Continúan los despidos de trabajadores estatales

Despidos en el ministerio de Economía

Trabajadores del Ministerio de Economía denuncian 31 despidos realizados bajo la figura de “pases a disponibilidad” en la Secretaría de Política Económica. Reproducimos el comunicado de prensa de la Junta Interna ATE MECON.

CABA, 27 de marzo de 2026
ATE denuncia despidos en el Ministerio de Economía
Las y los trabajadores del Ministerio de Economía manifestamos nuestro rechazo a los 31 despidos realizados bajo la figura de “pases a disponibilidad” en la Secretaría de Política Económica. Señalamos que este ataque es el primero de varios, que pueden afectar a personas contratadas con otras modalidades en aquella Secretaría, o bien golpear otros sectores del organismo.
Esta situación fue precedida por visitas de los funcionarios del Ministerio de Desregulación a las autoridades de diversas áreas. Son parte de un panorama de amenazas de despidos en sectores y de reducción de tareas en nuestra cartera. Nos hemos reunido en asambleas la semana pasada, realizamos ayer y hoy ruidazos espontáneos como medidas de lucha, y nos encontramos en alerta permanente.
Con la clara necesidad de enfrentar esta situación llamamos públicamente a todas las representaciones gremiales de este Ministerio, y de sus diversas Secretarías, a que pongamos en pie todas las acciones comunes posibles en defensa de los puestos de trabajo.
La unificación de las Subsecretarías de Programación Macroeconómica y de Programación Microeconómica fue el disparador de los despidos en la Secretaría de Política Económica, afectando a personal que cuenta con décadas dentro del organismo. La alarma continúa ante la inminente concreción de una nueva estructura de los niveles inferiores, que podría implicar la eliminación y privatización de funciones y áreas. Aunque no contamos con detalles sobre dicha reestructuración, están en riesgo los puestos de trabajo.
En este panorama se cuentan también las amenazas de unificar áreas en Agricultura, Producción, Obras Públicas, Energía y Minería, etc. Se suman las amenazas directas de funcionarios de la Secretaría de Hacienda que pretendían amedrentar al área poniendo sobre la mesa la posibilidad de realizar 100 despidos, es decir, el 20% de lxs trabajadores del sector.
Las amenazas de despidos resultan más graves en momentos en que tanto la “macro” (inflación; caída de la actividad) como la “micro” (cierre de industrias) muestran problemas crecientes, como así también las cuentas públicas se ven tensionadas por la caída de la actividad económica. No se necesitan menos, sino más capacidad analítica en el estado.
Estas amenazas son inaceptables, se realizan sobre un plantel que viene reduciéndose a toda velocidad a partir de una rebaja salarial que supera el 30% desde noviembre de 2023 (y un 50% en relación al promedio de la década previa a 2018). Las áreas están mayormente despobladas y sus trabajadores, sobrecargadxs de tareas.
Las funciones que realiza el estado con personal sumamente capacitado no pueden ser cerradas sino con una pérdida inmensa de capacidades profesionales, especialidades y oficios desarrolladas durante décadas. Además, en el caso de la tercerización y privatización de funciones, se pierde control sobre el vital recurso de la información que manejan las áreas: la situación económica del país, las cuentas públicas y el manejo financiero de todo el estado, la elaboración del presupuesto, el registro de la deuda pública, y muchísimo más.
En tiempos en que los escándalos de corrupción salpican a los principales funcionarios del Gobierno Nacional ($Libra, vuelos a Punta del Este, coimas en discapacidad), señalamos que la voluntad privatista no es solo por orientación política. Priman los intereses económicos de empresarios y funcionarios intermediarios.
Por todo esto, lxs trabajadores del Ministerio de Economía estamos en pie de lucha, para dar batalla contra este nuevo ataque al empleo estatal, en defensa de nuestros salarios y contra el avance del corrupto proceso de entrega de las funciones estatales.

Jorge Macri lanzó un plan de retiros voluntarios para estatales de planta permanente
Por Martín Suárez

