El gobierno de la CABA persigue docentes por mencionar la situación en Gaza, mientras cierra escuelas y grados

que este docente realizó durante un acto en una escuela de la Ciudad es inadmisible. En las escuelas de la Ciudad vamos a cuidar a los niños de todo tipo de adoctrinamiento y manipulación. Lo que hizo este maestro no está permitido. Por eso, vamos a instruir un sumario administrativo, con todo el peso de la normativa vigente», sentenció en un posteo en la red digital X la funcionaria. Luego agregó que «El Reglamento Escolar prohíbe a los docentes “imponer opiniones personales en temas de religión, sexualidad, género, etnia o política partidaria”.». Pero el video que exhibe en ese posteo, en ningún momento hace política partidaria ni impone opiniones personales en cuestiones religiosas ni de género ni sexualidad ni plantea cuestiones étnicas.  El momento más desopilante del posteo viene en el final cuando se ampara en el artículo 6 del estatuto docente: «Y el Estatuto Docente, en su Art. 6, establece el deber de “educar con absoluta prescindencia partidaria y religiosa, promoviendo principios democráticos y respeto por los derechos humanos”», concluye.

Justamente en respeto a los Derechos Humanos el docente se manifestó mencionando de manera crítica el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, que fue denunciado por los principales organismos Internacionales de DD HH, como la ONU, Amnistía Internacional Global, Humans Right Watch y otras. También el mandatario israelíes tiene orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional por dichos crímenes.
Durante los últimos meses, mientras se desarrolla el genocidio, la funcionaria tuvo reuniones tanto con los titulares de la DAIA (organismo dedicado a censurar y perseguir a quienes cuestionan este genocidio y el accionar israelí) como con la AMIA, lo que evidencia su afinidad con las entidades sionistas y la falta de objetividad en este pronunciamiento.
El inciso C del artículo 11 de la Ley de Educación Nacional afirma que uno de los fines y objetivos de la política educativa nacional es «brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, 

Este ataque no es un hecho aislado y se da poco tiempo después de que el Superior Tribunal de Justicia haya ratificado la absolución de la docente Ana Contreras al corroborar el absurdo de las denuncias en su contra, por haber simplemente dado una respuesta a la consulta de un estudiante mientras se hablaba de Derechos Humanos en la materia Cultura y Ciudadanía: la pregunta era sobre lo que estaba sucediendo en Gaza en aquel entonces. 

Hay una petición para firmar en solidaridad con el docente.

Masivo apoyo al docente Federico Puy

Luego de las amenazas de sumario que hoy fue confirmado, se hizo explícito el apoyo al maestro que simplemente homenajeó a otros colegas que trabajan en condiciones tremendas por el genocidio que Israel está cometiendo contra su población.  Tanto su sindicato, Ademys, como UTE, se pronunciaron apoyándolo. Además se juntaron miles de firmas y se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución en solidaridad con Federico. 

«Legitimar la judeofobia abusando de un rol tan sensible como el pedagógico atenta contra los principios básicos de la democracia y de la igualdad», dice parte de un desubicado posteo en la red digital X, por parte de la DAIA quien parece fomentar la judeofobia que dice prevenir .  En ningún momento Puy se refirió ni al judaísmo ni a ninguna religión, solo homenajeó a docentes, recordó a un ex alumno de esa escuela que hoy se encuentra en Qatar cerca de donde ocurrieron los bombardeos y les informó sobre la flotilla que va rumbo a Gaza a llevar ayuda humanitaria a una población que está atravesando una hambruna. Mientras el artículo 6 del estatuto docente habla de promover los Derechos Humanos, algo que con su declaración el docente hizo, desde la DAIA y la ministra de Educación buscan sancionarlo.

Se confirmó que Federico Puy fue sumariado. Mostrando otro escandaloso accionar por parte de autoridades que, tanto en la ciudad como en la nación, fomentan el desfinanciamiento educativo y criminalizan el legítimo derecho a la protesta acusando «adoctrinamiento» de manera selectiva según sus necesidades políticas.

Firmado por las y los diputados: Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Mercedes de Mendieta, se presentó un Proyecto de resolución en apoyo al maestro y a todas y todos los docentes que han atravesados situaciones similares, como fue el caso de Ana Contreras, o Daniel Otero, docente que fue despedido de una institución privada en Caballito por motivos similares.

Habrá que ver si se suman diputados de otros bloques que, desafortunadamente, han mantenido su complicidad con el genocidio en Gaza durante meses.

Tanto Ademys, su sindicato, como UTE, el otro sindicato de la docencia porteña, se han pronunciado en apoyo al maestro y repudiando el accionar de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel.
Pero más allá de los apoyos institucionales, lo más importante es el apoyo que surge de sus colegas. Llegan fotos de maestras y maestros, mostrando carteles de solidaridad con Federico Puy luciendo su guardapolvo blanco.

Audiencia en la Legislatura contra la persecución al maestro Federico Puy

Convocada por la legisladora porteña Andrea D’Atri, contó con la participación de Organismos de DD HH, sindicatos, investigadoras, científicos, referentes del Comité por Palestina, artistas, asambleas barriales, deportistas y periodistas. También estuvieron presentes familias, estudiantes y docentes. Hubo saludos desde México, España, Brasil, Italia y Francia. ¡Todos los ojos puestos en Gaza!

