A tres meses de la invasión ilegal de EE.UU.
Liberar a los prisioneros de guerra presidente Maduro y diputada Cilia Flores
Comunidad indígena de la Puna impidió el ingreso de una minera
En Santa Ana de la Puna, comunidades originarias lograron frenar el ingreso de empresas mineras que habrían intentado avanzar con tareas de cateo y monitoreo en sus territorios. La decisión se concretó a partir de la organización colectiva y comunitaria, la firme defensa del territorio se basó en la unidad de pueblos frente a un contexto de creciente presión extractiva sobre la región.
Integrantes de comunidades, contaron cómo empresas mineras siguen con sus intentos de avanzar sobre territorios indígenas y quisieron ingresar a sus tierras: “Nos llamó mucho la atención de que a pesar de la cautelar, de que no pueden avanzar las mineras, igual vemos que siguen llegando a nuestros territorios”, y también la estrategia que ellos arman de dividir o llamar por superficiarios”.
Ejerciendo su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas reafirmaron su autoridad sobre las tierras que habitan ancestralmente. La acción no solo representa un límite concreto al avance de proyectos mineros, sino también una expresión clara de soberanía territorial frente a intereses externos que buscan intervenir sin consentimiento.
Además de la defensa de sus territorios, el agua es otro de los recursos por el cual las comunidades siguen en estado de alerta: “Nosotros buscamos defender el derecho al agua, que es un derecho colectivo, y que al mismo tiempo nosotros manifestamos que es un derecho cultural también”, aseguraron.
Hoy, Santa Ana de la Puna se mantiene en pie de lucha y alerta al resto de pueblos y comunidades ante las maniobras que violan sus derechos.
Voces indígenas en defensa de la Ley de Glaciares
Hoy se podría decir que tenemos una sensación muy ambigua, porque por un lado estamos furiosas por el empecinamiento gubernamental de querer reformar la Ley de Glaciares, pero por otro lado estamos satisfechas por el hecho de que hubo tanta, pero tanta gente preocupada y con muchos deseos de expresar su rechazo en las audiencias, una presencial y otra virtual, por la reforma de esta ley.
En todo el país fueron más de 100.000 personas y organizaciones que quisieron hacer oír su voz, pero que quienes pudieron hablar fueron un porcentaje ínfimo por lo que esta consulta sería prácticamente nula.
Y entre las pocas personas que pudieron participar, representantes de organizaciones ambientales, sociales, políticas, estuvieron también de los Pueblos Originarios.
Fueron varios los hermanos y hermanas, entre elles, el hermano mapuche Hugo Aranea, la hermana también mapuche Moira Millán, el hermano qom Daniel Naporichi, la hermana diaguita Lourdes Albornoz y el hermano kolla conocido como Kuntur Chaski.
Injusta orden de desalojo
Días pasados llevaron a cabo una conferencia de prensa, las Lof Melo y Kinxikew en su territorio de Villa La Angostura, Neuquén, en donde dieron a conocer la situación por la que están pasando, por la cual se atenta contra su identidad y forma de vida.
Los lonkos Lucas Melo y Amancay Quintriqueo explicaron en esa ocasión cuáles son los motivos por los cuales consideran que son objeto de amenazas y presiones por parte de la justicia provincial. Ellos denuncian una mafia inmobiliaria y el uso de normas de la dictadura militar para despojarlos de sus tierras.
Y culpan al Juez Francisco Astoul Bonorino quien desconoce su preexistencia territorial, a pesar de los años en que estas comunidades viven ancestralmente en la zona. Además denuncian que el juez tiene inmovilizada su causa desde el año pasado y no deja que su abogado pueda acceder a la misma.
Cabe señalar que su territorio está siendo reclamado principalmente por la familia Broers, como los privados que requieren la titularidad de las tierras en la zona de El Pedregoso.
Pero a pesar de que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), reconoció oficialmente a la Lof Kinxikew en 2023, y que ambas comunidades reclaman posesión ancestral, la justicia provincial a través del juez Bonorino avanza con la orden de desalojo.
