Cierre de empresas y lucha por salarios en el interior del país

Trabajadores de Moño Azul acampan para reclamar el pago de salarios

En el marco de una temporada atravesada por conflictos salariales, trabajadores y trabajadoras de Moño Azul protestan en los portones de la planta de Villa Regina. La permanencia frente a la fábrica se debe a una deuda salarial que la empresa mantiene desde que adelantó el final de temporada, el pasado 21 de marzo.
La permanencia organizada tiene como objetivo evitar que salga fruta hacia otros empaques y los camiones para exportación. La patronal viene cambiando las fechas de cuándo pagaría la deuda. Por esta razón, la permanencia será hasta que se pague lo adeudado.
De acuerdo al testimonio de los trabajadores, unos 270 trabajadores son los afectados. Entre ellos se encuentran trabajadores golondrinas del NOA y el NEA, quienes viajaron por la temporada y ahora se encuentran con imposibilidades para mantener los alquileres o retornar a sus provincias. También hay operarios locales que ven con preocupación la posibilidad de una postemporada con peores condiciones.
Según denuncian los operarios, la intención de la empresa es avanzar sobre conquistas como el ítem de productividad y otros “premios” con el fin de abaratar los salarios. Esto se viene denunciando durante la temporada, donde hubo días de paro y trabajo a desgano porque la patronal se negaba a pagar “productividad”. La extorsión patronal consiste en querer imponer el no pago de “productividad” a cambio de pagar el resto de lo adeudado.
Moño Azul habla de crisis pero es la principal exportadora de fruta fresca en la Patagonia, exportando a Estados Unidos, Europa y China. Con los empaques y el puerto, opera todo el año, es decir que tiene ganancias en dólares anuales con lo que los trabajadores golondrinas cosechan en temporada. En medio de este conflicto, se conoció que la empresa sería vendida a la multinacional Global Fresh, por lo que hay incertidumbre sobre las nuevas condiciones laborales. Esto da marco a una patronal que se ampara en los ataques de Milei y los gobernadores que garantizaron la reforma laboral para atacar conquistas y derechos de los trabajadores.

Desmotadores de algodón discuten un plan de lucha por un salario de $ 2.700.000

En estos días se realizó un nuevo congreso de trabajadores y trabajadoras del algodón. El lugar elegido fue Chaco, donde se concentra gran parte de la actividad. En la misma participaron referentes de la Federación Aceitera y Desmotadora, que representa también a sindicatos de la actividad.
El sector desmotador de algodón es el primer eslabón de la cadena de industrialización de la cadena textil. Allí se produce la separación de la fibra del algodón de la semilla y de las vainas de la planta. La mayoría de las plantas industriales están ubicadas en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe y San Luis.
Entre las principales definiciones, difundieron desde el gremio, se planteó «la necesidad de seguir construyendo la unidad y la importancia de utilizar la huelga como herramienta para lograr un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional, que se ubique en 2.700.000 pesos».
Víctor González, de Desmotadores, sostuvo que “la única manera de resolver los problemas de los trabajadores es con huelga para hacer sentir que estamos con la razón. Esa herramienta no la tenemos que abandonar nunca». Además planteó una reflexión sobre la situación de la familia trabajadora: “Tenemos que mirar un poco hacia adentro, puertas adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en mi familia? ¿Por qué mis chicos no van más al secundario? ¿Por qué mis chicos no pueden ser profesionales? ¿Por qué un trabajador no tiene derecho a tener un vehículo? ¿Por qué un trabajador no tiene derecho a ir a una fiesta? ¿Por qué un trabajador no tiene derecho a tener una vida digna? Entonces, pongamos eso sobre la mesa en cada familia de trabajadores”.
Otro de los voceros fue Daniel Yofra, dirigente de Aceiteros. “Sobran los motivos y nosotros tenemos que agarrar esa herramienta, que es la huelga, y tenemos que salir a enfrentar a este gobierno de crueles, de cretinos, de desalmados. Se jactan y se ríen de los trabajadores y trabajadoras que dejan en la calle permanentemente”. Y planteó, como viene sosteniendo el gremio, que «el salario mínimo vital y móvil, tal cual lo establece la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 14 bis de la Constitución, nos tiene que garantizar vivienda digna, alimentación adecuada, salud, educación, vestimenta, transporte, esparcimiento, previsión y vacaciones».

