Rechazo a la agresión imperialista contra Venezuela
Libertad a Nicolás Maduro y Cilia Flores
Al comienzo del año, la química Sealed Air de Quilmes despidió 65 trabajadores. En medio de los cortes de luz en La Plata, trabajadores de la empresa Elecsur S.A. reclaman por salarios adeudados, incluido el aguinaldo. También denuncian despidos. Paro y movilización del SUTNA (neumático) por reapertura de paritarias. Despidos en el Museo Malvinas. La Línea 148 paró por el aguinaldo. Ruidazo en la puerta del INDEC contra el 2%. Se reabre el conflicto en el Garrahan. Cierran Hilado en La Rioja y Lamb Weston. Despidos en Lustramax
ATE Garrahan, el Subte, Ademys y otros sindicatos repudian el ataque de EE UU contra Venezuela
Repudio de sindicatos y Comisiones internas a la agresión militar del gobierno de Trump sobre Venezuela. ATE, el sindicato del Subte, docentes de Ademys, la Junta Interna de ATE Garrahan, AGD UBA y organismos de Derechos Humanos como el Encuentro Nacional Memoria, Verdad y Justicia se pronunciaron. También convocaron a movilizar el sábado 3 de enero a las 15:00 junto a otras organizaciones y la izquierda frente a la embajada de Estados Unidos.
La CGT negocia con senadores dialoguistas para frenar la reforma laboral
El esquema de acción es concentrarse en la franja intermedia del arco parlamentario, que incluye a sectores del radicalismo, bancadas provinciales y expresiones del peronismo no alineadas con el kirchnerismo que, si bien mantienen distancia de la Casa Rosada, tampoco se ubican en una oposición rígida.
La conducción de esas negociaciones recayó en el sector más proclive al diálogo dentro de la central sindical. Cristian Jerónimo, referente del sindicato del vidrio, y Jorge Sola, dirigente del gremio del seguro —dos de los tres secretarios generales de la CGT— lideran los contactos políticos. El tercer integrante del triunvirato, Jorge Argüello, secretario general de Camioneros, expresa la línea de mayor dureza interna.
El objetivo es sumar entre siete y ocho votos para neutralizar los artículos considerados más críticos, aquellos que —según advierten— afectan el financiamiento sindical y debilitan su rol como instancia de mediación laboral.
Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado que evaluará las observaciones del sindicalismo y del sector empresario, con la intención de consensuar cambios que luego serán debatidos en el recinto el 10 de febrero.
La central sindical, que el 18 de diciembre encabezó una movilización a Plaza de Mayo en rechazo a la iniciativa, cuestiona amplios tramos del proyecto, incluidos los mecanismos de cálculo de indemnizaciones, las normas vinculadas a la actividad gremial y el Fondo de Asistencia Laboral.
La CGT también objeta la ampliación del listado de actividades esenciales, que obligarían a garantizar prestaciones mínimas durante las huelgas; la eliminación de la ultraactividad de los Convenios colectivos, que permitiría priorizar acuerdos por empresa sobre los sectoriales; y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados, actualmente establecida por convenio.
Entre los legisladores con los que se registraron contactos figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio “Camau” Espínola. En la Central también mencionan a los santacruceños de MOVERE, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de senadores radicales que evitan un alineamiento automático con la Casa Rosada.
Mientras Jerónimo y Sola priorizan la vía parlamentaria y descartan, por ahora, la convocatoria a un paro general, el ala más confrontativa —referenciada en Camioneros y bajo la conducción de Argüello— impulsa una estrategia de mayor confrontación con el Gobierno libertario.
En paralelo, el oficialismo despliega su propia ofensiva. El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará durante enero una ronda de reuniones para consolidar el respaldo de los gobernadores.
Al respecto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli.
En los últimos días de diciembre mantuvo un encuentro con Ignacio Torres en Chubut y proyecta reuniones con al menos diez mandatarios provinciales. Chaco y Mendoza aparecen en la agenda, con Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, dos gobernadores afines a LLA.
Bullrich, por su parte, prevé retomar los encuentros esta semana. La táctica oficial apunta a coordinar el tratamiento en el Senado y en Diputados, donde Martín Menem sigue de cerca el proceso legislativo, con el objetivo de evitar cambios que obliguen a devolver el texto a la Cámara de origen y extiendan los plazos parlamentarios.
Reforma laboral: el Gobierno acepta cambios y la CGT prepara una contrapropuesta
Por María Cafferata
El ala dialoguista se impone en Casa Rosada y Milei decide aceptar que haya modificaciones en el proyecto para que se apruebe en el Congreso. Los sindicalistas advierten que el PJ se corrió de la pelea por los votos y pujan por la supervivencia de los derechos colectivos.
La CGT y el Gobierno coinciden en un punto y es que la reforma laboral tiene el número para aprobarse en el Congreso, pero no sin modificaciones. En el Gobierno, esta convicción es el resultado del triunfo interno del ala dialoguista, que prefiere introducir algunos cambios en la ley –como la derogación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) o una flexibilización en la limitación del derecho a huelga– a fin de asegurarse una victoria legislativa. Santiago Caputo quiere negociar con la CGT y la CGT observa que tiene más chances de limitar la reforma a través del diálogo con Casa Rosada que con los votos peronistas.
En Azopardo, donde se encuentra la sede central de la CGT, predomina cierta irritación. Con el Gobierno, pero fundamentalmente con el PJ, a quien acusan de haberse corrido de la pelea por los votos. “Si la política nos escuchara no saldría ningún artículo. Pero nos mandan a nosotros a juntar los votos y después le echan la culpa al sindicalismo de los problemas de la política”, masculla, molesto, un dirigente de la central sindical.
La CGT es quien viene encabezando, hace más de un mes, las conversaciones con senadores y gobernadores. A todos les dicen lo mismo: plantean su preocupación por los aspectos regresivos de la reforma laboral de Javier Milei, advierten sobre los artículos que más afectan la supervivencia de los sindicatos y les piden no acompañar la ley. La mayoría de sus interlocutores son aliados del Gobierno, peronistas como Martín Llaryora, radicales como Maximiliano Pullaro o PRO no libertarios como Ignacio Torres.
Reunión de los triunviros de la CGT junto a los gobernadores de Provincias Unidas
Los gobernadores suelen mostrarse receptivos, atentos a algunos de los puntos más groseramente antisindicales –como la limitación de la ultraactividad de los Convenios colectivos o la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad–, pero en la CGT desconfían. Más de uno de sus interlocutores en el Senado le prometió, a fines de diciembre, que no acompañaría el dictamen de Patricia Bullrich y, cuando finalizó el debate en comisión, estamparon la firma igual.
El Gobierno no es invencible, advierten, pero tampoco la oposición. Los negociadores de la CGT, entre los que están los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, pero también muchos sindicalistas de peso, como Gerardo Martínez (UOCRA), advierten que el Gobierno quedó empoderado tras la sanción del Presupuesto, y que será muy difícil romper la red de alianzas del oficialismo. “Andá a decirle a los senadores de Catamarca que voten en contra de la ley después de que el Gobierno les dio una minera”, ironiza un dirigente sindical, aludiendo al decreto presidencial que le transfirió, hace unos días, el control sobre los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio al gobernador peronista Raúl Jalil.
