La ofensiva laboral del gobierno de Javier Milei no es una reforma: es un rediseño integral del modo en que Argentina concibe el trabajo. Y esa es la verdad que nadie debería pasar por alto, ya que es la reforma mas grande que plantea y acelera el gobierno de Javier Gerardo Milei, cambios que no se ven en más de 70 años.
Con la presentación de su llamada Ley de Modernización Laboral, el oficialismo puso sobre la mesa un proyecto que interviene, de manera simultánea, en casi todas las arquitecturas que sostienen el derecho laboral argentino desde mediados del siglo XX. No se trata de una actualización técnica ni de un ajuste administrativo: es la reescritura de la cultura del trabajo. Y, como toda cirugía mayor, plantea interrogantes decisivos sobre el modelo de país que se busca consolidar.
El Ejecutivo propone modificaciones sobre las normas más históricas: la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Empleo y el régimen sindical. Pero lo hace con la lógica de un ingeniero que desmonta una máquina completa para reconstruirla bajo otros parámetros. La metáfora es inevitable: el gobierno asume que el aparato productivo es un motor “viejo y oxidado” y que la única salida es reemplazar piezas fundamentales, aunque eso implique alterar la potencia, el equilibrio y el modo en que ese motor responde a la demanda social.
Ese enfoque se despliega en cuatro grandes rutas transformadoras: vacaciones, jornadas, formas de remuneración y reglas sindicales. Cada una implica un giro conceptual.
El proyecto conserva el derecho a las vacaciones pagas, pero introduce una nueva lógica de administración. El período legal de descanso se mantiene entre octubre y abril, con obligación de aviso previo, pero se abre un menú más amplio de flexibilizaciones:
– Empleadores y trabajadores podrán extender o reorganizar los descansos mediante acuerdos individuales o colectivos.
– El descanso anual podrá fraccionarse, siempre que cada tramo dure al menos una semana.
– Se asegura que, como mínimo una vez cada tres años, el trabajador tendrá vacaciones en temporada estival.
– Cuando el descanso se otorgue fuera del período legal, será necesaria una justificación formal y autorización oficial.
La narrativa es clara: el descanso deja de ser un bloque rígido para convertirse en un recurso administrable según la productividad del entorno laboral.
El documento oficial crea un sistema de compensación de horas basado en acuerdos voluntarios firmados entre empleado y empleador. Para respaldar esto, cada pacto deberá registrar horas trabajadas y horas acumuladas para compensación futura.
Además, los convenios podrán establecer jornadas promedio: semanas con días largos y días cortos, siempre que se respeten dos límites estructurales que la reforma mantiene:
– Al menos 12 horas entre una jornada y la siguiente.
– Un mínimo de 35 horas corridas de descanso semanal.
El mensaje político es evidente: el tiempo laboral se vuelve más maleable, pero bajo un esquema de trazabilidad digital que da por descontado que, en adelante, cada minuto de trabajo deberá quedar registrado en plataformas informáticas.
Uno de los cambios más sensibles está en la redefinición de la remuneración. Se habilitan pagos por rendimiento, por unidad de obra, por comisiones individuales o grupales, y se aclara que las propinas —aun si son habituales— no integrarán el salario.
El proyecto incorpora, además, nuevos componentes remunerativos temporarios, dinámicos o sujetos a mérito. Estos pueden:
– acordarse por negociación colectiva,
– definirse entre empleador y trabajador,
– o ser implementados unilateralmente por las empresas.
La norma deja claro que estos componentes no generan derechos adquiridos: no se consolidan como costumbre y pueden ser modificados o eliminados sin que ello dé lugar a reclamos judiciales.
A esto se suma una digitalización obligatoria de toda la documentación laboral: recibos, controles de asistencia y certificados médicos se tramitarán exclusivamente en formato digital.
El modelo apunta a un ecosistema remunerativo más disperso, menos previsible y más dependiente de la performance individual.