Es de destacar que las dos comunidades se encuentran en estado de “alerta permanente” y resisten la medida por injusta. Esta situación se agrega a otras tantas que vienen sufriendo los hermanos y hermanas mapuches, que tiene que ver por un lado por los intereses y avances, tanto de desarrollos inmobiliarios como extractivistas. Todo esto se intensifica también por la falta de una necesaria titularidad comunitaria.
Continúan los desalojos en Mendoza contra el pueblo mapuche
La familia Costa Arena, fue desalojada el sábado y se denuncia complicidad con el poder judicial y político, quienes fallan a favor de los empresarios sin respetar derechos territoriales del pueblo mapuche. Denuncian que el INAI no entrega las carpetas de relevamiento territorial, por las cuales se evitarían los desalojos.
La Organización Malalweche mediante un comunicado expresó que Hilda Arenas, con sus más de 70 años, se encontraba sola el día sábado, cuando ocurrió el desalojo. Y fue el momento en que aprovechó el empresario Luis Abrego, en complicidad con el sistema judicial para ejecutar el desalojo. “Años y años de lucha por permanecer en los territorios donde nacieron y vivieron, la familia Acosta Arena que acudió a toda la normativa vigente, a las leyes de Arraigo de Puesteros, al derecho indígena, cumplió con todo lo necesario, pero los jueces de Mendoza que responden directamente al poder político y a sus financiadores empresariales con sed de ganancias provocan retrocesos sobre derechos fundamentales”, expresó la organización.
El año pasado en la misma región en el Puesto la India Muerta, desalojaron a una mujer anciana, integrante del pueblo mapuche. El despojo territorial se debe “a estrategias que se vienen aplicando desde el sector empresarial con el gobernador Cornejo, que vienen expropiando territorios a pobladores mapuches y lo ponen a disposición del negocio inmobiliario y minero”, manifestaron en el comunicado.
Gabriel Yofré , werken de la Organización Identidad Territorial Malalweche expresó que en el día del desalojo “sólo estaba la abuela, la mamá de los de los miembros que estaban ahí, la mayoría de la familia ya se ha ido yendo de la zona por todas estas persecuciones, y quedaba con un hijo, que el hijo había, a partir de una campaña solidaria le pudieron conseguir fondos para operarse de la vista. Él tiene también una discapacidad, y bueno, se había ido a operar a la ciudad más cercana y se enteró de esto cuando estaba en el en pleno postoperatorio. A todo esto, las personas que fueron a desalojar es la familia Abrego, una familia que son empresarios”.
El pueblo mapuche de esa región ha tenido inconvenientes y situación de vulneración de sus derechos territoriales con el empresario Luis Abrego que es titular de la empresa La Zarita Sociedad Anónima y reclama ese territorio como propio. Sin embargo, el pueblo mapuche habita esa región, como pueblo preexistente al estado argentino.
La comunidad había logrado una sentencia a favor con el juez de primera instancia, pero a nivel provincial la Corte Suprema de Justicia de Mendoza falló a favor del empresario. “En Mendoza no hay independencia judicial, o sea, estos jueces responden directamente al poder político, y Luis Abrego es un empresario vinculado al peronismo local, al peronismo que hoy día es libertario”.
También Yofre destaca que hay un silencio de los legisladores y funcionarios provinciales, que no se han expresado ante estos violentos desalojos, que ni se acercaron a hablar con las familias mapuches damnificadas.
Gabrile Yofré también manifestó que no hay respuestas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en cuanto a entregas de carpetas de relevamiento territorial de los pueblos indígenas. El INAI está a cargo de Claudio Avruj quien “no representa para nada los intereses de los pueblos indígenas y ha abierto ese organismo nacional que debería estar defendiendo y debería estar completando, en este caso, el relevamiento. Nosotros hemos hecho parte de la difusión y tenemos una carpeta técnica que ya está a la firma desde hace cinco años y que no se ha completado, que quedó pendiente del gobierno anterior y que obviamente este gobierno no tiene ninguna intención de firmar”.