Los echan, no les pagan lo que corresponde y encima les ponen perimetral

El domingo 25 de enero, la empresa Emilio Alal envió telegramas donde anunció el cierre y desvinculación de sus trabajadores y trabajadoras. El argumento fue «el actual contexto económico y comercial adverso» que atraviesa el país. Con el cierre de sus plantas productivas de hilados y telas en Goya, Corrientes, y la de hilados en Villa Ángela, Chaco, quedaron 254 trabajadores en la calle.
En el caso de Corrientes, comenzaron una serie de protestas, primero en defensa de los puestos de trabajo pero además para que les paguen correctamente las indemnizaciones a quienes aceptaran la desvinculación.
Los empresarios no solo siguen dándole la espalda al reclamo de las familias, sino que consiguieron un fallo insólito. Como las familias obreras iban a protestar a los barrios de los patrones, estos consiguieron una «perimetral» para que los delegados y otras trabajadoras no puedan acercarse a esos domicilios.
O sea que el Poder Judicial no ve ningún problema en que dejen a 200 familias en la calle, no tengan para comer, pero le parece injusto que estas protesten ante los empresarios.
Así lo denunció David González, ex delegado y trabajador despedido. También contó que siguen sin cobrar sus indemnizaciones.
“Hay compañeros que trabajaron 20, 25 o 30 años en la fábrica, toda su vida manejaron una máquina, los sacás de ahí y no saben hacer otra cosa”, contó González. Además contó que “soy viudo, tengo tres hijos de 23, 15 y 7 años, soy el sostén de mi familia y estamos sobreviviendo como podemos”. Una de sus hijas iba a comenzar a estudiar Ciencias Veterinarias en Corrientes, pero el proyecto quedó trunco por el despido.
Una de las novedades más indignantes es la imposición de una restricción perimetral de 200 metros por 180 días contra 12 ex trabajadores, entre ellos los delegados. Contó el delegado que “dicen que como somos la cara visible de la protesta instigamos a la gente, pero no es así. La comunidad está enojada, porque todos tienen algún familiar que trabajaba en la hilandería y fue despedido”.
Además denuncian que lo que quieren hacer es reabrir con gente sin antigüedad y en peores condiciones.
Hay que difundir la denuncia de estos obreros y obreras textiles. El «industricidio» lo quieren descargar sobre las espaldas y los derechos de quienes hacen funcionar las empresas.

Tierra del Fuego

El otro sector que vuelve al conflicto es el metalúrgico, sobre todo en la ciudad de Río Grande donde se concentra el polo electrónico más importante del país. Tras la huelga de mayo de 2025, que logró estirar los tiempos pero mantuvo en vilo miles de puestos de trabajo, las empresas vuelven a atacar. En estos días comenzaron a vencer contratos (laborales). La UOM anunció el “inicio de un plan de lucha, cuestionó con dureza la postura de las empresas y advirtió que el escenario que se abre combina conflictividad, pérdida de empleo y una profunda incertidumbre sobre el futuro de la industria”.
Sin embargo, las medidas que iban a comenzar el lunes fueron «frenadas» por la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno a pedido del Grupo Mirgor. Oscar Martínez, dirigente del sindicato, señaló que mientras se “discute en mesas formales, en la práctica el ajuste ya empezó a ejecutarse en las líneas de producción”.
A esto hay que agregarle el caso puntual de Aires del Sur, cuya patronal desapareció tras el receso de verano. Sus trabajadores la ocupan desde entonces. La empresa no se presenta en las audiencias. Voceros del gremio señalaron que “venimos a sostener lo que planteamos como organización junto a los trabajadores: mantener la planta productiva y operativa”.
Además está el caso de Camioneros, han anunciado un estado de Alerta y Movilización. En una conferencia señalaron «los puntos clave de nuestro reclamo: Incertidumbre Salarial: el sueldo de los trabajadores es sagrado y no permitiremos que sea la variable de ajuste de ninguna gestión política”. También reclaman “Garantía de Estabilidad» y «Defensa de la Dignidad», ya que consideran que el servicio de recolección y barrido es esencial para la salud pública de nuestra ciudad».

El fabricante de las sábanas Danubio y Cannon suspendió a todo su personal por tres meses

