Reforma laboral: Se aproxima la madre de todas las batallas en medio de conflictos por salarios y despidos

A Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados (1966-2026)

In memoriam

Entre el 10 y el 12 de febrero llega al recinto del Senado el debate por la reforma laboral y, de cara a ese escenario, la CGT se enfrentará a definiciones clave. ¿Plan de lucha unificado o protestas fragmentadas? Mientras tanto, varios sectores avanzan con la planificación de sus medidas de fuerza.

El 11 de febrero, los sindicatos estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevarán adelante un paro general.

La medida fue impulsada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que también evalúa acciones en todo el país.

“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Distintos gremios anuncian medidas contra la reforma laboral

El «Frente de Unidad» que nuclea a distintos gremios anunció algunas medidas en el interior del país contra la Reforma Laboral. Por su parte, la izquierda y el sindicalismo preparan reuniones de coordinación para los próximos días con un planteo claro: para derrotar verdaderamente el plan del gobierno y el poder económico hace falta un paro nacional con movilización hacia el Congreso Nacional el día que se trate en el Senado, como inicio de un fuerte plan de lucha.

Cabe recordar que la cúpula de la CGT viene apostando por una estrategia de no convocar a ninguna medida de lucha, sino de negociación de algún que otro punto, dejando pasar lo central del ataque esclavista que busca atacar los Convenios colectivos, el derecho a huelga, la jornada laboral, las vacaciones y muchos otros puntos.

En este marco, existe un grupo de conducciones sindicales que tienen una posición algo más crítica del triunvirato de la CGT. El miércoles 28 ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y otros gremios comunicaron algunas medidas de lucha.

Según comunicó Rodolfo Aguiar de ATE, ese conjunto de gremios, nucleados en un «Frente de Unidad», lanzaron un plan de lucha contra la reforma laboral. Entre las medidas anunciadas están una movilización en Córdoba el 5 de febrero y a Rosario el 10, con el objetivo de exponer a los gobernadores. «Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. Se trata de una reforma laboral que no va en contra de los trabajadores, directamente VA EN CONTRA DE LA ARGENTINA», expresó Aguiar.

Al mismo tiempo, el Secretario General de ATE advirtió que «no hay que descartar que la reforma laboral sea para el presidente lo que la previsional fue para Macri». El día anterior, el mismo dirigente se había referido a la necesidad de un paro nacional, pero sin precisiones.

Las medidas anunciadas aún no están a la altura de significar un verdadero desafío a los planes del gobierno y el gran poder económico. El propio Daniel Yofra de Aceiteros planteó recientemente que “no alcanza con un día de paro para frenar la reforma laboral”.

Desde la izquierda y el sindicalismo combativo se viene planteando que no hay que confiar en ninguna negociación ni en hacer medidas testimoniales y aisladas. En próximas reuniones de coordinación, como la que se hará en la Zona Norte del GBA el sábado 31, se discutirá la perspectiva de impulsar la fuerza de los de abajo organizada para imponer a la CGT y las CTA un rumbo distinto. Según reza la convocatoria hacia el sábado, se plantea el apoyo a luchas emblemáticas como Lustramax, ILVA, Granja 3 Arroyos, Sealed Air, Dr. Ahorro, entre tantas otras que están en curso, pero también la exigencia de que las centrales sindicales «deben convocar a un paro nacional y movilización el día que se trate la reforma en el Congreso, y un plan de lucha hasta que caiga el conjunto del plan esclavista».

En este sentido, el anuncio del «Frente de Unidad» aún está muy lejos de lo necesario, sin siquiera anunciar un fuerte paro del conjunto de los gremios involucrados con una gran movilización el día que se trate la reforma y una posición mucho más dura con la CGT, de la cual algunos de estos gremios son parte. No hay tiempo que perder.

Mesa coordinadora de Zona Norte convoca Encuentro en apoyo a Lustramax y para votar plan de acción contra la reforma laboral

Será este sábado 31 desde las 16:00. La Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte votó una propuesta unitaria y convocatoria. Realizará un encuentro abierto en las puertas de Lustramax para organizar las acciones contra la reforma laboral. “Convocamos este sábado para rodear de solidaridad a esta lucha testigo y resolver un plan de acción frente al pronto tratamiento de la reforma laboral en el Senado. Paro y plan de lucha”.

La mesa de coordinación de Zona Norte será la convocante, tras acordarlo en una reunión donde participaron delegaciones de Ilva, Praxair, Lustramax, Suteba Tigre, Inti, FF.CC. Mitre, Secco, Georgalos y Mondelez (Ag. Bordó), CAT, Frigorífico Rioplatense, FOL, Bachilleratos Populares, Colectivo Reagrupando, integrantes de la Coordinadora de San Martín, PTS, MS, PRC.

No se trata de una medida aislada, sino parte de una unidad en la lucha que lleva tiempo y tuvo un hito el 6 de diciembre pasado con el primer plenario de la mesa, donde participaron sindicatos e internas de la zona, entre ellos los obreros de Lustramax. El compromiso fue “tocan a uno tocan a todos” y se está cumpliendo.

Desde que comenzó la pelea, la mesa se reunió en las puertas de la empresa en conflicto para votar acciones solidarias, llevó adelante una caravana, acompañó audiencias en el ministerio de Trabajo, participó de volanteadas en Fate y el Frigorífico Rioplatense, donaron 300.000 pesos y distintas organizaciones que son parte de la mesa y también hicieron donaciones o colectas en sus fábricas, como los trabajadores de Bettime, los de Linde-Praxair que hicieron una colecta y juntaron 500.000 pesos, los de Mondelez que también aportaron 500.000 pesos en mercadería y los del FOL-Coordinadora por el Cambio Social, donaron mercadería.

Lo que los mueve no solo es la solidaridad de clase sino la convicción de que Lustramax es un caso testigo en la pelea contra la reforma laboral. Por eso, el Encuentro de este sábado es seguir apostando a la coordinación regional pero en este caso también a la necesidad de preparar una gran jornada de lucha, con paros y movilizaciones, desde ahora y hasta que se trate el proyecto esclavista.

Propuesta Unitaria y Convocatoria de la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte

HAY QUE GANAR LAS CALLES PARA ENFRENTAR LA REFORMA ESCLAVISTA
PARO NACIONAL Y UN PLAN DE LUCHA

Milei busca imponer una contrarreforma laboral esclavista, que elimina de un plumazo derechos y conquistas conseguidas por el movimiento obrero a lo largo de más de un siglo. No es modernización sino esclavitud laboral.

Es falso que esta ley vaya a dar trabajo en blanco a quienes no lo tienen hoy, al contrario hará legal la precarización que hoy padecen millones de trabajadorxs. Los únicos beneficiados serán los capitalistas (dueños de fábricas, terratenientes, banqueros) muchos de los que ya se adelantan a la sanción de la ley.

El gobierno está comprando a los gobernadores y políticos patronales para conseguir aprobarla, y muchos medios empresarios dan por hecho que conseguirán los votos para su sanción.

Es la clase trabajadora en su conjunto la que debe ganar las calles, yendo al paro nacional el día que se trate, con movilización en todo el país, y con continuidad en un plan de acciones coordinadas y crecientes, único modo de ponerle un freno a este ataque contra derechos fundamentales. Un sector de dirigentes de la CGT están negociando hasta con las cámaras empresarias, y ninguna de las centrales han convocado aún a medidas para enfrentar este ataque.

Si las y los trabajadores detenemos la producción el mundo no funciona, si quieren avanzar sobre nuestras condiciones de vida podemos enfrentarlos. Sin laburantes no hay colectivos, ni recolección de basura, ni se limpian las casas de los patrones o los senadores y diputados, no se mueven los barcos, porque todo funciona con nuestro trabajo.

La CGT y las CTAs deben convocar a un paro nacional y movilización el día que se trate la reforma en el Congreso, y un plan de lucha hasta que caiga el conjunto del plan esclavista. Y para eso hay que impulsarlo y construirlo por abajo, en las luchas, en los espacios de reagrupamiento y en cada asamblea, plenario o instancia en que sea posible plantearlo. Deben irrumpir las bases ampliamente, como sucedió otras veces ante amenazas semejantes.