Los pueblos originarios no pueden vivir en tranquilidad en sus territorios, porque les llegan órdenes de desalojo como está pasando en la provincia de Mendoza. “La verdad que esto es lo que demuestra realmente qué interés hay detrás de estos desalojos, este tipo de desalojo, que lo venimos viviendo desde hace un tiempo. En diciembre del año pasado fue el caso del Loft de Andén Florido, donde fue también despojada de una parte de su territorio y han desalojado a una familia también”.
Yofré agregó que hay un proyecto minero denominado “Don Luis” en Malargue , donde hay familias que fueron desalojadas porque se está habilitando la exploración de litio en esa zona. “En este caso, el proyecto se llama Don Luis, y quien fue desalojado es Luis Martínez, ya que su papá se llamaba Luis, que su abuelo se llamaba Luis, que son de esa zona, con presencia de más de cien años, como es el caso de esta de esta abuela y de otros pobladores. Los originarios de los territorios que estamos siendo asediados” remarcó.
También mencionó que el pueblo mapuche en Mendoza al no tener los títulos comunitarios, ni las carpetas de relevamiento territorial, tuvieron fallos judiciales en contra y varias familias desalojadas, pero seguirán resistiendo en defensa de sus derechos. “Aquí estamos, somos varias comunidades, muchas familias que estamos en situación de alerta, vamos a seguir haciendo lo posible para resistir en los territorios. Esta gente ataca así, a traición, como decimos esta vez desalojaron a una abuela sola en el medio del territorio, un lugar súper inhóspito, y allí llegaron a sacarle todas sus pertenencias y a dejarla realmente en esa situación. Cuando sacan a una abuela, un abuelo del territorio, la verdad que provocan un daño inmenso al patrimonio, a la cultura, a la relación con la naturaleza que hay en estos territorios”.
Una buena noticia
Entre la cantidad de malas noticias que tienen que soportar los pueblos originarios por estos tiempos, hoy podemos decir que hay una buena. Es la aprobación en la Legislatura de Salta de la llamada “Ley Octorina”.
Este nombre está relacionado con Octorina Zamora, importante referente indígena wichí, que luchó incansablemente por la defensa de los derechos indígenas, pero también en contra de los abusos sexuales, violaciones y crímenes de odio contra las niñas, adolescentes y mujeres adultas wichí que venían sufriendo.
El Proyecto de ley, que fue presentado por el senador Walter Cruz, fue objeto de mucha lucha por parte de las mujeres indígenas, que en las últimas semanas llevaron adelante una importante campaña de apoyo a la misma.
Tujuayliya Gea Zamora, hija de Octorina, integrante de la organización de base indígena “Na´Nechepa” (Nos levantamos), donde participan dice, “mujeres y hombres jóvenes indígenas, y algunas personas no indígenas que nos acompañan y es un nombre que Octorina nos dejó antes de irse”.
Por esta violencia contra las mujeres originarias, que en Salta se la nombre con una naturalidad aberrante, como “chineo”, es contra eso que se trabajó en esta ley, que si bien ha sufrido muchas modificaciones y “no termina de cubrir las necesidades de estas mujeres”, es útil y es el principio de un cambio y también de una nueva etapa de lucha.
La ley plantea entre sus puntos centrales la capacitación obligatoria en perspectiva de género e interculturalidad para los integrantes de los tres poderes del Estado; reconocer y nombrar prácticas de violencia sistemática, de modo de visibilizarlas y generar conciencia, la creación de protocolos que aseguren el acceso a intérpretes y asistencia especializada en los procesos judiciales, entre otras cosas.
Tujuay explica que hubo un momento en que sintieron que tenían que estar presentes, entonces se acercaron a quienes habían presentado el proyecto de ley y exigieron participación, información, explicación sobre cómo era el proceso para tratar la ley y fue entonces que tomaron la campaña en sus manos.
La ley plantea además de la concientización, la sistematización para la generación de estadísticas, lo que llevaría a la creación de políticas públicas en base a información que no existe actualmente.