Frente a este escenario, la mesa chica de la CGT trabaja en una contrapropuesta que ofrecer al ala dialoguista del Gobierno. Una alternativa al texto de Federico Sturzenegger, el más radical de todos los funcionarios de Casa Rosada, que permita garantizar la paz social, por parte de la CGT, y la inviolabilidad de los derechos sindicales, por parte del Gobierno.
El Gobierno aceptó, finalmente, que deberá introducir modificaciones al proyecto de modernización laboral si quiere sancionarlo en febrero, cuando comiencen las sesiones extraordinarias. Lo reconoció la propia Patricia Bullrich, el canal oficial de negociación en una dinámica política plagada de canales informales, en una entrevista a Infobae: “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios (en el proyecto de reforma laboral) para llegar a los votos necesarios”, aseguró la jefa del oficialismo en el Senado, luego de adelantar que retomaría las conversaciones con los senadores a partir del 15 de enero.
Así como la CGT tiene su estrategia dual –que consiste en endurecer, para afuera, la guerra contra el Gobierno mientras, puertas adentro, se mantienen los canales de negociación–, los embajadores políticos de La Libertad Avanza también. Por un lado, la negociación con los gobernadores y senadores, que está a cargo de Bullrich y Diego Santilli. Y, por el otro, la negociación con la CGT, que está a cargo de Santiago Caputo y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Y cada sector tiene, respectivamente, sus artículos invotables.
En el caso de la CGT el objetivo es proteger los derechos colectivos que sostienen el modelo sindical argentino. Esto incluye, por ejemplo, la protección al derecho a huelga, que se encuentra amenazado por la ampliación del listado de “actividades esenciales” –es decir, que están obligadas a garantizar un “servicio mínimo” del 75% de la actividad en caso de una medida de fuerza– que plantea el proyecto del Ejecutivo. También la protección de las obras sociales, que la CGT denuncia que podría entrar en crisis si se recorta, como plantea el proyecto, los aportes patronales que las financian.
La limitación de la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los Convenios colectivos, mientras tanto, es otro artículo “invotable” porque esconde, tal como denuncian los especialistas laboralistas, una eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias que aportan los trabajadores no afiliados.
Pero no son solo los sindicalistas los que plantean sus objeciones. Los gobernadores ya advirtieron al Gobierno que el artículo 191 del proyecto, que reduce las alícuotas de Ganancias de las grandes empresas, podría implicar pérdidas millonarias en materia de recaudación para las provincias (ya que el 60% del Impuesto a las Ganancias es coparticipable). Una reforma tributaria, escondida en la reforma laboral, que los mandatarios advirtieron que no acompañarán.
Otro punto, cuestionado por la CGT pero también por muchos senadores radicales, tiene que ver con la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL). Este fondo es una alternativa al régimen de indemnizaciones y se financiaría con el aporte obligatorio del 3% que los empleadores destinan a la seguridad social. Es decir que el proyecto plantea financiar las indemnizaciones con el dinero destinado a las jubilaciones. “Van a desfinanciar el sistema previsional”, advierten sus detractores en el Senado.
Los artículos invotables se acumulan y, a partir de esta semana, el Gobierno profundizará las negociaciones para ver qué puntos blinda y cuáles suelta. El objetivo, advierten en Casa Rosada, es que la ley salga. Cualquier ley.
Denuncian incumplimiento de la ley laboral y la expulsión de niños del jardín maternal en el Garrahan
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan denunció el viernes en conferencia de prensa la expulsión anticipada de 45 niños menores de tres años del Jardín Maternal de la institución y acusó a la intervención designada por el ministerio de Salud de incumplir la Ley de Contrato de Trabajo.
Según informó el gremio mediante un comunicado, la convocatoria se realiza frente a lo que califican como “una situación grave que afecta directamente a trabajadoras del hospital”, tras “la decisión de la gestión del Garrahan de no contratar docentes”, lo que derivó en “la expulsión anticipada de niños y niñas de la sala de 2 años del Jardín Maternal”, que quedaron fuera del dispositivo de cuidado desde el pasado 30 de diciembre y hasta finales de febrero próximo.
Desde la APyT señalaron que “el Jardín Maternal no es un beneficio, sino un derecho conquistado”, y advirtieron que la expulsión anticipada de los niños y niñas “vulnera la Ley de Contrato de Trabajo”, que en su artículo 179 establece que “los establecimientos con más de 100 trabajadores deben contar con salas maternales y guarderías”.En el Hospital Garrahan, dependiente en un 80 % del Gobierno nacional y en un 20 % del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trabajan cerca de 5.000 personas.
ATE denuncia falta de recursos y reclama mejoras urgentes para los brigadistas por los incendios en La Patagonia
José Luis Parola
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que la propagación de los incendios forestales en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz es consecuencia directa de la reducción de fondos en el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ante el avance de las llamas, que ya provocó la evacuación de más de 3.000 personas en localidades como Puerto Patriada, el sindicato exige la reapertura inmediata de paritarias y una inversión de emergencia en equipamiento aéreo para combatir el desastre ambiental.
El impacto del ajuste en el manejo del fuego
La situación en el sur del país alcanzó niveles críticos en las últimas horas. Según el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, el recorte del 70% aplicado sobre el Programa Nacional de Manejo del Fuego limitó severamente la capacidad de respuesta ante los focos ígneos. La pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo no solo afecta el ecosistema, sino que pone en riesgo centros urbanos y medios de subsistencia locales.
Desde el sindicato califican la postura oficial como un “negacionismo ambiental” que se traduce en daños materiales cuantiosos y un peligro latente para las vidas humanas. La magnitud del incendio en áreas de Chubut obligó a operativos de evacuación masivos, mientras los recursos logísticos disponibles resultan insuficientes para contener el avance del fuego hacia zonas residenciales.
Sueldos críticos y falta de personal operativo
Uno de los puntos más sensibles del reclamo es la situación laboral de quienes enfrentan las llamas. Actualmente, un brigadista inicial en la zona centro del país percibe un salario de $610.000, mientras que en la Patagonia el ingreso asciende a $860.000. Ambas cifras se encuentran por debajo de la línea de pobreza, agravadas por una pérdida del poder adquisitivo que supera el 50% desde finales de 2023.
A la precariedad salarial se suma la escasez de personal. Los informes técnicos de la Administración de Parques Nacionales indican que se requiere una dotación mínima de 700 brigadistas para cubrir las más de 5 millones de hectáreas protegidas. Sin embargo, en la actualidad solo hay 391 trabajadores activos, lo que obliga a jornadas extenuantes y aumenta el riesgo de accidentes laborales durante las tareas de combate.
Críticas a la inversión en defensa frente a la emergencia ambiental
El secretario general de ATE cuestionó las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional al comparar la adquisición de equipamiento militar con la falta de insumos para catástrofes naturales. El dirigente señaló que, en lugar de destinar fondos a la compra de aviones Caza F-16, el Estado debería haber priorizado la renovación de la flota de aviones hidrantes y helicópteros de gran capacidad.
