No va más

A través de Playas Ferroviarias, el Gobierno nacional subastará en menos de un mes un paquete de terrenos dentro del ex playón del barrio de Palermo donde los vecinos y vecinas reclaman que se realice un gran parque público. Las tierras se ubican en dos medias manzanas que se rematarán en subastas separadas por un mínimo de 13 millones de dólares y que ya están zonificadas para la construcción de edificios.

Los remates fueron confirmados con la publicación en el Boletín Oficial de dos edictos de la propia Playas Ferroviarias, que autoriza y anuncia la subasta fijada para el próximo 6 de noviembre. Ambas ofertas ya están publicadas en la web oficial de remates de la entidad, divididas en dos lotes diferentes. El primero incluye a los cuatro predios que conforman la media manzana ubicada entre las calles Costa Rica, Godoy Cruz, María Teresa Ferrari y la futura continuación de Atacalco (que todavía no fue abierta), mientras que el segundo está constituido por tres terrenos ubicados en la media manzana contigua, entre María Teresa Ferrari, Atacalco, Godoy Cruz y Nicaragua.

Entre todos los predios del primer paquete se acumula una superficie de alrededor de 4700 metros cuadrados en tanto que el segundo paquete incluye tierras por otros 2600 metros cuadrados, por lo que se venderán aproximadamente 0,73 hectáreas de tierra pública en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad. El lote más grande tendrá un precio base para la subasta de 8,7 millones de dólares y el segundo de 4,9, por lo que el Gobierno recaudará, como mínimo, 13.6 millones de dólares.

Las tierras se encuentran en la parte del ex playón que ya fue rezonificada por la Legislatura para permitir la construcción de edificios, tal como ya sucedió en las tierras vendidas de la manzana siguiente, entre Nicaragua, Godoy Cruz, Soler y Atacalco.

El Código Urbanístico zonificó a ese sector como el distrito U-45 «Nuevo Palermo», que permite construcciones en esas manzanas y otras ubicadas del otro lado del viaducto del tren San Martín. En el medio debería realizarse un espacio verde cuyo proyecto hasta el momento no tiene novedades.

Vecinos y vecinas agrupados, por su parte, ya presentaron un Proyecto de ley para que el ex playón sea destinado a un parque público a modo de «bosque urbano».

Multitudinario rechazo a la privatización de las centrales nucleares

Con el respaldo de las dos CTA, gremios de la CGT y organizaciones sindicales de la regional Zárate-Campana, entre las que se encuentran FETERA y ATE, trabajadores, científicos y técnicos realizaron una jornada de lucha con una caravana desde la Central de Atucha hasta la Rotonda de la Dignidad en la localidad de Zárate.

Con una convocatoria que reunió más de 30 organizaciones gremiales y a las tres centrales sindicales, trabajadores, científicos y técnicos encararon una caravana multitudinaria desde la central de Atucha hasta la Rotonda de la Dignidad, de la localidad de Zárate.

La intención era poner en agenda al Gobierno nacional y dar un mensaje claro de rechazo contra la privatización de las centrales nucleares que impulsa la gestión libertaria y que en las últimas semanas parece avanzar en firme.

Una delegación de la CTA Autónoma encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA, participó de la movilización. “Esta enorme movilización es una respuesta a la indigna, vergonzosa actitud del presidente Milei, que quiere convertir la Argentina en una colonia, y no lo vamos a permitir”.

“Milei está generando una anexión colonial de la Argentina como lo hicieron los conservadores y oligarcas en la década del 30 cuando entregaron el país a la corona británica. Como en aquel momento lo hicieron entregando el país a un imperio decadente, hoy también Milei le quiere entregar al país a Trump, el presidente de Estados Unidos, un imperio decadente, corrupto, miserable, que lo único que tiene para ofrecer a los pueblos del mundo, es la guerra para saquearle todas las riquezas. No lo vamos a permitir, y por eso estamos acá.”, señaló Godoy.