La empresa Sueño Fueguino, fabricante de las sábanas Danubio, Cannon, Fiesta y Suplesa decidió suspender a todo su personal de la planta de Río Grande en Tierra del Fuego y afectó a 70 trabajadores por tres meses.
En octubre, la empresa despidió a 35 trabajadores, más de un tercio de su plantel en Río Grande. En ese momento, denunció que tuvo que despedir operarios porque tenía 25 camiones parados con 700 toneladas de mercadería que no podía ingresar al continente. Culpó al Gobierno nacional de vulnerar derechos adquiridos y en ese entonces, advirtió que peligraban la totalidad de los puestos si no se revertía la situación.
La historia de Sueño Fueguino en Tierra de Fuego arrancó en 1981, fue una de las primeras empresas textiles en instalarse. Es el principal productor de ropa de cama de Argentina, cuenta con una cartera de reconocidas marcas y tiene 450 puntos de venta.
Su fundador es Ohanes Bogiatzian, un empresario que decidió dar batalla para no perder los beneficios que desde hace 44 años tiene en la provincia más austral de Argentina.
La empresa cuestiona haber sido excluida del régimen promocional de la Ley 19.640, una decisión que derivó en la paralización total de la producción y en los despidos y suspensiones.”Estamos impedidos de exportar y ya no hay dónde almacenar. Es imposible sostener el empleo”, sostuvo hace unos meses, Raúl Paderne representante legal de la empresa fueguina.
En 2021, un decreto excluyó a las textiles de la prórroga de beneficios de la Ley 19.640 y aunque antes de las elecciones, se firmó el Decreto 594/23 con una prórroga acotada. “Se establecía un cupo de producción con los beneficios del régimen de promoción para vender en el continente y superado este techo, la mercadería debía entrar sin beneficios. Las empresas debían adherir y comprometerse a no litigar contra el Estado”, explicó el abogado.
Sueño Fueguino decidió no adherir a ese decreto y presentó una acción judicial. Con el cambio de gobierno nacional fue excluida del régimen promocional por estar litigando contra el Estado.
Si bien una medida cautelar inicial -otorgada por la jueza Mariel Borruto- permitió seguir con las operaciones, luego fue revocada por la Cámara de Comodoro Rivadavia, aunque aún no está firme, ya que fue apelada por la empresa.
Por haber superado el cupo de mercadería que tenía para exportar o ingresar al continente con los beneficios tiene los pasillos de la empresa abarrotados de mercadería. Desde Sueño Fueguino confirmaron que tienen 30 camiones parados repletos con mercadería.
La ministra de Trabajo y Empleo de la provincia de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, explicó: “Casi 70 trabajadores fueron suspendidos por tres meses en Sueño Fueguino. Llegaron a un acuerdo y cobrarán el 70% del bruto, más el 100% de lo no remunerativo, eso hace que cobren el 90% del sueldo neto de bolsillo, este arreglo se hizo con varios gremios, textiles y camioneros, entre otros. El acuerdo por las suspensiones es para que no tengan que despedir trabajadores y dar tiempo a que la Justicia resuelva. La empresa quedó fuera de la prórroga por no bajar el juicio contra el Gobierno nacional”.
El panorama textil en la provincia es muy complicado, al igual que en el sector de tecnología y aires acondicionados. “Teníamos 11 textiles y sólo nos quedan cuatro. La última que cerró es la textil Blanco Nieve que despidió a todo su personal, 32 trabajadores y le pagó sólo el 50% de la indemnización porque considera que la falta de ventas es fuerza mayor. Que no haya ventas no es causa de fuerza mayor, es riesgo empresarial”, sostuvo la Ministra Castiglione.
Otras textiles que cerraron en la provincia más austral son Blanco Nieve, Barpla y Textil Río Grande, entre otras. El fabricante de las sábanas Danubio, Cannon, Fiesta, entre otras, espera que la Justicia falle a su favor para poder reabrir y volver a fabricar.

Despidos masivos y un pedido de informes a Vialidad Nacional por obras frenadas en la Autovía 12

La parálisis de la obra pública nacional volvió a golpear con dureza al sector de la construcción en Corrientes. La semana pasada, la emblemática obra de la Autovía Ruta Nacional N° 12 quedó virtualmente detenida, lo que derivó en el despido de la totalidad del personal afectado al proyecto.
El senador Camau Espínola apuntó contra las demoras de Nación: «No permiten una planificación clara en Corrientes»
La falta de pago de certificados por parte de la Nación es señalada como la causa principal de una crisis que ya dejó a un centenar de familias sin sustento.
El secretario general de la UOCRA local, Juan de Dios Ávalos, advirtió que la situación es «muy complicada». Según relató el gremialista, la inactividad comenzó a evidenciarse con una reducción progresiva: «Hace una quincena hubo un 50% de despedidos y luego la empresa largó todo lo que faltaba porque ya no tiene cómo seguir subsistiendo».
La medida afecta de manera directa a entre 120 y 130 operarios, precisó el dirigente.
Ávalos detalló que la empresa contratista ya inició el retiro de equipos y el acopio de materiales en planta, tras finalizar una última alcantarilla que estaba pendiente.
Perfil intentó comunicarse con el jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, David Moulín, para obtener una explicación oficial, pero hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta al requerimiento periodístico.
Frente a este escenario, la diputada provincial Sofía Brambilla (PRO) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para exigir que Vialidad Nacional informe el estado real de avance de la denominada «Autopista Urbana de Corrientes».
La legisladora recordó que el proyecto se inició en 2018 con un plazo de ejecución original de apenas 24 meses. Sin embargo, a casi ocho años de aquel comienzo, la obra permanece inconclusa, transformándose en un peligro constante para quienes transitan por el principal acceso a la ciudad capital.
«No podemos seguir naturalizando obras eternas. Esta autopista es clave para la seguridad vial y el desarrollo económico», sostuvo Brambilla. La diputada subrayó que en febrero de 2025, el propio David Moulín había informado un avance del 56% con la promesa de finalizar en 16 meses, compromiso que hoy se encuentra «claramente incumplido».
El freno de los trabajos no solo afecta al empleo, sino que compromete la conectividad estratégica de la provincia. El tramo intervenido (km 1023 – km 1036) es el acceso obligado al Aeropuerto Internacional “Dr. Fernando Piragine Niveyro” y vincula a la capital con las rutas provinciales N° 5 y 43, vitales para localidades como San Luis del Palmar y Santa Ana.
Brambilla enfatizó que diversos sectores empresariales han manifestado su preocupación por las consecuencias negativas en la logística y la actividad económica. «Estamos hablando de una obra estratégica que lleva años de promesas incumplidas. Exigimos transparencia y que se termine de una vez», concluyó la legisladora.