Los Aceiteros ya resolvieron ir a la huelga el día que se trate la ley, algo que podemos y debemos plantearnos muchas otras organizaciones obreras. También otros sectores vienen planteando que se debe ir a la huelga. Si las cúpulas de los sindicatos no convocan al paro para ese día, hay que pujar para que la bronca se exprese del modo que sea necesario.

Esta mesa de organizaciones obreras viene desarrollando una campaña de solidaridad con la lucha de los trabajadores de Lustramax, un ejemplo de que se pueden enfrentar los ataques patronales que pretenden imponer el despido arbitrario, incluso de delegados sindicales, antes aún de la sanción de la ley. Esta lucha, y tantas otras muestras de resistencia obrera como ILVA, Granja 3 Arroyos, Sealed Air, Dr. Ahorro, entre tantas, necesitan ganar y para eso también hacen falta medidas de lucha como el paro general.

Llamamos al conjunto de la clase trabajadora de la zona norte, a organizaciones, dirigentes y espacios, a impulsar la más amplia unidad de acción para ganar las calles contra la reforma laboral, uniendo y coordinando los esfuerzos con quienes compartan estos objetivos; así como también a que puedan replicarse estas convocatorias en el resto del país.

Convocamos a reunirnos esté sábado 31/1 desde las 16:00 en las puertas de Lustramax, (Estados Unidos 4546, Tortuguitas) para rodear de solidaridad a esta lucha testigo y resolver un plan de acción frente al pronto tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

¡Abajo la Reforma Laboral Esclavista!

¡Paro General y Plan de Lucha hasta derrotarla!

Zona Norte, 27 de enero de 2026.

Un centenar de organizaciones laboralistas rechazan la reforma laboral de Milei

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, que reúne a más de un centenar organizaciones del mundo laboral de toda Latinoamérica, emitió una declaración en la que sostiene que el proyecto de reforma laboral del gobierno “nada tiene de moderno” y que, de ser aprobado, llevará el derecho laboral “al siglo XIX”.

“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es admisible y compatible con ninguno de los tratados, Convenios Internacionales de la OIT, la Constitución Nacional Argentina, los principios generales y específicos del derecho internacional y nacional del trabajo y de la seguridad social y su inserción en el conjunto de los Derechos Humanos. Nada tiene de ‘moderno’ su contenido; por el contrario, su aprobación nos retrotraerá al siglo XIX”, señaló la organización.

En el comunicado titulado “Un proyecto en contra de la clase trabajadora”, incluye varios puntos de gravedad sobre la iniciativa gubernamental.

– Que lo que se expresa a través de su normativa es la demolición, liquidación, extinción y cancelación de los contenidos más esenciales de ese conjunto intangible de normas y valores que son universales, irrenunciables, rectores de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, lo que afectará de manera trágica a la totalidad de la clase trabajadora de Argentina.

Ello, a un nivel jamás alcanzado por ningún otro proyecto y en ningún otro estadio de su desarrollo.

– Que a la indefensión individual de los trabajadores y trabajadoras en las relaciones sociales de trabajo se suma la reducción a límites extremos de la presencia y acción sindical y de representación colectiva, limitando el derecho de reunión y restringiendo de modo prácticamente prohibitivo el ejercicio del derecho de huelga. Ejemplo del verdadero objetivo de esta reforma es el golpe mortal a la negociación colectiva por actividad a través del fomento de la creación de sindicatos de empresa para que negocien a la baja en ese reducido ámbito.

– Es falso que las leyes laborales contribuyan a la creación de empleo o a su destrucción. En Argentina, con la ley vigente, se crearon millones de puestos de trabajo y, de igual modo, se perdieron. Lo que determina el crecimiento positivo de los indicadores sociales es la política económica, y la de este gobierno va en sentido contrario.

– Igualmente irreal es que exista una “industria del juicio laboral”. Eso no solo es falso en términos cuantitativos, sino que, en todo caso, la litigiosidad existente deriva del alto nivel de ilegalidad del mundo del trabajo y de una verdadera “industria del incumplimiento patronal”.

– La eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a los incumplimientos de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales no hará más que incrementar los niveles de precarización existentes, favoreciendo la evasión laboral, previsional y la informalidad.

– La implementación del Fondo de Asistencia Laboral disminuye los ingresos del Sistema Previsional (SIPA), mediante la reducción de 3 puntos porcentuales en las contribuciones patronales, desfinanciando de tal manera los ya escasos recursos de la seguridad social en detrimento de trabajadoras y trabajadores.

– Que, la progresiva eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo encubre el propósito de impedir que los trabajadores puedan reclamar sus derechos en igualdad de condiciones. La asignación de competencias al Fuero Contencioso Administrativo elimina la garantía del juez natural y la existencia de una justicia especializada en el trabajo. La obediencia debida que se impone y solo se les exige a los jueces del trabajo afecta su independencia.

– Que, frente a todo ello, es impensable la discusión de algunos aspectos parciales, secundarios o sectoriales de este proyecto, por lo que no admite más que su rechazo total.

– Las discusiones que debieran abrirse, necesariamente, han de ser las que conciernen a un fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral y una política estatal que elimine la clandestinización y privación de derechos y garantías constitucionales para un universo que ya está representando la mitad o más de la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina

El Foro anunció que llevará adelante “acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, exigirá reuniones con gobernadores y legisladores nacionales para que asuman su responsabilidad institucional, denunciará en todas las instancias nacionales e internacionales la gravedad del presente proyecto y defenderá a quienes viven de su trabajo, manteniéndose en estado de alerta permanente en defensa de la dignidad de quienes trabajan”.

Roberto Pompa, exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo e impulsor del Foro declaró: “La progresiva eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo encubre el propósito de impedir que los trabajadores puedan reclamar sus derechos. Y la obediencia debida que se impone respecto de los fallos de la Corte Suprema afecta la independencia de los jueces y juezas laborales”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas e integrante del Foro, Matías Cremonte, advirtió que “la magnitud de esta reforma es tal que, de transformarse en ley, tendrá consecuencias trágicas. Tanto para cada persona que trabaja, que verá precarizar sus condiciones de trabajo, como para los sindicatos, que quedarán atados de pies y manos”.

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social se conformó a finales de 2025 y reúne a más de un centenar de asociaciones de la abogacía laboralista nacional e internacional, de la justicia del trabajo, de las universidades, y a las tres centrales sindicales del país.

Participan destacados juristas, catedráticos, jueces, abogados, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, la Corriente de Abogados/as Laboralistas “7 de Julio” y la UTEP, entre muchos otros.

Reforma laboral y recaudación: el informe que expone el impacto fiscal del proyecto de Milei
Por Luis Robayo

La reforma laboral que impulsa Javier Milei generó buenas dosis de tensión con las provincias y el movimiento sindical. Pero no son los únicos frentes que tiene: hay un impacto fiscal y financiero que, según un informe técnico, amenaza con desfinanciar al Estado, la seguridad social y las obras sociales. El diagnóstico surge de un documento elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el gremio que nuclea a los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que pone números concretos al “costo oculto” del proyecto oficial.

Este documento del sindicato que conduce Pablo Flores introduce cambios estructurales que marcarán el destino de los gremios y las provincias en caso de ser sancionado. Las medidas principales, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), representan 3 puntos de la masa salarial, financiado con reducción de 3 puntos en contribuciones patronales. No impacta en el empleador, pero sí en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En relación al Artículo 163.º (Reducción de Contribuciones Patronales de 20.40% a 17,40% para empleadores del rubro Servicios y de 18% a 15% para el resto de los empleadores privados, para el empleo ya registrado) representa un beneficio para el empleador. Y es la segunda pérdida de la seguridad social. Esta modificación afecta a los 4 subsistemas.

En este punto, la pérdida fiscal en términos de fondos es 4.645.985 millones de pesos, un 0,462% del PBI. Una cifra para nada menor. La reducción de Ganancias a Sociedades eliminación del cedular siguen en el mismo eje: una pérdida de 2.770.009 millones de pesos, un 0.275% del PBI.

La derogación parcial de impuestos internos y específicos también es un golpe para las arcas estatales: representará una baja de nada más ni nada menos que 417.275 millones de pesos. Se trata de 0.042% del PBI.

