La Justicia Federal rescató a 31 personas de un campo perteneciente a la familia Vicentín
“Desde el primer momento nosotros tuvimos indicios de que se estaba cubriendo a alguien, alguien cercano al poder económico o al poder político, o bien parte del poder político y económico de la provincia de Santa Fe. Y, sobre todo, del norte santafesino”, dijo el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Fabián Palo Oliver, quien presentó un pedido de informes, justamente, para conocer quiénes eran los dueños de las explotaciones agrícolas que sometían a condiciones infrahumanas a sus trabajadores.
La respuesta está en el Boletín Oficial de la Nación del 22 de julio pasado. La publicación da cuenta de que el 26 de junio de este año la sociedad anónima La Isabelina -identificada en la investigación del fiscal federal Gustavo Onel como propietaria de unos de los campos allanados el 4 de setiembre- designó nuevas autoridades en su directorio. De acuerdo al acta de asamblea, hasta el 22 de febrero de 2028 el presidente será Federico Castellarin; el vice Tomás Moschen Padoan; la directora titular Carina Galarza y el suplente Roberto Joaquín Vicentin.
Tomás Moschen Padoan es licenciado en Agronegocios por la Universidad Austral, que también le otorgó una diplomatura en Comercio internacional. Entre 2018 y 2024 trabajó en el frigorífico familiar, Friar. Roberto Joaquín Vicentín es contador.
Antes, en 2018, la conducción de la sociedad estuvo conformada por Máximo Javier Padoan como presidente, Cristian Andrés Padoan como vice, mientras que los directores fueron Amado Luis Moschen y Clelia Mireya Vicentin.
Los dos primeros fueron imputados en marzo de este año -junto a otros 13 directivos de Vicentin Saic- por presuntas maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de la agroexportadora y fines de 2024, por medio del cual se habrían desviado ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos para solventar el patrocinio letrado y las fianzas impuestas por la Justicia a la cúpula del grupo. Así lo entendieron los fiscales de Delitos Complejos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja.
Máximo Padoán ya había sido imputado por los mismos fiscales en 2023 como miembro de una asociación ilícita destinada a defraudar a productores, clientes y bancos vinculados a Vicentin SAIC, a quienes les habrían ocultado mediante la confección de balances falsos la verdadera situación financiera de la compañía, que en diciembre de 2019 se declaró en “estrés financiero” y en febrero siguiente solicitó iniciar su propio concurso preventivo de acreedores, proceso que aún no concluyó.
El mismo directivo también figura entre los 23 convocados por el juez federal Julián Ercolini, quien cinco años después del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que acusó a la cúpula de la firma de defraudar al Estado nacional por al menos u$s 264 millones a través del otorgamiento de créditos incobrables del Banco Nación, entendió esta semana que era hora de indagarlos.
El caso que reveló condiciones infrahumanas de empleo en dos campos del norte santafesino se inició el 4 de septiembre cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de Arca (ex Afip) notificó a la fiscalía federal de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en un campo identificado como establecimiento «Santa Ana”, en cercanías Pozo Borrado, en el límite santafesino con la provincia de Santiago del Estero.
Allí identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. “Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones”, señaló la Fiscalía a cargo de Onel en un comunicado.
Dormían en el piso o en precarias tolderías, carecían de baños y de suministro de agua y percibían un ingreso de $300.000 por quincena, “al cual se le descontaba el valor de la comida”, según la investigación judicial que recordó a La Forestal.
Con esos datos, Onel solicitó allanar el establecimiento Santa Ana SRL. En un campo lindero, que en realidad es una estancia y se llama “La Revancha”, encontraron al resto de los trabajadores en similares condiciones. En la comunicación oficial se informó que se trataba de “La Revancha e Isabelliana SA”, lo cual movió a confusión.
Esa explotación rural está a cargo de la firma La Isabelina SA, empresa de las familias que integran el grupo Vicentin, originario de la localidad santafesina de Avellaneda, cuyos vecinos se embanderaron con la consigna “Somos todos Vicentin” en 2020 cuando el entonces presidente Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de expropiación al Congreso.
Pero al momento de los allanamientos no se conocía quiénes eran los propietarios de los establecimientos rurales que explotaban en condiciones similares a la esclavitud al personal “golondrina” traído de Santiago del Estero.
Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores dijeron ser oriundos de la localidad de Los Juríes de Santiago del Estero; contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300.000 pesos por quincena, “al cual se les descontaba el valor de la comida”.
“De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social”, agregó el comunicado de la Fiscalía.
“Nos llamó la atención que había un bagaje muy importante de información, producto de una primera inspección de rutina que hace personal de Uatre, el sindicato de peones rurales, con la gente del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales, y a partir de ahí surge toda la información el 4 de septiembre”, recordó Palo Oliver.
