Rechazo a la agresión imperialista contra Venezuela
Libertad a Nicolás Maduro y Cilia Flores
El 16 de enero de 2016 no amaneció distinto en la ciudad de San Salvador de Jujuy por el clima. El calor húmedo del verano estaba ahí, como siempre. Lo que se sentía diferente era la tensión acumulada, una electricidad espesa que recorría la ciudad desde el cambio de mando provincial. Esa mañana, la implicada Milagro Sala quedó rodeada por un operativo policial que iba a marcar un quiebre definitivo en la historia política contemporánea de la provincia.
Sin dudas, no fue una detención sorpresiva para quienes seguían de cerca el pulso de la Plaza Belgrano. El acampe de las cooperativas, sostenido durante semanas, desafiaba el decreto de reordenamiento del flamante gobierno de Gerardo Morales. Pero una cosa era el conflicto latente y otra ver a la dirigente escoltada por las fuerzas de seguridad.
Aquella acusación inicial —instigación a cometer delitos y tumultos— sonó, incluso entonces, como la superficie de algo más profundo. Con el correr de los meses, esa causa se convertiría en la puerta de entrada a un entramado judicial complejo, cargado de derivaciones políticas, apelaciones y controversias que todavía hoy no encuentra un punto final.
Milagro Sala cumplirá diez años en prisión y ahora podrá pedir la libertad condicional
Esa tarde, Jujuy quedó partida. En la plaza, los cánticos de resistencia y las banderas de la Tupac Amaru denunciaban persecución política. En los despachos, el silencio era el de quienes creían estar asistiendo al restablecimiento del orden institucional. El operativo fue preciso, pero también profundamente simbólico: no solo buscaba desactivar una protesta, sino desmontar un modelo de poder territorial que había disputado la hegemonía del Estado provincial en una década.
La caída de su líder marcó el inicio de una lenta metamorfosis para la Organización Barrial Tupac Amaru. Lo que había sido una estructura de enorme despliegue territorial comenzó a erosionarse bajo el peso de las causas por asociación ilícita y malversación de fondos. El relato de Milagro Sala se desplazó de los barrios de Alto Comedero a los tribunales, y de allí al encierro, primero carcelario y luego domiciliario.
Así, las piletas populares, las fábricas textiles y los complejos habitacionales que alguna vez fueron exhibidos como símbolo de inclusión hoy muestran signos de abandono y de intervención estatal. Son las huellas visibles de una organización que dependía, en gran medida, de su conducción política. La revisión judicial de las obras destapó una trama de manejo de fondos públicos que la Justicia jujeña describió como un sistema de extracción y retorno de capitales.
Del otro lado, los organismos internacionales de derechos humanos pusieron el foco en las condiciones de detención, las garantías procesales y la independencia del Poder Judicial. Esa tensión convirtió al caso Sala en algo más que un expediente: lo transformó en un dilema ético que atraviesa a la democracia argentina.
Paralelamente, durante esta década, el escenario político nacional cambió varias veces. Gobiernos fueron y vinieron. Pero la situación de la dirigente jujeña se mantuvo como una constante, una frontera ideológica que divide aguas. Para sus defensores, Milagro Sala es una prisionera de una guerra interna contra los movimientos populares. Para la justicia, las condenas ratificadas por la Corte Suprema buscan cerrar un conflicto que sigue abierto en la calle.
El impacto del caso no se mide solo en años de prisión o arresto domiciliario. Se mide en la transformación del tejido social de Jujuy. Donde antes había una movilización permanente y una presencia territorial abrumadora, hoy queda un silencio cargado de preguntas. Cómo gestionar los recursos destinados a los sectores más vulnerables sin reproducir prácticas clientelares. Cómo garantizar justicia sin convertirla en una herramienta política.
¿Quién es Milagro Sala?
Milagro Sala es la principal referente de la Organización Barrial Tupac Amaru (OBTA), una organización que surgió como frente barrial de la CTA en la provincia de Jujuy hacia finales de los años noventa, en el contexto de la política de privatizaciones y despidos masivos en la región, como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste del FMI bajo el gobierno Menem.
El trabajo social de la de la OBTA comenzó con la provisión de copas de leche para las y los niños de trabajadores desocupados, y continuó desarrollándose como un importante elemento de intervención política y organización social en el barrio, en los años siguientes.
Con el ascenso del kichnerismo al poder político, la Tupac, al igual que muchas otras organizaciones sociales a lo largo y ancho del país, comenzaría a recibir financiamiento directo del Estado Nacional, sin necesidad de la intermediación de los gobiernos provinciales. Esto permitió a la organización expandir su trabajo social y político a otros ámbitos, logrando así construir un poderoso aparato que la convertiría en el referente fundamental de la organización popular en Jujuy.
Con el apoyo de fondos estatales se establecieron fábricas textiles, de materiales de construcción y otros ramos productivos. Construyeron seis fábricas que para 2009 empleaban a aproximadamente 600 ex desocupados de la provincia.
