El colapso eléctrico expone el fracaso de las privatizaciones en el AMBA

La situación se dio en el marco de una ola de calor con temperaturas superiores a los 35 grados, que incrementó de forma abrupta la demanda energética por el uso de aires acondicionados y ventiladores. La red, lejos de estar preparada para responder a picos de consumo previsibles en esta época del año, colapsó una vez más.

Según datos oficiales, durante las horas más críticas casi un millón de usuarios llegaron a estar sin luz, mientras que hacia la mañana siguiente aún permanecían sin servicio más de 28.000 hogares, tanto en áreas atendidas por Edesur como por Edenor. Vecinas y vecinos denunciaron largas horas sin electricidad, falta de información y dificultades para afrontar el calor sin servicios básicos.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el apagón vuelve a exponer el fracaso del modelo de privatización del sistema energético, basado en la lógica de la rentabilidad empresaria por sobre el derecho de la población al acceso a servicios esenciales. Las concesionarias eléctricas acumulan denuncias por falta de inversión, infraestructura obsoleta y respuestas tardías frente a emergencias, mientras continúan recibiendo beneficios tarifarios y respaldo estatal.

Este nuevo colapso se produce, además, en un contexto político donde el Gobierno nacional avanza en la privatización de empresas estratégicas de servicios públicos, como el caso de AySA, cuyo proceso de apertura al capital privado incluye acuerdos con la empresa estatal israelí Mekorot. La experiencia del sistema eléctrico demuestra que entregar el control de servicios esenciales al mercado no garantiza eficiencia ni calidad, sino mayor vulnerabilidad social frente a crisis climáticas y estructurales.

La electricidad y el agua no pueden ser mercancías: son derechos básicos que requieren planificación e inversión para asegurar el acceso equitativo y la protección de la vida cotidiana de millones de personas.

También Edelap

zen el Gran La Plata el servicio está a cargo de la concesionaria EDELAP (Empresa de Electricidad de La Plata), que ha recibido reiterados cambios en su propiedad, sin que ello haya significado  mejora alguna.

Cuando la temperatura supera los 31º indefectiblemente se producen cortes. El sufrimiento de personas electrodependientes, de los adultos mayores que viven en edificios ante la parálisis de los ascensores y de los vecinos que para aprovisionarse de agua deben esperar el paso de camiones aguateros, se vuelven escenas corrientes. Se trata de una situación crónica que causa perjuicios de toda clase a los habitantes y a la actividad económica de la región.

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento de las tarifas de electricidad que oscilará entre 2,10% y 4,40%, según la categoría de ingresos, y alcanzará a todas las distribuidoras bonaerenses, incluida Edelap en La Plata.

El gobierno baja las multas a las empresas por suspensión del servicio

Reproducimos comunicado de Usuario Y Consumidor:

UyC RECHAZA EL CAMBIO EN LA VALORIZACION DE LAS MULTAS DEL ENRE QUE FAVORECEN A LAS EMPRESAS EDENOR Y EDESUR

Las Resoluciones ENRE 160/2025 y 162/2025, publicadas ayer 07/03/2025 en el Boletín Oficial, aprueban los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR SA y EDESUR SA respectivamente, aplicándose un incremento en el valor del servicio del orden del1,7%. Pero lo más importante de estas resoluciones es que se oficializa un cambio en la metodología de valorización de las sanciones que el ENRE aplica sobre las empresas distribuidoras de energía del AMBA cuyo efecto inmediato es una disminución de las mismas en aproximadamente un 50%.

Así como el valor de las multas de tránsito se expresa en “Unidad Fija” (UF) tomando como referencia el valor de un (1) litro de nafta, el ENRE utiliza “kWh” (kilowatts hora) para valorizar las sanciones que aplica a las distribuidoras ante incumplimientos. A su vez, las sanciones expresadas en kWh históricamente se valorizaban en pesos tomando como referencia el concepto de “Tarifa Media” que es la “unidad de cuenta” utilizada para calcular la valorización de las sanciones. La Tarifa Media es el promedio ponderado del precio que los usuarios pagan por el servicio eléctrico, este promedio se calcula considerando las distintas tarifas aplicables a cada segmento de consumo y la proporción de usuarios en cada uno de esos segmentos. En síntesis, la Tarifa Media es un promedio general que toma en cuenta el costo de la energía vendida por las distribuidoras incluyendo lo que se denomina el costo propio de distribución (CPD), también denominado valor agregado de distribución (VAD), que es el costo que tienen las empresas por su servicio (operación, mantenimiento, inversiones, etc.).