Tapebicuá entró en concurso preventivo

Tras el vencimiento del esquema de suspensiones y sin una oferta salarial, la histórica empresa maderera recurrió a la Justicia para evitar la quiebra. Los operarios denuncian una «maniobra legal» y convocaron a una marcha masiva el 10 de marzo.
El polo foresto-industrial de Corrientes enfrenta uno de sus momentos más críticos. La empresa Tapebicuá, un emblema de la localidad de Gobernador Virasoro, entró formalmente en concurso preventivo de acreedores, desatando una ola de incertidumbre y bronca entre sus cientos de empleados.
Ante la falta de respuestas sobre el futuro de sus puestos de trabajo, los trabajadores anunciaron un plan de lucha que incluyó el corte total de la Ruta Nacional N.° 14.
La decisión empresarial se conoció apenas 24 horas antes de que venciera el acuerdo de suspensiones, bajo el cual el personal percibía solo una parte de sus haberes. En una asamblea cargada de tensión, los operarios denunciaron que la apertura del concurso en Buenos Aires es una «maniobra legal para proteger los bolsillos de los directivos mientras nos dejan en la calle».
El abogado de los trabajadores, Sebastián Costa, confirmó que la firma no presentó ninguna propuesta de recomposición salarial ni un nuevo cronograma de pagos. «Lo que busca la empresa es hacer acuerdos con los acreedores para evitar la quiebra, pero es un proceso que puede llevar mucho tiempo. Mientras tanto, los trabajadores no tienen garantías», explicó el letrado.
Incluso, Costa advirtió que todavía se adeudan cuotas del acuerdo de suspensión previo, lo que agrava la situación económica de las familias de Virasoro que dependen directamente de la forestadora.

La principal empresa del grupo textil TN Platex solicitó el concurso preventivo de acreedores