De la Conducción Nacional de la CTA también estuvieron presentes Carlos «Beto» Gonzáles, Secretario de Organización; Leonor Cruz, Secretaria de Géneros; Joana Giménez, Secretaria de Juventudes, Nestor Rojas, Director de Organización; Diego Ledesma, Director de Interior; Orestes «Beto» Galeano, Secretario General de la CTA La Matanza.

Por su parte, Cristian Poli de la CTA de Zárate, agregó: “Venimos a denunciar el plan sistemático de ajuste del Gobierno nacional del que el intendente es parte. Es la misma política que ha golpeado toda la zona. Hemos relevado 16 empresas que han tenido procesos de despidos, cierres, retiros voluntarios, más los trabajadores de la Construcción que más de la mitad se ha quedado sin laburo”.

La privatización de Nucleoeléctrica Argentina

El Gobierno de Milei intenta avanzar en su plan neoliberal y de entrega nacional. Ahora mediante la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), responsable de las centrales Atucha I, Embalse y Atucha II.

Lo hace mediante el decreto 695/25, publicado el 29 de septiembre en el Boletín Oficial. Allí se habilita la venta del 44% de las acciones de NASA a inversores privados, manteniendo la mayoría estatal entre el Estado y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que juntos retendrán el 51%. El proceso de privatización está amparado en la repudiada Ley Bases 27.742. El argumento oficial es, como siempre, que la gestión estatal no dio “los resultados esperados” y que es urgente capital privado para obras como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento de residuos en Atucha II.

Según el decreto, el esquema prevé licitación nacional e internacional para la venta y un Programa de Propiedad Participada para el 5% del capital, destinado a los trabajadores. El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas llevarán adelante el proceso, con intervención de la Secretaría de Trabajo y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

El plan de privatizar NASA no es un hecho aislado: se inscribe en el paquete de reformas exigidas por el FMI y responde a la lógica de saqueo y desguace del Estado que caracteriza al gobierno de Milei. La privatización de empresas públicas estratégicas, como Nucleoeléctrica y la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén, es acompañada de un ajuste brutal en Ciencia y Tecnología, con recortes presupuestarios, congelamiento salarial y despidos. La fuga de técnicos y científicos, empujados por salarios de miseria y la parálisis de proyectos como el CAREM, es una muestra palpable del vaciamiento del sector.

El acuerdo de Milei con el gobierno de Trump y las directivas del FMI abren la puerta a capitales extranjeros, en particular de Estados Unidos, que busca frenar el desarrollo autónomo y cerrar el paso a China en la región. Existen versiones sobre negociaciones para adjudicar la explotación de uranio y el control de las centrales a empresas norteamericanas, mientras figuras como el empresario Eurnekian y la firma Meitner Energy aparecen entre los potenciales beneficiarios.

La respuesta de los trabajadores del sector se viene desarrollando. Desde la CNEA, NASA y el INTI se impulsaron jornadas de lucha, banderazos, actos y asambleas en las plantas de Atucha, el Centro Atómico Constituyentes, Bariloche y Ezeiza. Los trabajadores del CAREM reclamaron la reactivación del proyecto. En el Congreso, el Frente de Izquierda y otros bloques presentaron proyectos para impedir la privatización. En las calles, la unidad entre científicos, técnicos, obreros y estudiantes es un hecho, con presencia de sectores solidarios como ferroviarios, canillitas y organizaciones multisectoriales.

La experiencia histórica de las privatizaciones en energía, como Edesur o Edenor, deja un saldo conocido: tarifas por las nubes, precarización laboral y ganancias privadas aseguradas, mientras el Estado asume los costos y el pasivo ambiental. La resistencia actual se apoya en esa memoria y en la experiencia reciente de movilizaciones masivas y paros que enfrentaron el ajuste y el DNU de Milei.

En la sede de FOETRA presentaron los artículos de la ley para impedir la privatización de ARSAT y Nucleoeléctrica

Por Eduardo Porto

En un auditorio colmado, en la sede de FOETRA, diputados y senadores presentaron las modificaciones introducidas a la Ley de Emergencia en Ciencia y Tecnología. ¿Qué dice y por qué podría frenar la venta de empresas estratégicas?