La denuncia resalta que el combate contra el fuego se da en condiciones de desigualdad tecnológica. La falta de aeronaves específicas para la descarga de agua en terrenos de difícil acceso ralentiza el control de los focos, permitiendo que el viento y las altas temperaturas expandan el perímetro de las zonas afectadas en cuestión de horas.
El pliego de reclamos del sector
Para intentar frenar el deterioro del servicio y mejorar las condiciones de los trabajadores, ATE presentó un listado de puntos indispensables:
Otorgamiento de un bono de emergencia para todos los brigadistas.
Reapertura inmediata de las paritarias para recomponer salarios frente a la inflación.
Pase a planta permanente de la totalidad del personal contratado.
Incorporación de nuevos agentes hasta alcanzar el mínimo operativo de 700 trabajadores.
Inversión en elementos de protección personal, insumos y herramientas de prevención.
Adquisición de nueva flota aérea para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Además, el gremio respalda un proyecto de ley para establecer un “adicional extraordinario” por emergencia. Esta medida permitiría utilizar partidas del Fondo Nacional de Manejo del Fuego para compensar la mayor carga horaria y la disponibilidad permanente que la catástrofe actual exige a los combatientes forestales.
La fábrica textil Hilado cerró definitivamente sus puertas y despidió a sus trabajadores
Durante gran parte del año pasado, Hilado modificó su lógica de producción, trabajando solo a pedido de algunas marcas. Sin embargo, no pudo sostenerse y en los últimos días comunicó a sus trabajadores el cierre definitivo.
El proceso comenzó a principios de 2025, cuando se produjeron los primeros despidos. De los 140 trabajadores, solo 40 resistieron hasta estos últimos días.
Gustavo Castro, titular de la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA) señaló que no se trata de un hecho aislado y advirtió que la apertura de importaciones y la baja del consumo están golpeando a todo el sector textil y, en general, a la industria riojana.
“La falta de consumo en nuestro país ha generado que toda la industria se vea resentida. Esta fábrica hacía prendas para grandes marcas que se fueron cayendo a lo largo del año y esto ha ocasionado que llegue al final del año pasado casi sin trabajo”, afirmó.
Además, señaló que no se trata de un hecho aislado y advirtió que la apertura de importaciones y la baja del consumo están golpeando a todo el sector textil y en general a la industria riojana: “Se han perdido alrededor de casi 500 puestos de trabajo en dos años, de casi de los 600, 700 que pudimos recuperar entre el 2019 y el 2022. Con pandemia de por medio se habían generado un montón de puestos de trabajo, lo que a partir del 2023 a esta parte ha sido una destrucción total”.
Actualmente, ya son alrededor de quinientos los despidos en el sector textil en La Rioja y seis las fábricas que cerraron o se fueron de la provincia.
Trabajadores de Lustramax se declaran en alerta y asamblea permanente
La empresa de capitales nacionales Lustramax, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, anunció su intención de despedir a 29 trabajadores, entre ellos personal que se encuentra en período de prueba. Frente a esta situación, los empleados resolvieron profundizar las medidas de organización y resistencia para impedir las desvinculaciones.
Lustramax se dedica a la distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering. Desde la firma argumentan que atraviesan una crisis económica, una versión que es rechazada por sus trabajadores. “La patronal aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei para quitarnos derechos fundamentales”, denunciaron.
Desde hace 15 días, el plantel se mantiene en estado de alerta y asamblea permanente, no solo por las amenazas de despidos, sino también por el reclamo de un bono de fin de año adeudado y el atraso de tres meses en el pago de la obra social.
Bajo la consigna “Si tocan a uno, tocan a todos”, los trabajadores afirmaron que no aceptarán ninguna cesantía, sin distinción entre personal efectivo o contratado, y remarcaron la necesidad de sostener la unidad para defender las fuentes laborales.
En ese marco, realizaron un llamado a la solidaridad al conjunto del movimiento obrero, organizaciones políticas y sociales, Centros de estudiantes, organismos de Derechos Humanos y a la comunidad en general, con el objetivo de frenar los despidos y visibilizar el conflicto.
Otra fábrica que queda en el camino
La firma Lamb Weston, una de las gigantes en la producción de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta en la localidad bonaerense de Munro y el despido de un centenar de empleados. La novedad sorprendió, porque la empresa había puesto en marcha recientemente una planta de gran porte en el Parque Industrial de Mar del Plata, con una inversión de 320 millones de dólares.
Paro total en Sealed Air contra la ofensiva patronal y los despidos
Sealed Air es una gran empresa multinacional ubicada en Quilmes que fabrica productos para envasados al vacío, productos de exportación y para el mercado local. Los trabajadores se encuentran realizando medidas de fuerza con concentración en la puerta de la planta y paro por tiempo indeterminado exigiendo la reinstalación de los 65 despedidos. A continuación la entrevista que este medio realizó a uno de sus delegados.
Conflicto en Elecsur: tras meses sin cobrar el sueldo los trabajadores paralizaron la actividad
Con un hartazgo acumulado, se expresaron el lunes 5 los trabajadores de una de las empresas que contrata Edelap, la principal distribuidora de energía eléctrica en La Plata y la región. “Esto no es de ahora, desde hace meses la empresa no nos paga los salarios. Tampoco nos pagó el aguinaldo, ahora dicen que lo quieren pagar en cuotas. Nos recortaron nuestro salario sin explicación. No se puede seguir manejando así, por eso decidimos hacer un cese laboral, estamos reclamando lo que nos corresponde”, repetían los trabajadores desde la base de operaciones, en el barrio de Tolosa. El gremio UOCRA estuvo presente en la medida de fuerza.
Los trabajadores cuentan también que las condiciones laborales empeoran cada vez más. Sin ir más lejos, bajo el calor extremo que se registró días pasados, tuvieron que realizar los servicios de mantenimiento de la red eléctrica en la calle, sin recibir siquiera una botella de agua por parte de la empresa.“Ya nos sacaron la vianda, también los viáticos. En el recibo de sueldo figuran pero no los estamos cobrando”, remarcan.
Elecsur S.A. llegó a tener unos 150 trabajadores de los cuales al día de hoy solo quedan 70. “Otra cosa que molestó mucho es que la empresa despidió compañeros el mismo 31 de diciembre, y no avisó nada”, cuentan con bronca los trabajadores y remarcan que seguirán con medidas de fuerza para reclamar por los recortes que la empresa viene llevando adelante.
Importante movilización del SUTNA tras un paro de 25 horas en reclamo de paritarias
El martes 30 de diciembre, cientos de obreros del SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) se movilizaron a la secretaría de Trabajo en el marco de un plan de lucha que ha escalado en las últimas semanas. La protesta surge como respuesta a un año de congelamiento salarial, situación que generó una «bronca desde las bases» con paros y cortes de autopista.
La jornada de protesta incluyó un paro de 25 horas que comenzó el lunes 29 y finalizó el martes a las 13:00.
Fue así que los trabajadores se concentraron desde las 14:00 en Avenida Alem al 600 para expresar su rechazo a la postura empresarial que se niega a reabrir las paritarias.
Desde el SUTNA denunciaron el fracaso de la última audiencia paritaria virtual, realizada el pasado 26 de diciembre. El gremio acusó formalmente a las empresas Fate, Pirelli y Bridgestone de ejercer «dilaciones deliberadas» y «mala fe negociadora», señalando además la falta de presentación de los balances contables requeridos en la negociación.