En tanto, la rebaja del financiamiento para obras sociales en un punto, subraya el informe, no impacta en la recaudación, pero representa un choque enorme en todos los servicios de salud de los trabajadores, ya sean prepagas u obras sociales sindicales. Son 1.628.503 millones de pesos, un 0,162% del PBI.

La masa de presupuesto coparticipable también entra en juego. Porque el monto para distribuir entre provincias estaría afectado en 3.187 billones, considerando un índice de apropiación de 0.5736 de la masa coparticipable involucrada en el proyecto de Ley, conformada por los ítems de ganancias (sociedades y cedular) y los impuestos internos.

Las provincias más afectadas económicamente, según la estimación de AEFIP son las siguientes. Buenos Aires: $397.257 millones; Santa Fe: $161.673 millones; Córdoba: $160.628 millones; Chaco: $90.244 millones; y cierra el ranking principal Entre Ríos, con $88.327 millones.

Un decreto de Milei beneficia a las ART por la evaluación de las enfermedades laborales

A través del Decreto 549/2025, el Gobierno libertario modificó el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, imponiendo una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Baremo Laboral) que entrará en vigencia el corriente mes. Esta medida no es un ajuste técnico inocente: es una transferencia directa de riqueza desde los cuerpos rotos de los trabajadores hacia los balances contables de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).

Este ataque se produce en un momento crítico. En febrero de 2026, mes de entrada en vigor de este baremo regresivo, el Senado de la Nación comenzará a tratar la reforma laboral integral, una ley que busca eliminar derechos históricos. Estamos ante una ofensiva en dos frentes: el decreto que achica el resarcimiento por el daño físico y la ley que pretende precarizar la vida hasta el límite de la supervivencia.

El abogado laboralista Gastón Valente, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Plata, publicó un artículo titulado “El baremo de la ART” (en coautoría con Eduardo Curuchet) donde explica la naturaleza de esta reforma al calificarla como profundamente regresiva y carente de fundamentación científica o técnica.

Según la investigación, la nueva normativa no responde a criterios médicos actualizados, sino a una «intención de controlar algunas patologías frecuentes» para reducir los costos de las aseguradoras. El abogado advierte que se produce una alteración económica-financiera del sistema: mientras las ART seguirán percibiendo la misma cuota del 3% del salario por parte de los empleadores, erogarán sumas significativamente menores al reconocer porcentajes de incapacidad reducidos.

Valente señala también que este baremo fue confeccionado «entre gallos y medianoche», tras cuatro años de trabajo hermético por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), bajo la gestión de Gustavo Morón (quien ya ocupó el cargo durante el macrismo), y aprobado en el Comité Consultivo Permanente con el rechazo de la CTA de los Trabajadores. Además, señala que «el nuevo Baremo que se propone, no contemplará innumerables patologías laborales y reconocerá indemnizaciones en forma menguada y reducida de lo que ya la LRT lo hacía hasta entonces».

El Decreto 549/2025 reemplaza al sistema que rigió por 30 años (Decreto 659/1996) e introduce modificaciones que parecen diseñadas con el bisturí de un contador de las prepagas. El nuevo sistema elimina los intervalos de evaluación para imponer porcentajes fijos, lo que en la práctica anula la discrecionalidad del médico para reconocer la gravedad particular de cada caso, pero abre la puerta a una arbitrariedad estandarizada a la baja.

Entre los principales cambios que entran en vigencia en febrero de 2026 están:

1. Exclusión de patologías masivas: el nuevo baremo no contempla incapacidad por cervicalgias ni por lumbalgias, ni siquiera cuando existen estudios objetivos como resonancias magnéticas que prueban el daño. Estas son las dolencias más comunes en el mundo del trabajo manual y administrativo, y ahora el sistema simplemente decide que «no existen» para la indemnización.

2. Reducción de topes indemnizatorios: en el caso de las hernias de disco, los máximos de incapacidad se reducen drásticamente del 40% al 20%. Las lesiones de rodilla, que antes tenían un rango de hasta el 15%, ahora se planchan en un mísero 4%.

3. Ataque a la docencia y servicios: las disfonías, patología profesional por excelencia de los docentes, ahora requieren pasar por tres estadios (3%, 7% y 15%), cuando anteriormente, una vez detectada, se asignaba automáticamente entre un 15% y 20%.

4. Invisibilización de la salud mental y la violencia laboral: en un desprecio absoluto por las normativas internacionales (como el Convenio 190 de la OIT), el decreto no contempla afecciones psicosociales ni secuelas por violencia laboral. Solo se reconocerán patologías psiquiátricas si derivan de un «evento impactante aterrador o peligroso».

5. Criterios de «Capacidad Restante»: se impone una metodología de cálculo que combina secuelas de forma tal que el porcentaje final siempre sea menor a la suma aritmética de los daños sufridos.

Cabe aclarar que denunciar este nuevo ataque no implica, bajo ningún punto de vista, defender el régimen vigente, el cual ya es calificado por referentes del derecho laboral como un sistema «perverso» que Milei ahora busca tornar aún más cruel. La Ley de ART, hija del menemismo y de la entrega de los años 90, representó un retroceso histórico que privatizó la salud de la clase trabajadora, transformando el dolor en una mercancía tarifada. Este esquema fue diseñado desde su origen como un gran negocio para las aseguradoras y las patronales, quienes lucran con la integridad física de los operarios mientras imponen topes bajísimos a las indemnizaciones y levantan muros legales para impedir el reclamo ante la justicia. La desprotección es sistémica: mientras el promedio mundial de reconocimiento de enfermedades profesionales ronda el 38%, en Argentina las ART apenas reconocen un 2% de las patologías, lo que obliga a los trabajadores a costear sus tratamientos a través de obras sociales desfinanciadas o en el hospital público.

Esta nueva medida se da en el marco de un escenario ya marcado por una verdadera masacre silenciosa en los lugares de trabajo. Un informe del Observatorio de Basta de Asesinatos Laborales (BAL) de 2022 mostraba que desde 2018 al menos 5.041 trabajadores y trabajadoras murieron por causas laborales evitables, una cifra muy superior a la que había registrado oficialmente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Ya en aquel año, el propio informe denunciaba que la mayoría de las muertes por enfermedades profesionales no se contabilizan y que las ART rechazan sistemáticamente las denuncias, las califican como “preexistentes” o directamente las invisibilizan.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 70% y el 80% de las muertes vinculadas al trabajo se deben a enfermedades profesionales, pero en Argentina las estadísticas oficiales apenas reconocen un 3%, producto de un subregistro deliberado y del rol de las ART como jueces y partes del sistema.

Dolencias crónicas, lesiones musculo-esqueléticas y patologías derivadas del desgaste cotidiano —justamente las que el nuevo baremo elimina o reduce— quedan fuera de toda reparación. El decreto de Milei no corrige esta estafa estructural: la institucionaliza, garantizando que el deterioro lento del cuerpo obrero siga siendo una variable descartable en el cálculo de costos empresariales.

Lejos de cuestionar este saqueo, el decreto de Milei lo profundiza, contando con la omisión cómplice de una burocracia sindical que, en lugar de organizar la resistencia en los lugares de trabajo, se integra al negocio mediante las ART-Mutuales, priorizando sus acuerdos con las patronales por sobre la salud y la vida de sus representados. En ese marco, esta medida se trata de un blindaje legal para un sistema que mata.

Lo más alarmante para los miles de trabajadores que hoy tienen expedientes abiertos es que el decreto tiene un carácter retroactivo de facto. Establece que el nuevo baremo se aplicará a todos los casos donde aún no se haya firmado un dictamen de incapacidad, sin importar que el accidente haya ocurrido hace años. ¿Demoras en las comisiones médicas de la SRT en los últimos meses? Pueden estar esperando que la nueva tabla entre en vigencia para pagar menos.

Al no reconocerse la verdadera incapacidad en la instancia administrativa, el trabajador se ve obligado a ir a juicio para obtener una reparación justa, alimentando lo que la derecha llama cínicamente «la industria del juicio», cuando en realidad es una «industria del incumplimiento de las ART».

La investigación de Valente también hace énfasis en la ausencia total de perspectiva de género. Al reducir la valoración de las afecciones de la voz (que afectan en un 54% a las mujeres debido a la segregación laboral horizontal) y omitir daños vinculados al embarazo, la reforma ejerce una discriminación indirecta que profundiza la brecha de vulnerabilidad de las trabajadoras.