Es parte del pacto firmado entre el PRO y La Libertad Avanza. La reducción de estatales ronda entre el 12% y el 15% de la planta de empleados.
«Achicar el Estado es agrandar la Nación», dijo durante su estadía como ministro de Economía de la dictadura cívico-militar José Alfredo Martínez de Hoz. Una máxima que retomó el ex presidente Carlos Menem, continuó Fernando de La Rúa, el propio Mauricio Macri y ahora “el libertario” Javier Milei.
No es casual que todos estos modelos fracasaron en su intento con finales conocidos a lo largo de la historia reciente. Por este mismo camino continúa la gestión macrista porteña. A mediados de febrero se rumoreaba en los pasillos de algunos ministerios que en unos días comenzaba el vaciamiento de algunos organismos del Estado. Rumores que se consolidaron cuando, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que habilita los “retiros voluntarios”.
Macri firmó un decreto que habilita retiros voluntarios para empleados de planta permanente, con requisitos, compensaciones y condiciones de pago definidas para quienes se retiren de la administración porteña.
El anuncio fue oficializado por el mandatario y estará vigente hasta el 31 de mayo. De acuerdo a la versión oficial, “la medida forma parte del plan de reforma y modernización del Estado que impulsa la gestión macrista y apunta a achicar la estructura administrativa.”
En mayo del año pasado, una semana después de las elecciones intermedias de la Ciudad, tras la derrota del macrismo frente a Manuel Adorni, se aceleraron los “acuerdos” para firmar el pacto de cara a las próximas elecciones intermedias de Nación. Esos acuerdos abarcan más ajustes, recortes y despidos en el Estado porteño.
“Contamos con una batería de proyectos, pero también propuestas políticas que hay que implementar ya y contienen despidos, ajustes salariales de estatales porteños y recortes en salud y educación; además de los estructurales”, dijo en su momento una fuente de LLA y aclaró: “repito: ya estamos en tratativas con el PRO para empezar cuanto antes con estas medidas, antes de desembarcar en la Legislatura.”
En ese momento lanzamos una pregunta: ¿Se viene un cogobierno en la Ciudad? Y adelantamos que todo indica que éste es el pacto entre LLA y el PRO para iniciar la alianza a nivel nacional. A esta consulta, desde el macrismo prefirieron no manifestarse.
Desde ambos espacios coincidieron en recortar parte de la planta laboral del Estado. Los amarillos aseguraron por entonces que los cambios se producirían antes del 2027. “No lo tenemos definido pero estimamos que reorganizaremos puestos de trabajo y habrá una reducción de entre un 12 y un 15%”, consideró un asesor de la jefatura de gabinete.

Despidos encubiertos en CABA

El esquema de “retiros voluntarios” fue establecido mediante el decreto 83, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri; el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo; y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. La iniciativa contempla el pago de una compensación no remunerativa calculada sobre el salario neto, mensual y habitual del trabajador al momento de su desvinculación.
Explicaron que el objetivo es “ordenar el funcionamiento del Estado” y “optimizar la dotación” de personal, con la intención de avanzar hacia una administración más ágil y con mayor presencia de perfiles tecnológicos. En paralelo a los retiros, el Gobierno continuará incorporando profesionales vinculados a innovación y sistemas. «Es lo que necesitamos por el contexto y por el tipo de Estado al que apuntamos», afirmaron.
Podrán acceder al plan los empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo porteño que tengan 45 años o más, cuenten con al menos cinco años de antigüedad y registren un mínimo de un año como trabajadores de planta permanente. El incentivo se abonará en cuotas mensuales y consecutivas por un plazo máximo de hasta 48 meses. En el cálculo se excluirán el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y otros conceptos de pago no mensual.
El Gobierno se reserva la facultad de rechazar solicitudes por razones de servicio, cuestiones disciplinarias o si el trabajador pertenece a áreas consideradas críticas. Tampoco podrán adherirse quienes, al 31 de diciembre de 2026, tengan 65 años o más y estén en condiciones de jubilarse, ni aquellos que enfrentan sumarios administrativos con posibles sanciones expulsivas o mantengan reclamos judiciales contra la administración porteña.