Diputados y senadores del Congreso presentaron el martes 14 de octubre, durante el Encuentro “por la soberanía y el desarrollo nacional” que organizó la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA), los artículos de la Ley de Emergencia en Ciencia y Tecnología que podrían impedir la privatización de empresas estratégicas como ARSAT y Nucleoeléctrica, en medio de la avanzada del gobierno nacional sobre el sector nuclear.

Allí presentaron los principales puntos del proyecto que, si es aprobado por el Senado, podría impedir que se privaticen empresas estatales consideradas “estratégicas”.

El primer expositor fue el legislador socialista Esteban Paulón, quien sostuvo que “Arsat es una empresa estratégica. Acá le decimos sí a la soberanía y el desarrollo nacional”, en un marco en el que el presidente de la Nación cerraba un acuerdo con Donald Trump en Estados Unidos cediendo precisamente soberanía nacional.

“Bienes públicos estratégicos”

Por su parte, el autor de la Ley de Emergencia de Ciencia, Daniel Gollán, planteó que “desde el Congreso pondremos el granito de arena para recuperar lo que nos quieren arrebatar”. “Habíamos preparado este artículo para proteger ARSAT”, dijo Gollán, quien describió que la ley declara “bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado definidas por el artículo 8 inciso B de la ley 24156, que integra al sector nuclear, de telecomunicaciones, de la industria para la defensa y aeroespacial”.

De esta manera, cualquier proyecto de privatización total o parcial requiere una ley especial sancionada por el Congreso sobre esas empresas, explicó el diputado nacional. Gollán reconoció que si el Senado aprueba la Ley de Emergencia en Ciencia, igualmente “vendrá el veto y seguirán las luchas”.

Por su parte, Silvina García Larraburu, aseguró que “hay un gran compromiso” de senadores y senadoras del peronismo para que se trate la Ley de Emergencia en Ciencia y Tecnología. “Vamos a lograr las adhesiones y voluntades para que el proyecto se trate lo antes posible”, dijo Larraburu, quien reconoció que en el Senado no se dieron los números para tratar la iniciativa esta semana.

García Larraburu adelantó que se realizaría un plenario de comisiones de Minería y de Ciencia y Tecnología en los que se tratarán los proyectos contra la privatización de Nucleoeléctrica. “Nuestros científicos tienen que salir de sus espacios de trabajo para poder llegar a fin de mes, dijo.

Por su parte, Claudio Marín, aseguró que “pocas veces tenemos la oportunidad de ver una sincronía entre el Poder Legislativo y las organizaciones gremiales. Así es como debemos trabajar. Hay que complementar la construcción política y sindical con el poder del Estado”.

“Es terrible que nos quieran poner como una estrellita más de la bandera Yanki. Tenemos que contarle a la gente que si no ponemos el tercer satélite de ARSAT en poco tiempo, vamos a tener problemas en aquellos sitios donde no hay otra comunicación que no sean los satélites”, dijo Marín.

“La propuesta de que ARSAT sea de las provincias no tiene que ver con un falso federalismo, tiene que ver con que las provincias, los gobernadores, digan dónde necesitan conectividad, dónde hay una zona por desarrollar, dónde hay una ventaja comparativa para meter una industria”, sostuvo Marín.

ARSAT, empresa estratégica

El acto conmemorativo se realizó también con la presencia del senador Mariano Recalde y de su par por Río Negro, Silvina García Larraburu, quien preside la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta, y de los diputados Pablo Carro, Jorge Rivas, Esteban Paulón y Daniel Gollán (autor del Proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara baja), se realizó un acto conmemorativo por el aniversario de la puesta en órbita de los satélites ARSAT I y II, hitos que marcaron la soberanía tecnológica argentina y posicionaron al país como referente en la región.

El auditorio se completó con la presencia de los referentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, y Hugo “Cachorro” Godoy, y del propio secretario general de FOETRA, Claudio Marín.