La metodología de valorización de sanciones del ENRE cambia a partir de las Resoluciones ENRE 160/2025 (artículo 9) y 162/2025 (artículo 8) al modificarse la unidad de cuenta que pasa de “Tarifa Media” a “VAD Medio” en donde solo se toma el promedio del costo propio de distribución (CPD) de las empresas, sin incluir el costo de la energía. Esta modificación fue decidida por el ENRE a través de la resolución ENRE 3/2025, de fecha 07/03/2025, en donde se establecen los Parámetros de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica a ser incorporados por EDENOR SA y EDESUR SA en su propuesta tarifaria correspondiente al quinquenio 2025 – 2029. En esta resolución, en el Punto 5.5.8 de su Anexo I se introduce la modificación y se cambia la unidad de cuenta (cito): o “5.5.8 Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio). Todas las Sanciones en kWh, establecidas en este Anexo, deberán ser valorizadas al Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio), afectado por un coeficiente equivalente a 1,5 que resulta de relacionar la Tarifa Media respecto al VAD Medio del inicio de la RQT del año 2017. En consecuencia, la sanción en pesos resulta igual a:  
 Formula: Sanción ($) = 1,5  x  Sanción (kWh) x VAD Medio ($/kWh)
Como podremos ver en los ejemplos que citaremos a continuación, el efecto directo de este cambio de unidad de cuenta es la disminución del valor en pesos que pagarán las empresas distribuidoras en las diferentes penalizaciones que le aplica el ENRE, ya sea multas con destino al Tesoro Nacional o bonificaciones con destino a los usuarios del servicio.
Tengamos presente, que la Tarifa Media vigente antes de la modificación
implementada por el ENRE el viernes 07/03/2025 era:
 EDENOR: $ 118,42 (Resolución ENRE 119/2025, del 03/02/2025, artículo 6)
 EDESUR: $ 112,92 (Resolución ENRE 120/2025, del 03/02/2025, artículo 6)
A partir de la modificación introducida por el ENRE los valores de VAD Medio son:
 EDENOR: $ 44,83  (Resolución ENRE 160/2025, del 07/03/2025, artículo 9)
 EDESUR: $ 39,31 (Resolución ENRE 162/2025, del 07/03/2025, artículo 8)
A continuación veremos los efectos de este cambio a través de los siguientes ejemplos tomando el caso del valor de VAD Medio de EDESUR:
 Falta de Respuesta por Reclamo: Multa 1.000 kWh
Con Tarifa Media: kWh 1.000 x $112,92 = $ 112.920
Con VAD Medio: kWh 1.000 x $39,31 x 1,5 = $ 58.965
 Corte Prolongado de suministro: Bonificación al usuario 2.000 kWh
Con Tarifa Media: kWh 2.000 x $112,92 = $ 225.840
Con VAD Medio: kWh 2.000 x $39,31 x 1,5 = $ 117.930
 Incumplimiento deber de información: Multa 100.000 kWh
Con Tarifa Media: kWh 100.000 x $112,92 = $ 11.292.000
Con VAD Medio: kWh 100.000 x $39,31 x 1,5 = $ 5.896.500
 Un ejemplo todavía más explícito del impacto de la nueva metodología lo podemos ver en el caso de una sanción importante. En este caso tomamos la penalización impuesta por el ENRE a EDESUR a través de la Resolución 126/2024, de fecha 21/02/2024, por la cual se sancionó a la distribuidora por diversos incumplimientos de seguridad pública con una multa de 2.685.000 kWh. Esta multa se valorizaría de la siguiente manera:
Con Tarifa Media: kWh 2.685.000 x $112,92 = $ 303.190.200
Con VAD Medio: kWh 2.685.000 x $39,31 x 1,5 = $ 158.321.025

La nueva metodología que cambio de Tarifa Media por VAD Medio para valorizar las multas da como resultado que las multas que aplique el ENRE a las distribuidoras a partir del 1º de marzo serán en promedio un 48% más barata.

El ENRE como regulador de la actividad de distribución eléctrica posee por ley la facultad de sancionar económicamente a las empresas distribuidoras. La sanción tiene dos funciones principales: 1) orientar la inversión de las Distribuidoras para mejorar la inversión, y 2) la función disuasoria para que la distribuidora se vea obligada a corregir el desvío detectado. Este criterio de VAD Medio, al abaratar las sanciones, no contempla este criterio conceptual. Al bajar el costo de las sanciones se debilita el poder sancionador del ENRE y es una invitación a las empresas para que prefieran pagar la multa que corregir el problema invirtiendo recursos para ello.

Edesur y Edenor: Tres facturas en dos meses

Las entidades de defensa a los consumidores agrupadas en CUNRE denunciaron que a casi 6 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense se les impuso el pago adelantado de las facturas, a partir de un pedido de las empresas eléctricas habilitado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Según el cálculo de las entidades, el adelanto del pago se hará 50% a pagar en diciembre y 50% en enero, bajo el título de “ajuste de migración mensual” junto al monto total (del mes correspondiente) en las boletas. Este adicional podría generar ingresos extras para las empresas privatizadas Edenor y Edesur en más de 60 millones de dólares, justo cuando cierran los ejercicios contables del año 2025.

El ENRE había aprobado a comienzos del mes de noviembre un cambio en la normativa de medición del consumo a pedido de las empresas. La resolución 730/25 dispone que la medición de los consumos pasará de ser bimestral a ser mensual.

Anteriormente, Mauricio Macri en 2016, con Aranguren de ministro de Energía, había dividido en dos cuotas el pago del consumo de los meses, ya que con los tarifazos que habían aplicado se convertían impagables ese gasto de una vez. En los hechos, se terminó pagando mensualmente.

Ahora las lecturas o estimaciones se realizarán cada 30 días. Las distribuidoras acusaron en el pedido de cambio al ENRE que atienden muchos reclamos de clientes que se quejan por los consumos que se les facturan, porque no entienden que se trata de consumos de hace un par de meses. Si bien ahora deberían enviar inspectores a medir los consumos más seguido, dicen que se ahorrarán ese costo en atención al cliente.

Vale aclarar que a falta de inversión por medidores inteligentes, las lecturas siguen siendo presenciales o estimativas. Esto es, la empresa envía personal a relevar el medidor de cada domicilio o, cuando no lo hace, estima cuánto debió haber consumido en función de determinados parámetros, como la época del año y los consumos previos, generando reclamos de los usuarios que detectan la desigualdad del gasto en la boleta y en su medidor.

Las asociaciones de usuarios denunciaron que el reemplazo del sistema actual se realizó sin previa audiencia pública con consulta a usuarios y organismos. Según denuncian las entidades, existe un problema que mientras dura la transición en las boletas se acumulan dos cobros en una. “En dos meses se van a estar pagando los montos de tres facturas. En una se paga el monto total, más el 50 % de la siguiente; y en la otra, el monto total sumado al otro 50 %”, explicó Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).

Los usuarios se anoticiaron estos días con los montos exorbitantes en sus boletas a falta de comunicación del ENRE o las distribuidoras. La ONG denuncia que “los usuarios no fueron informados y son obligados a pagar sumas correspondientes al próximo período de consumo, violando el derecho que todas las personas tienen a la debida información”.