Absolución de Soledad Cayunao
La absolución de Soledad Cayunao en el juicio por presunta usurpación en tierras del paraje Alto Río Chubut configuró un caso que expuso tensiones estructurales en torno al territorio, los recursos naturales y la presencia de intereses extranjeros en zonas de frontera. Tras conocerse el veredicto, la mujer mapuche brindó una extensa entrevista en el noticiero “Redacción Sur” de FM Gente de Radio de Bariloche, donde reivindicó su inocencia y profundizó en el trasfondo del conflicto.
El fallo dictado por el juez Marcelo Álvarez Melinger concluyó que no se logró acreditar el delito de usurpación ni la responsabilidad penal de la imputada, en línea con el principio de presunción de inocencia y el beneficio de la duda. En ese contexto, Cayunao expresó su primera reacción pública tras la decisión judicial.
“Estoy contenta, pero sé que esto es una parte nomás, una pequeña parte de la lucha”, sostuvo. Y agregó: “Que un juez haya dictado mi inocencia es importante, pero esto es el día a día del camino que me toca vivir como mujer Mapuche”.
La causa se originó a partir de una denuncia impulsada por el empresario Hugo Barabucci, quien afirmó haber sido despojado parcialmente de un sector de su propiedad luego de la instalación de un campamento precario en febrero de 2023. Sin embargo, durante el juicio no se pudo probar ni el desapoderamiento ni la permanencia sostenida en el lugar.
“Yo no soy usurpadora, no soy delincuente. Lo único que hago es practicar mi cosmovisión, mi ser Mapuche”, afirmó Cayunao en la entrevista radial. “Estamos lejos de ser delincuentes o usurpadores”.
El expediente también cobró relevancia por los dichos del propio denunciante, quien reconoció haber adquirido las tierras —unas 14.000 hectáreas— con una “donación” de dos millones de dólares proveniente de Emiratos Árabes Unidos. Ese dato fue introducido en el debate judicial y generó cuestionamientos sobre la legalidad de la operación en una zona de seguridad de frontera.
Sobre ese punto, Cayunao remarcó: “Yo estoy diciendo lo que él mismo dijo en el juicio, que recibió una donación de los Emiratos Árabes para comprar esas tierras”. Y añadió: “Ahí cada uno saca sus conclusiones”.
El conflicto territorial, según su relato, tiene raíces históricas que exceden el caso judicial. “Esto viene de hace mucho tiempo. La mal llamada ‘Conquista del Desierto’ sacó a mi gente de las mejores tierras”, explicó.
En ese sentido, vinculó el interés actual sobre la zona con la disponibilidad de recursos naturales estratégicos: “Hoy vienen por las altas cumbres donde están las fuentes de agua, porque sabemos que queda muy poca agua potable en el mundo”.
Durante el juicio también se incorporaron testimonios que dieron cuenta de prácticas tradicionales (trashumancia) como la veranada y la instalación de campamentos temporarios para el resguardo del ganado, lo que fue considerado por la defensa para descartar la existencia de un acto delictivo.
“Uno sale a buscar los animales, hace un puesto para guarecerse. Eso es parte de nuestra vida”, explicó Cayunao. “No es un delito, es nuestra forma de vivir”.
El juez, en su resolución, sostuvo que “la instalación de ese ‘campamento improvisado’ no aparece que hubiera generado el ‘despojo’ que la figura pretende”, y agregó que “existen dudas sobre los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal”.
Además, el fallo remarcó que “no se puede acreditar la autoría y responsabilidad de Soledad Cayunao”, por lo que correspondía dictar un veredicto de no culpabilidad en función del principio “in dubio pro reo”.
Para la mujer Mapuche, el proceso judicial también permitió visibilizar lo que define como un “despojo silencioso” en la región. “Te van cerrando caminos, escuelas, te obligan a irte. Es una forma de vaciar el territorio”, denunció.
En relación al impacto ambiental, advirtió sobre la transformación del ecosistema: “Han hecho lagunas artificiales, trajeron ciervos, hay sobrepastoreo. Se destruyen los mallines y eso afecta a todos”.
“Estamos hablando de 14.000 hectáreas donde nacen las fuentes de agua del río Chubut. No vinieron por cualquier tierra”, enfatizó.
La causa también puso en discusión el valor estratégico del agua en la región cordillerana. “El agua la usamos todos, no es un recurso para unos pocos”, afirmó.