Hilado S.A. de la familia Karagozian busca afrontar los compromisos y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales ubicadas en Corrientes, Tucumán y La Rioja
TNPlatex es una empresa familiar fundada por Agop Karagozian, continuada por sus hijos Teddy, Aldo y Dino. Teddy Karagozian es su actual presidente y desde diciembre de 2022, su CEO es Tomi Karagozian, nieto del fundador, en su cargo de CEO.
Se especializan en la producción de hilado, telas, producto terminado y textiles Industriales, pero en los últimos meses tuvieron que reorganizar todo. En su portfolio tenían fábricas en Monte Caseros, Corrientes, La Rioja, Catamarca y Tucumán.
En los últimos meses TN Platex anunció que dejaba de fabricar ropa deportiva sin costura y ropa interior en su planta de Monte Caseros en Corrientes. Esta decisión tomada, en noviembre pasado, impactó en 20 puestos de trabajo y en ese momento se produjo reubicar a los 16 restantes en otros sectores como telares e hilanderías. Esta no fue la primera medida que se tomó en esta fábrica, el ajuste comenzó en marzo de 2025 con la pérdida de 300 puestos de trabajo.
Este proceso de adecuación productiva prometía que el resto de las actividades hilandería, tejeduría, fabrica de medias y desfibrado textil seguía en pie en Monte Caseros.
No alcanzó y hace menos de un mes decidió cerrar su planta Hilado de Los Gutiérrez de Tucumán y despedir a 190 trabajadores. Un doble impacto porque en menos de 8 meses cerró dos plantas en Tucumán, la anterior fue la planta de Las Piedritas en la que trabajaban 100 trabajadores. Sólo entre mayo de 2025 y enero de 2026, TN Platex desvinculó a 290 empleados en Tucumán.
Antes de fin de año, cerró una planta de La Rioja que confeccionaba ropa deportiva y despidió a 50 empleados fijos y no renovó 12 contratos.
Este grupo textil sufrió una crisis importante en el gobierno de Mauricio Macri que lo obligó a un fuerte ajuste.  
La Fundación Pro Tejer enumeró algunas razones que llevaron a la crisis del sector textil: «El aluvión de ropa importada, en su mayoría usada; la alta carga impositiva que hace que un 50% de una prenda sean sólo impuestos; el costo financiero, Argentina tiene una de las tasas de interés reales más altas del mundo tanto para financiar el consumo como para la producción; los altísimos alquileres de los shoppings que cuestan 4 veces más caros que en Estados Unidos; los altos costos logísticos que hacen que salga más caro enviar un camión de Catamarca a Buenos Aires que traer un contenedor de China al puerto de Buenos Aires y el tipo de cambio apreciado que abarata las importaciones y encarece la producción local».
Todo el panorama complicado hizo que muchas empresas tuvieran serios problemas. En este caso, la crisis llegó a Hilado S.A., que cuenta con las hilanderías de La Rioja y Monte Caseros; una administración corporativa en Tucumán y la fábrica de medias Ciudadela de Corrientes. Según informaron desde Hilado S.A. esto comprende 800 trabajadores.
Desde la empresa informaron: «Ante el contexto económico actual, Hilado SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales».
Sobre el contexto actual señalaron «durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025. Esta presión simultánea redujo drásticamente el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, llevando incluso a algunos operadores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción».
El sector textil ya perdió 18.000 puestos de trabajos formales, siendo que el 70% de su mano de obra es informal. Mientras ingresaron al país 3.521 toneladas de ropa importada en 2025.Tras ver todo lo que pasó en los últimos años, el ex asesor de Javier Milei, Teddy Karagozian, quien duró muy poco en el cargo por sus críticas, debe haberse arrepentido de haber aceptado.  

Trabajadores denuncian vaciamiento y advierten por el futuro de Fadea

La tensión en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) sumó un nuevo capítulo de conflicto el martes 31 de marzo. En un escenario marcado por la incertidumbre laboral y el temor por posibles despidos, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) encabezó una manifestación en el ingreso de la planta de Córdoba para exigir definiciones urgentes sobre el rumbo de la empresa estatal.
Con banderas que apuntaban directamente al ministro Carlos Presti, los manifestantes reclamaron la firma de contratos con la Fuerza Aérea que permitan reactivar la producción. Según el sindicato, existen oportunidades reales de exportación para el avión IA-63 Pampa hacia destinos como México, Canadá y Perú, pero la falta de ejecución administrativa bloquea estas operaciones.
«Hay un silencio administrativo que asusta», advirtieron desde el STA en una misiva enviada al diputado libertario Gabriel Bornoroni. El gremio sostiene que la fábrica atraviesa un proceso de «vaciamiento» que podría derivar en el uso inmobiliario de los terrenos, una sospecha que crece ante el deterioro salarial y la falta de insumos.
La situación que describen los trabajadores no es nueva, pero se agravó. Informes previos indican que la empresa arrastra una deuda superior a los 3.800 millones de pesos y compromisos impagos con proveedores internacionales por 18 millones de dólares.
Esta asfixia financiera tiene consecuencias directas en la pista:
Aeronaves Grob 120TP: se encuentran en tierra por falta de seguros y mantenimiento.
IA-63 Pampa: los aviones destinados a la formación de pilotos de combate carecen de soporte técnico.
Parálisis operativa: el directorio actual es cuestionado por la falta de resultados concretos en más de dos años de gestión.
El contraste: inversión privada en medio del caos estatal
Lo que vuelve más complejo el panorama es el contraste dentro del mismo predio. Mientras la parte estatal de Fadea se declara en «parálisis», recientemente se anunció una inversión de $250 millones por parte de la empresa Altaviación.
La firma privada busca poner en valor el Hangar Norte para ofrecer servicios de mantenimiento y venta de aeronaves civiles, proyectando a Córdoba como un polo de aviación ejecutiva.
Si bien esta alianza genera nuevos puestos de trabajo y aprovecha la infraestructura de la fábrica, los empleados estatales temen que este modelo de apertura al sector civil deje en segundo plano la función estratégica de defensa que históricamente cumplió Fadea.
Sin respuestas públicas por parte de las autoridades nacionales, el sindicato anunció que el miércoles 1º de abril trasladaron el reclamo al Ministerio de Trabajo de la Provincia. El objetivo es comprometer al gobernador Martín Llaryora en la defensa de la industria aeronáutica cordobesa y evitar que la inactividad derive en un recorte masivo de personal.

