Rechazo a la agresión imperialista contra Venezuela
Libertad a Nicolás Maduro y Cilia Flores
En los Hospitales: El Cruce de Florencio Varela, Gandulfo de
Lomas de Zamora, Italiano de Mar del Plata, Naval de Punta Alta,
Municipal y Penna de Bahía Blanca y de Ezeiza
El
Cruce: salarios en baja, amedrentamiento y amenaza de
privatización
Desde la asunción del presidente
Javier Milei, los trabajadores del hospital Alta Complejidad El Cruce
de Florencio Varela, viven de manera vertiginosa la precarización
laboral de la que ya venían siendo víctimas desde hace años. El
cansancio, físico y mental, se extiende y profundiza, debido a la
necesidad de tener que recurrir al pluriempleo cada vez más, debido
al recrudecimiento de una crisis que, como siempre, y hoy más que
nunca, golpea indefectiblemente a los trabajadores.
Desde mediados del año pasado, los trabajadores del Cruce, vienen sufriendo ataques constantes. Desde la quita de derechos adquiridos como, por ejemplo, el asueto por el día del trabajador estatal que se celebra el 27 de Junio, finalmente“derogado” el día 26 por la tarde. Hasta el brutal recorte, que se expresa, por ejemplo, en el casi congelamiento del salario, que al día de la fecha representa una pérdida del 42%.
Mecanismos de amedrentamiento, se conjugan con la política del miedo que ejercen superiores jerárquicos, hoy más envalentonados que nunca al gozar del amparo de una gestión de ultraderecha, y el silencio cómplice de los sindicatos que no solo dejan pasar los recortes, sino que también se mantienen en silencio frente al realidad que viven a diario los trabajadores en la institución.
Trabajadores expresan que ante los reclamos la dirección responde con “Castigos”. Los castigos consisten en rotación de servicios, cambios de horario, negarles licencias y vacaciones, destacan que durante esta gestión los jefes están envalentonados con una agresividad impune avalados por la derecha nefasta.
La falta de profesionales de Enfermería es una demanda cotidiana en el cruce, y no es una cuestión menor, ya que, según expresan la falta de profesionales de Enfermería pone en grave riesgo la vida de los pacientes, quienes se atienden en el hospital El Cruce, atraviesan procesos de salud sumamente complejos que requieren monitorización permanente y el número necesario de enfermeros para garantizar una atención de calidad.
Los demás servicios no son la excepción, día a día ven precarizado su trabajo, según algunos testimonios, que se mantienen anónimos por miedo a represalias, trabajadores expresan que algunos jefes de servicio se oponen a que a los trabajadores les aumenten el sueldo ya que a ellos no les “conviene”, argumentando que los trabajadores no van a querer hacer guardias de urgencia si cobran lo suficiente. Esto denota un claro posicionamiento ideológico, que avala la explotación en pos del achicamiento de las obligaciones del Estado. Es lo que quiere este sistema feroz, al que le conviene que los laburantes estén sometidos, sobreocupados y sin tiempo para ver el saqueo que están haciendo el gobierno y sus cómplices.
Otros trabajadores denuncian que solo a algunos les permiten hacer horas extras, solo se las autoriza a quienes por necesidad son sobre explotados, cumpliendo las exigencias de los jefes de servicio a rajatabla y sin cuestionar, apelando al miedo, trabajadores con contratos precarios que no pueden decir que no a la sobre demanda y al cumplimiento de actividades que exceden a las tareas para las cuales fueron contratados.
La falta de pases a planta permanente de personal que hace años que trabaja precarizado y ven cada año como cada vez más esto se profundiza, evidenciándose, por ejemplo, en que sus contratos duran cada vez menos tiempo, impactando esto, drásticamente en el día a día y en la salud mental, ya que los mantienen en suspenso, en la incertidumbre de si el mes que viene podrán seguir parando la olla, con la crueldad de ni siquiera darles un preaviso, sometiéndolos a situaciones violentas al ser increpados e impedidos de ingresar a su puesto de trabajo por parte de personal de seguridad cuando estos contratos no son renovados.
Amenazas privatizadoras sobre la salud pública por parte del gobierno nacional, silencio y desentendimiento por parte del gobierno provincial
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, las amenazas de cierre o privatización sobre la salud pública son frenadas por la organización y la lucha de sus trabajadores y usuarios. Como el Laura Bonaparte que es faro de resistencia, el hospital Posadas que enfrentó despidos y conquistó reincorporaciones, el Garrahan,con sus trabajadores en pie de lucha enfrentando los despidos y conquistando una paritaria superadora.