Acompañaron en la mesa de la audiencia el legislador Gabriel Solano (del PO FITU), Mercedes Trimarchi (legisladora de IS FITU), Maru Bielli (legisladora de Unión por la Patria y vicepresidenta de la Comisión de Educación), Victoria Montenegro (Diputada de la Ciudad por Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad) y Tilda Rabi (Presidenta de la Federación de Entidades Argentino- Palestinas).

Se hicieron presentes en la audiencia personalidades importantes como Nina Brugo, fundadora de la Campaña por el derecho al Aborto y personalidad destacada por los DD HH, «Cachorro» Godoy, Secretario General de la CTAA, Mariana Scayola y Amanda Martín de la Comisión Directiva de Ademys, Jorge Godoy, Secretario de DD HH de UTE CTERA, Guillermo Folguera, Investigador del Conicet y militante ambientalista, Tito Nenna de CTA T, Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad, Ana Paoletti de Sipreba, Carlos “Sueco” Lordkipanidse, ex detenido-desaparecido en la Ex Esma, Maria Elena Naddeo de la APDH, referentes de jubilados que están todos los miércoles en el Congreso enfrentando el ajuste de Milei, Diana Milstein e Iván Zielinsky de Judíes por Palestina, Jennifer Wainberg de judíxs argentinxs contra el genocidio y el apartheid, compañeras referentes del MTR, Pablo Almeida, Secretario General de la JI de ATE MECON, Lorena Itabel, Secretaria Adjunta de la JI de ATE MECON, Raúl Llaneza, Secretario General de la JI de ATE INDEC, Demian García Orfano de Vientos del Pueblo, estuvo presente también Hugo Benítez de Adultos 2000, referentes del Comité argentino en solidaridad con el pueblo palestino, Abdulkader Abu Kharj de la asociacion de la comunidad palestina, Juan Mereb de la cátedra Said de la rde Filosofía y Letras (UBA). Envió su saludo a través de un video el Premio Nobel de la Paz, Rodolfo Pérez Esquivel.

La diputada Andrea D’atri, de la banca convocante a la audiencia, expresó: “Esta política de Milei, de sometimiento al imperialismo, al colonialismo y de complicidad con el genocidio, aún no la derrotamos. Aún somos unos miles los que marchamos y nos pronunciamos contra el genocidio. Nadie que se proponga derrotar a Milei tiene excusas para hablar del genocidio mañana, tarde y noche. Cada día de silencio frente al genocidio al pueblo palestino, perpetuado por Netanyahu con el apoyo de Trump y Milei es un triunfo de la barbarie sobre la humanidad”.

Myriam Bregman, referente de organismos de Derechos Humanos y candidata para estas elecciones para el Frente de Izquierda Unidad, expresó: “Algo está cambiando porque los últimos años nos quisieron convencer de que estábamos en un mundo neoliberal, donde los valores no valían nada, donde lo más importante era pisarle la cabeza al de al lado, donde la juventud se hacía toda de derecha… la causa palestina vino a patear ese tablero reaccionario, vino a decir que no es así y hoy los y las jóvenes del mundo se levantan por esa causa. Más adelante, también afirmó que: “El genocidio necesita el silencio para llevarse a cabo en sus últimas instancias. Hemos preparado numerosos alegatos en las causas por genocidio y sabemos que en ese proceso de genocidio hay una etapa que pretende ser de legitimación (…) silenciarte para que no lo denuncies. En la dictadura se quemaban libros, hoy no pueden quemar libros, pero apagan televisores, no se habla, no se ve, se trata de evitar el tema. Hoy, el que trata de evitar el tema, también está siendo parte de ese proceso genocida, que implica una etapa de silencio. Fede, por eso, sos nuestra dignidad, sos la voz de todos los que tenemos a nuestros hijos en las escuelas públicas.”

Este ataque por parte del gobierno de Macri a Federico, no es un ataque a su persona, es un intento de censura de la defensa de los derechos humanos y por eso tenemos que continuar en cada escuela la defensa de Federico y contra el genocidio, no nos van a callar. Sumate a la campaña en defensa de nuestro compañero con fotos en colegios, arrobando a @puyfederico.
Seguimos recibiendo solidaridad, te pedimos que firmes el siguiente formulario y lo hagas circular para llegar a la mayor cantidad de personas y organizaciones.

La pedagogía como delito: defensa crítica del maestro Federico Puy frente al sumario por memoria activa

Por Darío Balvidares

El sumario contra el maestro Federico Puy revela el avance de la pedagogía de la obediencia promovida por el gobierno de Jorge Macri y su ministra Mercedes Miguel, formada en la Fundación Sophia. Mientras se criminaliza el gesto ético de recordar a las infancias de Gaza, se encubre el genocidio con discursos de neutralidad. Toda pedagogía es política: el aula forma o domestica. Puy eligió formar desde la conciencia crítica, como cientos de docentes y por eso es perseguido.