Las fábricas de materiales de construcción potenciaron el trabajo de construcción de viviendas y barrios obreros enteros, una política que se convertiría en un símbolo central de su actividad. Organizando cooperativas de vivienda lograron construir miles de viviendas a todo lo largo y ancho de la provincia, empleando tres veces más trabajadores que cuando eran construidas por empresas privadas, y casi un 30% más económicas en los costes de venta.
Todos los barrios que habían construido tenían piletas de natación, así como un mini mercado, telecabinas, cibercafé, y polideportivo con canchas de fútbol, básquet, hockey y rugby.
Asimismo, habían construido cuatro instituciones educativas: dos escuelas primarias, una secundaria y una terciaria, atendiendo a miles de estudiantes, niños, jóvenes y adultos de la comunidad; y dos centros de salud, que atendían una serie amplia de patologías.
Este breve recuento sobre el enorme trabajo social que ha empujado durante años la Tupac, para mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras de la provincia, generando a su vez un importante saldo político organizativo en la comunidad, nos permite entender por qué el gobernador Morales y el aparato de la justicia provincial atacaron con tanta virulencia a esta organización.
La Tupac llegó a convertirse en su momento de mayor auge, en uno de los tres primeros empleadores de la provincia. Una enorme corporación de trabajo local independiente del Estado regional, con una tradición histórica de luchas populares, forjada al calor de los enfrentamientos entre las masas trabajadoras y los gobiernos locales de los 90.
Además, quienes acusaron a Sala de corrupta, por ejemplo, el gobernador Morales o sus allegados, hicieron negocios millonarios con los planes de vivienda en la provincia.
Una investigación del periodista Franco Mizrahi dio a conocer cómo los hermanos del ex gobernador Morales, Freddy Morales – ex secretario de gobierno- y Walter Morales -ex cabeza del Instituto Regional de Vivienda-, compraron 150 hectáreas al Banco de Jujuy por 720.000 pesos y las revendieron meses después al Estado provincial por un momento de 30 millones de pesos, a fin de ser utilizadas en un plan regional de vivienda.
El ataque a la Tupac trata también de cómo la banda Morales y allegados junto a los empresarios del sector inmobiliario y de la construcción en la provincia, hicieron de los planes de vivienda jugosos negocios.
El expresidente, Alberto Fernández, declaró ante un fallo anterior de la Corte Suprema, que había ratificado el carácter provincial y no federal de la causa. Sobre la base de ese argumento se excusó señalando que constitucionalmente seguía sin estar facultado para otorgarle el indulto: “La solución no pasa por el indulto, la Constitución me lo prohíbe, con mucho pesar”. Luego elevó una solicitud al gobernador Morales (sic), proponiéndole que, si no desease indultarla, bien podría conmutarle la pena, por los años que estuvo detenida arbitrariamente.
Parece que el ex presidente no escuchó las declaraciones de Morales justo después del fallo de la Corte Suprema, cuando aclaró que no otorgaría el indulto a Sala y solicitó que se le retire el beneficio de arresto domiciliario y sea pasada a una cárcel común.
Hay sectores de la dirección del Frente de Todos que desde el principio han estado absolutamente de acuerdo con la política de disciplinamiento y desmantelamiento de las organizaciones obreras. Basta con recordar las palabras de Sergio Massa, ex candidato presidencial, durante una entrevista con Mirtha Legrand en 2016 sobre la detención de Sala. En aquella oportunidad Massa señaló su apoyo a la política de Morales porque con la detención de Sala se estaría corrigiendo la existencia de Estados paralelos a las provincias y gobiernos locales, Estados construidos con fondos públicos y que hacen de los planes sociales un negocio. La misma posición de Morales, pero en la boca de un dirigente del entonces Frente de Todos.
Milagro Sala se encuentra detenida por la causa “Pibes Villeros” desde el 29 de enero de 2016. A partir de ese momento hubo un entramado de acusaciones consecutivas, que derivaron en el inicio de 12 causas judiciales, con el objetivo de sostener su privación de libertad de manera indefinida. Todo esto en un contexto en el que el Poder Ejecutivo provincial nombró nuevos jueces del Superior Tribunal y quedó muy cuestionada la independencia judicial en Jujuy.
Milagro cumplió más de la mitad de la condena bajo el régimen de prisión preventiva. Un tramo de esa detención fue en distintas cárceles provinciales y otros en prisión domiciliaria, luego de la orden de la CIDH. La decisión de la CIDH en noviembre de 2017 le exigió al Estado argentino adoptar “las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud” de Milagro. En ese momento, el tribunal internacional consideró que su estado revelaba “una situación de extrema gravedad y urgencia y la posibilidad razonable de que se materialice un daño de carácter irreparable”. En función de esta orden, en diciembre de ese año, Milagro pasó de un arresto bajo un régimen penitenciario a un arresto domiciliario.
En 2021, el CELS junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) denunciaron al Estado argentino ante la CIDH.
«Pasan los días y mi salud se deteriora más», aseguró con tristeza Milagro Sala, al cumplirse 3500 días de su detención.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.