Inversión e infraestructura

Bajo el lema “ARSAT y su rol estratégico para el desarrollo nacional”, el encuentro reunió a diputados, senadores, dirigentes sindicales, referentes de la ciencia, la tecnología y el periodismo. El objetivo fue destacar “la importancia de sostener la inversión en infraestructura y en las capacidades técnicas de los trabajadores del sector para garantizar la continuidad del desarrollo tecnológico con un enfoque federal e inclusivo”.

El acto fue impulsado por FOETRA, el sindicato de las telecomunicaciones, y la CONSITEL, encabezadas por Claudio Marín, quien subrayó la necesidad de “defender un modelo de crecimiento productivo con acceso igualitario a la conectividad”.

La actividad buscó, además, respaldar los proyectos de ley que fortalecen la soberanía nacional y promueven la participación de las provincias en las políticas de telecomunicaciones.

La transformación del Banco Nación en SA

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, defendió el proyecto del Gobierno para transformar la entidad en una sociedad anónima, al afirmar que la medida es “imprescindible” para resolver los problemas de gobernanza que afectan al principal banco público del país. Tillard sostuvo que la iniciativa apunta a modernizar la estructura institucional y garantizar una conducción “más estable y profesional”.

Tillard remarcó que el cambio de figura legal busca mayor eficiencia, transparencia y estabilidad. “Es una necesidad absoluta. La transformación es imprescindible para sostener el liderazgo del Banco y adaptarlo a las exigencias del sistema financiero actual”, declaró.

El proyecto se encuentra frenado por una medida cautelar del Tribunal y la Cámara de La Plata, pero el Banco Nación presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. El funcionario aclaró que la reforma no contradice el mandato original de Carlos Pellegrini, fundador del BNA en 1891: “Pellegrini ya había previsto que el banco debía evolucionar hacia una organización con miles de accionistas. Estamos rescatando esa visión”, señaló.

Tillard destacó además que el principal mandato del presidente Javier Milei fue reactivar el crédito privado. “El crédito en la Argentina se redujo al mínimo histórico, apenas 6,5% del PBI en diciembre de 2023. Desde entonces pasó al 11,5%, y el Banco Nación aumentó su participación del 14% al 18% del mercado”, detalló.

Según el titular del BNA, la entidad desembolsó 13.000 hipotecas durante el primer tramo del año y mantiene el índice de morosidad más bajo de su historia, en torno al 2%, muy por debajo del promedio del sistema financiero.

Otro de los ejes de gestión, según Tillard, es la negociación con provincias y municipios para reducir impuestos que encarecen los créditos. “Hoy, en muchas jurisdicciones, los tributos locales agregan hasta 12 puntos porcentuales a la tasa activa. Con inflación cero, eso es inviable”, advirtió.

Por otro lado, Tillard explicó que el Banco Nación avanza en una transformación digital, aunque sin abandonar su red física de atención: “Vamos a ser un banco digital con sucursales. Las transacciones presenciales caen un 30% anual, y las digitales crecen al mismo ritmo. Los clientes prefieren operar los siete días de la semana, las 24 horas”.

Venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el Estado

En el marco del proceso de privatización del sector energético impulsado por Javier Milei, el ministerio de Economía aprobó una nueva circular modificatoria para avanzar con la venta total del paquete accionario de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1569/2025.

La Circular Modificatoria N° 4, que entró en vigencia de forma inmediata, introduce cambios en el Pliego de Bases y Condiciones del concurso N° 504/2-0001-CPU25, lanzado en agosto. Ahora, los nuevos adjudicatarios asumirán la explotación por un período de 30 años. Tendrán la posibilidad de prorrogar ese lapso con la obligación de pagar un canon anual al Estado y cumplir compromisos de mantenimiento y seguridad ambiental.

Con la aprobación de la circular, el ministerio de Economía dio luz verde a la etapa final del concurso. Las empresas precalificadas deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas dentro de los nuevos plazos establecidos. Luego se realizará la evaluación de propuestas y la adjudicación de las acciones a los nuevos operadores. El Gobierno  pretende culminar el proceso antes de fin de año, de modo que las nuevas concesiones entren en vigor en el primer trimestre de 2026.