Este decreto bien podría ser llamado «caballo de Troya» de la gran reforma laboral que se cocinará en el Senado en febrero de 2026. El gobierno busca que las empresas ganen «previsibilidad financiera» (un eufemismo para decir que sepan de antemano cuánto les costará lesionar a un trabajador) mientras avanza en el Congreso para quitar el derechos, facilitar los despidos y desfinanciar la seguridad social.

No se puede separar esta medida de la discusión en el Senado. El objetivo es el mismo: abaratar el costo de la mano de obra, incluso si ese costo implica la salud y la vida de quienes producen la riqueza del país.

La respuesta no puede ser otra que la movilización masiva. Como venimos marcando, el día que se trate la reforma laboral en el Senado en febrero debe encontrarnos rodeando el Congreso. No podemos permitir que el gobierno negocie «palo y billetera» con los gobernadores y la burocracia sindical, canjeando favores por votos para la reforma laboral.

En febrero de 2026, cuando el decreto entre en vigencia y el Senado intente dar un nuevo golpe a nuestros derechos, la clase trabajadora deberá demostrar que sus conquistas no se borran con una firma, por más que la pluma la tenga un gobierno que gobierna para las aseguradoras y los grandes grupos económicos. Ese es el camino que están marcando los trabajadores que resisten a los ataques que ya están en curso, como los de Lustramax. Tenemos que apoyarlos con todo como etapa preparatoria a la pelea contra la reforma laboral.

Controladores aéreos: fin de la conciliación

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó el fin de la conciliación obligatoria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) sin que se llegara a un acuerdo salarial.

“Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir de febrero”, comunicaron desde el gremio. Por lo pronto no hay fechas definidas pero se espera un inevitable caos considerando que aún estamos en temporada alta.

¿Qué pasa con la UTA?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fracasó nuevamente en la negociación paritaria con las Cámaras empresarias. Así las cosas, mantiene firma la amenaza de un paro de colectivos. El gremio rechazó una oferta del 1% y espera una nueva audiencia fijada para el viernes 30 de enero a las 11:00.

“El salario básico del sector es de $1.370.000 y el reclamo es llevarlo por encima de los $1.550.000”, indicaron. En tanto aseguraron que si no hay acuerdo “se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.

Desde las empresas sostienen que el aumento solo sería viable con más subsidios o una suba de tarifas, en un contexto de cambios en la secretaría de Trabajo que suman incertidumbre a la negociación.

Más de 100 despidos en la textil Coteminas

La crisis generada por las políticas económicas del gobierno de ultraderecha de Javier Milei continúa destruyendo empleo registrado. Ahora, se conoció que la empresa Coteminas Argentina S.A., filial local de una firma brasilera, anunció la desvinculación de 57 trabajadores, nuevos despidos que se suman a otros 56 en noviembre.

Las sucesivas tandas de despidos tienen un impacto social durísimo en Santiago del Estero.

La empresa apuntó como fundamento de la medida a la caída del poder adquisitivo, la avalancha de importaciones, la reducción de aranceles a productos importados y los elevados costos de producción: energéticos, financieros e impositivos. Todo ello generó una disminución de las ventas y obligaron a adoptar medidas de ajuste, argumentó la patronal.

“Ellos aducen que no pueden vender el producto porque llegan importaciones a muy bajo costo por la política del gobierno nacional que lo permite y nos dicen que si esto sigue así van a seguir desvinculando gente”, sostuvo Mario Díaz, dirigente del gremio textil, en declaraciones.

Las indemnizaciones se pagarán en cuotas. Desde la AOT señalaron que de ese gremio quedan con empleo unas 220 personas con convenio quincenal, mientras que el plantel total ronda las 400 personas actualmente.
“Hoy por hoy no hay ninguna seguridad para los 400 que quedamos y la empresa ya ha anticipado que si no repunta la actividad, se va a ver obligada a tomar más medidas como esta”, agregó Díaz.

Granja Tres Arroyos pretende pagar salarios «en cuotas» hasta mayo

El conflicto laboral en la avícola Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo, luego de que los trabajadores de la planta Pilar, ubicada en la localidad de La Lonja, ratificaran la continuidad del paro que mantienen desde la semana pasada.

Lo que comenzó como una serie de atrasos salariales se ha transformado en un conflicto abierto que pone en jaque la operatividad de Granja Tres Arroyos. El gigante avícola, lejos de normalizar la situación, ha lanzado una propuesta que los trabajadores califican como un insulto: pagar los aguinaldos y las quincenas adeudadas en cuotas que se extenderían hasta el mes de mayo.

En un video difundido por las redes sociales, los trabajadores sostienen: “La empresa sigue manifestando crisis. El aguinaldo lo van a pagar en 4 veces y la quincena en 5 cuotas y esta situación seguiría hasta el mes de mayo”.

Roberto, uno de los trabajadores, relató la bronca de los trabajadores por recibir pagos parciales insignificantes: “Ayer cobramos (por el martes 27/1) una parte del aguinaldo, pero nada, $100.000 de casi un palo y medio que nos deben”. La situación ha obligado a los empleados a volcarse a la informalidad para cubrir necesidades básicas: “Yo estoy saliendo a trabajar con la moto, porque no me alcanza. Estoy pagando las cuentas con lo que hago afuera, si teniendo un laburo en blanco no puedo pagar las cosas. Es una situación terrible”.

Los trabajadores vienen denunciando que además de los atrasos salariales, la empresa presenta demoras en el pago de mutuales, no estaría abonando los aportes jubilatorios y aplicó una reducción del 11% en los salarios, a lo que ahora se suman nuevas demoras en los pagos.

Es inadmisible que una de las mayores exportadoras de pollos del país, que factura en dólares y domina el mercado interno, alegue una crisis para no pagar salarios, mientras sus camiones siguen saliendo (cuando los trabajadores no los frenan) hacia los puertos y supermercados.

La propuesta de pagar en cuotas hasta mayo es una muestra más que los empresarios quieren aprovechar la situación para seguir aumentando sus ganancias.

Los secretarios generales de la UOM y ATE Caba se acercaron al acampe de los trabajadores de Lustramax

Aquí reproducimos los mensajes de apoyo que le dieron en persona a los trabajadores.

Soy Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, vine en nombre de los trabajadores y las trabajadoras metalúrgicas a solidarizarme con la lucha de los compañeros de Lustramax. Por supuesto acompañar está noble lucha que es la lucha por la dignidad de los trabajadores. Así que a darle confianza y a darle nuestro total apoyo.

Soy Daniel Catalano, delegado general de ATE Capital y de la CTA de los trabajadores de Buenos Aires. Vine a traer nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos que están llevando adelante una medida de fuerza. Nuestra preocupación por el rol que está cumpliendo hoy la senadora Arietto en el marco de los aprietes y la utilización de la fuerza de la Gendarmería para amedrentar, hostigar y perseguir a estos laburantes. Denunciar a la empresa que no está cumpliendo con lo que debería cumplir que es la orden del ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de que los laburantes vuelvan a trabajar. Así que 17 días del acampe de ustedes, 17 días de resistencia, 17 días demostrándole al país que se puede pelear y ahora van a demostrar que se puede ganar. Así que en el marco de unidad, solidaridad y unidad para luchar.

Los salarios públicos fueron los que más perdieron en la era Milei

En noviembre de 2025, los salarios aumentaron 1,8%, aunque quedaron por debajo de la inflación del mes, que fue del 2,5%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Este dato forma parte de un informe elaborado por la Fundación Innovación con Inclusión, basado en estadísticas oficiales del INDEC, que analiza la evolución de los salarios durante la gestión de Javier Milei. El estudio aborda la dinámica salarial desde tres puntos de referencia: enero de 2023, noviembre de 2023 —mes previo al cambio de gobierno— y noviembre de 2025, el dato más reciente disponible.

Al analizar la evolución salarial desde el inicio de la gestión Milei, o incluso desde enero de 2023, la Fundación presenta un balance con fuertes diferencias entre sectores. Los salarios privados registrados se encuentran 1,2% por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y 3,4% por debajo de los registrados en enero de 2023.

