breve caminata, alambrado y el espacio de la ganadería. Por un lado, una majada de 15 ovejas y seis cabras, a cargo de dos productores. Del otro, la ganadería mayor, con 54 vacas y dos toros, manejo cooperativo de ocho productores (Beatriz Lenochi, Graciela Areco, Ivana Moreno, Mercedes Ferrero, Antonio Basualdo, Justo Quinteros, Julio Quinteros y Elizabeth Quinteros).
Son familias que ya tenían sus animales y pagaban pastaje a terceros. Mediante la organización se logró avanzar en un proceso cooperativo, donde se comparten los cuidados y la sanidad. Se colectivizan cuestiones productivas, pero cada productor es dueño de sus animales. Un horizonte podría ser de cooperativizar todo, pero aún es un camino a recorrer.
La comercialización se da a nivel local y regional. También hay un vecino productor que cuenta con una carnicería. A él recurren si hay excedentes.
En la incipiente apicultura cuentan con siete colmenas. La miel es para autoconsumo y se comercializa a nivel local en ferias. Está a cargo de tres productores, en el marco de un convenio de capacitación con el Programa de Apicultura y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). El trabajo fuerte es en primavera-verano, pero el mantenimiento es todo el año. De la última cosecha obtuvieron unos cuarenta kilos.
También están iniciando con avicultura. El galpón de producción cuenta, según el año, con unos 150 pollos parrilleros y 50 gallinas ponedoras, a cargo de dos productores. La comercialización es local. Y tienen gran demanda. Una vez que difunden vía estados de WhatsApp o redes digitales, muy rápidamente venden todo.
La huerta comunitaria tiene casi una hectárea. Producen ajo, vicia y verdura de estación. Todo para autoconsumo. Trabajan nueve personas. A un costado se observa el invernadero, con producción de flores, plantas ornamentales, aromáticas y medicinales. Todo el trabajo está cargo de tres productores y productoras.
Otra caminata. Un tramo más largo ya en el mediodía cordobés. Alambrado bajo y se ven tres hectáreas de alfalfa y avena. Según la época (y los recursos económicos) pueden ser más. Han sembrado hasta cinco de alfalfa y quince de maíz. Lo cosechado es para consumo de los propios animales. El excedente se vende en la zona.
También funciona una pequeña planta de producción de alimento balanceado para las gallinas ponedoras y pollos parrilleros. Comercializan a nivel regional. Obtienen unos 2000 kilos al mes, pero tienen capacidad para más. Siempre hay productores vecinos interesados (el precio suele ser más bajo que en los negocios de la zona). Tienen un proyecto para ampliar la planta.
Hasta se animaron a un proyecto de viña y bodega. Implantaron 750 plantas de vid donadas y se produce vino “bien artesanal”. “Tenemos Malbec y vino rosado, con uvas de Colonia Caroya», explica Ricardo Benegas, 46 años, nacido y criado en el campo. Nunca había hecho vino, pero —capacitación mediante— se animó.
Avisa que no es fácil. Las plantas estuvieron a maltraer, tanto por las hormigas como por los animales que las diezmaron en media decena de veces. Comenzaron a ejecutar un financiamiento internacional y compraron maquinaria (tanque para 2000 litros, máquina para moler, prensa y filtro, entre otras), pero los desembolsos se cortaron y ese proceso ahí quedó. Es así como las dificultades económicas siempre están presentes, pero también el ingenio y el trabajo colectivo. Hasta reciclaron botellas de vidrio para poder concretar el proyecto, y lograron una pequeña producción de vino: 300 litros. A precio popular, fueron rápidamente vendidos. El nombre, bien legible en la etiqueta, toda una declaración de principios: «Vinos con memoria».