En rigor, se trata de un nuevo paso en la secuencia de movimientos iniciados en 2024 por la gestión actual, cuando la secretaría de Energía dispuso que Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) crearan cuatro sociedades anónimas para administrar, de manera transitoria, los complejos hidroeléctricos del Comahue: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

Estas nuevas sociedades quedaron conformadas con una participación del 98 % de Enarsa y un 2 % de Nasa, bajo la premisa de recibir las concesiones de generación eléctrica cuando vencieran los contratos con las empresas privadas que operaban las centrales desde los años noventa.

En agosto de 2024, el Decreto 718 formalizó esas concesiones y estableció que se activarán una vez concluido el proceso de selección de nuevos operadores. Luego, en abril de 2025, el Decreto 286 autorizó la privatización total de Enarsa, mediante la separación de sus activos por unidad de negocio. Finalmente, el Decreto 590/2025, dictado en agosto, transfirió las acciones de las nuevas sociedades a la Secretaría de Energía y autorizó su venta mediante un Concurso Público Nacional e Internacional sin un precio mínimo establecido.

Los complejos hidroeléctricos que el Gobierno busca vender -Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila- se encuentran en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén. Juntas, estas centrales aportan alrededor del 20 % de la generación hidráulica del país y constituyen un pilar del sistema interconectado nacional.

Dichas centrales hidroeléctricas fueron construidas durante las décadas del 70 y 80, y habían sido concesionadas a privados durante los 90. Al vencer esas concesiones entre 2023 y 2024, las centrales volvieron al Estado nacional, que debía decidir su futuro. La gestión de Milei optó por un camino opuesto al que reclamaban los gobiernos provinciales y sindicatos del sector energético, que pedían que las represas quedaran bajo control público federal o provincial.

Distintos sectores cuestionaron el proceso por su falta de transparencia y gran velocidad. En agosto pasado, el ex subsecretario de Energía, Federico Basualdo, cuestionó: “Si uno mira los pliegos, están dolarizando ese ingreso que van a recibir las empresas. Por otro lado, ajustan ese ingreso por la inflación norteamericana”.

Ese mecanismo de dolarización, explicó, encierra un riesgo profundo: cuando las condiciones macroeconómicas se tornen aún más adversas, los contratos podrían volverse inviables. “Va a terminar en un litigio en sede extranjera porque son condiciones que Argentina no va a poder cumplir. ¿Cómo se hace en caso de una devaluación?”, dijo.

“Uno en este punto se pregunta qué proyecto de país están pensando en el marco de una disputa tan agresiva sobre la renta energética. Es una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio muy coyuntural, con un proyecto económico que cada vez hace más agua”, finalizó.

El tema también generó tensiones con los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro, que habían reclamado participar en la definición del futuro de las represas.

El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, expresó públicamente que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal de administración de los recursos hídricos”, pero lamentó que el Gobierno nacional “haya decidido avanzar unilateralmente”.

Desde Río Negro, funcionarios del área de energía señalaron que la reprivatización “afecta los intereses provinciales” porque las represas están emplazadas en territorio local y regulan caudales de los ríos que abastecen a comunidades y sistemas de riego.

La legislación utilizada para este proceso -la Ley 23.696 de 1989- fue la misma que habilitó las privatizaciones masivas durante la presidencia de Carlos Menem.

Esa norma permite al Poder Ejecutivo vender o concesionar activos estatales bajo el argumento de mejorar su eficiencia, y es la base sobre la que se apoya el actual programa de transformación de empresas públicas.

En 2024, con la sanción de la Ley 27.742, Enarsa fue incluida formalmente entre las empresas “sujetas a privatización”. A partir de entonces, el Gobierno diseñó una estrategia de fragmentación de la compañía, separando sus negocios de gas, petróleo, energía térmica e hidroeléctrica. Cada unidad fue transformada en una sociedad independiente, con el objetivo de vender sus acciones por separado.

La venta de las represas del Comahue tiene implicancias que van más allá del plano económico. Estas centrales no sólo aportan energía al sistema nacional, sino que controlan los principales embalses del país y regulan el caudal de los ríos Limay y Neuquén, fundamentales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo regional.