En los últimos días, la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno provincial en relación a la corresponsabilidad presupuestaria de los hospitales SAMIC, volvió a activar todas las alarmas. Los hospitales SAMIC conforman una red sanitaria de hospitales interjurisdiccionales que dependen en un 70% del presupuesto nacional y un 30 % del presupuesto provincial, estos son: el Garrahan, en Parque Patricios; El Cruce, en Florencio Varela; el Cuenca Alta, en Cañuelas; el de El Calafate; el de Esteban Echeverría; el de agudos Dr. René Favaloro, en Rafael Castillo y el Presidente Néstor Kirchner, en La Matanza.
La disputa política entre el gobierno provincial de Axel Kicillof y el gobierno nacional de Javier Milei en relación a la responsabilidad en torno a la salud pública deja en el medio a miles de trabajadores, sus familias y los usuarios de un sistema de salud que ve crecer día a día su demanda pero no así el presupuesto necesario para dar respuesta a las acuciantes problemáticas de la población que no dan respiro en la vida cotidiana. A los planes privatistas de Milei y Lugones, Kicillof y Kreplak parecen hacer oídos sordos, y las organizaciones sindicales oficialistas no paran de demostrar su complicidad, dejando pasar la motosierra sin convocar a un plan de lucha para enfrentarlo ni a un paro nacional, medida que dadas las circunstancias es más que aclamada por los trabajadores que sufren la desidia estatal.
Todo esto sabemos que de no frenarlo se va a profundizar por la falta de presupuesto, el avance del gobierno con la reforma laboral esclavista que quiere imponer junto a sus cómplices, el imperialismo yankee mediante el pago de una deuda ilegal, ilegitima y fraudulenta con el FMI, que tras los últimos acontecimientos imperialistas y colonizadores sobre Venezuela, demuestra una vez más cuáles son sus planes para América Latina.
Para poder enfrentarlo es necesario recuperar esas herramientas de lucha que tenemos que son los sindicatos, cuyas conducciones, como en el Hospital El Cruce, dejan pasar toda vulneración de nuestros derechos, aquí necesitamos que APHEC, UPCN y el Sindicato de Salud Pública se pongan a la cabeza de organizar a los trabajadores mediante asambleas semanales para pensar en conjunto qué necesitamos y cómo luchar por ello.
El miércoles 7 de Enero, a las 11:00, los trabajadores autoconvocados del hospital El Cruce realizaron una nueva asamblea, remarcando “estado de Asamblea y movilización permanente en defensa del hospital público, gratuito y de calidad».
Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora: denuncian cesantías y ataque antisindical
En vísperas del año nuevo, el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en el centro de la polémica. Trabajadoras y trabajadores del Hospital Gandulfo denunciaron el despido de por lo menos 8 trabajadoras y trabajadores, dejando familias sin ingresos en un contexto social y económico sumamente crítico. Entre las personas cesanteadas hay una trabajadora embarazada y delegada gremial, un hecho muy grave e ilegal que despertó fuertes cuestionamientos.
El viernes 2 de enero se realizó una asamblea de trabajadorxs en la puerta del hospital, en la que se resolvió acompañar y respaldar a todas las personas despedidas. Fue en ese mismo espacio colectivo donde se tomó conocimiento que fueron 5 los despidos de trabajadores de limpieza (incluida la delegada), sector que venía de un conflicto reciente por falta de personal, hecho que obviamente se agravó con las cesantías.
Tras la asamblea, las y los trabajadores llevaron adelante una radio abierta en la calle lateral del Hospital Gandulfo, con el objetivo de visibilizar la situación y denunciar el vaciamiento del sistema de salud pública. La actividad contó con el acompañamiento y la solidaridad de otros gremios y organizaciones sociales y políticas, que expresaron su apoyo a los reclamos y su rechazo a las políticas de ajuste sobre el sector sanitario.
En medio de la protesta, representantes de los trabajadores fueron convocados a una reunión con la Dirección del hospital. Según explicó la delegación sindical, hubo una extensa y tensa discusión, en la que 4 directoras no atinaban a explicar los motivos de la mayoría de los ceses y no tuvieron en cuenta un acuerdo gremial firmado entre ATE y el equipo directivo del Gandulfo en 2024 (que equiparaba derechos de becarios y becarias con los del personal de planta, lo que dejaría sin sustento los ceses argumentados en un excesivo uso de licencias). La respuesta obtenida, además de dejar sin efecto el cese ilegal de la delegada, fue el compromiso de la Dirección de mantener reuniones individuales con cada trabajador despedido (junto a un representante gremial), en reconocimiento de que ninguno de ellos había recibido advertencia previa antes de ser desvinculado. Las y los trabajadores denunciaron estas decisiones que los dejaron abruptamente sin empleo y sin ingresos económicos para sostener a sus familias, profundizando situaciones de vulnerabilidad social. Además, remarcaron que los despidos se produjeron a pocos días del compromiso de la viceministra de Salud, Alexia Navarro, y el funcionario Agustín López ante representantes de ATE Sur y del espacio provincial denominado «becarixs en lucha», de la renovación de la totalidad de las becas laborales, lo que consideran una contradicción evidente.