Cuando enseñar se vuelve peligroso

El 11 de septiembre de 2025, durante el acto por el Día del Maestro en la Escuela Normal 5 de Barracas, el docente Federico Puy desplegó una bandera palestina y rindió homenaje a las infancias y colegas que enseñan diariamente bajo bombardeos en Gaza. Lo hizo desde la ética, no desde la propaganda.

Pero las cuestiones éticas no son preceptivas de este gobierno ni de los anteriores del mismo signo (PRO); aunque decimos éste particularmente, por su falta de ética desde el inicio. El actual jefe de gobierno, Jorge Macri, fue hasta su asunción, intendente de Vicente López, partido del conurbano norte, no vivía, ni nació en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo la justicia legalizó esa candidatura espuria.

En esas aguas turbias en donde la ética naufraga y se impone la falsedad y el autoritarismo de Estado, el ministerio de Educación porteño le inició un sumario por “adoctrinamiento” al maestro Federico Puy, al mismo tiempo que la ministra Mercedes Miguel publicó en X: “La escuela no es lugar para bajar línea política. Es lugar de encuentro, respeto y aprendizaje”. La frase, que pretende neutralidad, encubre la política de silenciamiento que persigue a quienes enseñan con conciencia histórica.

Es una práctica que tiene incorporada en su genética política. También fui docente durante treinta años, en la Escuela Nº 3 del Distrito Escolar 7, Hipólito Vieytes y en mis últimos tres años como rector, durante el segundo gobierno en la Ciudad de Mauricio Macri —primo del actual jefe de gobierno, Jorge Macri— y también soporté amenazas de sumario por parte del mismo signo político, que no pudieron concretar; además de un sin número de auditorías (que nunca se cerraban). En aquel entonces, Mercedes Miguel era Directora de Planeamiento Escolar, aunque tengo que decir en honor a la verdad, que pudimos concretar algunos proyectos pedagógicos, aunque sin financiamiento, por supuesto.

“No hay plata”, no es un “descubrimiento lingüístico” del presidente Javier Milei, es una adicción de los gobiernos capitalistas con mayor énfasis en las derechas que drenan los dineros a los “emprendimientos” privados (el vaciamiento y cierre de aulas frente a las pingues subvenciones a escuelas privadas o convenios con fundaciones, ong o empresas).

La maquinaria del disciplinamiento ya estaba en marcha, se buscaba domesticar la escuela pública, vaciarla de pensamiento crítico y convertirla en espacio de obediencia.

Hoy, esa lógica se reactiva con el caso de Federico Puy. Pero esta vez, el gesto pedagógico se vuelve acto político, y la defensa del maestro se convierte en defensa de la escuela como territorio en disputa entre la tecnocracia administrativa y el pensamiento crítico.

¿Quién adoctrina a quién?

La ministra Miguel acusa a Puy de “bajar línea política”. Pero la Ley de Educación Nacional (26.206) establece en su artículo 11, inciso c, que uno de los fines de la educación es “la formación de una conciencia ciudadana crítica, responsable y comprometida con los valores democráticos”.
¿Acaso nombrar el genocidio en Gaza contradice ese mandato, o lo encarna?

Los documentos de Naciones Unidas son claros. El informe Anatomía de un genocidio denuncia “la destrucción sistemática de infraestructura civil, incluidos hospitales y escuelas” y el titulado: El genocidio como supresión colonial advierte sobre “la hambruna inducida como método de guerra”.
¿Acaso puede un docente ser sancionado por nombrar lo que el derecho internacional ya condena?

La pedagogía no puede ser neutral frente al horror. Y la memoria no puede ser sumariada.

La libertad pedagógica como derecho vulnerado

El sumario contra Federico Puy criminaliza un gesto ético y vulnera uno de los principios fundamentales del trabajo docente, la libertad pedagógica. El Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 6, inciso b, establece que el personal docente tiene derecho a “ejercer la libertad de cátedra en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes”. Este derecho es una garantía para que la enseñanza no se reduzca a la repetición acrítica de contenidos, sino que pueda interpelar, conmover y formar conciencia.

El gesto de Puy —homenajear a colegas que enseñan bajo bombardeos en Gaza— se inscribe plenamente en ese marco. No fue una intervención partidaria, sino una expresión pedagógica situada, que reconoce el sufrimiento humano y lo vincula con el derecho a la educación. Silenciarlo es despojar las infancias del derecho a comprender el mundo en el que viven.

La ministra Mercedes Miguel, al acusarlo de “bajar línea política”, desconoce no solo el Estatuto, sino también el sentido profundo de la tarea docente. Enseñar implica abrir preguntas, nombrar lo que duele y sostener el vínculo entre conocimiento y justicia.

La máquina de impedir

El sumario contra Federico Puy es el síntoma de una maquinaria institucional que opera con precisión para desalentar toda forma de pensamiento crítico en la escuela pública, una verdadera máquina de impedir.

La acusación de “adoctrinamiento” funciona como significante vacío, activado cada vez que un docente se atreve a nombrar lo que incomoda al poder político o mediático.