Trabajadores denuncian deuda de indemnización tras cierre de Tía Maruca

Desde febrero de 2026, 27 ex empleados de la planta de galletitas Tía Maruca en Chascomús aseguran que dejaron de recibir las cuotas de indemnización acordadas tras el cierre de la fábrica. El pago contemplaba hasta 16 cuotas por el 70% de la indemnización, pero los depósitos se interrumpieron y los trabajadores quedaron sin ingresos ni acceso al fondo de desempleo.
¿Qué pasó con la indemnización tras el cierre de la planta?
La planta elaboradora de galletitas que operaba bajo la firma Argenzum S.A. en la ciudad bonaerense de Chascomús cerró sus puertas de manera sorpresiva en septiembre de 2025. Como consecuencia directa, 27 trabajadores —incluida la jefa de planta— quedaron sin empleo de un día para otro.
Tras el cierre, se firmó un acuerdo de desvinculación entre la empresa y los empleados. El convenio establecía que los trabajadores cobrarían el 70% de la indemnización legal correspondiente, pagado en cuotas.
El esquema acordado incluía:
Hasta 16 cuotas mensuales, dependiendo de la antigüedad laboral
Primeros pagos iniciados en octubre de 2025
Compromiso de continuidad hasta completar el monto pactado
Los depósitos se realizaron con normalidad durante octubre, noviembre, diciembre y enero. Sin embargo, desde febrero de 2026 las cuotas dejaron de pagarse, según denunciaron los ex empleados.
El punto clave es que la deuda fue asumida posteriormente por la empresa Pipas, aunque hasta el momento no hubo comunicaciones oficiales ni un cronograma que garantice la continuidad de los pagos.
La interrupción de las cuotas generó una situación especialmente delicada para los trabajadores porque no fueron despedidos formalmente.
Esto provocó un efecto inmediato: no pudieron acceder al fondo de desempleo que otorga el sistema laboral argentino.
En la práctica, la situación actual de los ex empleados es la siguiente:
27 trabajadores afectados directamente
Indemnización acordada: 70% del monto legal
Pagos realizados: octubre 2025 a enero 2026
Cuotas pendientes desde febrero 2026
Sin acceso al fondo de desempleo
Sin fecha confirmada de reanudación de pagos
El dato más importante para los afectados es que la falta de despido formal los dejó fuera de los mecanismos habituales de protección laboral, lo que complica aún más su situación económica mientras buscan un nuevo empleo.
La ausencia de telegramas de despido o notificaciones formales impidió que los trabajadores iniciaran el trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para cobrar el seguro por desempleo.
Ese beneficio suele otorgarse cuando la relación laboral se termina mediante:
despido sin causa
finalización de contrato
cierre formal de la empresa
En este caso, la desvinculación se resolvió mediante un acuerdo privado, lo que dejó a los trabajadores en una zona gris desde el punto de vista administrativo.
El punto clave es que sin ese documento legal, el sistema de seguridad social no habilita el pago del seguro, incluso si la empresa cerró.
Para muchos de los afectados, la indemnización en cuotas era el único ingreso disponible mientras buscaban reinsertarse laboralmente.
Mientras la planta de Chascomús dejó de operar, la producción de las galletitas Tía Maruca continuó en otra provincia.
A comienzos de 2026, esa compañía cambió de propietarios y pasó a manos del empresario bonaerense Juan Carlos Crovella, lo que generó una reestructuración en la conducción de la empresa.
El dato más importante es que el cierre de Chascomús no implicó el fin de la marca, sino una reorganización productiva en otra planta.
Ante la falta de pagos desde febrero, los trabajadores analizan avanzar con acciones legales para reclamar el cumplimiento del acuerdo firmado.
Entre las alternativas que evalúan figuran:
reclamo judicial por incumplimiento del convenio
mediación laboral para exigir el pago de cuotas pendientes
pedido de regularización de la situación laboral
Lo que cambia desde ahora es que sin una solución rápida, la deuda podría escalar a un conflicto judicial, lo que prolongaría aún más los tiempos de cobro para los trabajadores.
Mientras tanto, los ex empleados siguen reclamando una respuesta concreta sobre cuándo se retomarán los pagos de la indemnización acordada.