Benegas remarca que tienen capacidad y conocimiento para producir rápidamente los 2000 litros que les permite el tanque. Solo faltan, cuándo no, los insumos. Pero está convencido de que lo concretarán. «La clave es trabajar en grupo. Uno escribe un proyecto para financiar, otros ven la manera de producirlo, otro cómo comercializar y así. Es un trabajo de muchas manos. Nunca solos, siempre entre muchos», resume.
Colimba y memoria
El galpón tiene unos ocho metros de ancho por veinte de largo. Techo alto, a dos aguas. Ventanas simétricas a los costados. Estuvo abandonado por unos 25 años, pero en sus paredes aún hay señales, pintadas de conscriptos que recuerdan su paso por el servicio militar obligatorio (más conocido como «colimba» —corre, limpia, barre—), donde funcionó el Grupo de Artillería 141.
«Impresiona entrar acá», reconoce Adrián Camerano. Habrá ingresado un centenar de veces y aún se conmueve. Es periodista y fue vital para identificar ese sitio como un espacio vinculado a vulneración de derechos durante la última dictadura cívico militar.
En 2012, en su rol como comunicador, comenzó a interesarse por ese espacio de 880 hectáreas que colinda con tres localidades de Córdoba. Y, sobre todo, comenzó a preguntarse qué rol había cumplido ese espacio entre 1976 y 1983. Hasta ese momento, ni los gobiernos ni los organismos de derechos humanos habían puesto los ojos ahí.
El relato popular solo decía que era un lugar para colimbas. Pero él sospechó. Comenzó con lecturas y con el ABC del periodismo: desconfianza, pregunta, repregunta, investigar.
Fueron meses de trabajo hasta confirmar que había un vínculo con ese lugar y el horror de la dictadura. Junto con organizaciones de derechos humanos detectaron que había funcionado un centro clandestino de detención y de tortura (en 2018 fue reconocido por el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado —RUVTE—). Y aún se investiga la posible presencia de enterramientos clandestinos.
A pesar de las décadas pasadas, las paredes del enorme galpón-dormitorio aún hablan. Las inscripciones de los conscriptos van del orgullo nacionalista, las reivindicaciones a Malvinas hasta las proclamas religiosas. Algunas permanecen pintadas prolijamente, otras son simples trazos sobre la pintura de las paredes. Algunos registros mencionan que en cada galpón vivían entre 150 y 200 colimbas.
El espacio estaba en ruinas, con grandes roturas de techos y plagados de palomas y otros pájaros. Fueron semanas de trabajo, de una decena de personas, hasta dejarlo limpio y, luego, comenzar a repararlo. Ahora es un depósito residuos reciclables. Otro galpón similar, que se usaba para automotores, es depósito de bioinsumos, maquinarias y herramientas.
Para ingresar-salir del lugar hay que recorrer un pasillo angosto, silencioso, que mantiene el color original e inscripciones que reivindican la vida castrense: «Dios, Patria y Hogar».
Cerca, un cartel prolijo, blanco, de un metro de alto por un metro de ancho, con letras verdes y rojas: «Aquí funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar eclesiástica». Firmado por Trabajadores Unidos por la Tierra y una frase final: «Guardianando la memoria. Guardianando la vida». Es la ex Enfermería, que en 2020 se señalizó junto a Nora Cortiñas y que en la entrada cuenta con una escultura de un pañuelo blanco, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Contra una pared blanca, una prolija pintada reciente: «30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! Nunca más».
Junto con organizaciones de derechos humanos, realizaron toda la señalética de un sitio de memoria construido desde abajo, sin apoyo oficial. «No se puede sanar la tierra sin recuperar la memoria», afirman.
A unos cincuenta metros sobresale una torre-tanque de agua de 46 metros de altura. Con una escalera caracol angosta, de cemento. Adrián pregunta si hay fuerzas para subir; avisa que es más difícil que lo que parece. A cada paso se dejan leer escritos hechos sobre el cemento con algún elemento cortante. Casi todos tienen la misma estructura: nombre, año y lugar de donde proviene. «Mario. 83. Resistencia». «Raúl. 86. Santa Rosa». «José. 79. Reconquista». Cientos de mensajes similares. Un viaje en el tiempo que estremece. Jóvenes, recién salidos de la adolescencia, que dejaron testimonio de los años que el Estado los obligaba a vestirse de verde, portar un arma y estar largos meses enlistados para «servir a la patria».