La ministra Mercedes Miguel, al publicar en X que “la escuela no es lugar para bajar línea política”, reactualiza una lógica que ya se ha desplegado en otros casos. En el ámbito estatal, se han perseguido docentes por abordar temas de derechos humanos, memoria o desigualdad. Y en el ámbito privado, como en el caso de Daniel Otero, docente desvinculado del Instituto San José por expresar públicamente su solidaridad con Palestina, se replica la misma lógica de censura. Aunque se trate de una institución privada confesional, el patrón es reconocible: se castiga el gesto pedagógico que se atreve a nombrar el horror.

Esta maquinaria no actúa sola. Se articula con actores como la DAIA, que en este caso presionó públicamente para que se sancione al docente, confundiendo, deliberadamente, el homenaje a las víctimas palestinas con antisemitismo.

La operación es doble: se criminaliza la memoria y se deslegitima la pedagogía como espacio de pensamiento. Se busca instalar la idea de que enseñar es repetir un curriculum edulcorado, del que ni siquiera han sido consultados lxs docentes, pero no interpelar.

El gesto de Puy desarma esa lógica. Al desplegar una bandera palestina en el acto escolar, no adoctrinó: enseñó. Y al nombrar a las infancias de Gaza, no bajó línea: sostuvo el derecho a la empatía, a la memoria, a la humanidad.

La maquinaria del disciplinamiento no tolera eso. Porque sabe que una escuela que piensa es una escuela que resiste.

Gaza, la escuela y el derecho a nombrar

La escuela pública no puede ser cómplice del silencio. Pretender que el aula sea un espacio “neutral” frente al genocidio es convertir la pedagogía en omisión. El gesto de Federico Puy —desplegar una bandera palestina y homenajear a docentes e infancias de Gaza— fue una intervención pedagógica situada, que reconoce el sufrimiento humano y lo vincula con el derecho a la educación.

Nombrar lo que duele no es adoctrinar: es enseñar. Y enseñar implica tomar posición frente al horror, sostener el derecho a la palabra, y resistir la censura institucional que busca domesticar el pensamiento. La escuela no es un espacio de administración de contenidos, sino un territorio simbólico donde se disputa el sentido de lo que puede ser dicho, recordado, transmitido.

El gesto de Puy interpela esa disputa. Al nombrar Gaza en un acto escolar sostuvo el derecho a la empatía, a la memoria, a la humanidad compartida. Y al hacerlo, reactivó el sentido profundo de la docencia como acto de transmisión ética. Por eso es perseguido.

Pero también por eso es defendido. Porque cuando la escuela se atreve a nombrar, se vuelve peligrosa para quienes prefieren que la pedagogía sea obediencia. Y es en ese riesgo donde se juega su potencia transformadora.

Pedagogía, obediencia y memoria activa

Mientras el maestro Federico Puy homenajeaba a las infancias y docentes de Gaza desde una pedagogía crítica, la ministra Mercedes Miguel se reunía con directivos de la DAIA para reafirmar una política educativa basada en la “convivencia” y el “respeto”. Pero ese respeto, en su versión institucional, excluye la memoria incómoda, censura el dolor ajeno y sanciona la palabra que nombra el genocidio.

El contraste es brutal. Mientras la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, el gobierno de Jorge Macri y su ministra persiguen a un maestro por recordarlo en un acto escolar.

Mercedes Miguel no es una funcionaria improvisada. Fue formada y coordinaba la agenda educativa de la Fundación Grupo Sophia, espacio que promovió reformas tecnocráticas bajo el discurso de la “calidad” y la “eficiencia” durante los años 90 del siglo pasado y principios de éste, con financiamiento de la entonces fundación Banco de Boston y otras entidades de derecho privado. Su director y fundador fue Horacio Rodríguez Larreta y entre sus integrantes también estuvieron Gabriel Sánchez Zinny, María Eugenia Vidal y una larga lista de nombres que fueron (o son) funcionarios gubernamentales y legisladores. Su política siempre tuvo el horizonte privatista y vaciador de lo público, además de su fuerte sesgo persecutorio.

Hoy, desde el ministerio de Educación porteño, reactualiza esa lógica con la pedagogía de la obediencia: una escuela que no piensa, que no recuerda, que no incomoda. Una escuela que administra, pero no transforma.
Frente a eso, el gesto de Federico Puy, como el de tantos otros y otras maestrxs, encarna otra posibilidad: la de una pedagogía que forma sujetos capaces de pensar el mundo, de interpelarlo, de resistir su injusticia y no de formarlos en la performatividad económica impuesta por lo organismos internacionales y que estos gobiernos suscriben como un dogma. Su intervención no fue un exceso, sino una materialización de lo que Paulo Freire llamó concientización: el proceso por el cual el sujeto que aprende se transforma en sujeto histórico.

Toda pedagogía es política y performativa. No existe la neutralidad. Lo que sí existe es la decisión: ¿Formamos para la obediencia o para el desarrollo intelectual de la conciencia crítica? ¿Educamos para callar o para nombrar?
Estar con Federico Puy es defender esa decisión. Es sostener que la escuela pública no puede ser cómplice del silencio. Es afirmar que enseñar es, también, contar. Y que contar, decir lo incómodo para el poder, en tiempos de censura, es un acto de resistencia.