“Pero lo que no estaba en ningún lado -explicó- era quiénes eran los dueños, o sea los titulares de los dos campos. Se sabía que eran dos campos linderos en Pozo Borrado, y aparecen ahí en la información dos emprendimientos. Esos dos emprendimientos no se sabían quiénes eran los que componían la sociedad anónima y la SRL”.
El diputado provincial agregó que “concretamente el campo se compró en el 2018 de parte de los accionistas de Vicentín, del directorio. En el 2025 se modifica la composición, porque están todos imputados”.
Tras conocerse públicamente el allanamiento solicitado por el fiscal Onel, el legislador del FAS presentó un pedido de informes en la Cámara baja provincial en el que pregunta al Ministerio de Trabajo santafesino “si existen antecedentes de controles efectuados por esa dependencia en las explotaciones agropecuarias referidas, si se encuentran registrados como empleadores las firmas La Revancha e Isabelliana S.A. y Santa Ana y en caso de ser así, quiénes son los responsables de las mismas”.
Según explicó el diputado, en ese momento persistía la confusión entre el nombre de la estancia, que es “La Revancha”, y el de la sociedad, denominada La Isabelina y radicada con domicilio legal en Maipú 359, 6º piso, oficina 89, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
Esa dirección, ubicada a pocas cuadras del Obelisco, figura en bases de datos públicas como domicilio de la contadora Laura Verónica Fresneda, quien en la red social Linkedin se presenta como “responsable de gestión en LF Consultora” y ofrece “soluciones integrales para Pymes y emprendedores”.
El pedido de informes del FAS consulta al ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe si “las firmas antes mencionadas están inscriptas en el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos y, en su caso, si están registradas como sociedad”. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicita que “se remita la información y documentación de la sociedad”.
Vicentín: Se pudo hacer, no se hizo
Por Claudio Lozano
El juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, citó para que presten declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban los directorios de la cerealera Vicentin y del Banco Nación, acusados de cometer un fraude millonario contra el Estado.
Siendo director del Banco Nación, a comienzos del 2020, fui el primero en presentarse ante el fiscal Pollicita para hacer una declaración testimonial y presentar tres informes que describen el comportamiento delincuencial del grupo empresario, así como la connivencia con las principales autoridades del Banco.
Muchos de los argumentos vertidos por el fiscal retoman lo que sostuve en esos informes y que ratifiqué en mi declaración. El vínculo del Grupo Vicentín con Mauricio Macri, relación materializada en que el grupo empresario era el principal aportante a las campañas electorales. En la presencia de uno de los integrantes del Directorio del Grupo como presidente del PRO en la Provincia de Santa Fe, se traducía en las llamadas del ingeniero presidente de la Argentina, pidiéndole al presidente del Banco Nación, González Fraga, que le facilitara el acceso al crédito a Vicentín.
De este modo, el grupo empresario pudo transitar desde abril del 2018 con la calificación crediticia vencida, superando los límites normativos internos del Banco e incluso los límites y regulaciones propias del sistema financiero. Así las cosas y fuera de toda norma Vicentín mantuvo su línea de financiación incluso cuando dejó de pagar a partir de la derrota de Macri en las PASO del 2019.
La connivencia entre el gobierno de Macri con Vicentín llegó al extremo de posibilitar al grupo empresario disponer de los 791 millones de dólares que estaban depositados en una cuenta en garantía en el Banco Nación y que más que duplicaron la deuda del grupo con el Banco. Decisión esta que le permitió al grupo Vicentín estafar al Estado argentino.
Han pasado cinco años y ya no está en el poder la fuerza que gobernaba en ese momento. La primera reflexión habla de la lentitud con la que se mueve la Justicia. La segunda nos lleva a lamentar los titubeos, la improvisación y la falta de orientación estratégica que caracterizó al último gobierno del Frente de Todos. Estaban todos los elementos, todas las pruebas y por ende todas las posibilidades de transformar las acreencias que el Banco tenía sobre Vicentín en la creación de una Empresa Pública no estatal, de carácter mixto con participación del Estado y de los pequeños productores rurales, que a su vez funcionara como empresa testigo del comercio exterior de granos de nuestro país. Se pudo hacer, no se hizo.
Vicentin, 5 años después
Por Carlos del Frade
“Unos 26 integrantes del directorio de la cerealera Vicentin y del Banco Nación en 2019 fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de ponerse de acuerdo para cometer un fraude, que habría provocado al Estado un perjuicio de al menos 260 millones de dólares, en el otorgamiento de créditos”, publicó el martes 16 de septiembre de 2025 el diario La Nación.
Una noticia vieja. Hacía cinco años que esto se sabía por lo investigado en la causa del fiscal federal Gerardo Pollicita y que fuera denunciado por nosotros en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y nuestro libro Vicentin. Desaparecedores y fugadores. Capitalismo argentino, del 2021.