Con el nuevo sistema, llegaron facturas con montos adicionales de entre 10.000 y 80.000 pesos. “Si tenemos en cuenta la cantidad de usuarios de ambas distribuidoras y le restamos los usuarios industriales que no se incluyen en la medida, tenemos un universo de casi 6 millones de usuarios a los cuales se les impone un pago adelantado de la factura. Tomando una cifra estimada de 15.000 pesos por usuario, el anticipo que percibirán las distribuidoras sería de 90.000 millones de pesos, equivalentes a 60,7 millones de dólares”, denunciaron desde Deuco.

Las concesionarias ocultaron los motivos por los cuales cobran dichos montos: “no lo hace en la factura y tampoco envió al usuario una nota previa a la emisión de la factura, explicando el cambio de régimen y cómo se aplicaría”, remarcó Deuco. En este punto, Bussetti sostiene que las asociaciones no están en contra de la facturación mensual sino en la forma en la que se decidió implementar el cobro: “Podría haberse prorrateado en cinco o seis meses en vez de en tres. Parece que desconocen el contexto de familias endeudadas para pagar las tarifas, con montos que antes de esta decisión ya ocupaban en algunos casos hasta el 30 o 40 por ciento de los ingresos”.

El cambio de régimen debió haberse puesto en consideración de los usuarios tal como dispone la Ley N° 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico Nacional) y el Decreto N° 1.172/2003. Toda modificación en las condiciones de prestación del servicio público debe someterse a consulta o audiencia pública, especialmente cuando afecta la relación contractual o los derechos económicos de los usuarios.

“La aplicación de la medida tiene una connotación muy beneficiosa financieramente para las distribuidoras y perjudicial económica y moralmente para los usuarios que, ante dificultades en el pago deberán concurrir a las distribuidoras a solicitar facilidades de pago, con la molestia que ello significa sobre todo si llegara a haber mucha afluencia de usuarios haciendo el mismo reclamo”, explicó la organización que defiende a los consumidores.

Las boletas además del recargo por el cambio del modelo llegaron con un aumento del 3,6% para los usuarios de Edenor y 3,53% para los de Edesur autorizado por el Gobierno.

Desde que asumió Milei se realizaron tarifazos que llegaron al 600%. Esto se vio reflejado en los balances de las compañías que festejaban el ajuste tarifario con ganancias exorbitantes.

Pero a la falta de inversión el Gobierno respondió con más beneficios. Como parte de la Revisiones Quinquenales Tarifarias, el ENRE redujo sustancialmente las multas que deben pagar las empresas por incumplimientos. Las resoluciones 160 y 162 de 2025 licuaron las multas, al cambiar la metodología de cálculo. Así, las empresas pagarán un 40% de lo que pagaban por las mismas infracciones.

Por si fuera poco, el proyecto de Presupuesto 2026 (Art. 74) incluye una compensación por $ 800.000 millones para Edenor y Edesur que vieron «limitados» sus ingresos por las leyes de emergencia económica sancionadas post crisis 2001.

La privatización de las hidroeléctricas en su tramo final

El Gobierno oficializó la firma de los contratos con las empresas ganadoras de las licitaciones para la transferencia de acciones y las concesiones de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, por lo que su reprivatización entra en la etapa final.

La suscripción de los convenios consolida el proceso licitatorio que vuelve a colocar a las hidroeléctricas en manos privadas, luego del vencimiento de las primeras concesiones realizadas por Carlos Saúl Menem en la década de 1990. Los nuevos contratos son a 30 años y fijan el valor de la energía en dólares, lo que podría encarecer las tarifas. A cambio, Estado nacional recibirá, por única vez, US$ 706.885.298,49.

El acto contó con la participación de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, del subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), junto con representantes de las empresas adjudicatarias.

“Este monto, surgido de las ofertas presentadas por las ocho empresas participantes, representa una valorización significativa de activos estratégicos del sistema energético”, señaló la Secretaría energética.

El procedimiento se desarrolló bajo un “marco de transparencia, reglas claras y seguridad jurídica”, los cuales permitieron una “amplia participación empresaria” y confirmaron el “interés del sector privado en invertir, operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”.

De esta manera, comienza la etapa final de la privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los nuevos concesionarios deberán “cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico”, según lo detallado por Energía.

“Con la firma de estos contratos, el país avanza hacia un esquema de gestión moderna, con inversiones garantizadas y un marco regulatorio que promueve previsibilidad y eficiencia. La transición operativa a los nuevos concesionarios comenzará de inmediato, asegurando continuidad del servicio y cumplimiento estricto de los compromisos asumidos”, concluyó el parte oficial.

Las empresas ganadoras de las concesiones

El ministerio de Economía preadjudicó, mediante la Resolución 2059/2025, el paquete accionario de las cuatro centrales hidroeléctricas, en el marco del proceso de privatización de unidades de negocio de las empresas estatales ENARSA y NASA.

Para la central Piedra del Águila, la preadjudicación recayó sobre la firma Central Puerto S.A., que presentó una oferta de US$ 245 millones. Por su parte, el complejo El Chocón fue asignado al consorcio liderado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, entre otros socios, por un monto total de US$ 235.671.294.

En tanto, el grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos se quedó con la preadjudicación de las centrales Alicurá y Cerros Colorados. Las ofertas ascendieron a US$ 162.040.002 y US$ 64.174.002, respectivamente, tras un proceso que incluyó pedidos de mejora de precios para el último caso.

La resolución también desestimó las ofertas presentadas por el grupo conformado por Hidroeléctrica Futaleufú, Genneia y Aluar para tres de los renglones. La Comisión Evaluadora consideró que las propuestas de un dólar realizadas por estas firmas constituían un “precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta”.

Dos de las cuatro hidroeléctricas concesionadas para los amigos de Santiago Caputo

Por Alejandro Rebossio

Los hermanos Neuss, asociados a Cherñajovsky y Stanley, entre otros empresarios locales, se adjudicaron las represas Alicurá y Cerros Colorados. Central Puerto, de Reca, los Miguens Bemberg y Escasany, ganaron la licitación para seguir con Piedra del Águila. La restante central de la cuenca del Comahue, El Chocón, fue a parar a Uribelarrea. Las multinacionales AES y ENEL, con las manos vacías. El Estado recaudará US$706 millones en total.