En el caso de los salarios públicos registrados, la caída es más pronunciada: se ubican 15,5% por debajo del nivel previo al cambio de gobierno y 18,1% por debajo de enero de 2023.

Por su parte, los salarios privados no registrados muestran una evolución distinta. A junio, se encuentran 27,2% por encima de los niveles de noviembre de 2023 y 15,6% por encima de los valores de enero de 2023. Desde la Fundación aclararon que la metodología del INDEC advierte que la muestra de salarios privados no registrados posee un atraso de 5 meses. Así, los datos de noviembre corresponden a datos de junio.

Entre enero y noviembre de 2025, los salarios acumularon una suba promedio del 36%, impulsada por el incremento en el sector privado no registrado (87,7%), el sector público (27,7%) y el sector privado registrado (25,6%). De este modo, los ingresos quedaron por encima del Índice de Precios al Consumidor del mismo período, que fue del 27,9%.

En el desagregado mensual, el crecimiento estuvo compuesto por aumentos del 2,1% en el sector privado registrado, 1,2% en el sector público y 1,7% en el sector privado no registrado, informó el organismo estadístico nacional.

No obstante, la Fundación aclara que estas subas están expresadas en términos nominales, es decir, sin ajuste por inflación, por lo que no implican necesariamente una mejora en el poder adquisitivo. Al calcular la variación real, el panorama cambia: en noviembre, los salarios privados registrados mostraron una caída mensual del 0,4% en términos reales; los salarios públicos registrados retrocedieron 1,3%; mientras que los salarios privados no registrados fueron los únicos que registraron una leve suba real, del 0,1%.

Los salarios SIPA (privados registrados) se ubican 2,6% por encima de noviembre de 2023, advierte la Fundación. El indicador RIPTE, que incluye a trabajadores privados y públicos registrados, muestra una mejora del 3,2% respecto de ese mismo mes. En contraste, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 36,2% en lo que va de la gestión Milei en relación con noviembre de 2023. Por último, la jubilación mínima con bono registra una caída del 8,0% desde noviembre de 2023.

“La variable de ajuste es el salario de la clase media”

La economista Marina Dal Poggetto aseguró que la “variable de ajuste es el salario de la clase media” al analizar la actual coyuntura económica.

“El gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”, agregó en declaraciones difundidas por NA.

“El gobierno anterior pisaba las tarifas para que la gente pagara bienes caros. Ahora, con tarifas altas, si los precios de los bienes no comprimen, la variable de ajuste termina siendo el salario de la clase media, que ya no alcanza para cubrir prepagas o colegios”, explicó la directora de la consultora Eco Go.

“La actividad en noviembre estaba en los mismos niveles que el año anterior. Aunque la economía crecerá un 4,3% este año, será por el arrastre estadístico; hay sectores ganadores y perdedores, siendo la industria uno de los más rezagados”, evaluó.

“Argentina es pendular y siempre discutimos lo mismo. Los precios relativos eran absurdos: una economía cerrada con brecha alta, precios de bienes ridículamente caros y tarifas ridículamente baratas. Durante mucho tiempo no se preocuparon por el costo argentino, lo que justificó precios altos para todos”, recordó Dal Poggetto.

Para la economista “el gobierno actual sigue priorizando el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”.

“Se prioriza el tipo de cambio y se abre la economía, en parte con el RIGI y bajando aranceles”, remarcó.

“El sector industrial dice que antes jugaba en Disneylandia. Podían fijar precios y cantidades con pesos baratos y protección. Ahora tienen competencia importada y un fuerte aumento de costos por las tarifas y servicios indexados. Esto está derivando en noticias de cierres de fábricas y despidos”, advirtió Dal Poggetto.

¿Cuánto cobrarán los metalúrgicos en febrero de 2026?

Sin aumento acordado para febrero 2026, los trabajadores metalúrgicos percibirán el próximo mes solo una suma no remunerativa de $25.000, en el marco del acuerdo paritario firmado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para el período abril 2025-marzo 2026.

Este pago se suma a los incrementos remunerativos ya aplicados en noviembre y enero, que totalizan un 14% de aumento sobre los salarios básicos.

El acuerdo salarial, que fue rubricado por el secretario general del gremio, Abel Furlán, y representantes de las Cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA, establece un cronograma escalonado que combina incrementos remunerativos con sumas fijas no remunerativas.

Para febrero de 2026, los metalúrgicos recibirán exclusivamente un bono de $ 25.000 no remunerativos. Este pago forma parte de un paquete total de $ 160.000 en sumas no remunerativas distribuidas entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

El esquema completo de aumentos incluye:

• Octubre 2025: $ 35.000 no remunerativos.
• Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $ 15.000 no remunerativos.
• Diciembre 2025: $ 35.000 no remunerativos.
• Enero 2026: 4,2% remunerativo + $ 15.000 no remunerativos.
• Febrero 2026: $ 25.000 no remunerativos.
• Marzo 2026: $ 35.000 no remunerativos.

Este acuerdo se alcanzó en un contexto de fuerte caída de la industria manufacturera y tras una extensa negociación entre el gremio y las Cámaras empresarias del sector.

Con estos ajustes, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para los metalúrgicos alcanza los $ 1.016.008 en febrero de 2026. Este monto funciona como piso salarial mensual e incluye tanto conceptos remunerativos como no remunerativos, aunque no contempla las horas extras ni impacta en el cálculo de indemnizaciones.

El IMGR representa el salario mínimo que debe percibir un trabajador metalúrgico por jornada completa, según lo establecido en el Convenio colectivo de trabajo.

Las escalas básicas para los trabajadores mensualizados de la Rama 17 se ubican por encima de los $ 793.000 en las categorías iniciales y superan el millón de pesos en los niveles administrativos y técnicos más altos.

En el caso del personal jornalizado, el valor de la hora arranca en torno a los $ 4100 para las categorías más bajas y supera los $6500 en los niveles superiores, según la rama y la calificación del trabajador.

El convenio alcanza a la Rama 17 y a todas las actividades metalmecánicas comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75. Incluye a personal jornalizado y mensualizado, aprendices, menores, administrativos, técnicos y operarios.

Sin embargo, quedaron exceptuados los trabajadores de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico, que finalizaron 2025 sin un entendimiento salarial específico y mantienen sus negociaciones abiertas.

La paritaria acumula un 14% de incremento remunerativo, por debajo de la inflación acumulada del período, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos.

El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, fecha en la que las partes acordaron activar una cláusula de revisión. Las negociaciones se retomarán a partir del 15 de marzo para analizar el cierre del período paritario y evaluar el impacto de la inflación sobre los salarios reales.

De cara al siguiente período, las partes acordaron que desde el 1º de abril de 2026 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $ 4.313,43. Si para el 15 de abril no existiera un nuevo acuerdo, ese monto se convertirá automáticamente en el salario básico por hora vigente.

Goya: La textil Alal cerró y dejó a 260 familias en la calle

En un golpe devastador para la economía regional, la emblemática firma Emilio Alal SACIFI anunció el cierre definitivo de sus plantas de hilados y telas. La medida dejó en la calle a 260 trabajadores en la ciudad de Goya y afectó de igual manera a su unidad productiva en Villa Ángela, provincia de Chaco.

Los operarios correntinos fueron notificados de manera sorpresiva mediante telegramas de despido, poniendo fin a una historia industrial de un siglo en la región.

La compañía, una de las Pymes más importantes del sector textil en el Norte Grande, aseguró haber agotado todas las instancias antes de tomar esta decisión «no deseada».

A través de un comunicado oficial, la empresa apuntó directamente contra las políticas económicas del Gobierno nacional. Según la firma, la apertura indiscriminada de las importaciones de hilados y prendas —provenientes mayoritariamente de Asia—, sumada al ingreso de fardos de ropa usada, tornó inviable la competencia para la industria nacional.

«La caída del poder adquisitivo impactó negativamente en la demanda de textiles», señalaron desde la administración de Alal. Además, mencionaron un «combo» crítico que incluye elevados costos energéticos, financieros y laborales, junto a una carga impositiva asfixiante y un marcado atraso cambiario.