Denuncian desaparición de más de $ 3.863 millones

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció la desaparición de más de 3.863 millones de pesos que el Gobierno Nacional había transferido a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para el pago de salarios y mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén. Ante la falta de pagos y la incertidumbre sobre el destino de los fondos, el sindicato inició un plan de lucha que incluyó bloqueos por tiempo indeterminado en la Ruta Nacional 22.
La irregularidad detectada por el gremio se remonta a diciembre de 2025. En ese período, se aprobó una ampliación presupuestaria específica de $3.863.026.100 destinada a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), firma encargada de administrar la PIAP. Estos recursos debían cubrir los sueldos de diciembre, que legalmente tenían que liquidarse el primer día hábil de enero de 2026.
Sin embargo, los empleados de la planta, ubicada en la localidad de Arroyito, pasaron las fiestas y la primera quincena de enero sin percibir sus haberes. Según la denuncia presentada por ATE, el dinero ingresó efectivamente a las arcas de la CNEA, pero el actual presidente del organismo, Martín Porro, habría frenado la transferencia hacia la empresa operadora.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, calificó la situación como un posible hecho delictivo. El dirigente señaló que los fondos tenían una asignación específica que no permitía otro uso administrativo, lo que agrava la figura legal de la retención. “No habría que descartar que se trate de un accionar delictivo ni que se hayan robado la plata de los salarios”, afirmó el referente estatal.
Más allá de la crisis salarial que afecta a cientos de familias, la falta de estos recursos pone en jaque la operatividad de la PIAP. La planta es estratégica para el sector nuclear argentino, ya que es la encargada de producir el agua pesada necesaria para el funcionamiento de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. El presupuesto desaparecido también contemplaba la compra de insumos críticos y el mantenimiento preventivo de las instalaciones.
Como respuesta inmediata, los trabajadores nucleados en ATE iniciaron cortes de ruta en el puente Arroyito, sobre la Ruta Nacional 22. Se trata de un punto neurálgico para el tránsito hacia la zona cordillerana y los yacimientos de Vaca Muerta, por lo que se produjeron complicaciones logísticas importantes en la región.
El sindicato exigió una auditoría urgente y explicaciones oficiales por parte de las autoridades de la CNEA. Las medidas de fuerza se mantuvieron hasta que se acreditó la totalidad de los ingresos en las cuentas de los operarios y se aclaró la ruta administrativa que siguieron los casi 4.000 millones de pesos cuestionados.

Intimación judicial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó judicialmente al Gobierno nacional para que deje sin efecto la Resolución 213/2025 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una medida que elimina funciones centrales del Programa de Metrología Legal y modifica el esquema histórico de control público sobre instrumentos de medición.
La resolución, publicada en diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, establece que el INTI dejará de prestar servicios regulados y certificaciones vinculadas a la aprobación de modelos y verificaciones metrológicas, y la transferencia de esas tareas a laboratorios y organismos privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
Desde ATE sostienen que la disposición “encubre un claro intento de privatización” de un área estratégica del organismo. Así lo expresó el secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó el alcance de la norma y su impacto.
“Resulta llamativo que sean atacadas, de manera simultánea, todas las funciones de control y fiscalización”, escribió Aguiar en su cuenta de X. Y agregó: “Esta medida no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que además atenta contra la seguridad de toda la población”.
El Programa de Metrología Legal controla el funcionamiento de surtidores de combustible, balanzas comerciales, instrumentos médicos, alcoholímetros, cinemómetros (fotomultas) y otros dispositivos que inciden directamente en la salud, el consumo y la seguridad vial.
En ese sentido, el dirigente gremial alertó sobre las consecuencias de la decisión oficial. “Parece increíble: nunca imaginamos llegar a un escenario en el que un kilo ya no sea un kilo”, sostuvo. También advirtió que la desarticulación del área “tendrá consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas”, y señaló que millones de ciudadanos podrían verse afectados por la pérdida de controles estatales en sectores sensibles.
Dentro del área de Metrología del INTI funcionan líneas clave como metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración, que hasta ahora coordinaban una red nacional de laboratorios, supervisaban protocolos y aseguraban criterios técnicos unificados.
Según datos aportados por ATE, 147 trabajadores, distribuidos en todas las provincias, dependen directa o indirectamente de estas tareas. El gremio alertó que sus puestos de trabajo quedan en riesgo a partir de la aplicación de la resolución.
¿Qué establece la resolución que desarticula el Programa de Metrología Legal del INTI?
Desde el Gobierno, la medida fue presentada como parte de un proceso de “modernización administrativa”. En los considerandos de la resolución, se argumenta que la decisión responde a la detección de demoras en la gestión de trámites y apunta a la simplificación de los procesos productivos. Según la versión oficial, con esta modificación el INTI busca reorientar sus recursos hacia la metrología científica e industrial y la innovación tecnológica.
La resolución establece un cronograma escalonado para el cese de los servicios. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las actividades finalizarán el 31 de enero de 2026. En las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, el plazo límite será el 30 de abril de 2026.
Finalmente, en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, el retiro de los servicios del INTI se hará efectivo el 30 de junio de 2026, completando el proceso de transferencia de funciones al sector privado.
La normativa aclara que las órdenes de trabajo y certificaciones en ejecución al momento de la publicación de la resolución mantendrán su vigencia hasta su finalización, aunque no se prevé la apertura de nuevos trámites bajo el esquema actual.
Además, el INTI deberá elaborar un plan de transición, que incluya la comunicación a los usuarios, la reorganización de los procedimientos y el cierre operativo de las áreas afectadas.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.