Myriam Bregman acompañó la movilización: «Estamos acompañando a los trabajadores de Fate y el SUTNA, quienes se movilizan al ministerio de Trabajo de la Nación en reclamo por el congelamiento salarial que impone la patronal desde hace un año, incumpliendo los Convenios colectivos y la legislación laboral vigente.
Las empresas se están preparando para la reforma laboral que el gobierno quiere imponer en febrero. Por eso es fundamental que rodeemos de solidaridad cada lucha, uniendo las peleas y coordinándolas para que este enorme ataque a los derechos de las y los trabajadores no pase».
Trabajadores estatales nacionales perdieron un tercio del poder de compra en la era Milei
Por Laura Muñiz
El Gobierno avanzó con el ajuste y en particular atacó a los estatales con despidos y recorte salarial. Según datos del Indec, la pérdida salarial del sector público nacional en dos años es de 33%. Es urgente un incremento de emergencia para salarios, jubilaciones y programas sociales.
Los trabajadores estatales son de los sectores más afectados por la motosierra de Javier Milei y Luis Caputo. Según publicó el Indec, el salario de los trabajadores públicos nacionales perdió un tercio del poder de compra en dos años. El ajuste también llegó con miles de despidos.
En el sector público registrado el poder adquisitivo se desplomó un 14,4% durante el gobierno de Milei (octubre 2025 versus noviembre 2023). El derrumbe en relación a 2015 es de 39,3%. Pero si se hace zoom al sector de los estatales nacionales y los provinciales, los trabajadores del sector público nacional perdieron por goleada. El desplome del poder adquisitivo de los trabajadores nacionales fue de 33,3% en el mismo período y del sector público provincial fue de 6,5%.
Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social (CTA Autónoma), señaló en la red social X que la pérdida salarial de los trabajadores estatales nacionales si se compara contra 2023 “es como si este año hubieran trabajado cuatro meses gratis”.
El próximo viernes se espera la convocatoria del Gobierno a paritarias en la administración pública, para la cual trascendió que la oferta sería de 2% para el mes de diciembre y un bono por única vez de $50.000. Otra paritaria de miseria cuando la inflación viene en ascenso desde mayo y en noviembre fue de 2,5%. Es importante destacar el ejemplo de la lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan que, tras varios meses de lucha, ganaron a pesar de los ataques del Gobierno.
Ya se acerca fin de año y es otra fecha caliente por la finalización de los contratos precarios y posibles nuevos despidos. El Gobierno ya anticipó un recorte que podría equivaler al 10% de la planta. UPCN es cómplice del ajuste salarial y los despidos. ATE debería convocar a asambleas de afiliados, no afiliados para discutir un plan de lucha y coordinar con otros sectores para enfrentar el saqueo de Milei.
Es necesaria una suba de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales para recuperar lo perdido. Esto incluye exigir un salario mínimo que sea equivalente al costo de la canasta básica familiar (la Junta Interna de ATE Indec calculó una canasta de consumos mínimos en octubre de $2.027.283) y que se ajuste automáticamente según la inflación.
El verso del ahorro fiscal
Mientras los trabajadores no llegan a fin de mes y crece el pluriempleo el Gobierno propuso reducción de impuestos para las grandes empresas como la rebaja de contribuciones patronales para financiar indemnizaciones, o la reducción del impuesto a las Ganancias, o eliminación de impuestos a bienes de lujo, vehículos de alta gama. Estos cambios están incluidos en el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso. Se puede agregar otro regalo a las patronales como fue la disminución de los derechos de exportación para el agropower. Se pierde recaudación con estas medidas, pero para este Gobierno el equilibrio fiscal no importa si es para beneficiar a las patronales, solo le importa si es para mejorar jubilaciones, partidas para discapacidad, universidades, salud, educación y para los trabajadores estatales.
Milei volverá a la carga con su intento de tratar la reforma laboral en el Senado en febrero, es necesario que la CGT convoque a un paro nacional y que los sectores combativos le impongan a las centrales sindicales acciones que están a la altura del ataque.
ATE cuestionó el 2% de aumento y el bono de $50.000
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial del Gobierno para la Administración Pública Nacional, que contempla un aumento del 2% para diciembre y el pago de un bono extraordinario, por única vez, de 50.000 pesos. La oferta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario del sector, pero generó un fuerte rechazo por parte del sindicato que conduce Rodolfo Aguiar.
“El regalo para estas fiestas de parte del Gobierno finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”, expresó Aguiar en un comunicado difundido tras la reunión paritaria. El dirigente sostuvo que la propuesta consolida la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
Según ATE, los salarios del sector quedaron muy por detrás de la inflación. “En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos cuatro salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”, afirmó el secretario general del gremio.
Las críticas estuvieron dirigidas a UPCN, que avaló el acuerdo con el Ejecutivo. “Tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos”, señaló Aguiar. Y agregó: “A esta altura, en el sector público UPCN ya es socio de la motosierra”.
Desde ATE advirtieron que el acuerdo se da en un contexto económico adverso y anticiparon un escenario de conflictividad. “Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”, remarcó el sindicato.
En ese marco, la conducción de ATE anunció que convocará a sus instancias orgánicas para definir un plan de acción. “Después de dos años los salarios en el Estado están en caída libre y la única manera de remontar ese escenario es con un aumento de emergencia que permita a todos salir de la pobreza. Vamos a convocar plenarios y asambleas para definir medidas de fuerza”, adelantó Aguiar.
El gremio respaldó su postura con datos oficiales. Indicó que los incrementos salariales de los últimos 12 meses “quedaron sistemáticamente ubicados por debajo de la inflación”, y citó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyecta una suba de precios del 2,2% para diciembre.
De acuerdo a ese informe, ATE calculó que 2025 podría cerrar con una inflación acumulada del 30,7%, frente a una paritaria anual del 17,1%, lo que implica una diferencia de 13,6 puntos. Además, sostuvo que desde la asunción del presidente Javier Milei la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ya supera el 42,2%.
Ruidazo en la puerta del INDEC
Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmaron que el 30 de diciembre hubo dos medidas públicas para rechazar y visibilizar una paritaria del 2 % que ofrece el Estado, cuando la inflación medida por el organismo estadístico es del 2,5 % el último mes. Desde la conducción de ATE precisaron que a las 10:30 hubo un semaforazo en Belgrano y Lima y a las 11:00 un ruidazo en Roca 738.
“Son unos caraduras y sinvergüenzas”
Luego de que los funcionarios del Poder Ejecutivo aumentaron sus sueldos en un 89,8% mediante el decreto 931/25, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino” y sentenció: “Son unos caraduras y sinvergüenzas”.
“Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público. Finalmente no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”, agregó el referente estatal.
En esta línea, el dirigente detalló: “Es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre. Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya es un doctorado en casta”.
“Se trata de una medida que profundiza el malestar generalizado que ya existía en el Estado. Rechazamos y repudiamos que con el dinero de los contribuyentes, que con la nuestra esta gente se garantice ingresos mensuales exorbitantes. Esto también tiene que ser considerado en nuestro próximo plenario”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Cabe señalar que los porcentajes que se vuelcan en sus sueldos los funcionarios son los mismos dados en la paritaria central (CCT 214) en el período comprendido entre enero del 2024 y julio del 2025, acumulando una suba del 89,8%.