Si bien el Gobierno sostiene que las concesiones incluirán cláusulas ambientales y de seguridad, hasta el momento no se publicaron los estudios técnicos que garanticen ese cumplimiento.

La rifa de las centrales del Comahue

La venta de las cuatro hidroeléctricas es un ataque directo del régimen liberal-libertario al desarrollo nacional, dejando a la Nación sin herramientas de planificación y crecimiento.

El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha la venta de cuatro pilares de la infraestructura energética nacional: las gigantescas represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Cuatro centrales, construidas con esfuerzo estatal a lo largo de décadas, que representan cerca del 20% de la generación hidráulica del país.

La venta total de estas sociedades, acelerada con normativas que eliminan el precio base y dolarizan los contratos a 30 años, se interpreta como un claro gesto de alineamiento con el capital occidental y con el eje Washington-Trump, que exige el fin del estatismo argentino mientras la gestión republicana hace exactamente lo contrario.

Sin embargo, este movimiento de privatización nacional choca de frente con la gestión de otra inversión multimillonaria china en la Patagonia, exponiendo la contradicción geopolítica del Gobierno.

Argentina, por su inmensa superficie (el octavo país más grande del mundo y el cuarto de América), necesita control y planificación sobre sus recursos estratégicos. Las represas del Comahue no son solo generadoras de electricidad limpia; son reguladoras de caudales de ríos vitales como el Limay y el Neuquén. De ellas dependen el abastecimiento de agua para consumo, el riego de miles de hectáreas agrícolas y la seguridad de las comunidades provinciales.

El proceso de venta se realiza ignorando el reclamo de las provincias de Neuquén y Río Negro, que exigían la participación o el control federal/provincial de un recurso natural emplazado en su territorio.

La liquidación de estos activos, utilizando la obsoleta Ley 23.696 del menemismo, entrega el control hídrico y energético a manos privadas. Expertos alertan que la dolarización de los contratos, sin precio mínimo, aumenta el riesgo sistémico y expone al Estado a litigios en tribunales extranjeros, hipotecando décadas de desarrollo futuro por una renta fiscal inmediata.

El punto de mayor tensión es la postura del gobierno nacional respecto a la inversión china en las represas de Santa Cruz (La Barrancosa y Cóndor Cliff).

Mientras Milei prometió a Donald Trump “expulsar” a China de la infraestructura argentina, el gobierno santacruceño de Claudio Vidal avanzó con la reactivación de las obras. La clave, y la contradicción nacional, radica en que la luz verde fue dada por la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) —dependiente del Gobierno Nacional— al firmar la carta que habilita el financiamiento de los bancos chinos.

Santa Cruz, ante su necesidad de generar 2.600 empleos y desarrollar su matriz energética, prioriza el pragmatismo económico y el flujo de fondos chinos para reactivar la obra.

La firma de Enarsa convierte a la reactivación en un acto de convalidación por parte del Estado argentino de una megainversión china ($4.700 millones de dólares). Este aval echa por tierra el discurso anti-Pekín del presidente y expone al Gobierno a un doble costo geopolítico: decepciona a su aliado estadounidense, al tiempo que profundiza la dependencia financiera de China a través del swap de divisas y las obras de infraestructura.

Esta esquizofrenia energética es doblemente dañina. Por un lado, se desinvierten estructuralmente activos construidos por la Nación (las represas del Comahue) para complacer al capital privado y alinear la política exterior. Por el otro, la misma gestión avala tácitamente la deuda y el control chino en la Patagonia por la necesidad de evitar defaults y sostener las reservas.

La entrega de activos que costaron décadas de planificación, sin garantizar el control estatal sobre un recurso vital, no solo compromete el crecimiento de Argentina, sino que expone la fragilidad de un plan económico que sacrifica el patrimonio nacional por una inyección de divisas coyuntural, debilitando la soberanía energética de una nación.

«¡El agua no se vende, se defiende!»