Nota: Dejamos aquí el video de la intervención en el acto escolar de Federico Puy como testimonio de la falsedad de la imputación sumarial (ver al final del artículo del enlace) https://huelladelsur.ar/2025/

Otro docente sumariado y despedido por hablar de Gaza

El 12 de abril, Daniel Otero, docente de geografía en el Instituto San José de la Ciudad de Buenos Aires, recibió la notificación de que el colegio había decidido apartarlo de su cargo tras una denuncia en su contra por supuesta incitación a la violencia contra el presidente Milei y su vocero Adorni. La carta documento mencionaba el estatuto docente de CABA, la Ley de Educación y la legislación laboral vigente.

La notificación de despido fue firmada por el director de la institución, José María La Grecca, quien previamente lo había llamado por teléfono para informarle que la denuncia provenía de un padre de sus alumnos. Sorprendido por lo ocurrido, Daniel pidió ejercer su derecho a réplica: “Nunca pude haber dicho que había que matar al presidente ni nada que incite a la violencia. Hace años que trabajo en la escuela y es ridículo pensar algo así”, expresó. La acusación hablaba de un supuesto uso de “lenguaje soez y vulgar” que los estudiantes de cuarto año habrían tenido que “soportar”. Con ese curso, Daniel trabaja desde la Geografía temas históricos que van desde el modelo agroexportador hasta los procesos neoliberales en la Argentina. Según relató, las autoridades del colegio no querían elevar el caso al ministerio de Educación y optaron por suspenderlo unos días.

Oriundo de Lanús y actualmente residente en Almagro, adonde se mudó por motivos personales y laborales, Daniel dicta clases en dos escuelas públicas y en el Instituto San José como profesor de Geografía. En sus clases suele recurrir a fragmentos de literatura y música como recurso pedagógico.

Daniel respondió a la denuncia con el correspondiente descargo, aquí el fragmento final:

«A la vez, considero que la enseñanza-aprendizaje debe ser sostenida dentro de un marco de respeto con el otro, hacia el otro y en la aceptación de las diferencias como fenómeno enriquecedor del conocimiento, considerando a los y las estudiantes como sujetos plenos de derecho. Señor Representante Legal, este es mi descargo. Debido a una denuncia ciertamente malintencionada, cuyos fines desconozco, por la cual me encuentro inmerso en esta situación debido a dichos que se me atribuyen, que no he realizado. Respondo a las imputaciones formuladas solo con esta presentación, avalada por mi trayectoria en este establecimiento. Las explicaciones aquí dadas son las únicas pruebas que puedo aportar para acreditar mi adecuado desempeño docente pues no me parece procedente involucrar a los alumnos en esta cuestión. Pido, pues, el rechazo de la denuncia formulada, fundada en la mera manifestación del denunciante».

Una semana después llegó una segunda acusación que lo sorprendió aún más. El representante legal le comunicó que el mismo padre había denunciado que “el profesor daba contenidos antisemitas” en la materia Geografía Mundial de segundo año. “La currícula de la Ciudad me habilita a dar ‘conflictos sociales’, y por eso enseño el conflicto árabe-israelí. Lo hago desde que empecé a dar clases, hace más de diez años, tanto en CABA como en Provincia y en niveles superiores. Me parece un tema fundamental, sobre todo en estos tiempos”, explicó. Según la denuncia, el supuesto contenido “antisemita” se basaba en críticas al Estado de Israel.

Daniel mostró los materiales que utiliza en clase: textos de autores españoles que presentan una descripción cronológica del conflicto, un mapa que expone la expansión del Estado de Israel sobre tierras palestinas —muy difundido en redes sociales desde hace años— y la canción Memorias de muerte de la banda española La Polla Records. Este último recurso fue uno de los argumentos de la denuncia, aunque la letra no habla de terrorismo, sino de la intifada, la rebelión popular palestina, un acontecimiento social ampliamente reconocido, que enfrentó con piedras a las fuerzas israelíes. “La Polla Records es una banda anarquista, no antijudía ni racista. La letra habla de la resistencia palestina en la llamada ‘guerra de las piedras’. Podrá ser antiestatista, pero nunca antisemita”, aclaró el docente.

Si bien la denuncia nunca fue presentada ante el ministerio de Educación, sí llegó a la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), que la incluyó en su informe anual sobre antisemitismo en el país. Ese documento de 2024 evidenció la banalización de la judeofobia, con ejemplos insólitos que circularon en redes sociales, entre ellos el caso de Daniel Otero.

La DAIA ha desarrollado una estrategia que identifica a toda la comunidad judía con los intereses del sionismo y con la política del Estado de Israel, utilizando esa posición para perseguir a quienes denuncian el genocidio en Gaza. De manera directa o indirecta ha señalado a personalidades públicas, dirigentes políticos y periodistas. Entre los casos más conocidos figuran la persecución a dirigentes de izquierda en Argentina, la intervención de Miriam Bregman en el debate presidencial —cuando fue la única candidata que se solidarizó con el pueblo palestino— y el procesamiento de Alejandro Bodart y Vanina Biasi tras sus denuncias contra el sionismo, en una causa en la que la DAIA fue querellante. También se registraron señalamientos y persecución contra civiles y personalidades. Algunos de los casos notorios fueron con el periodista Alejandro Bercovich y con el actor Norman Briski, quien expresó su postura crítica en la entrega de los premios Martín Fierro.

