La detención de un jubilado por expresarse en redes no es un exceso judicial: ¿es la señal más clara de un Estado que volvió a disciplinar por miedo, o sea es una dictadura buena?
De mientras sus técnicas maquiavélicas entretenerte que la culpa es del comunismo, socialismo, kukas, zurdos, peronistas, kirchneristas, etc. Para poder vender los recursos naturales de tu país, tus tierras, tus bosques, tu casa, e instalar un modelo que perdure décadas que sea contra el pueblo, no tendrás nada, ¡pero serás feliz!
Ese es el núcleo del problema. No se trata de un tuit, ni de una causa aislada, ni de un error de procedimiento. Se trata de un cambio de régimen simbólico donde la palabra crítica empieza a ser tratada como amenaza y la disidencia como delito.
Daniel Vera tiene 64 años, es profesor de música, jubilado, trabajador de una obra social docente y vive en Resistencia. No lidera organizaciones armadas, no tiene poder real, no ocupa cargos públicos. Y, sin embargo, el Estado movilizó recursos federales, ciberpatrullaje, allanamientos interjurisdiccionales y prisión domiciliaria para neutralizarlo. No por lo que hizo, sino por lo que dijo. O, más precisamente, por lo que representó.
La escena es reveladora: viajar casi mil kilómetros para detener a un jubilado y exhibirlo como trofeo mediático. No es justicia; es escenografía. Una puesta en escena diseñada para enviar un mensaje disciplinador al resto de la sociedad. El mensaje es simple y brutal: “miren lo que pasa cuando hablan”.
Aquí aparece la metáfora central de esta etapa: el Estado como un reflector. No ilumina para esclarecer, ilumina para exponer. No busca verdad, busca ejemplificar. Y siempre apunta hacia abajo. Nunca hacia el poder real, nunca hacia los discursos de odio emitidos desde bancas, ministerios o pantallas masivas. El reflector se posa sobre un ciudadano común, lo agranda artificialmente y lo convierte en “enemigo”.
El primer argumento es jurídico, pero también político: se está desdibujando peligrosamente la frontera entre amenaza real y expresión política. Equiparar imágenes provocadoras o frases extremas con delitos penales, sin capacidad material de daño, implica un retroceso democrático. La amenaza sin poder no es amenaza: es opinión, es exceso retórico, es discurso político duro. Criminalizar eso es criminalizar la política misma.
El segundo argumento es cultural. Mientras el sistema tolera —y muchas veces promueve— discursos violentos desde arriba, castiga selectivamente hacia abajo. Diputados que insultan, periodistas que estigmatizan, funcionarios que llaman a “exterminar” ideas opositoras gozan de inmunidad simbólica. Un jubilado, no. La vara no es moral ni legal: es de clase y de poder.
El tercer punto es geopolítico y simbólico. Hoy, criticar al Estado de Israel por la masacre en Gaza puede convertirse en una imputación penal. No importa que organismos internacionales, tribunales y relatores de la ONU utilicen la misma palabra: genocidio. En Argentina, esa crítica empieza a ser tratada como sospecha ideológica. Se importa, sin debate democrático, una lógica de alineamiento automático que reduce el pensamiento crítico a una forma de odio.
Esto no es nuevo en nuestra historia. El peronismo lo sabe mejor que nadie. Cuando el proyecto popular molesta, el poder no discute ideas: persigue símbolos. Y un jubilado preso por opinar es un símbolo perfecto. No porque sea peligroso, sino porque es vulnerable. El castigo no busca corregirlo a él; busca disciplinar a millones.
La conclusión no puede ser tibia. Si naturalizamos que un ciudadano común pierda su libertad por expresarse, mañana no habrá matices que nos salven. La democracia no muere de golpe; se oxida. Se oxida cuando el miedo reemplaza al debate y cuando el silencio parece más seguro que la palabra.
Defender a Daniel Vera no es defender un tuit. Es defender la idea elemental de que en la Argentina nadie debería ir preso por pensar distinto. Si no lo entendemos ahora, después será tarde. Porque cuando el reflector del poder vuelve a girar, siempre encuentra a alguien más.
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