Dos de las cuatro centrales hidroeléctricas de la cuenca patagónica del Comahue que está reprivatizando el gobierno de Javier Milei fueron concesionadas por 30 años, todas vía licitación, al grupo energético Edison, que integran los hermanos Juan y Patricio Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo-, el fondo Inverlat -dueño de Havanna y propiedad de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y su yerno Federico Salvai, ex jefe de gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal-, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli -el dueño y el CEO del grupo Newsan, de electrónica fueguina pero también licenciataria de las marcas de higiene de Procter & Gamble-. Con varios funcionarios que llegaron al Gobierno por su recomendación y con intereses en diversos negocios con el Estado, los Neuss avanzan así en sus negocios, que van desde la distribuidora eléctrica rionegrina Edersa y la firma de energías renovables Harz hasta campos e inmuebles.

Después de la privatización de la metalúrgica Impsa y de la Ruta del Mercosur, las hidroeléctricas constituyen la tercera venta organizada por la administración libertaria. Eran centrales que ya habían sido concesionadas al sector privado en los 90, cuyos contratos habían vencido en el anterior gobierno y que habían retornado al Estado. Las opciones eran que se las quedara la Nación, que las pasara a las provincias o que se privatizaran de vuelta, como en la gestión de Carlos Menem. Se optó por esto último.

El Estado recaudará US$706 millones por las represas. Son dólares clave para un Banco Central en apuros. Los resultados de la licitación se conocieron el viernes pasado, cuando se adjudicaron cinco de las generadoras y quedó pendiente la sexta, que se definió este miércoles en un repechaje entre los dos mejores oferentes en términos de propuesta de compra. En total hubo ocho contendientes.

Así fue que Edison se quedó con la hidroeléctrica Cerros Colorados. Derrotó en una especie de balotaje en la última oferta a BML, de Manuel Santos Uribelarrea, inversor sojero y energético. En la primera presentación, BML había superado a Edison por US$41,7 millones frente a 38 millones, pero como la diferencia era menor al 10% este último grupo pudo retrucar y puso US$21 millones más que la oferta inicial de su rival. Ya el viernes los Neuss y compañía se habían adjudicado Alicurá, tras superar a la norteamericana AES, con una oferta de US$162 millones.

Central Puerto, la empresa de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany -accionista del Grupo Financiero Galicia- presentó la propuesta más alta por Piedra del Águila, unos US$245 millones. BML, de Uribelarrea, ganó El Chocón frente a la competencia de la italiana ENEL, dueña de Edesur, al ofertar US$235,7 millones.

Al igual que está sucediendo en otros negocios de la Argentina libertaria, los empresarios locales ganan terreno frente a las multinacionales. Durante las tres décadas anteriores, AES tuvo Alicurá; ENEL, El Chocón; Central Puerto ya contaba con Piedra del Águila, mientras que Cerros Colorados estaba en manos de Aconcagua Energía, una empresa fundada por Diego Trabucco y Javier Basso hasta que entró en crisis este año y quedó en manos de Pablo Iuliano. La licitación fue organizada por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, dependientes del ministro de Economía, Luis Caputo, tío del asesor presidencial.

La privatización por 30 años del uso del agua de los ríos neuquinos

Por Norberto E. Calducci

Días pasados con la presencia de la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, y de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, se firmaron los contratos de traspaso de las acciones de las sociedades anónimas que operan las centrales hidroeléctricas del Comahue, en manos de la Secretaría de Energía de la Nación, a empresas privadas que operarán la generación de electricidad en el complejo de centrales ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén.

Las concesionarias privadas utilizarán las represas y centrales y todas las obras anexas (playas de maniobras, estaciones transformadoras, líneas, etc.) que construyó el Estado a través de la estatal Hidronor S.A. y que fueron privatizadas por primera vez bajo el menemismo por 30 años, y que ahora vuelven a privatizarse por otros período igual (hasta el año 2055).

De esta manera, sin invertir un dólar se quedan con el poder de generar caja con un negocio que se basa en lo que invirtió el Estado. Usan en su provecho capitalista por tres décadas más obras que costaron 10 o 20 veces lo que hoy ofertaron las nuevas concesionarias para operar cada una de los cuatro complejos. Algunos de los cuales cambiarán de manos. El complejo Chocón-Arroyito que operaba Enel ahora pasará al poder de MSU Green Energy (BML). El complejo Alicurá será operado por Edison Inversiones, que estaba en manos de AES. En tanto el complejo Cerros Colorados (Planicie Banderita) pasó de Orazul también a Edison Inversiones. El complejo Piedra del Águila-Pichi Picún seguirá operado por Central Puerto. Esta reprivatización ni siquiera puede argumentar que los trabajadores de las empresas transferidas cobrarán un porcentaje de Propiedad Participada, que el menemismo colocó como cebo para justificar la anterior privatización.

Culmina así un operativo de casi dos años del gobierno nacional que tras varios decretos, constitución de sociedades anónimas y traspaso de las mismas a entes estatales, entrega el aprovechamiento del agua de los ríos Limay y Neuquén, al capital privado. Operativo que más allá de declaraciones para la tribuna sobre “soberanía del recurso agua” o “respeto al federalismo” de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, estos apoyaron en todo su trámite durante meses y meses.

El otro decreto

Simultáneamente con la reprivatización de las centrales, el gobierno nacional aprobó por el Decreto 900/2025 del 18 de diciembre la firma de un acuerdo con el BIRF para un préstamo de U$S 300 millones, para financiar el Proyecto “Apoyo a la Transición hacia Sectores de Electricidad y Gas Sostenibles en Argentina” que permita “fortalecer la capacidad institucional para racionalizar los subsidios a la energía…”.

Lo cual incluye la realización de obras, contrataciones de consultorías, adquisición de hardware, software, realización de estudios, etc. Las condiciones del préstamos son leoninas y el BIRF toma todos los recaudos de prestar el monto a un país que camina por la cornisa del default.