En este marco, se reiteran las críticas a la política sanitaria provincial, caracterizada -según denuncian- por la falta de ingresos de personal, la ausencia de pases a planta permanente, la inexistencia de aumentos salariales o bonos de fin de año, y la persistencia de miles de trabajadores en condiciones de precarización, con salarios insuficientes, sin aguinaldos y obligados a lograr acuerdos internos para alcanzar derechos que las normativas les niegan, en un verdadero fraude laboral que incumple derechos constitucionales como «a igual trabajo, igual salario e iguales derechos» o la «estabilidad laboral en el ámbito estatal».
Las responsabilidades políticas, señalan, alcanzan al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak junto a sus colaboradores Navarro y López, y al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, a quienes acusan de impulsar un ajuste sobre el sistema de salud. También apuntan contra la conducción del Hospital Gandulfo, encabezada por Traverso Vior y Estela Domínguez, a quienes responsabilizan por los despidos y por negarse a sostener instancias reales de diálogo previas a semejante decisión, además de una crueldad solo comparable a la del gobierno nacional, al notificar estos despidos (que en varios casos consideran una evidente represalia por adoptar medidas de fuerza) un 31/12 sin advertencia previa alguna.
Desde el sector advierten que estas medidas forman parte de un proceso de vaciamiento de la salud pública en la provincia de Buenos Aires y cuestionan que se avance contra quienes reclaman por sus derechos laborales. Ante este escenario, exigen la reincorporación inmediata de todas las personas despedidas y el cese de las políticas que, afirman, profundizan la crisis del sistema sanitario.
En este contexto, las y los trabajadores del Hospital Gandulfo ratifican que la lucha por la reincorporación de todas las personas despedidas no es solo una defensa de puestos de trabajo, sino una pelea en defensa de la salud pública como derecho social. Advierten que no habrá silencio ni resignación frente a despidos arbitrarios, prácticas antisindicales y decisiones que deterioran aún más un sistema ya golpeado por años de precarización. Con organización, unidad y solidaridad, aseguran que continuarán visibilizando el conflicto y profundizando las medidas necesarias hasta obtener respuestas concretas, porque —sostienen— sin trabajadores con derechos no hay hospital público posible, ni atención digna para la comunidad.
Paro de ATSA en Bahía Blanca contra el vaciamiento y el atraso salarial en el Hospital Italiano
Trabajadoras y trabajadores del Hospital Italiano iniciaron una medida de fuerza que comenzó durante la madrugada del 31 de diciembre, esta vez porque desde diciembre cobran el sueldo de forma irregular y en cuotas cada vez más chicas, y a fin de mes solo recibieron un adelanto del aguinaldo, sin fecha clara para el resto ni certezas sobre enero. Son unas 400 trabajadoras y trabajadores, con salarios que van de $800.000 a $1.200.000, muchas con familias que dependen exclusivamente de ese ingreso.
“Te enfermás, venís igual para no pedir un certificado, para que no te descuenten los días, para no perder el presentismo. Y así y todo te están pagando en cuatro veces. Entonces eso es lo que tiene que terminar”, dice una de las trabajadoras. “Yo en mi caso, por ejemplo, tengo dos hijos y este mes no les pude comprar nada. Porque no me sirvió cómo me pagaron. Porque toda la plata que me entraba era para pagar deuda, cuentas e intereses. Por ejemplo, ayer lo que me depositaron, me lo chupó el banco, me quedaron 60.000 pesos. Y vos decís, ¿qué hacés con 60.000 pesos?”, y agrega, “necesitamos que la gente nos escuche, que los bahienses se pongan en el lugar de la gente, de los empleados del hospital.”
“Hay familias que dependen totalmente del sueldo que ganan acá, hay mamás solteras que alquilan, hay compañeros que viven lejos, que tienen dos colectivos para venir y dos para volver. Tenemos que hacernos escuchar. De alguna manera necesitamos lograr que esto se regularice. Porque nosotras venimos a cumplir con las guardias que nos corresponden. No solamente nosotras, sino todo el hospital. Si nosotros venimos a trabajar, nosotros hacemos nuestro trabajo como corresponde, ¿qué pasa con lo que producimos? Porque nosotros producimos. ¿Qué pasa con esa plata?”, cuenta otra de las trabajadoras del Hospital.
La pelea es por el derecho a la salud, es la pelea por una vida que valga la pena ser vivida.