La situación de la planta de Goya se agravó en los últimos días debido al deterioro en la cadena de pagos y cobranzas del sector. A pesar de que la empresa había invertido recientemente para producir telas con mayor valor agregado y contaba con estándares de exportación, no logró revertir el escenario financiero.

«La decisión refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y, de manera particular, al sector textil, que atraviesa el momento más complejo de su historia», enfatizaron desde la compañía.

El cierre de Alal representa una tragedia social para Goya, donde la fábrica era un pilar fundamental del empleo privado. «Entendemos el profundo impacto social y humano que esto implica», expresaron los directivos, agradeciendo a los operarios que fueron el sostén de la firma durante décadas.

La noticia genera una fuerte preocupación en el arco político y gremial de Corrientes, que observa con alarma el desmantelamiento del entramado productivo local ante la falta de medidas de protección para la industria nacional.

Conflicto en la fábrica de Cocot y Dufour por despidos y deudas salariales

Otra protesta sacude al sector textil, esta vez en la fábrica de las históricas marcas de lencería Cocot y Dufour. Trabajadores de la planta ubicada en el barrio porteño de Parque Chas denunciaron el despido de 140 empleados en los últimos dos meses y una creciente precarización en las condiciones de laborales, específicamente en la forma de pago de los salarios

La manifestación frente al establecimiento  se dio tras los pagos de sueldos, aguinaldo y hasta las vacaciones de manera fraccionada y «en cuotas», alegando falta de fondos pese a mantener la operatividad de las líneas de producción las 24 horas.

El reclamo de los operarios, cuyos salarios rondan los 700.000 pesos mensuales por jornadas de nueve horas, apunta no solo a la regularización de los haberes, sino a la defensa de la industria nacional. Durante la protesta, que registró momentos de tensión por la presencia policial para evitar cortes de calle, los empleados denunciaron una maniobra de sustitución de producción local por insumos importados desde China.

«El patrón dice que no hay plata, pero nosotros seguimos trabajando. Las cuentas no esperan y en marzo tenemos que afrontar gastos de escolaridad», expresaron los manifestantes.

El conflicto en Cocot se inscribe en un contexto de caída del consumo y ajuste en el sector industrial. Según los testimonios recogidos en la puerta de la fábrica, la firma ofrece retiros voluntarios como mecanismo para continuar reduciendo una plantilla que hoy ronda los 500 operarios, mientras se adeudan bonos y remuneraciones de fin de año.

El gobierno nacional ordenó el cierre, a partir del 31 de enero, de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación

Espacios con un rol más que importante, ya que – según advierten los trabajadores – sus verificaciones sobre lo que consume la población se verá afectada. En este marco, la Mesa de Coordinación Zona Norte invitó a participar el miércoles 28 de enero, a las 10:00, de un abrazo simbólico al Edificio 19, en la sede central del INTI, ubicada en General Paz 5445, provincia de Buenos Aires.

ATE rechazó la amenaza de Adorni de despedir al 20% de Jefatura de Gabinete

“Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad”, denunció Rodolfo Aguiar. El sindicato estima que más de 500 puestos de trabajo se ven en riesgo, entre ellos los brigadistas que combaten el fuego en la Patagonia.

“Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes” del oficialismo, agregó.

Luego de que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que “esta decisión atenta contra la eficacia del Estado” y aseguró: “Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, sigue desmantelando servicios esenciales”.

“Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el Impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando”, agregó el dirigente de ATE.

En esta línea, Aguiar explicó: “Estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar”.

Una de las áreas que podría verse afectada por la “motosierra” del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló: “No existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas”.

“Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes” del oficialismo, señaló el Secretario General de ATE Nacional y concluyó: “Lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar”.

En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.

Según las estimaciones del sindicato, de los 3.000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.

Trabajadores portuarios agremiados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) iniciaron un paro y protesta en el puerto de Concepción del Uruguay, Entre Ríos

Reclamando ante la empresa URCEL Forestry & Logistics por el reconocimiento del gremio y contra la precarización laboral. La patronal no reconoce al SUPA y como represalia llevó a trabajadores desde Zárate, quitando tareas a los obreros locales. El gobierno provincial ordenó un operativo represivo con gases y balas de goma que dejó varios trabajadores heridos. Luego, dictó la conciliación para “preservar la paz social”.

La jornada empezó con el reclamo de los estibadores del SUPA en los accesos a la terminal portuaria, exigiendo el reconocimiento del sindicato a la empresa uruguaya Urcel y el fin de la precarización laboral que implicó la medida que la patronal tomó como represalia: marginar a los estibadores locales e “importar” personal desde Zárate, provincia de Buenos Aires, buscando precarizar el trabajo y romper el convenio colectivo local.

La medida de fuerza se cumplió con alto acatamiento y la presencia de los obreros en los accesos a la terminal portuaria, cuando el gobierno provincial de Rogelio Frigerio decidió atacar con un operativo represivo de la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval, que incluyó el uso de balas de goma, gases y detenciones para desalojar la avenida Paysandú.

La represión dejó como saldo varios heridos, tanto entre trabajadores de Concepción del Uruguay como dirigentes llegados desde Bahía Blanca.

Justamente desde Bahía Blanca se había hecho presente Marcelo Osores, el Secretario General de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), que agrupa a 19 gremios de todo el país.

La FEPA repudió la represión y advirtió por una medida de fuerza nacional “ante la amenaza empresarial de dejar a los trabajadores sin su tarea y no reconocer su legítima organización sindical”.

El operativo, registrado en videos por los propios trabajadores, mostró escenas de corridas y disparos a quemarropa. Alberto Paredes, referente del Sindicato de la Carne local, denunció ante los medios la brutalidad del procedimiento: “Nos atacaron con balas de goma, garrotes y piedrazos, y lastimaron a dos compañeros”.

Después de la violencia estatal, llegó la conciliación. Mediante un comunicado en el sitio oficial del Puerto de Concepción del Uruguay, se dio a conocer que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo de trabajo que involucra a la empresa Urcel Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) – Puerto Concepción del Uruguay.

“La medida fue adoptada ante la situación de tensión generada en el puerto local, que había derivado en el anuncio de posibles medidas de fuerza y en denuncias vinculadas al reconocimiento sindical, la asignación de personal y el cumplimiento del Convenio colectivo de trabajo vigente”, señala el texto.

Y agrega: “Con el objetivo de preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, la conciliación obligatoria regirá por 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026”.

Lo importante viene después: “Durante este período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas”, apunta. En relación a la empresa, “deberá abstenerse de aplicar represalias de cualquier tipo al personal involucrado en el conflicto”.

Asimismo, la Secretaría convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación que se realizará el martes 10 de febrero de 2026, a las 11:00, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná.

Es decir, que tras haber sido reprimidos, los trabajadores tienen que dejar de hacer paro ahora, esperando una audiencia dentro de 15 días.

Por su parte, el titular de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, Marcelo Osores, exigió “respuestas concretas” para el reclamo de los portuarios de Concepción del Uruguay.

“La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos – FEPA se declara en estado de alerta y posible paro total nacional en todos los puertos del país en respaldo de los compañeros del SUPA Puerto de Concepción del Uruguay ante la amenaza empresarial de dejar a los trabajadores sin su tarea y no reconocer su legítima organización sindical”, detalló el comunicado de la organización gremial tras la represión.

Comunicado de la FEPA

“Las empresas del puerto de Concepción no solo desconocen al sindicato legalmente constituido, sino que además avanzan en la contratación de trabajadores provenientes de otras localidades, sometidos a explotación, con el único objetivo de vaciar de trabajo al puerto local. Esta práctica atenta directamente contra el derecho al trabajo de los estibadores de Concepción del Uruguay y de sus familias, que dependen de la actividad portuaria para vivir”.

“De no haber respuestas concretas, la FEPA avanza con la medida de fuerza a nivel nacional, incluyendo un paro total de actividades en todos los puertos del país, en defensa de los compañeros de Concepción del Uruguay. ¡¡Juntos y organizados!!”, concluye el texto.

Milei aceleró la destrucción del trabajo registrado

Según los datos oficiales, del Ministerio de Capital Humano, en 23 meses hubo una caída de 584.000 trabajos registrados. La cifra incluye la baja repentina de monotributistas sociales entre noviembre y diciembre de 2024, por un ajuste espantoso en las cooperativas de trabajo, que dejó a miles de organizaciones sociales a la deriva a la hora de sostener cuadrillas de mantenimiento barrial, comedores populares y otras tareas imprescindibles de las que nadie se hace cargo.