El peronismo y Milei, los territorios y los partidos
Mercedes Ferrero es una referenta de la organización. Sentada debajo de un árbol comienza la charla que terminará semanas después vía zoom. En ambos casos, junto con su hijo. Licenciada en Ciencias Políticas, graduada en la Universidad Católica de Córdoba (donde es docente), militó durante años en barrios populares de la capital provincial, hasta que —junto a una decena de compañeros y compañeras— crearon Trabajadores Unidos por la Tierra (Traut).
La cronología organizativa y personal se entremezcla en la charla. Ingreso al predio, comenzar a ponerlo en condiciones habitables, el vínculo con la comunidad, sumar manos, escuchar a vecinos y vecinas, mudanza a la zona (2016), articulación con otras organizaciones, diseñar presente y futuro. Así llegaron el centro cultural, las actividades productivas, sobrevino la pandemia, el poner en condiciones algunas viviendas (que eran de autoridades militares, donde hoy viven tres familias y aspiran a que sean más), talleres educativos, comercialización de alimentos a precios justos, soberanía alimentaria.
Quizá el mejor resumen está en las remeras blancas de la organización: «Construyendo comunidad organizada y poder popular».
Reconoce que en último tramo del gobierno del Frente de Todos no estaban bien, pero el sacudón con Javier Milei fue grande. «La situación social es atroz. La necesidad se nota a cada paso. Se nota muchísimo acá en el pueblo, ni te imaginás en la ciudad (Córdoba capital)», denuncia.
Como en todos los comedores del país, la cantidad de personas que busca alimentos creció. En Refugio Libertad se entregan viandas todas las semanas (las familias se llevan sus raciones para compartir en sus casas). Redoblaron los esfuerzos para «abrir canales de gestión», formas de presentar proyectos productivos con municipios, gobiernos, ONG e incluso entidades del exterior. El desarme el programa Potenciar Trabajo (que otorgaba una suma mínima de dinero) fue un golpe para hombres y mujeres que trabajaban muchas más horas de las que requería ese plan. Ese dinero no está más y se siente en los bolsillos de los vecinos y vecinas.
«Siempre apostamos a la autogestión. Y tenemos claro que es un momento muy difícil, por eso trabajamos para sostener lo productivo, lo cultural, lo educativo, sostener todo lo que hemos logrado hasta acá. Siempre creemos en la construcción de comunidad, es el lugar de donde siempre partimos y en el que nos refugiamos. Y hoy más que nunca», señala.
Marcados por la coyuntura económica, reactivaron con más fuerza el espacio de producción (huerta, pollos, cultivos) para garantizar el acceso a alimentos, no solo para las familias sino también para el comedor comunitario y el merendero. Lo reiterará varias veces durante la entrevista: «Sostener lo que tenemos».
La entrevista lleva al por qué este presente con un gobierno de ultraderecha. Y en una provincia que fue un bastión de Milei. Pensamientos en voz alta, hipótesis, pero sobre todo el explicitar que es un momento de mucha reflexión y autocrítica respecto al rol político que han jugado las organizaciones sociales en los últimos años.
Plantea que también hubo (y hay) una dificultad grande para traducir las demandas sociales en un proyecto político. «La política (partidaria) está absolutamente distancia y divorciada del territorio», afirma.
De la construcción social a las elecciones
Trabajadores Unidos por la Tierra (Traut) no tenía en su agenda la disputa electoral. Pero la realidad se impuso. El gobierno local avanzó en la privatización del balneario comunal, el mejor (y más popular) acceso al río Los Molinos. La maniobra incluyó unos supuestos títulos de propiedad de un privado que nadie conocía.