Empleados de comercio: cuánto cobran en enero de 2026 con sumas fijas y bono
Los empleados de comercio comenzarán enero de 2026 con un alivio parcial en sus ingresos, luego de la renegociación paritaria cerrada en diciembre entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las Cámaras empresarias. El entendimiento apunta a compensar la pérdida de poder adquisitivo del segundo semestre de 2025, pero sin reabrir aún la discusión del salario básico.
El acuerdo establece sumas fijas no remunerativas y un bono
xtraordinario, que impactan directamente en el salario de bolsillo durante el primer trimestre del año. La recomposición estructural quedará supeditada a la cláusula de revisión prevista para marzo.
Por los haberes correspondientes a diciembre de 2025, que se liquidan en enero, los trabajadores del sector percibirán:
- 1% de aumento sobre el salario de diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo anterior.
- $40.000 no remunerativos, ya vigentes de la paritaria previa.
- $60.000 no remunerativos, acordados como refuerzo para el primer trimestre de 2026.
- Bono extraordinario de $170.000, por única vez, exclusivo para empleados de grandes cadenas de supermercados.
- Este esquema mejora el ingreso mensual, pero no modifica las escalas salariales básicas.
- Durante enero, febrero y marzo, los empleados de comercio percibirán $100.000 mensuales en sumas no remunerativas ($60.000 + $40.000). Al no tener carácter remunerativo, no generan aportes jubilatorios ni inciden en el aguinaldo.
- Según lo acordado, esos montos se incorporarán al salario básico en abril de 2026, modificando formalmente las escalas. Además, el convenio incluye una cláusula de revisión en marzo, cuando las partes volverán a analizar la evolución de la inflación y la necesidad de una recomposición salarial más profunda.
Despidos en el Museo Malvinas
Los despidos afectaron a “cuatro trabajadores y trabajadoras con formación específica y probada idoneidad en historia, geografía, geopolítica, la Cuestión Malvinas, la Antártida y el reclamo argentino de soberanía”, según alertaron mediante un petitorio con el que buscan reunir firmas de repudio para intentar revertir la medida.
“Estos despidos no constituyen un hecho administrativo aislado. Forman parte de un nuevo proceso de desmalvinización, que debilita la posición argentina frente al Reino Unido y nos vuelve más frágiles política, cultural y simbólicamente ante los intereses británicos en el Atlántico Sur”, cuestionaron desde el personal, que en octubre ya había denunciado la el despido de un delegado.
Ahora, la notificación de despido llegó -por mail y al filo de fin de año- a cuatro “cuadros técnicos y políticos formados durante años, con trayectoria en la investigación, producción de contenidos, divulgación y transmisión de conocimientos estratégicos para nuestro país. Su tarea ha sido central para: la construcción de memoria colectiva sobre Malvinas; la difusión rigurosa y soberana de información histórica, geográfica y geopolítica; el acompañamiento institucional y social a las asociaciones de excombatientes; la formación de nuevas generaciones comprometidas con la defensa de la soberanía nacional”.
Por todo esto, el colectivo del Museo cuestionó que “prescindir de estos trabajadores implica vaciar de contenido una política de Estado, erosionar consensos históricos y retroceder en la defensa de nuestros derechos soberanos, en un contexto internacional donde las disputas por territorio, recursos naturales y control estratégico se intensifican”.
El mes pasado, antes de estos despidos, un sector del personal del Museo advertía sobre un proceso de “desmalvinización” y “banalización” del contenido que incluía clases de yoga y muestras de turismo carretera en el sitio donde se cuenta la historia de las Islas Malvinas y tiene como lema “paz, memoria y soberanía”, en el predio de la ESMA.
“Se perdieron más de 317.000 puestos de trabajo y el gobierno no escucha”
La industria pyme atraviesa uno de sus momentos más delicados. Así lo expresó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, quien aseguró que el sector enfrenta una fuerte pérdida de competitividad frente al avance de productos importados y la ausencia de políticas específicas. “Estamos muy preocupados porque el gobierno ha desatendido al sector pyme industrial y nos ha dejado en una situación de gran desventaja”, afirmó.
Rosato respaldó su diagnóstico con cifras oficiales: “De diciembre de 2023 a septiembre de 2025 se perdieron 317.000 puestos de trabajo formales”, señaló, citando datos de la SRT. Según explicó, la tendencia se aceleró en los últimos meses, con “17.700 empleos menos de un mes a otro”, lo que refleja una crisis estructural que impacta directamente en el empleo y la producción.
Empleo en caída y falta de competitividad
El dirigente pyme remarcó que durante 2025 cerraron 1.250 empresas manufactureras, lo que implicó la pérdida de más de 21.000 puestos de trabajo. “Esto nos está marcando que hay algo que está ocurriendo y que el gobierno no quiere escuchar”, sostuvo. Para Rosato, la combinación de alta presión impositiva, costos laborales elevados, tarifas energéticas y falta de financiamiento resulta letal para las pequeñas y medianas industrias.
En ese sentido, fue contundente al advertir sobre el impacto social: “Esto puede traer un gran problema social a corto plazo”, alertó, al tiempo que cuestionó la ausencia de un plan industrial que contemple una baja de impuestos y medidas concretas para recomponer la competitividad.
Importaciones, reformas y un futuro incierto
Consultado sobre el diálogo con el Gobierno, Rosato fue tajante: “No tenemos interlocutor válido; no nos atienden”, dijo, al referirse a los reiterados pedidos de reunión sin respuesta. Si bien consideró que una reforma impositiva y laboral podría ayudar, aclaró que debe garantizar condiciones similares a las de las grandes empresas.
Uno de los puntos más críticos es la apertura importadora. “Estamos frente a una competencia desleal muy fuerte, como la de China, donde es imposible competir”, afirmó. Como ejemplo, mencionó al sector textil, golpeado por el ingreso de ropa usada: “Eso significa prácticamente destruir la industria nacional”. También advirtió sobre el impacto en la metalurgia, los bienes de capital y la industria automotriz.
Finalmente, Rosato cuestionó que el crecimiento de las exportaciones se concentre en sectores primarios: “No crece la industria manufacturera, y ahí es donde vemos un gran problema futuro”, concluyó.
Desde que asumió Milei se perdieron 242.000 puestos de trabajo formales
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) dependiente de la UBA y CONICET, publicó su tradicional reporte de empleo. Allí destaca una caída mensual de 11.300 puestos de trabajo en septiembre y acumula una baja de 57.000 puestos respecto del mismo mes del año pasado. Desde noviembre de 2023, la pérdida es de 242.000 puestos de trabajo.
El Gobierno festejó la sensible baja (o estabilidad) del desempleo de 0,3 puntos porcentuales ubicándose al 6,6% para el tercer trimestre de este año. Sin embargo, esto fue gracias al crecimiento del cuentapropismo y el trabajo informal que suplieron la caída del empleo formal.
Según el informe del IIEP, ya son cinco meses consecutivos de baja del empleo asalariado formal total, desde mayo a septiembre de 2025.