La lista es extensa, y la DAIA también interviene en el ámbito educativo bajo la bandera de “combatir el antisemitismo”, ya sea impulsando propuestas para endurecer las penas en la legislación vigente o hostigando a docentes. Ejemplos recientes son el caso de Ana Contreras en La Pampa y los profesores de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said” en la UBA. Para profundizar en el último informe de la DAIA, recomendamos la nota de Iván Zeta, integrante de Judíes por Palestina, en Prensa Obrera.
En el descargo, el docente, rechazó de plano las acusaciones y alegó «persecución ideológica». Y comenzó un reclamo judicial por múltiples falencias ante su despido. El sumario administrativo no contempló los procedimientos del Estatuto del Docente, Ordenanza 40593.

«Las acusaciones son gravísimas. Me señalaron como racista, antisemita, violento», nos contó Daniel que explicó que el delito doloso por el que era acusado incurría en el delito de calumnia, pues no había ninguna prueba ni siquiera cercana, «un disparate acusar sin fundamento y que me despidas así nomas. Claramente no me querían en la escuela por una cuestión ideológica. Aunque el programa que yo daba en esa cursada ya la había presentado a la dirección al inicio del año».

Mientras se termina de cerrar esta nota, la noticia es que Federico Puy, maestro de grado, es sumariado por haber realizado un homenaje a las y los maestros palestinos.

Los vínculos de la institución San José y el gobierno de Macri

El Gobierno de la Ciudad, bajo la gestión de Mauricio Macri, impulsó un proyecto para ceder gratuitamente durante treinta años un terreno fiscal de 35.000 metros cuadrados en Villa Lugano, dentro del barrio Piedrabuena, al Instituto Nuestra Señora de la Paz. La medida generó fuertes cuestionamientos porque en paralelo existía la propuesta de destinar ese espacio al Polo Educativo Piedrabuena, pensado para ampliar la oferta de escuelas públicas en una de las zonas más vulnerables de la Ciudad.

En el centro de la polémica aparece José María La Greca, director del Instituto Nuestra Señora de la Paz y a la vez vicepresidente del Consejo de Educación Católica (Consudec). Desde ese doble rol, La Greca quedó directamente ligado a la decisión del gobierno porteño de favorecer a la institución que dirige, en un movimiento que fue leído como parte de una política más amplia de concesión de funciones públicas a actores privados en el terreno educativo. La justificación oficial señalaba que la fundación a cargo del colegio desarrollaría una tarea educativa integral y comunitaria, pero para la oposición y las organizaciones barriales se trataba de un traspaso encubierto de responsabilidades estatales.

Durante dos décadas las comunidades educativas habían reclamado ese mismo terreno para la construcción de escuelas públicas, pero siempre se les negó con el argumento de que pertenecía a otra jurisdicción o que era difícil transferirlo al área de Educación. Esa negativa contrastaba con la facilidad que  el gobierno porteño entregó a una institución privada.

Ante el escándalo que generó ceder gratuitamente terrenos destinados para la educación pública a una institución privada en el 2012 se sancionó la Ley 4436 que indicaba que el gobierno porteño debía construir un Polo Educativo: cuatro obras: “un edificio escolar destinado a la Escuela de Educación Media Nº1”, otro “destinado al Area de la Educación Inicial”, otro para el “Area de Educación Especial” y “un complejo polideportivo recreativo”. Para ello, en 2013 fue asignado un presupuesto de 30 millones de pesos. Nada de eso sucedió pero el Instituto Nuestra Señora de la Paz, avanzó con el predio. En el 2014 llegaron aulas container para reemplazar lo sancionado en la Ley. Los vecinos impidieron sus instalaciones.

El vaciamiento como política educativa

Por Miranda Carrete

En la primer semana de setiembre las comunidades de escuelas primarias públicas de Ciudad de Buenos Aires volvieron a estar en alerta. Este año, el ajuste alcanzó niveles históricos: cierre de grados, jornadas, equipos interdisciplinarios y mucho menos recursos mientras los subsidios a la educación privada se mantienen intactos. Familias y docentes de distintos barrios reconstruyeron el alcance del conflicto. Desde el ministerio de Educación de la Ciudad niegan que se trate de cierres efectivos.

“Nunca vivimos el cierre de una escuela pública. El año que viene la identidad de la Escuela 16 del distrito 14 dejaría de existir”, dice Lucía González, maestra de una escuela pública de La Paternal. Lo que el Gobierno porteño llama “fusión”, para la comunidad significa una desaparición. La noticia sacudió a docentes, familias y niñxs, que temen perder de un día para otro su espacio de pertenencia. En distintos barrios de la Ciudad, familias y docentes denuncian un ajuste encubierto que genera preocupación y conmoción en toda la comunidad educativa.
El caso de la Escuela N°16 “Fray Justo Santa María de Oro” no sería aislado. Bajo eufemismos como “reorganización” o “fusión de cursos” y con el argumento de la baja natalidad, la gestión de Jorge Macri avanzaría con una política sistemática de achicamiento de la educación pública.