Como el órgano ejecutor del proyecto es la Secretaría de Energía de la Nación, cabe analizar las declaraciones realizadas por su titular al diario Río Negro respecto a los subsidios a la energía: “lo que buscamos es que los subsidios estén enfocados en la gente que los necesita… la gente ‘que tiene ingresos suficientes y puede pagar la energía, la pague’… cuando se aborda la cuestión energética, también se deben mirar las cantidades y no solo los precios. Para pagar menos, hay que cuidar la energía que recibimos” (RN, 23/12).

Está claro que el proyecto va a dar como resultado que el subsidio, en la medida que se aplique, estará limitado a quienes tengan un subconsumo de energía. Un hogar con un par de electrodomésticos y salario bajo la línea de pobreza no tendrá tarifa subsidiada. Y esto se relaciona con otra de las declaraciones de la secretaría de Energía: “queremos que esa energía alimente a toda la red de alta tensión del país, no solo de las provincias”. La energía que dejen de consumir los hogares del país por los tarifazos en puerta tendrá como destino la exportación por las interconexiones de la red nacional de transporte en AT. Hace ya cuatro años que se realizan pruebas exitosas con miras a la interconexión de los sistemas eléctricos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Como con los hidrocarburos, cuyo destino es cada vez más la exportación para generar los dólares que garanticen los pagos de la deuda con el FMI y los fondos buitre, ahora pasará lo mismo con los kilovatios que produzcan las centrales hidroeléctricas reprivatizadas.

Las “inversiones” de las concesionarias

El Estado nacional ingresará un poco más de U$S 700 millones en este proceso de reprivatización hidroeléctrica. En principio ese monto tomado en relación a los 30 años de concesión, implica una suma irrisoria anual: U$S 23 millones. Chirolas.

El presupuesto 2026 del gobierno neuquino estima la recaudación de regalías hidroeléctricas en $ 31.397 millones, calculadas “al nuevo precio que establecen las nuevas concesiones”, lo cual al cambio actual equivalen a 21,5 millones de dólares. Las concesionarias ofertaron por año prácticamente un monto similar al que deben pagar por regalías a la provincia del Neuquén. Esto da la magnitud de las “inversiones” realizadas. Luego prometen realizar otras en las próximas tres décadas, pero esas son promesas.

Es aquí donde nuestro planteo de nacionalización bajo control obrero de toda la industria energética, adquiere toda su dimensión como factor de un recurso al servicio de un régimen sobre nuevas bases sociales.

Una deuda histórica con los trabajadores de la energía eléctrica

El Estado argentino tiene una deuda histórica con gran parte de las y los trabajadores de las empresas de energía eléctrica privatizadas durante la década de los 90 de SEGBA (Servicios eléctricos del gran Buenos Aires), Agua y Energía Eléctrica (AyEE), e Hidronor (Hidroeléctrica Norpatagónica) por la falta de pago del Programa de Propiedad Participada (PPP) que debió haber beneficiado con una participación accionaria a todas y todos los empleados en actividad al 16 de enero de 1992. El Estado nacional no ha cumplido con las y los trabajadores; son el caso de las centrales hidroeléctricas y la venta del paquete accionario en manos del estado nacional de la empresa Transener.

En el caso de la empresa transportadora de energía Transener que se crea con los activos de las originarias empresas de energía eléctrica, SEGBA, Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor  privatizadas a partir de la venta y concesión del patrimonio del estado promovido por las leyes 23.696 (de Reforma del Estado 1989) y 24.065 (de desguace del sistema eléctrico nacional 1992) Atentos a esta situación, promovieron un proyecto de resolución que ingresó el Diputado Nacional Juan Marino en la H.C.D.N. alertando sobre la venta del paquete accionario en manos del estado nacional y la amenaza sobre la participación que tiene Anses en la empresa a través del FGS.

Se pronunciaron en contra de la innecesaria venta de las Centrales Hidroeléctricas y las acciones de TRANSENER que se encuentran en poder del Estado nacional; las y los trabajadores proponen la creación de un fondo que a partir de los beneficios de las acciones de Transener S.A en poder de ENARSA permitan saldar la deuda histórica con los trabajadores de SEGBA, Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor excluidos del pago del programa de Propiedad Participada de las empresas privatizadas.

Que se salde la deuda con los trabajadores y se proteja el Patrimonio Nacional.

Colectivos de ex trabajadoras y trabajadores de SEGBA, Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor

El Gobierno ultima detalles para la concesión del Correo Argentino

Por Tatiana Scorciapino

El oficialismo apuesta a lanzar la licitación en marzo del 2026. La búsqueda desesperada de dólares para mantener el plan económico de Javier Milei. La compra de OCA en manos de Leonardo Scatturice, el lobbista vinculado a Santiago Caputo, levanta suspicacias sobre el futuro del negocio postal.

Pese a estar enfocado en consolidar la mayor cantidad de reformas durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, un sector del gobierno trabaja en silencio para avanzar con los proyectos de privatizaciones que Javier Milei quiere concretar en la segunda etapa de su gestión. El listado, extenso, excluye en sus numerados una empresa fundamental que, pese a su desguace, el Ejecutivo no entregará tal como estaba previsto. Se trata de Correo Argentino, que seguirá estando bajo la órbita del Estado, pero bajo explotación privada.

Tal como el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció con el llamado a licitación para la explotación en manos privadas de Tecnópolis por un canon mensual inicial de 611 millones de pesos, en el oficialismo se preparan para avanzar en un esquema similar con la compañía postal perteneciente al Estado nacional. Si bien aún el proceso se encuentra en estado preliminar, numerosas fuentes del gobierno confirmaron los planes del Ejecutivo.