Cerró una histórica fábrica de Córdoba

Tras más de medio siglo de actividad ininterrumpida, la fábrica de retenes SCAR bajó definitivamente sus persianas en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. El cierre dejó un edificio vacío y alteró la dinámica cotidiana de una zona que durante décadas creció al ritmo de la producción industrial.
La planta, que supo ser un punto de referencia para el sector metalmecánico local, cesó sus operaciones y hoy muestra portones cerrados y ausencia total de movimiento.
Durante años, el establecimiento fue parte central de la vida económica y social del barrio. Operarios en distintos turnos, proveedores, transportistas y comerciantes formaban parte de la escena habitual.
Donde antes ingresaban y salían camiones con mercadería hacia distintos puntos del país, ahora solo queda una estructura de cemento en silencio. Comercios cercanos y familias vinculadas a la actividad perciben el vacío que dejó la fábrica en la zona, de acuerdo al medio citado.
En su etapa de mayor actividad, SCAR se consolidó como un referente cordobés en la fabricación y distribución de retenes. Su red comercial trascendía las fronteras provinciales y abastecía a distintos sectores productivos.
El cierre implica la pérdida de una unidad productiva con más de 50 años de trayectoria, en un sector que atraviesa un escenario complejo marcado por la caída del consumo, el incremento de costos operativos y las dificultades para sostener los niveles de producción.

Cierra otra fábrica en Catamarca

La planta de calzados Dabra, en la localidad de Catamarca Valle Viejo, dejó a 23 trabajadores sin empleo y desató un corte de ruta ante la negativa de la empresa a pagar el total de las indemnizaciones, en una semana marcada por cierres y conflictos industriales en la provincia.
La crisis industrial golpea con fuerza a Catamarca. A principios de marzo, se registraron cierres y conflictos fabriles en la provincia. Esta vez fue la planta de calzados Dabra S.A., perteneciente al grupo Dexter, la que bajó la persiana en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, y dejó a 23 trabajadores en la calle.
Los empleados llegaron a las seis de la mañana, como cada jornada, pero se encontraron con la fábrica cerrada y la noticia de que estaban despedidos. Según denunciaron, la empresa pretende abonar solo el 50% de las indemnizaciones correspondientes.
“Somos 23 personas, 23 padres y sus familias”, relató Ariel, uno de los trabajadores afectados. Otro operario, Eugenio, expresó su preocupación por la dificultad de reinsertarse en el mercado laboral: “Voy a cumplir 47 años, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Tengo un compañero de 62 años”.
Tras el anuncio, los trabajadores realizaron un corte sobre la avenida Félix Avellaneda, frente a la planta, en señal de protesta. Exigen el pago del 100% de las indemnizaciones y la intervención del ministro de Producción, Leonardo Zeballos, y del gobernador Raúl Jalil.
“Hay gente con más de 20 años trabajando acá. Queremos que nos indemnicen como corresponde”, señalaron. Además, advirtieron que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener respuestas oficiales.
La situación resulta particularmente sensible en una provincia que tuvo un rol clave en el debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
El caso de Dabra no es aislado. En el Parque Industrial El Pantanillo también se registraron cierres y conflictos en los últimos días de febrero.
La empresa NEBA, dedicada a la fabricación de electrodomésticos como heladeras y freezers, anunció su cierre definitivo, lo que dejará sin empleo a 56 trabajadores. “Estamos abarrotados de gente que está quedando en el camino, esta política nos está destruyendo”, afirmó un operario con 26 años de antigüedad.
A esto se suma la crisis de VVC Textil, cuyos empleados realizaron un paro y protestas por el pago de salarios adeudados. La firma podría despedir a unos 30 trabajadores. “El dueño dice que no tiene plata para ponerse en regla y el Gobierno dice que no puede ayudarnos si la empresa tiene deudas. Nosotros quedamos en el medio: ni nos pagan, ni nos despiden”, lamentó Hernán Campero, uno de los afectados.
En pocos días, más de un centenar de familias catamarqueñas quedaron sin sustento o en una situación de incertidumbre laboral. El encadenamiento de cierres y conflictos en el sector industrial provincial profundiza la preocupación social y plantea interrogantes sobre el futuro productivo de la región.