En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de agosto de 2022.
En cuanto al empleo público, el número del mes de septiembre de 2025 (3,4 millones) fue 0,4% inferior al valor de septiembre de 2024 (-13.000) y 1,7% inferior al de noviembre de 2023 (-58.000).
En cuanto al sector privado, para septiembre de 2025, 6,22 millones de trabajadores eran asalariados formales en empresas privadas (excluyendo el empleo en casas particulares). En comparación con agosto, hay una pérdida de casi 10.600 puestos (-0,2%), mientras que en el interanual la caída es de 30.000 puestos (-0,5%). En relación a noviembre de 2023, se perdieron 154.000 empleos (-2,4%).
Uno de los sectores con mayor pérdida de trabajo formal es la industria. El sector, presenta una tendencia decreciente desde septiembre de 2023. Desde ese mes, durante dos años, se perdieron casi 48.000 puestos en el sector, de los cuales alrededor de 21.000 corresponden a lo que va de 2025 y 4.000 al último mes.
Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social, desde diciembre de 2023 a julio de este año la cantidad de personas que aportaron al sistema se redujo de los 11.067.737 a los 10.374.389. Desagregado por las características de la inserción laboral de estas personas, se observa que las mayores reducciones se dan en quienes hasta ese momento tenían un empleo registrado (191.238 aportantes menos) y los autónomos (52.354 aportantes menos). Por otro lado, la cantidad de monotributistas aumentó: son 45.995 más que en 2023.
Según especialistas previsionales, el 60% de lo que ingresa a las arcas de las jubilaciones corresponde a aportes y contribuciones patronales. El 40% restante ingresa de los impuestos, entre ellos el IVA. Dentro de ese 60%, además de los aportes y contribuciones, están las multas e intereses de empleadores que no formalizaron a sus trabajadores o que no pagaron a la seguridad social lo que debían.
Con la reforma laboral, se busca reducir un 3% de las contribuciones patronales para financiar el fondo de desempleo, y a esto se le suma que, en el Decreto 70 y la Ley de Bases, se condonaron multas e intereses que pagaban los empleadores que no tenían regularizados a sus empleados. Por lo cuál esto genera una rotura de la recaudación completa para sostener el sistema.
Gran jornada de lucha de los choferes de La 148
En una contundente respuesta a la falta de pago de aguinaldos, los trabajadores de la Línea 148 llevaron a cabo una gran medida de fuerza en las puertas de la empresa MOQSA, responsable de la operación de esta y otras rutas en la zona.
El bloqueo reunió a cientos de trabajadores que se manifestaron para hacer oír su reclamo. Esta medida dejó sin servicio a las principales líneas de comunicación en los partidos de Berazategui, Varela y Quilmes, afectando parcialmente a líneas importantes como la 159 y 219, además de las líneas comprendidas en la empresa San Juan Bautista cuyo dueño también son los empresarios de MOQSA.
A lo largo de la jornada, los trabajadores mostraron una gran fuerza y moral, recibiendo el apoyo de delegaciones solidarias, estudiantes y otros sectores. A pesar del intenso calor, mantuvieron su posición frente a la fuerte presencia policial, que intentaba disuadir el bloqueo.
La empresa se negó a abonar los aguinaldos adeudados dejando en fin de año, (como ya había hecho en Navidad) a cientos de familias sin poder comprar un pan dulce.
No contentos con esto, durante el día se presentó el fiscal, Maiolo, con la policía para solicitar el levantamiento de la medida o sino serían reprimidos. Pero los trabajadores respondieron con firmeza, manteniendo su protesta.
Finalmente, después de una larga jornada de lucha, el bloqueo fue levantado alrededor de las 20:00, aunque la lucha no terminó allí. Los trabajadores anunciaron que continuarán con su reclamo en una asamblea programada en el predio de la Línea 148. Los trabajadores necesitan todo el apoyo posible para lograr el triunfo de su reclamo.
Comunicado de Prensa
Grave incumplimiento: Shell persiste en la ilegalidad y desacata la orden de reinstalación del trabajador petrolero
Desconociendo la legislación vigente y las resoluciones de la Justicia Nacional y de la provincia de Buenos Aires, la empresa petrolera Shell volvió a resistirse hoy a cumplir la orden judicial de reinstalación del trabajador Gustavo Michel, durante una diligencia realizada en la refinería de Dock Sud. El procedimiento había sido ordenado por el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 40 y por el Tribunal de Trabajo de Avellaneda, y contó con la presencia de funcionarios judiciales, del propio trabajador y de sus abogados. La empresa lleva más de seis meses incumpliendo la medida judicial de reinstalación y, ante este nuevo desacato, los gerentes y responsables podrían enfrentar graves denuncias penales por impedir el cumplimiento de la orden judicial y por obstruir las tareas del Oficial de Justicia designado para ejecutarla.
El Oficial de Justicia señaló: “ Nos hicimos presentes para hacer cumplir la orden judicial de la Dra. Vulcano. Se requirió la presencia de autoridades de la empresa y se presentó el supervisor de seguridad, quien se negó a reincorporar al trabajador a la planta, alegando que cumplía órdenes recibidas. Se le informó que dicha negativa constituye el delito de desobediencia por no acatar una orden judicial. Ante esta situación, se solicitó la presencia de Prefectura, cuyos efectivos se hicieron presentes en el lugar, aunque las autoridades de la empresa se negaron a salir.”
Agustín Comas, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), dijo: “ La empresa está incumpliendo una orden judicial dictada tanto por la Justicia Nacional del Trabajo como por el Tribunal de Trabajo de Avellaneda, que dispuso la realización de esta diligencia. Se trata de una situación de extrema gravedad, ya que Shell no está por encima de la ley ni de la Justicia. Ante este escenario, se realizarán las presentaciones correspondientes en los juzgados laborales y se evalúa avanzar con acciones contra la gerencia y los responsables de la empresa en el fuero penal, a fin de denunciar estos hechos ante la Justicia penal.”
Gustavo Michel, trabajador despedido de Shell, señaló: “ Acá hay una orden clara de la Justicia que la empresa está desacatando. Los fallos reconocen que fuimos despedidos por defender las condiciones de trabajo y denunciar la contaminación que afecta a nuestros compañeros y a los vecinos de Dock Sud. Que Shell siga dilatando incluso frente a un funcionario judicial agrava su situación y deja en evidencia que se niega a cumplir la ley. Ante este incumplimiento, los trabajadores vamos a impulsar una campaña y un plan de lucha para que Shell acate los fallos judiciales y deje de actuar por fuera de la ley. Hemos recibido el apoyo de importantes sindicatos como las CTAs, Sindicato de Aceiteros, organizaciones gremiales, personalidades de DD HH, políticas, sociales y ambientalistas, estudiantiles, abogados laboralistas, entre otros. Todos ellos consideran que nuestro reclamo contra la contaminación y por la defensa de los derechos laborales es legítimo”.
Reforma previsional en Córdoba
La reforma previsional aprobada por la Legislatura de Córdoba abrió un nuevo frente de conflicto con los gremios estatales. El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), junto a otras organizaciones del sector público, se movilizó el lunes 29 de diciembre como parte de un plan de lucha que apunta a frenar los cambios impulsados por el Ejecutivo provincial.