El desmanejo, y la población sin acceso al río, motivó la decisión. Largas charlas en Refugio Libertad, el pensar colectivamente y así nació Comuna Esperanza, un partido local para presentarse a elecciones en 2023.
Entre sus propuestas: llamados a votaciones para tomar decisiones trascendentes (por ejemplo, qué hacer con el río), el crecimiento planificado frente al extractivismo inmobiliario, mejorar los caminos, la educación y la salud, acceso al agua potable, arraigo rural y —quizá lo más importante— escuchar lo que vecinas y vecinos necesitan, piensan y sueñan.
Fue una campaña casa por casa, en una comuna pequeña, de 600 habitantes. Estuvieron cerca, pero no les alcanzó. No tienen claro si repetirán la experiencia. Sí están en un proceso de pensar la época.
«No me cabe la menor duda de que hoy las organizaciones, los movimientos populares en general, estamos en un momento de fuerte autocrítica de lo hecho. Una autocrítica que no veo en los partidos políticos, espacios que no ven la realidad de nuestros territorios y las necesidades de nuestras comunidades, solo ven la partidocracia y su retroalimentación», cuestiona Ferrero.
Pasado y presente
Sergio Job es del grupo fundador de la organización y compañero de vida de Mercedes. Nació en Córdoba capital hace 43 años, creció en Río Gallegos y volvió a Córdoba para estudiar en la universidad pública. Viste prolija camisa, al mejor estilo abogado (que lo es). Se ofrece a llevar de regreso a la ciudad.
Militó en organizaciones urbanas de la capital provincial, tiene a su cargo la región centro del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ). Entiende que el derecho está al servicio del poder, pero también es una trinchera donde es necesario luchar para ponerla al servicio de los sectores populares. Fue abogado de sindicatos, cooperativas y movimientos sociales.
El viaje dura menos de una hora. Se percibe cierta confianza, pero también que mide algunos posicionamientos. El diálogo va del fiasco del gobierno del Frente de Todos, el avance de la derecha, los errores del campo popular, los egos, las dificultades para construir con otros. Plantea que Traut tiene agenda propia, vinculada a lo local, más allá de pertenecer a una organización nacional (UTEP).
«No estás grabando, ¿no?», pregunta, mientras maneja y sonríe.
Hay acuerdo de que no habrá textuales, solo una mención de los temas charlados. Quedará pendiente una entrevista para una próxima visita y analizar ya el gobierno de Milei y el futuro.
Ya en el centro cordobés. El sol se siente fuerte, parece de verano, aunque aún faltan unos meses. Despedida y un sentir que también es un posicionamiento: «Hay mil dificultades en el Refugio, no hay dudas de eso. Pero donde antes había órdenes, gritos y militares, ahora hay educación popular y trabajo digno».
*Este artículo es parte de un proyecto realizado con el apoyo de Fundación Friedrich Ebert.
Esquina Libertad: cooperativismo desde el encierro contra el individualismo
Por Lula Buono
La cooperativa Esquina Libertad busca la reinserción laboral de personas en contexto de encierro. Ariel Pinus, tallerista y anterior responsable de comunicación, explica de qué manera se lleva a cabo esta tarea y qué vicisitudes tienen que afrontar.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Hace cuánto y por qué se fundó la cooperativa?
Ariel Pinus: La cooperativa Esquina Libertad nació en 2010, dentro del penal de Devoto. El primer taller que se dió fue de encuadernación, con retazos papeles y telas recicladas, que se iban recolectando entre los familiares, compañeros y personas privadas de la libertad. Desde el principio se buscó generar lazos y fomentar las relaciones entre ellos. También empezar a pensar la autogestión y el modelo cooperativo como una forma de salida laboral y reinserción social, fundamentalmente para paliar la falta de oportunidades que hay en la sociedad. Dar una respuesta a ese vacío que no ocupa el Estado.
