A partir del primer día de este mes de abril se desató la ola de campañas de todo tipo de los aspirantes a los cargos del Poder Judicial y el bombardeo en los medios de comunicación sobre los anuncios del Instituto Nacional Electoral (INE) llamando a los ciudadanos a votar el 1° de junio. Ante el hecho consumado de esta nueva elección, los trabajadores del país debemos reflexionar acerca del fondo de esta elección y de algunos hechos que, en torno a ella, se han suscitado.
Desde la propuesta de una reforma al Poder Judicial por el anterior inquilino de Palacio Nacional, el 5 de febrero de 2024, surgieron muchas dudas sobre el verdadero propósito de los cambios, su autor destacó que la reforma se proponía acabar con la corrupción, el nepotismo y los abusos que han existido en dicho Poder. En contrapartida, muchos calificaron esta acción como una ocurrencia, un capricho, un berrinche y hasta una venganza del expresidente contra quienes representaban esa parte del Estado que no se sometió a sus decisiones, entre otros, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No es tampoco la causa de la elección judicial, como nos la quiere vender ahora la Presidenta en turno para adornar su mamotreto, un acto profundamente democrático porque la 4T es democrática y quiere hacer de México el país más democrático del mundo.
Considero que la verdadera causa, la de mayor fuerza, fue la de apoderarse de todo el Poder Judicial, la aspiración de controlar el poder del Estado desde la presidencia de manera absoluta, para que su corriente política permanezca en el poder durante muchos años sin contratiempos. Al mismo tiempo, el propio autor de la reforma podría dormir tranquilo sin el temor de que un poder no controlado por él pudiera fincarle responsabilidades por todas las tropelías que cometió durante su gobierno, especialmente, las violaciones a la Constitución, el exceso de muertos por la mala atención de la pandemia del COVID-19, la bancarrota del sistema de salud en general, y por sus oscuras relaciones con el crimen organizado que tantas desapariciones, muertes y extorsiones ha provocado en todo el país.
Es cierto que en el sistema anterior de nombramientos de la SCJN el propio presidente de la República en funciones designaba ternas y se las proponía al Senado para nombrar a los nuevos ministros, pero también lo es que, de acuerdo a la Constitución, no se podían hacer en un solo momento, sino de manera escalonada, de tal manera que el anterior mandatario solo podía nombrar algunos y el siguiente mandatario otros y cada ministro debía durar 15 años en el cargo. Con ese sistema López Obrador o quien lo sustituyera no iban a lograr mayoría fácilmente en la Corte. Mucho menos si a eso agregamos que, a decir del mismo expresidente, dos de los ministros que él nombró “lo traicionaron”, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, él quería sumisión absoluta de sus propuestos y estos cometieron el “error” de actuar conforme se los dicta la Constitución. Tampoco a la ministra Norma Piña la podía relevar a su gusto porque el Presidente de la SCJN, de acuerdo a la reglamentación anterior, tenía que ser nombrado por mayoría de los ministros de la Corte y debía durar 4 años con ese nombramiento, ella fue nombrada el 2 de enero de 2023.
Al expresidente le urgía un cambio total del Poder Judicial para evitar un juicio como el que padeció Lula da Silva en Brasil que lo mantuvieron 580 días preso por supuestas violaciones a la Constitución, corrupción y otros delitos cometidos, y vaya que en México los hubo. López Obrador requería lo más pronto posible, jueces, magistrados y ministros “a modo” y qué mejor si son simpatizantes del mismo partido en el poder. Lula pudo demostrar su inocencia, no lo iba a poder hacer López Obrador.
Quitar directamente a los integrantes de la SCJN se hubiera tomado como un acto arbitrario y dictatorial por buena parte de los mexicanos, por tanto, era necesario para la 4T disfrazar esa acción con el ropaje de la participación ciudadana, aunque esta fuera solo para taparle el ojo al macho. Pero era necesario hacerlo rápido, para que los jueces, magistrados y la Corte no tuvieran oportunidad de fincarle ningún juicio al expresidente, de ahí que al entrar en funciones la nueva legislatura el tema más importante de aprobar fue la reforma judicial, si para conseguirlo era necesario comprar, sobornar o someter por la fuerza a algunos diputados o senadores había que hacerlo hasta alcanzar las dos terceras partes en las dos Cámaras y así modificar la Constitución. Al respecto, fuimos testigos de la denigrante actuación chantajista y opresora de los líderes del poder legislativo, tanto de Adán Augusto López como de Ricardo Monreal, y del ignominioso sometimiento de senadores, hasta de la oposición, Daniel Barreda del partido Movimiento Ciudadano y los inescrupulosos Yunes Linares y Yunes Márquez, quienes se doblaron para que Morena consiguiera las dos terceras partes de votos y lograra la aprobación de la reforma de marras.