Los equipos técnicos del gobierno comenzaron a trabajar hace varios meses en la confección de los lineamientos que se requerirán para iniciar el proceso licitatorio. El comienzo del procedimiento se dio con la habilitación del cierre de más de 900 sucursales del correo en todo el país -conexión elemental para pueblos de bajo índice habitacional-, una medida que forzó el despido de miles de trabajadores que se vieron empujados al siempre apabullante índice de desempleados.

Concretados los cierres de las filiales, en el gobierno se concentraron en analizar punto por punto el estado de las cuentas contables de la empresa, donde los recortes fueron más que significativos. La intención, explicaron, fue “sanear” las mismas para hacer aún más atractivo el negocio multimillonario que quedará en mano de la empresa que mejor oferta presente. “Break even”, afirmaron desde un importante despacho de la gestión libertaria para referirse al estado actual del Correo.

Usarán un decreto de Kirchner para concesionar el Correo

El proceso de concesión se llevará adelante sostenido gracias al decreto firmado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, quien por entonces había decidido rescindir el contrato de explotación que mantenía el grupo SOCMA, liderado por Mauricio y Franco Macri. En aquel momento, la declaración de quiebra del Correo en manos del padre del ex presidente obligó al líder del justicialismo a cancelar el control del mismo al grupo empresario y forzar por decreto la vuelta de la explotación al Estado nacional, con la promesa de abrir un nuevo llamado a licitación que nunca se concretó.

Más de veinte años después, la gestión de Javier Milei analiza abrazarse a ese decreto para relanzar la licitación. Si bien en algún momento desde el propio oficialismo advertían lo contrario, la privatización de la entidad quedó completamente descartada debido a que la misma debe ser autorizada por el Congreso, instancia en la que el gobierno, pese al triunfo electoral, sigue estando en desventaja. La mesa de trabajo encargada de analizar punto por punto los lineamientos jurídicos del caso está encabezada por la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, y el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

La intención de la gestión libertaria es avanzar en línea recta con el desprendimiento de empresas y recursos que hoy están en manos del Estado para, no sólo afianzar su discurso de achicamiento, sino también asegurarse el ingreso de dólares frescos que le permitan continuar con el esquema económico que permita tener controlado el valor de la divisa extranjera y la inflación.

Pese a la altivez con la que se manejaron durante los dos años de gestión que lleva Javier Milei en el gobierno con Luis Caputo al frente del ministerio de Economía, este lunes el titular del Banco Central, Santiago Bausili, anunció una exigida modificación en el esquema de bandas cambiarias. A partir de enero, las mismas se ajustarán por inflación con el fin de consolidar la compra de reservas, un pedido que el FMI nunca dejó de achacar. En este sentido, la venta de las siempre preciadas joyas de la abuela tendrán también un rol central, ya que el gobierno augura controlar el flujo inflacionario con el ingreso extra de divisas.

Según confiaron desde el seno del gobierno, la intención es avanzar con esta nueva concesión recién para marzo del próximo año. “Está en etapa de construcción. Queremos asegurarnos que el proceso sea lo más transparente y confiable posible”, dijeron fuentes al tanto del manejo de esta nueva operación.

OCA, Scatturice, Caputo, y las dudas sobre la legitimidad

Si bien el tramo hasta llegar a la concesión del Correo es largo, en los últimos días hubieron movimientos, cuanto menos, vistos. En más de un escalafón del Círculo Rojo llamó la atención la afortunada compra de OCA, la empresa de correo privada más importante del país, adquirida por el fondo de inversión estadounidense, COC Global Enterprise, perteneciente al empresario Leonardo Scatturice. El lobbista argentino con residencia en Estados Unidos también está a cargo del manejo de la empresa aérea Fly Bondi, con la que espera ampliar los servicios postales y constituir un superador modelo de negocios que le permita aumentar significativamente los ingresos.

El fondo de inversión perteneciente al empresario radicado en Miami tiene en el listado de su imponente holding de empresas a Tactic Global, la compañía contratada por la SIDE en mayo de este año para oficiar como “nexo” entre el Estado argentino y Estados Unidos en materia de inteligencia. Una de las cabezas de la empresa es Barry Bennet, quien visitó el país en reiteradas ocasiones en el último año. Con cuestionada llegada a Donald Trump, el lobbista se convirtió en un habitué del despacho del siempre silencioso asesor, Santiago Caputo, íntimo amigo de Scatturice y el garante de su acceso al mundillo empresarial estadounidense que lo recibió en más de una ocasión en lo que va de la gestión libertaria.

La cercanía de Caputo con la elite empresaria norteamericana es tan concreta que semanas atrás un gobernador le solicitó su apoyo para cerrar acuerdos petroleros para aumentar la producción en su provincia. Se trata de Ignacio Torres (Chubut), quien este viernes viajó -sólo- a Nueva York para intentar seducir a los popes del JP Morgan, UBS Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Invesco Asset Management, entre otras entidades. Pese a la ausencia del asesor en el road trip, hay quienes reconocen que su mano estuvo en cada una de las reuniones que cerró el gobernador.

De vuelta a Scatturice, un sector del empresariado sospecha que la compra de OCA no sólo habría sido beneficiada gracias a la cercanía entre el asesor, el lobbista y todo su esquema de poder. También se especula con la posibilidad de que la concesión del Correo Argentino pueda quedar ligada a empresarios amigos de “Leo” y logren concentrar allí el monopolio de la explotación postal, un negocio que desde hace décadas fabrica millonarios. En el gobierno niegan la existencia de cualquier tipo de maniobra y, para contrarrestar la información, advierten que la empresa nacional podría quedar en manos extranjeras. Las casualidades gustan de tener patas cortas.

Milei avanza con el plan de privatizaciones y eliminación de subsidios

El Gobierno avanzó en los dos primeros años con Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y AYSA. Sin embargo, siguen pendientes casos como los medios públicos, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, que tuvieron fuerte rechazo opositor.

Aunque las hidroeléctricas del Comahue son las primeras en avanzar con las concesiones, Nucleoeléctrica Argentina —encargada de los reactores nucleares— pasará por la venta de un 44% de sus acciones.