APU: ¿Con qué problemáticas se encuentran?
AP: Hay que entender que es un territorio complejo. Varias cosas para resaltar: en principio, el hostigamiento y la dificultad que nos pone el servicio penitenciario para acercarnos a ese territorio. Una cosa que decimos siempre es que las penas no son solo para las personas que cometen delitos, sino también para todo su ámbito. Acercarse, hacer una visita o querer dar un taller tiene muchísimas trabas. Hay que pasar por mucho acoso para poder desarrollar tareas en esos lugares, para ayudar o acompañar a personas que se encuentran transitando una condena. Si uno reflexiona de dónde sale el hostigamiento para ese sector llega a la conclusión de que tiene que ver con la estigmatización y la desinformación, que terminan influyendo en las políticas públicas.
APU: ¿En qué políticas públicas influye la estigmatización?
AP: Un ejemplo: el 22 de noviembre la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la Ley Petri, que prohíbe salidas transitorias, libertades condicionales o asistidas a condenas por cierto tipo de delitos. Significa que la persona que atraviesa una condena de estas solo puede salir cuando está cumplida la totalidad de la pena. Se le prohíben, por ejemplo, las salidas laborales. Cuando pensamos esto tenemos que hacerlo alejados de posicionamientos ideológicos. Hay que apoyarse en los datos para entender la peligrosidad de este tipo de políticas públicas. Una persona que atraviesa una condena muy grande y sale de la noche a la mañana a la calle no solo es peligrosa para sí misma, sino que es utópico pensar en su reinserción social. Por eso, desde la cooperativa siempre luchamos para que se les otorguen beneficios como salidas transitorias, talleres de oficios que puedan ir desarrollando en su territorio, en su barrio, donde van a vivir. Son todas cosas que facilitan la inserción. En las personas que realizan talleres de oficios y empiezan a implementarlos, la reincidencia en el delito se reduce en porcentajes muy altos. Un 95% de las personas que transitan cooperativas de trabajo u organizaciones destinadas a acompañar estos procesos no lo hacen. Por eso las políticas públicas o leyes como la Ley Petri terminan atentando contra lo que queremos todos: una sociedad más sana, menos injusta y más segura.
APU: ¿El objetivo de la cooperativa es solo la reinserción laboral?
AP: Ese es el punto más importante. Pero entendiendo que las penas afectan a todo el entorno, se intenta que este también pueda participar. Se busca generar fuentes de trabajo cambiando la relación con la producción. Pensamos la autogestión y el cooperativismo como lo contrario al individualismo que propone la sociedad o el sistema capitalista. Cuando una persona sale de cumplir una condena grande es muy difícil insertarse en el mundo laboral, sobre todo en la coyuntura actual. Sin apoyarse en compañeros, familiares, o personas que hayan atravesado un proceso similar, es muy complejo llevarlo adelante.
APU: ¿Qué otras actividades realizan?
AP: Además de generar los trabajos, realizamos talleres donde enseñamos oficios, dentro y fuera de los penales. Lo hacemos con serigrafía, encuadernación y comunicación, pero también brindamos talleres de cooperativismo y administración. Ofrecemos asesoría legal, en el caso de que lo precisen. Además, tenemos asesorías de salud y de género. Generamos un área de cultura desde la que fomentamos la expresión, la escritura, etc. Buscamos tener campos interdisciplinarios para abordar todas las problemáticas posibles.
APU: ¿Trabajan con otras cooperativas u organizaciones de la comunidad?
AP: Sí, con otras cooperativas y organizaciones sociales. Por ejemplo, hay muchas cooperativas a las que les brindamos talleres para ayudarlos a organizarse y autogestionar proyectos productivos. La articulación también tiene que ver con la comercialización entre organizaciones y cooperativas. También nos relacionamos con organizaciones internacionales, con las que intercambiamos experiencias sobre el contexto de encierro en distintas partes del mundo. Ahora estamos trabajando con Estados Unidos y Colombia.