La protesta comenzó en las sedes sindicales y terminó con una marcha hacia la Legislatura. En ese marco, el secretario de Prensa del Suoem, Ariel König, cuestionó el contenido de la reforma y fue contundente al afirmar: “No es más que una rebaja de salarios y jubilaciones”.
El dirigente explicó que la decisión de movilizarse fue adoptada luego de una semana sin respuestas del Gobierno provincial a los pedidos de audiencia realizados por los sindicatos.
König indicó que el plan de lucha fue definido “en conjunto con el resto de los gremios estatales”. Además, alertó sobre el tono de algunos discursos del oficialismo, a los que calificó como “peligrosos”.
El vocero sindical también apuntó contra la falta de instancias formales de negociación y negó que se haya cumplido con el compromiso de abrir una mesa de diálogo. “Es muy importante recordar que Facundo Torres, Miguel Siciliano y Martín Llaryora le mintieron a toda la ciudadanía de Córdoba cuando dijeron que iban a establecer una mesa de diálogo. Y no solo que nunca la crearon, sino que les cerraron la puerta en la cara a todos los gremios y a la prensa incluida”, sostuvo.
La movilización del lunes 29 marcó el inicio visible de un conflicto que promete escalar, en un contexto de fuerte disputa entre el Gobierno provincial y los sindicatos estatales por el futuro del sistema previsional en Córdoba.
Duro golpe a las jubilaciones ANSES
Desde diciembre de 2023, la política previsional impulsada por el Gobierno nacional tuvo un impacto regresivo sobre los ingresos jubilatorios, advirtió un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El presidente Javier Milei modificó la fórmula previsional mediante el DNU 274/2024, atando los haberes a la inflación y derogando la Ley 27.609, vigente desde 2021. Si bien el nuevo esquema permitió recuperar parcialmente lo perdido durante el primer trimestre de 2024, el análisis de su evolución muestra que, de haberse mantenido la fórmula anterior, los jubilados hubieran obtenido aumentos superiores en el mediano plazo.
En este sentido, en diciembre de 2025, con un aumento del 2,3% correspondiente al IPC de octubre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. De haber continuado el esquema anterior, ese haber habría alcanzado los $434.279, un 27,4% más.
Incluso, en septiembre y diciembre de 2024, así como en marzo, junio y septiembre de 2025, los incrementos que hubiera otorgado la fórmula previa habrían superado a los efectivamente aplicados.
De este modo, la actual indexación de los haberes al IPC garantiza que no continúe la pérdida real, pero impide cualquier recuperación del poder adquisitivo. En contraste, la Ley 27.756, sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, preveía una recomposición inicial del 7,2%, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto y una cláusula de ajuste adicional anual vinculada a la evolución real de los salarios.
En paralelo, el Gobierno congeló desde marzo de 2024 el bono compensatorio de $70.000 que percibe cerca del 70% de los jubilados. Mientras los haberes crecieron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono incluido aumentó apenas un 101%, reflejando una fuerte pérdida real.
Si el bono se hubiera actualizado en la misma proporción que los haberes, debería haber alcanzado en diciembre de 2025 los $177.485, más del doble del monto vigente, lo que evidencia un atraso en el cobro total que reciben los jubilados.
Precisamente, la ley aprobada en julio de 2025 y también vetada por el Presidente incluía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024, junto con la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por inflación.
Ajuste social y alivio impositivo para los ricos
Por Javier Slucki
El Presidente se preocupó por ajustar partidas para cumplir con el 1,6% de superávit fiscal que pide el FMI, mientras bajaba la recaudación de las retenciones, Bienes Personales y el Impuesto PAIS.
En una continuidad del ajuste, el gobierno de Javier Milei sostuvo el superávit fiscal durante 2025, pero este se basó en el esfuerzo de los sectores bajos, ya que mientras propició un achicamiento del gasto en sectores como salud y educación, el año pasado bajó la recaudación debido a la quita de impuestos a sectores ricos y pudientes, como el impuesto PAIS, las retenciones al campo y Bienes Personales.
Para 2025, el Gobierno se comprometió con el FMI a obtener un superávit fiscal primario de 1,6% del PBI. Un objetivo que todo indica que podrá alcanzar, ya que, aunque resta conocer el resultado fiscal de diciembre, entre enero y noviembre logró que el superávit fuera de 1,7% del Producto Bruto Interno.
La necesidad de garantizar ese número es el argumento que Milei utilizó para vetar leyes que implicaban un mayor nivel de gasto. Así lo hizo, sobre todo, con la ley que aumentaba el haber mínimo y el bono a los jubilados, así como con la ley que extendía la moratoria. Del mismo modo, fue con esa excusa que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, aunque en estos casos el Congreso logró insistir para mantenerlas vigentes.
Por ejemplo, la ONG Argentinos por la Educación advirtió que el gasto en este rubro fue de 0,88% de PBI en 2025, menor al 0,91% de 2024 y muy lejos del 6% que estaba estipulado por ley, antes de que este requerimiento fuera derogado con el Presupuesto 2026 que se sancionó hace dos semanas.
En tanto, el sector salud también sufrió recortes en sectores estratégicos, no solo por el menor acceso de los jubilados a los medicamentos del PAMI sino también por ajustes a organismos claves del área como la Superintendencia de Servicios de Salud (-56% de gasto real), hospitales nacionales (30% a -38%), Instituto Malbrán (-26%) y ANMAT (-27%), según datos del CEPA.
Los impuestos a los ricos que Milei bajó en 2025
Sin embargo, lo cierto es que, mientras impulsaba estos ajustes, el Gobierno eligió bajar impuestos a sectores pudientes, lo que determinó que la recaudación cayera, en términos reales, un 1,7% en 2025. Esto significó, de hecho, que la presión tributaria del año pasado (el porcentaje del PBI dedicado al pago de impuestos) fue de 21,9% del producto, por lo que se trató de la menor desde el 2006, precisó la consultora Outlier, que dirige Gabriel Caamaño Gómez.
Justamente, el grueso de la caída real de la recaudación se debió, principalmente, a la variación negativa de tres impuestos, agregó Outlier.
n primer lugar, a la eliminación del impuesto PAIS, que entró en vigencia en diciembre de 2024. «Este factor explicó la mayor parte del retroceso, ya que el impuesto PAIS había aportado recursos por 1,1% del PBI durante 2024 y tuvo una participación nula durante 2025. Este es un factor permanente a la hora de explicar la dinámica de la presión tributaria nacional», señaló la consultora sobre este tributo que gravaba, si no a sectores ricos, al menos a la clase media con resto como para comprar dólares para ahorro.
En segundo lugar, la menor recaudación fue producto de la baja de otro impuesto a los ricos, en concreto, del «mal desempeño de la recaudación de Derechos de Exportación (DEX) a partir de agosto de 2025», que «se tradujo en una contracción real anual (deflactada por IPC) de casi 16%», alertó la misma consultora. Es decir, desde que Milei hiciera permanente la baja en las retenciones que había regido hasta junio. Luego, el grueso de la liquidación restante de las cerealeras se dio durante los pocos días de vigencia de las retenciones cero, lo que a su vez hizo que el resto del año las ventas de granos fuesen mucho más bajas de lo normal.