El Gobierno nacional también decidió avanzar con un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados. A partir de enero de 2026 se unifican las categorías en «con» y «sin» subsidios, eliminando la ayuda a sectores de clases media y alta.

La asistencia se concentrará exclusivamente en hogares con ingresos menores a tres canastas básicas. A través de la resolución 488/2025 publicada en el Boletín Oficial, la secretaría de Energía estableció los nuevos precios para la demanda de cara al verano 2026.

La norma fija los valores para el período comprendido entre el 1° de diciembre y el 30 de abril de 2026. Lleva la firma de la secretaria energética, María Tettamanti. Establece que, durante ese período, se aplicarán los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Se indica además que se deberán utilizar, junto con el Precio Estabilizado del Transporte (PET), “para su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios” de los Agentes Distribuidores y otros Prestadores del Servicio Público de Distribución que lo requieran.

La medida también comprende al Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Tierra del Fuego (MEMSTDF). Allí también regirán los nuevos precios de referencia para abastecer a los usuarios de la provincia del sur.

Según confirmaron desde la IGJ (Inspección General de Justicia), en el paquete de empresas que pasaron de ser Sociedades Anónimas del Estado Nacional a ser Sociedades Anónimas están: La Administración de Infraestructura Ferroviaria; la Administración General de Puertos; Contenidos Públicos; Edu.Ar; La Empresa Argentina de Navegación Aérea; Fabricaciones Militares; La Operadora Ferroviaria; Radio y Televisión Argentina; La Casa de la Moneda; Télam y Ferrocarriles Argentinos.

Una vez finalizado el trabajo de la IGJ, el proceso de privatización quedará en manos del ministerio de Economía. Lo que hizo la IGJ fue asistir a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para convertir todas las Sociedades Anónimas del Estado en S.A., de acuerdo a lo que dispuso al comienzo de la gestión La Libertad Avanza mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

El objetivo, a partir de ahora, será avanzar con las privatizaciones que ya fueron aprobadas por el Congreso mediante la sanción de la Ley Bases,  pero también desguazar, mediante varios vericuetos legales, como el que hizo la IGJ, las empresas para las cuales el gobierno no tuvo el visto bueno del Parlamento.

Las empresas que fueron aprobadas por el Poder Legislativo en la Ley Bases para privatizar son: la privatización parcial de Energía Argentina SA e Intercargo SAU y para privatizar o concesionar quedaron Agua y Saneamiento Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA.

Sin embargo, se espera que el Congreso pueda tener algún tipo de injerencia en los futuros intentos, por ejemplo, con la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Arsat, Intercargo, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.

Se supone que en esos casos el gobierno debería volver a presentar proyectos de Ley y conseguir las mayorías parlamentarias correspondientes para venderlas.

En febrero de 2025 Milei firmó el decreto 116/25 que fue publicado en el Boletín Oficial, donde oficializó la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima. Ese mismo mes, días después, firmó otro decreto, el 115/25, con el cual convirtió en Sociedad Anónima el complejo minero YCRT, emplazado en la provincia de Santa Cruz. Es una empresa que se encarga de generar energía, explotar, transportar y comercializar carbón, que ya fue privatizada en los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, con graves consecuencias para el sector.

Al seguir vigente el DNU 70/23, la IGJ pudo realizar la conversión de las sociedades del estado empresas con participación del estado en Sociedades Anónimas. Sin embargo, desde la oposición, hay quienes creen que, más allá de eso por los artículos 8 y 9 de la Ley de Reforma del Estado 23.629, el Estado debe conservar el paquete accionario mayoritario, a menos que logren aprobar una ley que diga lo contrario.

Cuando desde la Cas Rosada presentaron la primera versión de la Ley Bases, la idea del gobierno era que el gobierno aprube la privatización de 41 empresas. Luego de negociaciones la lista se redujo y en la segunda versión del proyecto quedaron 11. Se eliminaron, por ejemplo, al Banco Nación e YPF. Cuando la Lay Bases llegó a la Cámara Alta, quedaron 9.

El número final se achicó porque desde el oficialismo anunciaron que iban a quedar afuera Aerolíneas Argentina, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina.

Cancelaron el servicio de trenes de Tucumán y Córdoba hacia Buenos Aires

El sindicato La Fraternidad (conductores de trenes) advirtió sobre la cancelación de la circulación de los trenes de pasajeros de larga distancia hacia Tucumán y Córdoba, y denunció que se trata de un «lock out» contra el sistema ferroviario. «Para nosotros, nunca es grato dar malas noticias, y mucho menos en vísperas de Año Nuevo, pero nuestro anticipo sobre la cancelación de la circulación de trenes a Córdoba y Tucumán se confirmó», sostuvo el gremio de maquinistas mediante un comunicado.

Y agregó: «Lo que en principio entendimos acertado, esto es la reparación de vías, luego del descarrilamiento del 20 de septiembre de 2025 del tren a Tucumán, se ha convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los servicios».

«Todos loa argentinos debemos defender la continuidad de estos servicios, porque es defender nuestra soberanía y la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que menos tiene», finalizó La Fraternidad.

Parques Nacionales: zona liberada para el mercado

Con la Resolución 62/2025, el gobierno avanza en una de las transformaciones más profundas del sistema de Parques Nacionales. Una norma que reconfigura por completo el régimen de permisos turísticos y pone a los parques al servicio de la lógica de mercado. Alcanza con presentar un trámite digital por TAD y se habilita automáticamente el uso del territorio para actividades comerciales.

La resolución también elimina la obligación de contar con guías habilitados, excepto en actividades consideradas de “alto riesgo”, reduce drásticamente los requisitos para construir infraestructura turística y deja sin efecto la presentación de estudios de impacto ambiental en gran parte de los casos. Es decir: se baja la vara de control justo en los lugares que deberían estar más protegidos.