La comunidad en pie

“Este va a ser un gobierno recordado por cerrar escuelas, cerrar cursos y vaciar políticas públicas”, advierte Andrea Bohus, secretaria de Cultura e integrante del Consejo Directivo de la Asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys). Para la dirigente, la gestión porteña sigue un libreto conocido: desfinancia lo público, subsidia lo privado y justifica con la baja natalidad y la necesidad de reestructurar el sistema educativo. Desde el ministerio de Educación señalan que es una reorganización pedagógica para optimizar recursos y que los estudiantes serán reubicados para garantizar su continuidad escolar.

Según las familias consultadas, la Escuela Primaria N°16 de La Paternal podría dejar de existir tras cien años de historia. El traslado sería inminente, ya que su edificio pasaría a la secundaria de Argentinos Juniors, que debía mudarse a Mataderos y resistió el traslado. Desde el ministerio aseguran que la necesidad deriva de una “decisión tomada en forma unilateral por el club Argentinos Juniors, y en un contexto de baja matrícula en las escuelas de la Ciudad por el descenso en los índices de natalidad, se evaluó la conveniencia de la continuidad de la Escuela Media en la sede de la Escuela Primaria N°16 DE 14 ‘Fray Justo Santa María de Oro’, ubicada a pocas cuadras de Argentinos Juniors”.

Según Lucía, lxs trabajadorxs y familias se enteraron de la noche a la mañana. Lo describe como un golpe muy chocante para todos. El cierre afectaría a uno de los pocos espacios de jornada simple del distrito, con trabajo histórico en neurodiversidades. “No tenemos rivalidad con la otra escuela. Queremos que se quede en el barrio, pero que no sea a costa de cerrar la nuestra”, remarca.

En el Distrito Escolar 15 (Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan), siete escuelas realizaron abrazos simultáneos contra el cierre de grados. En la Escuela N°22 “Félix de Azara” proyectarían cerrar cuatro divisiones entre 1º y 4º grado. Las últimas semanas se acumulan, en la Legislatura porteña, los pedidos de informe para indagar por los cierres de grados.

Es necesario tener en cuenta que la jornada escolar extendida en las escuelas primarias está establecida en la Ley de Educación Nacional: “las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley” (art. 28). Sin embargo, los distintos distritos aplican esa normativa con criterios propios. En la Ciudad de Buenos Aires es una práctica bastante habitual que las escuelas de jornada simple pasen a ser de jornada completa. El problema es que, en esta medida homogeneizante, no se contempla a las familias que eligen la modalidad de jornada simple por las diferentes trayectorias escolares, ni a niñxs que no podrían asistir a una jornada extendida.

Un mapa de los cierres

Mientras el gobierno de Javier Milei ajusta el sistema educativo a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri avanzaría en la misma sintonía, donde prevalece lo privado por sobre lo público. Sin cifras oficiales, son los sindicatos y colectivos quienes relevan la situación. Según Ademys, en los 21 distritos escolares habría unos 200 grados en riesgo de cierre o fusión, que afectarían a unas 50 escuelas. Desde Educación Pública Para Todxs advierten que doce escuelas de jornada simple estarían amenazadas de cierre, incluso después de que sus comunidades rechazaran el pasaje a jornada completa. La opacidad del sistema de inscripción online permitiría al gobierno no ofrecer vacantes en el siguiente período y así forzar cierres. Veinte escuelas sufrirían cierres de grado. El gobierno dice que lxs docentes afectados pasarán a disponibilidad por un año o serán pareja pedagógica, pero hay temor de despidos, sobre todo entre interinxs.

Matías Kiejzik, maestro de la Escuela 4 del distrito 17, explica: “El gobierno no informa directo a las escuelas. Habla con supervisores y así nos enteramos. Cierran primeros y segundos grados, afectando el primer ciclo”. Para la gestión, “poca matrícula” sería tener 15 o 17 alumnxs por aula, pero a pocas cuadras hay privadas con más de 90 estudiantes en el mismo grado.

“Si se destinaran los subsidios de la privada a la pública, esas aulas se llenarían”, sostiene. En Villa Devoto, la Escuela 16 correría el riesgo de cierre de un primer grado con 17 alumnxs, mientras que en las cuadras aledañas hay tres primeros en escuelas privadas con matrícula completa, según Matías hasta 3 cursos por turno con aproximadamente 30 chicos por grado. Esto significa que las matrículas existen, sin embargo, sería una política del Gobierno priorizar las escuelas de gestión privada en detrimento de las públicas.

Según Andrea, se trataría de una cara más del vaciamiento a las instituciones públicas: “si hacemos el mapa de las escuelas privadas y las escuelas públicas, la población que asiste a cada una de ellas, los subsidios que reciben y la distancia que están entre sí, es bastante notorio el privilegio que reciben esas escuelas del Estado con alta matrícula”.