En tercer lugar, la baja en la recaudación «tiene que ver con la ausencia de recursos tributarios extraordinarios significativos que sí habían sido importantes en el último tramo de 2024, de la mano del blanqueo, el REIBP y la moratoria en materia de Seguridad Social», cerró Outlier.
Precisamente, el REBIP no es otra cosa que el Régimen especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que el Gobierno sancionó mediante la Ley de Medidas Fiscales y Paliativas Relevantes a mediados de 2024, mediante el cual la ARCA otorgó una rebaja de alícuotas para los períodos fiscales de 2023, 2024 y 2025 a los contribuyentes que hayan cumplido con el pago del tributo en los años previos. Según detalló la consultora LCG, entre retenciones y Bienes Personales el Gobierno recaudó 1,4 puntos porcentuales menos del PBI el año pasado.
Santa Fe: timba financiera, estafas populares y toma de fábrica
Por Lucho Aguilar
Un conflicto conmociona a la ciudad de Cañada de Gómez: decenas de trabajadores y trabajadoras textiles sufren deudas salariales, de parte de un empresario que cruzaba negocios industriales, rurales y financieros. Las familias discuten cortar la ruta 9 y tomar la fábrica.
Cañada de Gómez está ubicada a 70 kilómetros de Rosario y es un centro urbano muy importante del sur de Santa Fe donde la actividad agroindustrial es el principal motor de la economía.
Uno de los que disfruta el buen momento del sector es el contador y empresario Abel Ricardo Macchi. El clan familiar puso una fábrica de ropa de trabajo para todo ese mercado laboral agroindustrial, además de manejar la contabilidad de muchos comercios y empresas de la zona.
Pero hay algo más: una “financiera” no autorizada, con “mesas de dinero” que manejaba plata de sus clientes (o de quienes pedían algún préstamo) en la timba financiera y cuanto negocio resultara atractivo.
Con la tuya
En los últimos meses empezaron a rebotar cheques de Macchi y Cía por falta de fondos. Como era de esperar, los grandes perjudicados fueron los obreros y obreras de sus plantas textiles: Macchi Textil y La Valeria.
Les empezaron a deber sueldos, lo que llevó a que muchos abandonen la empresa. La mayoría mujeres que tenían que sostener sus familias. El sindicato tampoco ofrecía una solución con la lucha.
Macchi empezó a recibir juicios y embargos. Pero los más perjudicados seguían siendo las y los textiles: se acumularon sin pagar los sueldos de noviembre y diciembre y en vísperas de Navidad les depositaron 50.000 pesos por persona. Luego los suspendieron hasta el 11 de enero.
La pregunta obvia es: ¿qué habrá en el predio cuando quieran volver en pleno enero?
Ante esa situación, las familias obreras tomaron una decisión. Los medios de la zona y de Rosario lo titularon en tono dramático: “evalúan cortar la ruta 9 y tomar la fábrica”.
Es que tiene un tono dramático, si llamamos así a las opciones que están en juego: o triunfa la defensa del trabajo de decenas de obreras textiles o ganan los estafadores. O los empresarios y gobiernos siguen destruyendo fuerzas productivas, incluida la clase trabajadora, o hay una respuesta a la altura del ataque.
En estos días se vive una carrera de velocidad: Macchi ofrece traspasar las plantas a los acreedores, entre ellos proveedores de telas. Las familias ocupan y exigen soluciones.
¿Qué propone la izquierda?
El caso Macchi-La Valeria es un símbolo de esta época: crisis industrial, timba financiera, explotación obrera. La toma de fábrica y gestión obrera, con el apoyo de la comunidad, es una gran salida para un gran problema que recorre cientos de fábricas del país. El Frente de Izquierda tiene propuestas concretas, como vienen planteando Myriam Bregman y Nicolás del Caño.
Antes que nada, el apoyo a estas luchas para que triunfen. Rodearlas de solidaridad, apoyar los fondos de huelga, poner todos los recursos posibles al servicio de las peleas. Ante una situación catastrófica, además, hay que tomar medidas radicales:
1. Prohibición de despidos y defensa del salario
Hay que prohibir los despidos y suspensiones. Eso implica también pasar a planta permanente a los miles de contratados que hacen funcionar la industria. Otra medida esencial es la defensa del salario, que quiere ser devaluado. Hay que reabrir las paritarias para imponer un salario que cubra la canasta familiar de 2,2 millones de pesos y que se actualice automáticamente al ritmo de la inflación.
2. Apertura al público de los balances de los grupos empresarios
A pesar de las quejas patronales, la mayoría ha mantenido ganancias. Incluso quienes tienen hoy trimestres negativos son parte de un empresariado que se favoreció con una transferencia de más de 100.000 millones de dólares en los últimos 5 años, del bolsillo popular a sus cuentas. Lloran “crisis” aprovechando maniobras contables, secretos comerciales y negocios diversificados. El caso Macchi es un gran ejemplo. Por eso hay que exigir que se hagan públicos los balances y patrimonios de los grupos empresarios.
3. Ocupación de toda empresa que cierre o despida masivamente
Hay otra medida radical para la situación catastrófica. Si las empresas quieren cerrar o despedir masivamente, dejando familias en la calle, hay que retomar una tradición de la clase trabajadora en nuestro país y el mundo. La ocupación para resguardar el vaciamiento, como están haciendo en Petroquímica Río Tercero, Acerías Berisso, Ascensores Cóndor, Morvillo y se debate en ILVA. Contra las salidas individuales o la trampa de las indemnizaciones, es una forma de imponer una salida común del colectivo obrero. El ejemplo de Zanón o Madygraf, que sostienen sus gestiones obreras y exigen al Estado la compra de insumos para obras públicas y escuelas, hay que retomarlos y extenderlos.
4. Reducción de la jornada y reparto de horas
Hay una forma sencilla de evitar la desocupación y el pluriempleo en medio de una recesión: repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles. ¿Afectaría el negocio empresario? Posiblemente, pero hay que elegir entre la supervivencia de millones o mantener la fortuna que los ricos no podrán gastar ni en 10 vidas.
Como venimos planteando, la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin flexibilización ni reducción salarial y con un salario que cubra como mínimo la canasta familiar, permitiría generar un millón de nuevos empleos con derechos. Y eso si tomamos sólo en las principales 12.000 empresas del país.
5. Plan de obras públicas y producción para satisfacer las necesidades populares
Mientras el país se derrumba, se derrumban las condiciones de vida de las grandes mayorías. Contra la especulación financiera y el extractivismo, hay que reactivar las fuerzas productivas al servicio de la sociedad. ¿Por qué no discutir un plan de obras que resuelva los problemas de vivienda e infraestructura que tenemos? O en el caso de La Valeria, que produzca ropa para escuelas, dependencias públicas, sectores populares.
El lucro capitalista condiciona cualquier recuperación. Solo una industria controlada por la clase trabajadora puede dar respuesta a la crisis.
Estas peleas, junto a la gran batalla contra la reforma laboral que solo profundizará los despidos baratos, los convenios flexibles, la explotación y los salarios de hambre, son las grandes peleas que tenemos por delante.
Fuentes: Agencia FARCO, Perfil, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Página/12, El Destape
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