Entre el punto de inicio y el punto más bajo de la pandemia de coronavirus, se destruyeron 400.000 puestos de trabajo registrado. Pero además, si se consideran los primeros 23 meses del gobierno de Alberto Fernández, período en el que transcurrió la parte principal de la pandemia, el registro marca un crecimiento positivo de 165.000 trabajadores registrados nuevos.

Cabe señalar que en el análisis corriente de estas cifras no se contempla la caída de los monotributistas sociales, como si ese sector no importara y como si no hubiera un estrago en los barrios populares por la falta de cooperativistas registrados. Aun así, sin considerar esa merma, durante los primeros 23 meses de Milei más 221.000 personas perdieron su trabajo registrado. No hay un solo gobierno desde 2003 al que le haya pasado lo mismo.

En los empleos de mayor impacto en las clases populares, también resalta la caída en el trabajo registrado en casas particulares. Si bien la pandemia fue un golpe que no se pudo revertir en uno de los empleos más feminizados, con la gestión libertaria hubo una caída a niveles de hace 10 años.

En 23 meses, Milei redujo en 6,3% la cantidad de trabajadores registrados en casas particulares.

El trabajo registrado de la construcción vive su peor declinación, sólo comparable con la pandemia. Es un salto atrás de 15 años. Con Milei la cantidad de albañiles registrados cayó 14,7%. Cuadruplica a Mauricio Macri en el ritmo de destrucción en este sector.

El trabajo privado registrado no recuperó nunca su nivel de diciembre de 2023.  Actualmente, con el último dato de octubre, está 2,87% abajo de octubre de 2023. Es muchísimo: como mínimo necesita un 1% de crecimiento anual sólo para acompañar el crecimiento vegetativo. A esto se suma que sólo hubo tres meses de muy magro crecimiento interanual, y que en agostó volvió la cifra negativa, con una merma interanual de casi 0,2%.

Durante toda la era Milei, se destruyó el 3% del trabajo privado registrado. Dado que estamos a mitad de mandato, es muy probable que nunca se recupere lo perdido.

La destrucción del trabajo privado registrado con Javier Milei corre casi dos veces más rápido que en los tiempos de Mauricio Macri, el único ciclo de destrucción del mercado privado de trabajo desde 2003. Desde que llegó Milei al poder, más de 194.000 personas perdieron su trabajo privado registrado.

Si bien el trabajo privado registrado crece en primavera y verano, por el turismo –suba estacional que ocurrió hasta en 2018 o en la pandemia– en 2025 no está ocurriendo la recuperación de temporada, sino todo lo contrario. Desde febrero la cantidad de trabajadores privados registrados baja en caída libre.

Aquí se puede ver la diferencia más palmaria: con Fernández, más de 7300 personas por mes obtenían un trabajo privado registrado. Con Milei, más de 8400 lo pierden por mes.

Se suele repetir que no se crea trabajo privado registrado desde 2011. Vale ver cómo fue la creación de trabajo privado registrado desde 2003 para acá. Sobre todo para entender que la famosa “falta de creación de trabajo” en realidad tiene una sola causa: los modelos liberales.

La discusión por la reforma laboral está envenenada. Se repite que desde 2011 no se crea trabajo privado registrado y es falso. Los gobiernos populares crean mucho trabajo registrado. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández creó mucho, lo suficiente para superar la pandemia y la peor sequía de la historia.

A la inversa, por más que se presenten como defensores de la iniciativa privada y del “empleo de calidad”, los modelos liberales, tanto el de Mauricio Macri como el de Javier Milei, destruyen masivamente el trabajo registrado. El de Milei es muchísimo más dañino.

Quizá, la diferencia esté en cómo tratan estos dos modelos opuestos a su mercado interno. El 50% del empleo privado registrado se explica por cuatro sectores  –de un total de 15– que dependen directamente del consumo popular: la industria, el comercio, la hotelería y los restaurantes y la construcción.

La construcción, paralizada por la falta de obra pública, ya fue reseñada. El sector más dinámico de la economía, la industria, que más trabajo y más valor genera, está pasando por el habitual sufrimiento que le producen los modelos liberales, si bien el ritmo de destrucción todavía no alcanza los niveles del macrismo.

Desde la llegada de Milei al poder, más de 58.000 trabajadores industriales perdieron su laburo registrado. Representa casi el 5% de los trabajadores del sector. En promedio, sería como si cerrara una gran industria con más de 2.500 trabajadores, por mes.

En el comercio, la hotelería y los restaurantes se está viviendo una parálisis. En 23 meses de la era Milei se perdieron casi 2.700 trabajadores registrados. Con Alberto Fernández se sumaron 145.191 trabajadores registrados a estos sectores. El gobierno de Mauricio Macri dejó casi 35.000 trabajadores registrados menos en estos sectores.

El trabajo público está sufriendo como nunca. Casi 72.000 argentinos perdieron su trabajo en el Estado, sea cual sea su nivel. Es el 2,1% de todo el empleo público. El ajuste se revela en toda su dimensión si se considera que el empleo público siempre crece porque va a acompañando el crecimiento de la población: se necesitan más docentes, policías y enfermeros, como punto de partida. Por eso nunca deja de tener una curva ascendente, que se retoma tras los espasmos ajustadores.

Trabajadores del Frigorífico Euro viven en la planta porque no pueden pagar un alquiler

Hace más de 72 días que el Frigorífico Euro atraviesa un conflicto gremial y la situación en la planta ubicada en Gobernador Gálvez -Santa Fe- se vuelve cada vez más dramática. Uno de los delegados, Walter Navarro, contó que hay gente viviendo en la fábrica por los desalojos que sufrieron por no poder pagar los alquileres de sus casas.

El representante de los trabajadores explicó que «llegamos a ser 750 personas antes de 2025. Después empezaron con los retiros que eran obligados, quedamos primero 400 y ahora somos 150″. A su vez, contó: «El frigorífico está en Villa Gobernador Gálvez, que está pegado a Rosario, en la Provincia de Santa Fe. Yo trabajo acá hace 23 años». «Tenemos 13 personas viviendo en la empresa y hay 2 ó 3 que se están por sumar. Eso es por los desalojos porque no pueden pagar los alquileres. Los dueños son los mismos que están con problemas con el frigorífico Pico en La Pampa», detalló.

La CTA participó de la jornada mundial por la liberación de Maduro y Cilia Flores

Bajo la consigna “Saquen las manos de Venezuela”, el 22 de enero, la Federación Sindical Mundial organizó un banderazo en todo el mundo. En Argentina, según cuenta Ernesto «Quiqui» Trigo, Secretario General del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero (SAMC) y titular de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, la jornada se realizó “en contra del imperialismo estadounidense y por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores”.

Trigo, quien además es parte del secretariado de la FSM, agregó: “Fue un banderazo en las puertas de las embajadas estadounidenses o consulados, pero también hubo radios abiertas en las provincias del país”.

Tras ocho meses de lucha, 11 despedidos de Secco logran ser reincorporados

Luego de ocho meses de lucha y conflicto, fueron reincorporados los 11 trabajadores despedidos de Industrias Juan F. Secco, cuya planta está ubicada en la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín. Un conflicto que la patronal inició a comienzos de junio de 2024, con despidos en el área de Emergencias, que incluía a dos delegados.

Las primeras reincorporaciones comenzaron a efectivizarse el martes 18 de noviembre del año pasado, se efectuaron las primeras reincorporaciones en Secco después de meses de lucha contra los despidos. En este caso, tres compañeros que estuvieron al frente de esta lucha. Pero la lucha continúa, y los trabajadores eléctricos siguen impulsando el fondo de lucha para que los que siguen peleando vuelvan a sus puestos de trabajo.

Así informó esta tarde en sus redes sociales la novedad Ariel Moreno, delegado de Secco (Fetera-CTA A) y diputado bonaerense por el PTS-FITU: “son 11 los trabajadores reincorporados, incluyendo a los representantes gremiales con fueros que habían sido despedidos ilegalmente. Como denunciamos en los meses de lucha contra los despidos, el conflicto de Secco era la antesala de la reforma laboral, como en la fábrica Georgalos o ahora en Lustramax”, remarcó.