APU: El crecimiento del territorio digital, internet y redes ¿Ayuda o dificulta el trabajo de la cooperativa?
AP: Nos ayuda. La difusión es mucho más simple por el crecimiento de ese territorio. Sobre todo para nosotros, que somos los responsables de armar los talleres y acercar esas herramientas a las personas que están cumpliendo condena o son liberados. Las dificultades que veo son justamente las reflexiones sobre el derecho a la comunicación. No se puede pensar la reinserción social sin las herramientas básicas para poder comunicarse, como el Whatsapp. Para poner un ejemplo, en el taller de comunicación que estamos dando actualmente, el 80% de los participantes tienen problemas por falta de conexión, acceso a una computadora, etc. Un problema para pensar es que una persona, independientemente de la edad, que atraviesa una condena de, supongamos, 10 años, sale sin ningún tipo de herramienta para poder desenvolverse en el mundo digital. Esta es una traba muy importante. Nosotros hacemos lo posible para acercar estas nuevas tecnologías al contexto de encierro.
El Mocase da cátedra en el monte santiagueño
Por Nicolás G. Recoaro
La Universidad Campesina SURI es la casa de altos estudios de las comunidades campo adentro. Agroecología, Psicología Social y Comunicación Popular para “la organización de base, la lucha por la tierra y la construcción colectiva”. Lecciones de vida.
En el monte acostumbrado a este sol tremendo hay aulas. También docentes en lucha. Maestros del Mocase que dan cátedra en la Universidad Campesina e Indígena de Santiago del Estero. A la casa de altos estudios de las comunidades campo adentro se llega desde la derretida cinta asfáltica de la Ruta 9. El llano en llamas.
Kilómetro 924, tórrido sur santiagueño, frontera con Córdoba. A pasitos de la localidad de Villa Ojo de Agua, entre los pastizales sedientos escala un camino de ripio que conduce al aula magna. Monte, casita, puro monte… De repente, el gran galpón de usos múltiples. “Unicam Suri”, saluda desde su fachada. Abraza sus paredes de barro una colorida primavera muralista: la multitud agraria marchando por sus derechos, la bandera celeste y blanca, el emblema de la orga, el rostro del sabio dirigente Raymundo Gómez y los puños curtidos siempre en alto. “Unión, Lucha, Resistencia”, tres palabras tatuadas a mano, tres pilares fuertes como madera de quebracho que sostienen las batallas de los de abajo, en estos pagos siempre castigados por los de arriba. Lecciones de vida en la escuela del monte.
El camino de Santiago
Si la siesta es religión en Santiago del Estero, Guillermo Durán es un ateo. No cree en el descanso. El muchacho labura sin parar durante las horas sagradas en que se frena la provincia entera. Es porteño de nacimiento, pero santiagueño por elección. En 2007, cuando todavía era un joven estudiante de Agronomía de la UBA, Durán tuvo una epifanía en su primer encuentro con los cumpas del Mocase: “En la facultad me formaban para ser un soldado del agronegocio: el campo mecanizado, la exportación de granos de soja y maíz, la generación de riqueza para unos pocos. Acá conocí la vida campesina, otro modelo de agricultura, la organización de base, la lucha por la tierra y la construcción colectiva. Un mundo más justo”.
Hace diez años que Guillermo pone su granito de arena en la organización. El Mocase tiene varios más: fue creado el 4 de agosto de 1990, por hombres y mujeres que peleaban por sus tierras en las épocas seminales del menemato y su pesadilla transgénica. La defensa de las comunidades, la reforma agraria integral, la soberanía alimentaria, la agroecología y la vuelta al campo son las banderas que siguen levantando 34 años después. Frente a las topadoras de los empresarios saqueadores y el Estado socio en el atraco: ni un paso atrás, ni un metro menos de tierra.