Diversas organizaciones socioambientales, asambleas y foros hídricos se movilizaron nuevamente el sábado 18 de octubre frente a las sedes de atención de AySA —muchas hoy cerradas— para denunciar los decretos 493 y 494/2025 del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que avanzan en la privatización del servicio público de agua y saneamiento.

Desde la Campaña contra la Privatización de AySA y el Espacio Intercuencas denuncian que las medidas del Ejecutivo buscan repetir “el negociado de las privatizaciones de los 90”, eliminando el reconocimiento del agua como derecho humano y habilitando los cortes de suministro por falta de pago. Además, advierten sobre la reducción de controles de calidad, como los límites de nitratos establecidos por el Código Alimentario Nacional.

El DNU 494/2025 establece la venta del 90% de las acciones de AySA —51% a un operador privado y 39% en Bolsa—, con un cronograma de licitación que culminaría en marzo de 2026. Todo esto, señalan las organizaciones, mientras la empresa pública mantiene superávit pese a los tarifazos, despidos y suspensión de obras.

Las agrupaciones recuerdan que tras la crisis del 2001, la estatización de AySA significó una expansión histórica del servicio, pasando del 76% al 85% de cobertura de agua potable y del 57% al 72,6% en cloacas. Programas como Agua más Trabajo y Agua más Cloacas fueron impulsados por movimientos territoriales y permitieron reducir enfermedades y generar empleo en barrios populares.

“El gobierno aplica un ajuste brutal: aumentos de más del 360% desde diciembre de 2023, el despido del 20% de la planta de trabajadores, cierre de sedes y suspensión de planes de expansión con financiamiento internacional”, detallan.

También rechazan la participación de la empresa estatal israelí Mekorot, que mantiene convenios de asesoramiento con AySA y es denunciada por organizaciones de Derechos Humanos por privar del acceso al agua a la población palestina en Gaza.

Las acciones del sábado se realizaron de forma simultánea en CABA y el Conurbano bonaerense, con semaforazos, volanteadas y pegatinas en lugares como Costanera Sur, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Morón, Tigre, San Isidro y Vicente López.

Las consignas son claras:

“No a los cortes de agua y cloacas.

No a la baja de controles de calidad.

No a los despidos ni a la venta de AySA.

Sí a la gestión pública y comunitaria del agua.

Fuera Mekorot de AySA y de la Argentina.”

Avanza la privatización de las rutas con dinero del Estado

El miércoles 8 de octubre se realizó la apertura de los sobres para la licitación de la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur, un trayecto de casi 700 kilómetros, para el que se presentaron siete ofertas, según anunció el Gobierno nacional.

La denominada ruta del Mercosur está gestionada por el Estado desde abril pasado, tras el vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay. Se trata de un corredor clave para el comercio internacional.

En el proceso, se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores, mediante concesión con esquema de peaje.

«Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales. Las mismas abarcan 741 kilómetros de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes», detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Con una frase que recuerda a la década de los 90, el funcionario afirmó que «se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado».

Las ofertas fueron presentadas por Autovía Construcciones y Servicios S.A.; Coyserv S.A.; Obring S.A.; Rovella Carranza S.A.; Panedile Argentina y Benito Roggio e hijos S.A.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó desde Washington donde encabeza las negociaciones para intentar obtener ayuda financiera de los Estados Unidos: «El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas».

Un informe muestra que uno de los 7 oferentes para el proyecto Ruta del Mercosur recibirá 56.000 millones de pesos a tasa subsidiada por el banco BICE, dado que ninguna empresa quiso poner su propia plata. El Estado viene gastando por mes, mucho menos: en rutas, sólo 49.000 millones.

El Gobierno de Javier Milei abrió los sobres para la concesión de la primera etapa de la Ruta del Mercosur. Como se sabe, a pesar de que la iniciativa se vendió como la primera privarización libertaria, no hay ninguna empresa que haya querido poner su dinero para hacer la obra, por lo cual el Estado terminará pagando esos trabajos.

Fuentes: Página/12, Perfil, Indymedia Trabajadoras/es, Periferia, La Izquierda Diario, Agenda Malvinas, ANRed

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