Y agregó: “desde un primer momento decidimos enfrentar este ataque con distintas medidas de lucha: paros progresivos, cortes de la autopista del Buen Ayre, protestas en otras fábricas de la empresa, concentraciones en la puerta del Ministerio de Trabajo frente a cada audiencia y resistiendo el desalojo en la planta de la empresa ubicada en el Ceamse de José León Suarez, entre otras medidas. Pero todo esto fue gracias a la unidad con los jubilados, los estudiantes, el colectivo de discapacidad, el Hospital Garrahan y promoviendo la solidaridad y coordinación con otros trabajadores en lucha. También queremos agradecer a los trabajadores de prensa que ayudaron a que sea visible nuestro conflicto”, valoró.

Y concluyó: “la reincorporación de los trabajadores de Secco es un importante paso adelante y un ejemplo que queremos poner a disposición de otras luchas, como en este momento en Lustramax, a quienes venimos acompañando. Pero también para fortalecer la organización de los trabajadores frente al tratamiento de la reforma laboral esclavista, para lo cual consideramos que hay que enfrentarla con un paro nacional activo y rodeando el Congreso cuando se trate. Nuestro ejemplo demuestra que con organización democrática, coordinación y medidas de lucha se puede enfrentar a los grandes empresarios, el Gobierno nacional y sus cómplices”, finalizó.

Acerías Berisso: luego del cierre de la empresa los trabajadores buscan crear una cooperativa

La empresa metalúrgica Acerías Berisso se dedicaba a la fundición de hierro y acero, fabricación de moldes y repuestos para industrias del vidrio, petróleo y GNC. El 6 de octubre del año pasado cerró sus puertas.

Luego de tomar la fábrica para exigir que les paguen la indemnización y los salarios adeudados (en este momento les adeudan 4 meses de sueldo) intervino el Ministerio de Trabajo bonaerense con una conciliación obligatoria que, denuncian, no fue acatada por los empresarios.

Son más de 50 los trabajadores  que tiene la empresa en la región capital de la provincia de Buenos Aires, cuyos dueños son Eliana Repicky, Nicolás Dudiuk y Ricardo Gerosa.

Los trabajadores piden la intervención del Estado para que ellos puedan tomar el control de la empresa y convertirse en cooperativa, denunciando “abandono de la patronal”.

Carlos Lazarte, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica en Acerías Berisso, dijo: “Nosotros estamos organizando y nos estamos asesorando, tenemos mucho acompañamiento para poder recuperar la fábrica y hacer una cooperativa en nuestra situación. Porque la empresa siempre fue rentable, tiene más de 50 años de trayectoria y se puede seguir trabajando. Siempre se dedicó a la vidriería, se puede trabajar para el Estado también”.

Lazarte también explicó que Acerías Berisso es rentable y que los dueños se han llevado materias primas de esta empresa a otra: “También hicieron un vaciamiento y sacaron materia prima, modelos, piezas, porque decían que la cerraron porque la empresa no es factible. Pero sabemos que están produciendo en otros lados, están dando continuación a lo que nosotros hacíamos, lo están haciendo en otro lado”.

Sealed Air. Los obreros se ponen de pie

La asunción del gobierno actual desató una ola de despidos y cierres fabriles que amenaza con arrasar los derechos y conquistas históricas de la clase trabajadora. Desde que asumió Milei la encuestadora CEPA registró 629 conflictos por cierres, despidos y suspensiones. Más de 2.200 empresas industriales cerraron, y se perdieron más de 270.000 puestos de trabajo formales con la Secretaría de Trabajo jugando siempre para el lado de las patronales.

En Quilmes, la multinacional Sealed Air, dedicada a la producción de envasados al vacío de alimentos, para exportación y para el mercado local, despidió a 65 trabajadores a fines de diciembre, luego de una maniobra que incluyó retiros voluntarios presionados y cambios de condiciones a último momento. La empresa, que no está en crisis y sigue facturando miles de millones, busca imponer una «reforma laboral de hecho»: despidos masivos, intensificación de ritmos y más presión sobre los que quedan.

La asamblea general rechazó el chantaje patronal y definió, por unanimidad, sostener un paro total, que viene llevando a cabo desde el 5 de enero, y la permanencia en la puerta hasta lograr la reincorporación de todos los despedidos, entre los que hay delegados, trabajadores con hijos discapacitados y lesionados.

Alfredo, delegado de Sealed Air lo dice sin vueltas: «Las grandes empresas están actuando de manera anticipada ante la inminente reforma laboral… Nos cambiaron los métodos de trabajo, cedimos un montón de beneficios, trabajar más, y esperábamos una respuesta positiva y no la tenemos”.

Los trabajadores entienden que la empresa quiere sacar una parte de los trabajadores para que las condiciones sean peores para los actuales trabajadores y en el caso de contratar más también, que no tengan los beneficios que tienen. “Dentro del escrito eliminar la productividad, la multiplicidad de tareas, que cuando falte algún trabajador en algún puesto no sea cubierto por horas extras si no que sea cubierto por alguna persona de otra sección que puede no tener la idoneidad o capacidad para llevarla la tarea y hasta pone en riesgo su actividad física”.

Pablo es otro de los delegados que nos cuenta que: “La situación obviamente es crítica llevamos más de un mes de paro total de actividades. La empresa sigue en la misma postura de la semana pasada, que nos ofreció levantar de manera parcial el paro en la parte de despacho de producto terminado y que a cambio de eso le daría la reincorporación a los tres muchachos que tienen hijos con discapacidad. A través de una asamblea fue rechazado de manera unánime hasta por los mismos compañeros».

Los delegados denuncian que los mismos compañeros les parecía ilógico que la empresa planteara el ingreso de solo tres reincorporaciones para permitir el despacho de producto terminado sin ninguna garantía de seguridad de que el resto de las reincorporaciones se fuera a dar.

Estos conflictos muestran un patrón claro: las patronales, amparadas en el discurso oficial y la pasividad de las cúpulas sindicales, quieren imponer reformas «por empresa» anticipando el avance de la reforma laboral que el gobierno busca aprobar. La única salida es la más amplia unidad de los sectores en lucha, la coordinación y la solidaridad activa para enfrentar el ajuste y los despidos.

Mientras la CGT sigue dilatando y sin convocar a su Consejo Directivo, la fuerza real está en la organización desde abajo: asambleas, paros, ocupaciones y movilización en las calles y en el Congreso.

Rechazo a la oferta salarial de Kicillof: Astillero Río Santiago movilizó a Gobernación

La semana pasada el gobierno de Axel Kicillof convocó a los gremios estatales en el marco de las paritarias y, tras un primer rechazo por parte de las conducciones sindicales, el gobierno realizó un segundo ofrecimiento salarial que contempla un aumento del 1% retroactivo a diciembre y un 2% en enero. Desde el Astillero Río Santiago rechazaron este ofrecimiento, siendo uno de los pocos sectores que no aceptó la propuesta por considerarla completamente insuficiente.

En una asamblea general de la fábrica las y los trabajadores votaron movilizar el miércoles 21 de enero desde Ensenada hasta la Casa de Gobierno de la Provincia para hacer escuchar su reclamo.

Además, se denunció también el despido por parte de la empresa de la trabajadora Victoria Lago, integrante de la Agrupación Marrón, y se exigió su inmediata reincorporación. «La empresa viene de otorgar categorías indiscriminadamente y de cometer muchas irregularidades pero las sanciones siempre son para los de abajo. Exigimos la inmediata reincorporación de la compañera Vicky», señaló el delegado y referente de la Agrupación Marrón, Hernán García. La asamblea general votó por mayoría la reincorporación de Victoria.

Por último, las y los trabajadores del ARS resolvieron movilizarse el día que el proyecto de la reforma laboral se trate en el Congreso para expresar el rechazo a esta iniciativa del gobierno nacional que solo busca quitar derechos y esclavizar al conjunto de los trabajadores.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Perfil, La Izquierda Diario, Canal Abierto, El Ciudadano, Karne de Máquina, Pausa, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, ANRed, Radio Estación Sur / Agencia FARCO

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