Cerró la fábrica de bolsas Panpack y despidió 75 trabajadores

La empresa Panpack que fabrica bolsas para el agro y sogas cerró sus puertas. Ubicada en la localidad de Los Nogales, cerca de Tafí Viejo en Tucumán, despidió a 25 trabajadores en el mes de mayo pasado y aún no les pagó la indemnización y a principios de marzo decidió cerrar la fábrica y envió 75 telegramas más de despidos. Cien personas se quedaron sin trabajo en menos de 10 meses.
Los despedidos de mayo pasado tenían entre 5 y 35 años de antigüedad y para no pagarles las indemnizaciones, la mayoría fueron despedidos con causa. Los restantes 75 despedidos los mandaron a cobrar en el concurso.
El texto del telegrama explicó las razones del cierre “la decisión obedece a la profunda y sostenida caída de ventas que obligó a la empresa a presentarse en Concurso Preventivo. A su vez, la situación económica de la empresa se agravó posteriormente hasta determinar la absoluta inexistencia de pedidos que permitan reanudar la producción”.
Del texto continuó “se adoptaron previamente medidas menos gravosas – incluyendo la reducción de un sector productivo, adelanto de vacaciones y suspensión temporaria de actividades- que no lograron revertir la situación. La falta objetiva y definitiva de trabajo, ajena a la voluntad de esta parte y de carácter estructural en nuestra economía debido a la apertura de las importaciones, torna imposible la continuidad laboral por lo que se comunica la extinción de su contrato de trabajo con motivo del cierre del establecimiento, con efectos a partir de la presente. Seguir operando en estas condiciones sólo produciría mayores pérdidas que luego eventualmente impedirían afrontar el pasivo”.
El cierre del telegrama de despido señaló “los créditos que pudieran derivarse de la presente extinción deberán canalizarse y verificarse en el proceso concursal referido, conforme lo establece la Ley de Concursos y Quiebras, quedando sometidos al juez natural del proceso universal”. El telegrama fue fechado el mismo día que se aprobó la Reforma Laboral.
La empresa les dio a los 75 trabajadores un mes y medio de vacaciones. Tanto los sueldos y vacaciones los pagaron en cuotas, de hecho no terminaron de pagarles todo. El jueves mientras los trabajadores estaban trabajando les cortaron la luz. Les avisaron que el viernes no vayan a trabajar. El fin de semana, les dijeron que no se presentaran el lunes que la fábrica cerraba.
Como no habían llegado los telegramas, que salieron tras la aprobación de la Reforma Laboral, los empleados se presentaron el lunes a las 6 y no los dejaron entrar. Tuvieron que ir hasta la comisaría a hacer la denuncia.
Ariel Núñez es uno de los trabajadores despedidos en mayo: “No nos quisieron pagar la indemnización, para no pagarnos a todos nos despidieron con causa. Estamos en juicio. La empresa parece que está en venta, dicen que la comprará el principal cliente que tenía Panpack. Pero no sabemos nada”.
La historia de Ariel conmueve, desde chico heredó el cariño por esta fábrica de su padre. Hace 22 años que trabajaba en Panpack, enterarse del despido fue un golpe fuerte, porque tenía un sueño. “Mi papá trabajó en la empresa durante 43 años, se jubiló en Panpack. Muchos trabajadores somos hijos de operarios. La empresa cerró en el 2001 por la crisis y cuando reabrió en 2002 permitió el ingreso de los hijos de los trabajadores, algo que antes estaba prohibido. Lo hicieron como un acto de buena voluntad, como una garantía de que la empresa ya no iba a cerrar. Pensé que me iba a jubilar acá”, contó.
Juan Galván es otro despedido de mayo pasado, hace más de 9 meses que no cobra su indemnización. Trabajó 36 años en la fábrica y un día fue, como siempre, y no lo dejaron entrar. No sabe que hacer, la desesperación por cobrar lo que le corresponde lo angustia mucho. Mientras tanto, espera en su casa con techo de chapas.

La historia de Panpack

Hace 50 años que funciona la planta de Panpack (ex Panamericana de Plásticos), según su web es líder en la producción de tejidos, sogas, bolsas, hilos y cintas de rafia de polipropileno. Con mano de obra altamente especializada y utilización de materia prima virgen, supo tener tecnología de vanguardia. Su plantel superó los 300 trabajadores en varios turnos.
Catalina Lonac, vicepresidenta del ingenio Los Balcanes confirmó: “Panpack nos comunicó que cierra, no puede competir con las importaciones. Quedan algunas pocas fábricas de bolsas en la Argentina que van a correr el mismo derrotero que Panpack porque no están pudiendo competir con la importación. Intuyo que será mucho más barato comprar bolsas importadas, sino no estarían quebrando las fábricas. Nosotros en este momento no estamos comprando bolsas porque terminó la zafra, nosotros empezamos a comprar bolsas en el mes de marzo. Si Panpack que era una fábrica muy fuerte y sólida cierra es porque son más baratas las bolsas importadas”.
El avance indiscriminado de las importaciones deja otra víctima en una pequeña localidad tucumana y un tendal de 100 trabajadores despedidos.

Fuentes: La Izquierda Diario, BAE Negocios, Perfil, InfoGremiales.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.