El proyecto reconoce plena validez legal a certificados médicos electrónicos, tanto por enfermedades comunes como profesionales. Asimismo, un sistema centralizado permitirá a empresas y agentes de seguridad social verificar diagnósticos.
El regreso al puesto de trabajo dependerá del alta médica definitiva. Cuando el alta sea parcial, la remuneración se ajustará a la capacidad laboral recuperada. Y antes de aplicar sanciones por ausencias prolongadas, el empleador deberá notificar formalmente al trabajador.
La lógica es unificada: digitalizar, controlar y condicionar.
Las empleadas y empleados de casas particulares tendrán un período de prueba de seis meses, recibos digitales obligatorios y comprobantes bancarios como medio suficiente para acreditar pagos.
En el trabajo agrario se crea una figura de prestación continua con ocho meses de prueba. Durante ese tiempo la relación puede terminar sin causa y sin indemnización, siempre con aviso previo. Todo salario estará sujeto a los acuerdos paritarios del sector, sin posibilidad de quedar por debajo del mínimo vital.
Plataformas de reparto: el desembarco formal del trabajo algorítmico
El proyecto dedica un capítulo especial al trabajo mediante apps. Los repartidores deberán registrarse, aportar al sistema de seguridad social, gestionar cuentas bancarias y cumplir normas viales.
Se reconocen tres derechos básicos:
– Rechazar órdenes sin penalidad.
– Acceder a las razones de bloqueos o suspensiones.
– Recibir la totalidad de las propinas generadas en la plataforma.
Es un intento de formalizar un universo laboral que, durante años, funcionó como un limbo paralaboral.
Entre los puntos más delicados:
– La base indemnizatoria excluirá pagos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones.
– Se ratifica un tope y se establece un piso del 67% del salario habitual.
– Los convenios podrán crear un Fondo de Cese Laboral que complemente, pero no reemplace, el sistema de indemnizaciones.
– Se redefine la responsabilidad solidaria en tercerización y subcontratación, limitándola a casos de fraude o conducción imprudente.
– La actualización de créditos laborales combinará IPC y un adicional anual del 3%, con límites para juicios en trámite.
El mensaje es inequívoco: el sistema se orienta hacia un esquema de indemnizaciones más acotado y previsible para las empresas.
Aquí se encuentra el núcleo político de la reforma.
– La ultraactividad continúa, pero las cláusulas obligacionales requieren acuerdo para renovarse.
– Los convenios de empresa prevalecerán sobre los sectoriales, incluso cuando sean posteriores.
– Las asambleas en los lugares de trabajo exigirán autorización previa del empleador, tanto en horario como en ubicación, y no serán remuneradas.
– El bloqueo y la toma de establecimientos se califican como infracciones gravísimas.
– La tutela sindical se reduce a delegados titulares, con umbral mínimo de votos para conservarla.
– La retención de la cuota sindical necesitará autorización expresa del trabajador y podrá revocarse con aviso previo.
Este es, sin duda, el capítulo que mayor tensión generará en el ecosistema gremial: implica una reconfiguración del poder sindical sin precedentes desde la dictadura.
La propuesta tiene una coherencia interna: flexibilizar, digitalizar y desplazar el eje del derecho laboral desde el empleo estable hacia el contrato individual. Es un paradigma más cercano a la lógica del mercado que a la tradición protectoria que marcó la identidad laboral argentina desde 1945.
El peronismo conoce bien la historia: cada transformación profunda en el mundo del trabajo produjo, a corto o largo plazo, un reacomodamiento político. Esta no será la excepción.
Si esta reforma prospera, Argentina ingresará en un modelo laboral inédito en su historia contemporánea: más flexible, más digital, más imprevisible. El desafío es determinar si ese modelo podrá sostener una economía con inclusión social o si consolidará un mercado donde el riesgo deja de ser una variable empresarial para transformarse en una carga cotidiana del trabajador.
El país debe decidir si quiere un esquema laboral construido desde la eficiencia o desde la justicia social. La diferencia no es técnica. Es política, cultural y moral. Y definirá la Argentina de las próximas décadas.
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