En 1993, el Mocase participó de la creación del Movimiento Internacional Vía Campesina (VC), que hermana a millones de trabajadores del campo en más de 70 países. Junto a otras organizaciones, en 2005 fundó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), un espacio que reúne a miles de familias con inserción territorial en toda la Argentina. Las dificultades históricas de las comunidades en el acceso a la educación superior impulsaron la creación de su propia escuela, la Universidad Campesina e Indígena S.U.R.I (Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos). La semilla se plantó en 2011 bajo la filosofía del “buen vivir” –Sumaj Kawsay en quechua-, que propone habitar el planeta de una manera armónica con la naturaleza. Vida en comunidad, frente a la lógica extractivista del capitalismo.
Guillermo no para. Mientras gasta alpargatas caminando de acá para allá por el campus -de la huerta al corral donde chanchos y cabritos veneran la bendita siesta-, Durán da una clase sobre pedagogía del oprimido digna de Paulo Freire: “La educación tradicional bajaba línea para que los jóvenes se fueran de sus comunidades. Los pibes se formaban como técnicos electricistas, y la realidad en los parajes era no tener luz, tampoco agua y gas. Entonces el Mocase empezó a pensar una educación para el campo, desde las comunidades y sus saberes”. Primero se articuló con universidades urbanas, pero después la autonomía creció desde el pie y floreció la Escuela de Agroecología. Con el tiempo salieron otros brotes verdes: la Escuela de Psicología Social y la Escuela de Comunicación Popular y Comunitaria. Teoría y práctica, la ideología es tierra que se labra.
“En la Unicam hay formación técnica y productiva, pero con tamiz político. Este espacio es mucho más que una universidad, que un lugar de formación”, suma su voz en la caminata Norma Michi, licenciada en Educación, laburante histórica y cráneo candente de la organización pedagógica. También, docente del taller de cerámica. Norma está metida en este baile, chacarera combativa, hace más de 20 años: “Acá convive una comunidad, se produce para abastecernos, dialogamos con los compañeros en el territorio, ponemos el cuerpo en los conflictos. Es un sueño hecho realidad. Algo hermoso es ver cómo los estudiantes toman la posta en las luchas históricas del Mocase”. La Unicam es un semillero.
La comunidad
Campesinos, indígenas, trabajadores urbanos y rurales. Todes tienen lugar en la comunidad de la Unicam. Corrales, huertas, espacio para las infancias, salón de usos múltiples con decenas de camas, cocina, generoso comedor y hasta una radio -la FM Suri Manta- se integran en armonía con la montaña mágica.
La universidad también es el hogar de los laburantes del proyecto y una casa reconocida por la Sedronar, que recibe con los brazos abiertos a pibes que vienen en situación de vulnerabilidad por consumos problemáticos. Convida un mate y hojitas de coca Matías “Chuschalo” Jara, egresado y miembro de la coordinación: “Se les dan herramientas. Llegan de pueblos y ciudades. Formosa, el norte de Santiago, de Añatuya, y hasta de Mendoza y Buenos Aires. Muchos tuvieron una vida de mierda, changos explotados que no cobraban ni la transpiración que perdían en las quintas. Acá se los abraza fuerte”.
Antes que el sol despertó la joven Belén Cejas para preparar el desayuno de sus cumpas y también de las gallinas. La “Nego” es del Chaco, creció entre algodones, pero sabe de sacrificios. Llegó a la Unicam para estudiar educación especial y no se fue más. Da una mano con las tareas de los más chiquitos, en la parquización y la cocina: “Me salen bien los guisos, las salsas, depende lo que haiga. Es una gran familia, todos tiramos para el mismo lado”.