Los funcionarios celebran esta reforma como un gesto de “libertad”, una cruzada contra la burocracia estatal y las “rentas monopólicas” que según dicen, existían en los parques. Pero el problema de fondo no era la falta de libertad, sino la falta de planificación, de acceso popular real y de una política de conservación pensada desde abajo. Lejos de resolver eso, lo que se impone ahora es una lógica de mercado donde manda quien tenga más recursos para expandirse, no quien cuide el ambiente ni quien viva en el territorio.

Las consecuencias no se van a hacer esperar. Sin guías formados, sin estudios de impacto ambiental y con habilitaciones exprés, el aumento de actividades turísticas industriales va a poner una presión brutal sobre ecosistemas que ya están en riesgo. Ya con los incendios de principio del año pasado en El Bolsón, los trabajadores denunciaron el vaciamiento en políticas de prevención, la falta de personal adecuado y de planificación para la cantidad de turistas habilitados.

La flora, la fauna, los suelos, los cursos de agua, los corredores biológicos… todo eso que tarda años o décadas en restaurarse puede arruinarse en una temporada si el único criterio es la rentabilidad. Y, mientras tanto, quienes sostienen día a día el trabajo en los Parques como los trabajadores del Estado, brigadistas, guías, comunidades locales quedan marginados, precarizados o directamente expulsados por una “competencia” que no es tal, es una invitación abierta a que ganen siempre los mismos.

Esta reforma es parte de un modelo que recorta en ciencia, en salud, en educación y en políticas ambientales, mientras libera todas las barreras para que el capital avance. Un modelo que habla de eficiencia pero destruye con tal de lo que no puede facturar. Que habla de libertad mientras deja sin derecho al descanso y al ocio.

Frente a esto, no alcanza con defender lo que había. También es necesario cuestionar un modelo de gestión de los Parques que, con el tiempo, también naturalizó concesiones eternas, zonas privatizadas de hecho y acceso limitado para la mayoría. La salida no está en volver atrás, sino en ir por más: por una política ambiental donde los Parques Nacionales sean espacios de conservación y uso popular real, con participación activa de quienes habitan y trabajan en el territorio, donde el turismo no sea un privilegio ni una mercancía, sino parte de una vida digna, accesible y sostenible.

Defender los Parques hoy no es quedarse quietos. Es organizarnos contra quienes los quieren entregar. Es plantear que la naturaleza no se vende ni se explota, se cuida.

Y que lo común, si no se defiende, desaparece.

Rutas: el Gobierno da total control a las empresas en las nuevas concesiones

Las denuncias por el estado deplorable de las rutas luego de dos años de abandono obligaron al Gobierno a tomar medidas, que vuelven a enfocarse en beneficios a privados.

Luego de dos años de desidia, el Gobierno de Javier Milei decidió accionar algún tipo de mantenimiento sobre corredores viales nacionales. El proceso para concesionar corredores clave como la Autopista Riccheri, la Ruta 5 y la Ruta 3 se activó según indicó la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo esquema elimina los aportes del Tesoro.

La medida se suma a la reciente adjudicación de la Etapa I. El Gobierno Nacional oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC), luego de la gran cantidad de denuncias recibidas por el deplorable estado de las rutas nacionales, abandonadas durante la gestión del actual Gobierno, lo cual incrementó la cantidad de accidentes graves.

La medida pone a disposición del sector privado la construcción, explotación, administración y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales, bajo un modelo de gestión que demostró fracasar en reiteradas oportunidades: la más recordada, ocurrida en la década del 90.

La iniciativa -según apuntaron desde el Gobierno- busca sanear las cuentas públicas al discontinuar un esquema que el Ejecutivo califica como “deficitario” y carente de beneficios tangibles para los usuarios.

De esta forma, la sostenibilidad financiera de los corredores dependerá exclusivamente de la eficiencia de los nuevos operadores privados, sin inyecciones de fondos por parte del sector público, lo cual deja la calidad del servicio a la buena voluntad del operador de turno.
La licitación de esta segunda etapa se estructura en dos grandes bloques geográficos que abarcan arterias neurálgicas para la producción, el turismo y la logística de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa.

Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur es el bloque más extenso y complejo, con una longitud total de 1.325,17 kilómetros. Dada su magnitud, se subdivide en tres ejes operativos:
Subtramo Sur (870,55 km): Comprende la gestión de las Rutas Nacionales N° 3 y N° 205, vías fundamentales para la conexión con el interior bonaerense y el transporte de granos.
Subtramo Atlántico (404,32 km): Abarca la Ruta Nacional N° 226, corredor transversal clave que conecta zonas portuarias y turísticas.
Subtramo Acceso Sur (50,30 km): Incluye los ingresos más críticos a la Ciudad de Buenos Aires y al aeropuerto internacional: la Autopista Ezeiza – Cañuelas, la Autopista Riccheri y la Autopista Jorge Newbery.
Tramo Pampa: Este segundo bloque licita una extensión de 546,65 kilómetros concentrados exclusivamente en la Ruta Nacional N° 5. El contrato abarca desde el Kilómetro 65 (zona de Luján, Buenos Aires) hasta el empalme con la Ruta Nacional N° 35 (Santa Rosa, La Pampa), un corredor vital para el agro que ha demandado obras de infraestructura durante años.

El lanzamiento de esta segunda etapa no es un hecho aislado, sino que se encadena con la adjudicación de la Etapa I de la RFC. En esa primera instancia se definieron los operadores para los Tramos Oriental y Conexión, que suman otros 741 kilómetros a la red privatizada.

En cuanto a la fiscalización, la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita de la secretaría de Transporte del ministerio de Economía, mantendrá su rol como autoridad de aplicación.

Vialidad será la encargada de supervisar y controlar el cumplimiento estricto de los contratos de concesión actuales y futuros, velando por la calidad de la infraestructura y la seguridad vial de los usuarios en este nuevo marco de gestión privada.

Fuentes: ANRed, Resumen Latinoamericano, Prensa Obrera, NA, Colectivos de ex trabajadoras y trabajadores de SEGBA, Agua y Energía Eléctrica (AyEE) e Hidronor, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Perfil, Página/12.

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