El expresidente, sus asesores y los principales capitostes del morenismo saben que basta controlar algunos niveles del Poder Judicial para que no pase ningún juicio que pudiera perjudicarlos a ellos o a sus allegados, por ejemplo, tener al Presidente y mayoría de los integrantes de la SCJN, o tener el control del organismo encargado de sancionar a jueces, magistrados o ministros que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y qué mejor si en la selección de los aspirantes a los diferentes cargos se puede ingresar a puro morenista e impedir que pase algún adversario o disidente.
La impartición de justicia pronta y expedita para los ciudadanos, esa no importa, lo que importa es el control de “la cabeza” y, de ser posible, de todos los niveles del Poder Judicial y mientras más ignorantes resulten los candidatos, mejor, porque pueden ser más manipulables por las principales esferas de ese Poder. Por eso el expresidente llegó a plantear que hasta recién egresados de las escuelas de derecho podían ser mejores juzgadores, “no importa quien quede, con tal de que sepa obedecer”. No importa su preparación, no importa que no tuvieran experiencia o que nunca hubieran cursado la carrera judicial que, desde hace años, era un requisito para ser juzgador.
El panorama de una elección a modo o de una elección simulada se completa con otros datos importantes.
Primero, es la gran cantidad de cargos que estarán en disputa y la enorme cantidad de candidatos que aparecerán en las boletas, los cuales el elector prácticamente desconoce en su trayectoria y estudios, para seleccionar a los más preparados que garanticen una impartición de justicia apegada al Estado de Derecho de nuestro país. Se elegirán nueve cargos de ministros para la SCJN, dos magistrados para la Sala Superior, 15 para las Salas Regionales del Tribunal Electoral, cinco magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito, 386 Jueces de Distrito y 1,787 jueces locales en 19 entidades federativas. Las boletas que recibirá el elector con decenas de candidatos son por lo menos seis para los cargos federales más las que correspondan a la elección local. Una elección para desanimar a cualquiera.
Segundo, es la petición presupuestaria del INE para realizar la elección. El diario Animal Político destacó el 12 de diciembre de 2024, después de la aprobación del PEF 2025, “El INE tendrá solo 5 mil millones para llevar a cabo la elección judicial cuando su solicitud presupuestal fue de más de 13 mil millones de pesos”; y tan tajante recorte trajo consecuencias, el diario El Heraldo del 17 de marzo de 2025 señaló: el INE solicitó una ampliación del presupuesto pero Haciendo solo le autorizó una parte mínima “lo que derivó a que el INE tomara diversas medidas como la de instalar 84 mil casillas de las más de 170 mil casillas que se instalaron en la elección de 2024”. Es decir, que, desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo al no aprobar los recursos suficientes para hacer una elección completa, no le dieron la misma importancia a esta elección que a la elección federal del año pasado, si cabe, visto en dinero le dieron menos del 50 % de importancia. Por su parte, el INE se fue por la fácil, simplemente recortó el 50 % de las posibilidades de sufragio de los posibles votantes.
Tercero, que ya con los dos anteriores la elección venía muy mermada, se refiere a la cantidad de boletas que recibirá cada elector que son seis para los cargos federales más los que correspondan a los cargos locales y al tiempo que cada elector tardará para realizar la votación personal. En la Ciudad de México en donde el votante recibirá 9 boletas (seis para cargos federales y tres locales) “Tomando en cuenta las estimaciones realizadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), así como por el INE, una persona que reciba nueve boletas para la elección del Poder Judicial (PJ) el próximo 1° de junio de 2025, podrá demorar casi 14 minutos dentro de la mampara…” (Infobae, 19 de marzo de 2025).
Supongamos que la elección dura 10 horas, de ocho de la mañana a seis de la tarde, son en total 600 minutos sin detenerse y si los dividimos entre 14 minutos que tarda cada votante nos arroja una cantidad de 43 votantes por casilla. Al continuar con la operación, si multiplicamos 43 votantes por el total de casillas a nivel nacional que son 84,202, nos arroja un total de 3 millones 620, 686 sufragios. Esta es una cantidad ridícula comparada con el padrón nacional que ronda en los casi 100 millones de mexicanos con derecho a votar.
Y cuarto, para no hacer más largo este artículo, resulta que los votos no se van a contar en cada casilla, sino que las urnas se llevarán a los Consejos Distritales, los cuales podrán publicar sus resultados del 1° al 10 de junio y en los Consejos Locales de cada entidad se conocerán el 12 de junio para que la sumatoria total la dé a conocer el Consejo General del INE el 15 de junio. ¿Por qué no se contarán los votos en cada casilla? El lector ya se imaginará la respuesta.
En suma, la razón más profunda de la elección que señalamos al principio, estos cuatro datos, y otros más que no enumeramos por obvio de espacio, nos dan una idea de una elección simulada, una elección fraudulenta, una farsa, organizada solo para cubrir de democracia las descubiertas posaderas de un gobierno dictatorial que manipula las leyes para acomodarlas al interés mezquino de eternizarse en el poder y de proteger a sus incondicionales contra cualquier verdadero acto de justicia en su contra. Al tiempo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.