Es imprescindible tener en cuenta aquel documento judicial.
Fragmentos de un siempre renovado estatuto legal del coloniaje, de una crónica interminable de saqueo o robo de bienes públicos a favor de un selecto grupo privilegiado.
“…Lo expuesto demuestra que durante el mismo período en el que la firma Vicentin tenía deudas vencidas con el Banco de la Nación Argentina, el dinero para cobrar dichas deudas se encontraba a resguardo del banco en dos cuentas específicamente creadas ante un eventual incumplimiento, sin embargo los funcionarios del Banco de la Nación Argentina a pedido de los empresarios, decidieron liberar 43.449.104.966 pesos – 41.592.204.966 pesos de la cuenta de cobranzas en el exterior y 1.856.900.000 pesos de la local – movilizándolo, hasta el día 3 de diciembre inclusive, hasta una cuenta corriente de la firma Vicentin que no poseía ninguna limitación, lo que le permitió a estos últimos disponer de los miles de millones de pesos que garantizaban los préstamos, burlando de tal forma, toda posibilidad de cobro por parte de la entidad bancaria.
“En efecto, como se verá a continuación, una vez que los fondos se encontraban en la cuenta corriente de la firma en la misma entidad, los titulares de la firma Vicentin usaron parte del dinero para pagar gastos de la firma -tales como proveedores, impuestos, salarios- pero otra parte significativa de los fondos eran transferidos mes a mes a “cuentas propias” que la firma mantenía en otros bancos, por lo que el destino final de estos últimos resulta de momento desconocido”, dice el escrito del fiscal federal.
El dinero del pueblo argentino iba a parar a una cuenta que tenía Vicentin sin “ninguna limitación” y desde allí, los señores empresarios, hicieron 1.418 transferencias a cuentas propias entre agosto de 2019 y enero de 2020.
En la página 50 se informa que “de los casi de 800 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos que el Banco de la Nación Argentina a lo largo del período agosto a diciembre de 2019 tuvo en las cuentas en garantía de las deudas de Vicentin, al momento en que se efectuó la afectación de los fondos sólo se hallaron en las cuentas apenas poco menos de 8 millones de dólares, lo que demuestra la magnitud del daño ocasionado al patrimonio del Banco de la Nación Argentina”, dice Pollicita.
Cinco años después, el caso Vicentin expresa la síntesis del capitalismo argentino. Desaparecedores y fugadores. Los héroes preferidos del señor presidente de la Nación.
Sanción histórica
Después de una investigación que llevó casi cinco años, La Comisión Nacional de Valores (CNV) impuso una sanción inédita a una sociedad de Bolsa. Se trata de Guardati Torti, un broker rosarino vinculado al mundo del agro, que «cayó» en 2020 luego del millonario default de Vicentín. El organismo dictaminó que esta sociedad de Bolsa (Alyc) desviaba fondos de sus clientes y que no cumplía con los regímenes informativos que el regulador impone para los jugadores del mercado y le aplicó una sanción de más de $ 2.790 millones.
Se trata de la multa más grande que aplicó la CNV. También inhabilitó a algunos funcionarios de esa sociedad de Bolsa para operar en el mercado de capitales de por vida.
Uno de los principales clientes de Guardati Torti era VIcentín, la empresa que entró en default en diciembre de 2019. Guardati había emitido cheques de pago diferido y por cuenta y orden de la cerealera, que comenzaron a ser rechazados por falta de fondos.
La investigación comenzó en febrero de 2020 cuando cientos de clientes comenzaron a denunciar que no podían operar o disponer de los fondos líquidos, además que encontraban diferencias entre los saldos que la compañía les informaba y los que efectivamente se encontraban depositados en la Caja de Valores.
Once empresas interesadas en adquirir los activos de Vicentín
Así loa afirmó el Juez Civil y Comercial de Segunda Nominación de REconquista, Fabián Lorenzini, quien agregó que la lista está compuesta por Molinos Agro, Bunge SA, Viterra Argentina, LDC Argentina, Grassi SA, Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), Atilio Marotte, Yabitel SA, Barbero Cereales SAU y Bioenergías Agropecuarias.
Mientras tanto, la familia Vicentín solicitó ante la Corte Suprema que suspenda el cram down con el argumento de que podría causar «daños irreparables».
En el ambiente judicial se cree que la Corte Suprema no tomará el caso y dejará hacer al juez Lorenzini ya que la apertura del cram down y el interés manifestado por las once empresas habría «cambiado radicalmente» el escenario previo.
La propuesta de cram down de Lorenzini mantiene la unidad productiva y hasta habilita a los accionistas principales y directivos desplazados a participar como oferentes.
Vicentín fue el default privado más grande de la historia argentina, con U$S 1.350 millones de deuda y más de 1.600 acreedores.
Fuentes: Clarín, Tiempo Argentino
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.