Durante 2025, la lucha de las y los trabajadores de la salud en Bahía Blanca fue protagonista y se extendió a varios hospitales de la ciudad y la región. Comenzando por la enorme solidaridad que se vió tras la inundación, en donde se veían enfermeras del Hospital Penna llevando en sus brazos bebés recién nacidos, cientos de grupos de whatsapp solidarios, hasta la solidaridad que se gestó desde abajo con donaciones y la puesta en pie de La Posta de Salud y Cuidados, con decenas de profesionales y estudiantes, que llevó asistencia y acompañamiento a las comunidades de Cerri, White, salas médicas y barrios de la localidad.
Además del conflicto en el Hospital Italiano, que se destacó por la organización desde abajo y la realización de asambleas para enfrentar el pago parcial de salarios y el intento de cierre de servicios como ambulancias, hubo un proceso de lucha unificado en los cuatro hospitales privados de la ciudad. Trabajadoras y trabajadores pelearon juntos contra despidos y por salarios dignos, mostrando un fenómeno de organización desde las bases que se consolidó a lo largo del año.
En Punta Alta, el Hospital Naval estuvo en peligro de cierre, lo que amenazaba con dejar a más de 300 trabajadores desocupados y a la comunidad sin acceso a servicios esenciales de salud. Este ataque generó movilizaciones y el acompañamiento de diputados del FIT-U, que presentaron una declaración en el Parlamento Nacional para rechazar el cierre. Se impulsó también una juntada de firmas bajo la consigna “No al cierre del Hospital Naval en Coronel Rosales. Basta de despidos”, mostrando la solidaridad regional y la importancia de coordinar las luchas.
En el Hospital Municipal de Bahía Blanca, se enfrentó la reducción del gasto para funcionamiento, horas extras y salarios, lo que impedía garantizar el personal necesario para la atención médica. Las 33 unidades sanitarias de la ciudad sufrieron recortes en la atención temprana de salud, afectando tanto el salario de los profesionales como el derecho de miles de familias al acceso a la salud. El Hospital Penna, por su parte, enfrentó denuncias de los profesionales por la falta de condiciones mínimas para una atención segura y eficaz, especialmente en el sector de cirugía y neonatología, agravado por la inundación de este año que puso en evidencia el desfinanciamiento estructural: “Tenemos cirujanos, pero no tenemos quirófanos”.
En el sector privado, mientras las patronales ampliaban instalaciones, justificaban despidos y atrasos salariales bajo el argumento de la crisis, poniendo en riesgo 1.500 puestos de trabajo en la ciudad. Todo esto se dio en un contexto de ajuste nacional, provincial y municipal, con recortes que afectaron también a las salitas médicas barriales, generando cierres y falta de personal, y obstaculizando la atención primaria.
La salud pública en peligro gracias a la nefasta gestión del Grupo Eurnekián en el Hospital de Ezeiza
¡¡¡La salud pública está en peligro!!! Este fue el grito desesperado de muchos vecinos y vecinas de Ezeiza, junto a médicos y personal sanitario, que se reunieron en asamblea popular frente a las puertas del Hospital de esa localidad bonaerense. Y agregaron sin ningún tipo de dudas: «¡¡¡la salud pública está en manos de una corporación!!!»
El hospital interzonal sufre una crisis institucional gravísima, el Grupo Eurnekián a través de su fundación y con el beneplácito del municipio y anuencia del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dejaron en manos privadas la dirección del mismo.
Un hospital que con la anterior dirección era modélico en cuanto a la atención de quienes acudían al mismo, hoy se ha convertido en una pesadilla para una población que en amplios sectores carecen de recursos económicos y necesitan imperativamente que la salud pública los proteja, y no los trate como personas desechables.
Con la llegada de Milei al gobierno y la imposición de medidas económicas que arrasan con las conquistas sociales, no es casualidad que la gestión del Grupo Eunekián esté provocando que el nosocomio se quede sin personal y profesionales de la salud con muchos servicios esenciales sin atención para la población. En la guardia quiénes necesitan ser atendidos tienen un tiempo de espera de 10 horas. Los turnos para consultorios externos los dan para 8 meses en adelante. Con esos plazos, las vidas de no pocos vecinos y vecinas corren peligro de muerte según qué tipo de enfermedad los aqueje.
Por otra parte, hace meses que está roto el tomógrafo y sin solución para arreglarlo, esto provoca que los cirujanos no puedan operar ya que sin ese aparato es imposible realizar intervenciones quirúrgicas.
El fondo de guardias se encuentra en manos de personas ligadas al desguace de la salud pública y, por consiguiente, los y las médicas no atienden y los responsables del ministerio no se dan por enterados de esta situación.
Ante la falta de respuestas los vecinos, personal y profesionales debatieron qué medidas urgentes tomar y se han decidido a aumentar las medidas de lucha y permanecer en movilización permanente.
Fuentes: ANRed, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano
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