Esta reforma laboral no busca equilibrio: busca disciplinamiento. Y lo hace con una premisa brutalmente honesta aunque mal disimulada: convertir al trabajador en una variable de ajuste y al empleo en una mercancía descartable.
El oficialismo exige un trámite exprés, sin modificaciones, como si el Congreso fuera una escribanía y no el ámbito deliberativo de la democracia. La consigna es clara: que Diputados no toque una coma. La ley “ya está”. Esa frase, repetida como mantra, revela más que cualquier discurso técnico. Cuando el poder político clausura el debate, lo que está en juego no es solo una norma, sino la arquitectura misma de derechos construida durante décadas.
La indemnización; Se presenta como “ordenada” y “previsible”, pero en los hechos se reducen los conceptos que la integran. Vacaciones, aguinaldo, premios o propinas quedan fuera del cálculo. Es como vender un seguro que no cubre el siniestro. Se mantiene la cáscara de la tradición argentina —un salario por año trabajado— pero se vacía su contenido real. La previsibilidad prometida es, en rigor, previsibilidad para despedir.
La jornada laboral; La posibilidad de extenderla hasta 12 horas bajo esquemas flexibles no es modernización: es regresión encubierta. El “Banco de Horas” suena eficiente en el PowerPoint, pero en la práctica desdibuja límites que costaron sangre y organización sindical. Ocho horas no fue un capricho histórico; fue la frontera civilizatoria entre trabajo y vida. Cruzarla sin garantías es volver al siglo XIX con aplicaciones móviles.
El derecho colectivo; Limitar asambleas y huelgas bajo el argumento de la productividad es desconocer que la negociación colectiva es un pilar constitucional. Cuando el ámbito menor prevalece sobre el mayor, se fragmenta la fuerza laboral y se debilita la capacidad de defensa común. Es la lógica del “sálvese quien pueda” aplicada al mundo del trabajo.
El retroceso en licencias por enfermedad o lesión; Reducir el salario al 75% —o incluso al 50% en determinadas circunstancias— ante una enfermedad no laboral instala una ética peligrosa: la del trabajador sospechado. Un diagnóstico grave no debería implicar una penalización económica. Sin embargo, la norma introduce esa lógica como si fuera un incentivo virtuoso. No lo es. Es un traslado de riesgo desde la empresa hacia el individuo.
El argumento oficial habla de equilibrio entre empresas y trabajadores. Pero el equilibrio no se logra quitando peso a un plato de la balanza. En términos geopolíticos, esta reforma se inscribe en una corriente global de desregulación que compite por atraer inversiones a fuerza de abaratar derechos. Es la carrera hacia el fondo: bajar estándares para seducir capitales volátiles. La pregunta es estratégica: ¿queremos ser un país que compite por salarios bajos o por productividad con valor agregado?
La metáfora es simple: nos proponen convertir al mercado laboral en una pista de hielo. Flexible, sí. Pero también resbaladiza. En esa superficie, el que cae no encuentra red. Y el Estado, lejos de actuar como baranda protectora, decide correrse.
El peronismo —como tradición política y como doctrina social— nació para resolver esa tensión entre capital y trabajo sin destruir a ninguno. Entendió que el conflicto existe, pero que la justicia social es el único modo sostenible de tramitarlo. Desarmar ese pacto no es innovación; es ruptura.
Si esta reforma avanza sin discusión profunda, no estaremos ante una simple ley más, sino ante un cambio de paradigma: del trabajo como derecho al trabajo como concesión. La historia argentina demuestra que cada vez que se intentó ese giro, el costo social fue alto y la supuesta eficiencia, efímera.
El debate no es técnico. Es civilizatorio. O defendemos un modelo donde el crecimiento incluya, o aceptamos uno donde la competitividad se construya sobre la fragilidad. La decisión no es solo legislativa. Es generacional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.