Los integrantes de Ademys plantearon esta situación en la mesa de condiciones laborales, pero la respuesta fue que se avanzaría con la medida. Desde el ministerio de Educación aseguran que no hay cierres sino que se estarían evaluando fusiones de grados por la baja matrícula. También indicaron que “el caso puntual de la escuela de Paternal está en vía de solucionarse siempre asegurando la continuidad escolar de los alumnos, sus vacantes, y la de los docentes”. En un comunicado, aseguran que se promueve la integración de la Escuela Primaria N°16 a la Escuela Primaria N°15 del mismo distrito.

El cuidado en jaque

Al modificar las condiciones de una institución pública y cambiar de un año a otro su funcionamiento, no sería solo un reflejo de una política de ajuste presupuestario, sino un ataque directo a la red de cuidados que sostienen las escuelas públicas en los barrios. “No son solo un lugar donde se aprenden contenidos. Son crianza colectiva, redes que permiten que sobre todo las madres podamos trabajar y proyectar”, dice Rosario Palumbo, mamá y docente de la Escuela N°3 DE 7 “Primera Junta”. Cada cierre implicaría aulas más masificadas, menos acompañamiento y mayor sobrecarga en hogares atravesados por la crisis económica.

“La escuela pública hoy tiene todos los frentes abiertos. A veces tenemos que ser docentes, pero también cuidadores, asistentes sociales, psicólogas, cuidadoras. Y cada vez con menos recursos, con menos inversión, con menos todo, y se vuelve una odisea trabajar así”, comenta Lucía. Para ella es muy triste lo que estarían haciendo con la educación pública, lo vive en primera persona desde hace muchos años: 18 exactamente de gestión Pro en la Ciudad. Y se pregunta: ¿qué pasa cuando el Estado se ausenta de la escuela pública?

Por otro lado, las escuelas especiales también están siendo amenazadas, el recorte de equipos interdisciplinarios vulnera derechos y deja a estudiantes sin acompañamiento. “Se desarman equipos de orientación escolar que trabajan con discapacidad o necesidades educativas específicas. No es ahorro: es retroceso en derechos”, advierte Carolina Rodríguez, docente del Junta.

Aunque menospreciada y muchas veces olvidada, la escuela pública y el acceso a la educación como derecho, son también un bastión comunitario. El cierre de instituciones significa romper un tejido social que sostiene la vida cotidiana. “La escuela pública es acceso para todes. Sin ella, la educación queda para quienes pueden pagarla”, resume Andrea.

Silencio oficial

En la Escuela “Primera Junta” se enteraron del cierre por una comunicación oral de la supervisión. “Nos dijeron que era fusión, pero cuando se fusionan dos grados, uno se cierra y punto”, resume Rosario. La respuesta fue inmediata: asamblea, abrazo y organización. La presión hizo retroceder al ministerio. “Nuestra fuerza es colectiva”, afirma la integrante de la asamblea de esa escuela.

Julián, de la Cooperadora de la Escuela 13 DE 9 “Raúl Scalabrini Ortiz” (La Mafalda), cuenta que el conflicto empezó hace dos años, cuando se cerró una sala de 5 en el Jardín de Las Glicinas que está al lado de la escuela. Ahora, en 2026, proyectan un solo primer grado por turno. “Lo que vemos es una intención de eliminar la jornada simple e imponer la completa, justificando con una supuesta caída de matrícula”, señala. Ante la baja de inscripciones, reflexiona: “Si así fuera, podría ser una oportunidad para mejorar las condiciones de enseñanza, no para achicar”.

La fuerza es colectiva

Cada abrazo a las escuelas, semaforazo, asamblea o festival recuerda que defender la escuela pública es defender un futuro común, en un contexto en el que la privatización de la vida está en el discurso gubernamental. “Visibilizar es la única manera de frenar el cierre. Cuando mostramos lo que pasa, el gobierno tiene que retroceder”, insiste Rosario.

La preocupación también llega a las infancias. “Preguntan si tendrán los mismos compañeros, si perderán a su maestra, si deberán irse lejos. Esa incertidumbre también es violencia”, dice Carolina Rodríguez, quien vivió de cerca cómo la organización frenó un cierre. “Hicimos abrazos, salimos a la calle. Y ganamos”.

En La Paternal, la comunidad de la Escuela 16 sabe que la pelea es cuesta arriba. “La escuela pública hoy tiene todos los frentes abiertos. Somos docentes, pero también trabajadoras sociales, psicólogas, cuidadoras. Y cada vez con menos recursos”, dice Lucía. Sin embargo, frente a un ajuste que avanza, la resistencia crece. Lucía está orgullosa de su trabajo: “ser maestra de la pública es lo más lindo que me pasó. Se me infla el pecho cuando hablo de la escuela pública”. Hoy el orgullo convive con angustia: la desaparición de su escuela significaría también la pérdida de vínculos, proyectos y un espacio de pertenencia que sostuvo generaciones enteras en La Paternal. Lo que está en juego no es solo un edificio: es el derecho a la educación pública, inclusiva y comunitaria.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página 12, Huella del Sur, ANRed, La Izquierda Diario

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