Duchando el maíz anda Ramón Farías en la huerta. Manguera en mano, el estudiante de Agroecología recuerda la historia de lucha de su pueblo: “La Simona, que en los noventa fue símbolo de resistencia contra las topadoras con la Carpa Negra. Tengo abuelos y padres campesinos; criamos ganado, chivos, vivimos tranquilos, pero aparecen empresarios, nos matan animales, nos fumigan. Gracias al Mocase recuperamos lo nuestro”. Chocho anda el pibe entre zapallos, rudas macho, cebollitas de verdeo, perejiles, acelgas y los tomatitos que van a estar gordos para después de Navidad: “Antes andaba en las calles, medio perdido. Estoy feliz de poder estudiar”. El Mocase banca a full la formación: estadía, material pedagógico y los encarecidos pasajes.
Maira Alzogaray amasa un bollo de prepizza grande como una nube. Es egresada en Agroecología, de la escuela del Mocase que funciona en Quimilí, otro bastión de la orga. Mientras corta cebollitas con precisión, la jujeña de sonrisa blanca como un salar del Altiplano comparte: “Acá aprendí los derechos nuestros, el compromiso comunitario y el amor por el colectivo. Les doy de comer todos los días, no se puede pelear con la panza vacía”.
Que vivan los estudiantes
Melani Rita Quiroga es de Guasayán, una comunidad anclada a 100 kilómetros de la capital santiagueña. Egresada con honores en Agroecología, la piba de 27 pirulos lleva la militancia en la sangre: “De muy chica participaba en las reuniones para defender nuestras tierras, iba con mi tía que es referente indígena, yo era muy chiquita. Allá vienen los empresarios y te sacan a patadas, te matan los animales. En la escuela aprendí sobre la producción con fines sociales, pero también sobre cómo tenemos que organizarnos. La salida es colectiva”.
Melani comparte mate y militancia con Baltazar Maidana. Se arrimaron a la Unicam para hacer el curso en Comunicación Popular. El morocho es oriundo de Santiago capital, madre de ciudades de nuestra patria. Dice que la lucha no tiene fronteras, se pelea parejito en los pueblos y en los postergados conurbanos. En tiempos de individualismo y miserias mileístas, Baltazar no baja los brazos: “Somos herederos de luchas que tienen décadas. Campesinos, hacheros, indígenas, los explotados de siempre. Está feo el presente, duele, ahora nos toca pelearla a nosotros”. El cierre es de guitarreada, con el sol despidiéndose en el monte. Baltazar le da duro y parejo a la viola. Recita los versos eternos de “A Don Yuma Gómez”, hace memoria histórica hecha chacarera, dispara verdades: “Al ver su rancho tan pobre / ay que dolor que me da / ahí sí que diría Yupanqui: ‘Dios no pasó por acá’”.
Difundiendo la voz de las comunidades campesinas
La FM Suri Manta es una de las seis radios del Mocase. Su sede en la Unicam es una casita que imita en su arquitectura la forma de dos huevos de suri, el ñandú que corre libre por el monte santiagueño. Macarena Ormello le pone voz a “Gomerazo a tu memoria”, el informativo matinal que acerca noticias a las comunidades: “Somos la voz del monte adentro. La radio es información, pero también es un servicio. Sobre el clima, sobre los conflictos con la tierra, pero también damos una mano si se pierde una majada de cabras. Llama la gente y avisan por dónde andan”. La radio es compañía, y también música: “Te abraza en pleno campo. Suena mucho chamamé, cuarteto y no puede faltar el folklore”. Clásico de clásicos, como himno flota en el aire del estudio la voz de Peteco Carabajal y sus “Caminos santiagueños”.
La comunicación popular y contrahegemónica es otro pilar de la Unicam. José Luis Arce es un dirigente formoseño de la comunidad Pilagá que se arrimó para formarse en esta trinchera. Hace videos sobre derecho indígena en TikTok: “Es una herramienta vital, un derecho de nuestros pueblos. El derecho a tener voz y contar nuestra historia”.
Fuentes: agenciatierraviva.com.ar, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, APU
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