Consultada sobre la continuidad del conflicto, Cayunao fue categórica: “Esto no termina acá. El avance sigue, los alambres siguen, las denuncias siguen”.
“Imagínense vivir al lado de estas personas, con ese poder económico. Es muy difícil”, agregó.
En su testimonio también denunció situaciones de hostigamiento: “Me paran constantemente, me piden documentos, me siguen. Es una forma de presión permanente”.
“Es un camino difícil, pero es un trabajo de vida. Es el trabajo Mapuche, el kuzaw, y lo voy a seguir haciendo”, aseguró.
Sobre la posibilidad de haber accedido a una salida alternativa al juicio, explicó: “Me ofrecieron un juicio a prueba, pero no lo acepté. Yo no soy culpable y no iba a firmar algo que me hiciera parecerlo”.
“Preferí pasar todo esto porque sé que soy inocente”, afirmó.
Finalmente, destacó el acompañamiento social recibido durante el proceso: “No convoqué a nadie, pero igual la gente estuvo. Eso demuestra que esta lucha no es solo mía”.
“Esto no es una causa de Soledad Cayunao. Es una causa de todos, porque estamos defendiendo algo que usamos todos”, concluyó.
A 147 años de la “Campaña del Desierto”
Este 16 de abril se cumplieron 147 años del inicio de la llamada “Campaña del Desierto”, ocurrida el 16 de abril de 1879 bajo el mando del entonces ministro de Guerra, Julio Argentino Roca. Desde organizaciones de pueblos originarios, de organismos de Derechos Humanos y equipos académicos se recuerda la fecha no como una gesta civilizadora, sino como una campaña militar genocida contra los pueblos originarios.
La publicación Argentina: Huellas de un genocidio silenciado (2018), elaborada por Diana Lenton, Walter Del Río, Pilar Pérez, Alexis Papazián, Mariano Nagy y Marcelo Musante —miembros de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena— sostiene: “En Argentina hubo un genocidio sobre los pueblos originarios y un no-relato del mismo por más de un siglo”. Los investigadores afirman que “el conjunto de dichas acciones, paradójicamente, ha sido nombrado por la historia hegemónica como ‘campañas al desierto’, minimizando –si no negando– con ello la misma existencia de pueblos originarios”.
El informe documenta centros de concentración de prisioneros, deportaciones masivas y utilización de la población originaria como “fuerza de trabajo esclava”. Recupera testimonios desgarradores: “Decían como los ataban, cuando los arreaban, dice que arreaban las personas […] las que iban así embarazadas cuando iban teniendo familia le iban a cortar el cogote del chico”.
Dos sitios concentran la cadena de infamia: el Museo de La Plata y la Isla Martín García. En el museo hay “más de 10.000 restos humanos de pueblos originarios en el subterráneo, en su mayoría de personas mapuche”. La isla, cerca de Uruguay, fue centro de esclavitud, fusilamientos y enfermedades; “se estima que a lo menos debe haber unos 10.000 cuerpos humanos en fosas comunes debajo de la pista de aterrizaje de la isla”. Desde 2006, los cuerpos ya no pueden exhibirse en vitrinas, y reclamos comunitarios lograron la restitución de restos de líderes emblemáticos.
Masacre del Zapallar
El hecho tuvo lugar a principios de septiembre de 1933, cuando unas trescientas personas de la comunidad moqoit partieron desde la Reducción Napalpi, justamente, encabezadas por el cacique Luis Durán, en una búsqueda desesperada de trabajo y alimentos. A la columna se sumaron luego pequeños contingentes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña, que recorrieron cerca de cien kilómetros hasta llegar a El Zapallar —hoy General San Martín—, donde establecieron un campamento.
El 7 de septiembre, los hermanos moqoit intentaron ingresar al pueblo en forma pacífica, pero efectivos de la policía del Territorio Nacional, reforzados con personal llegado desde Resistencia y algunos civiles, abrieron fuego sobre la multitud bajo el argumento de que defendían a la población de un malón.
Así como hubo un juicio por la masacre de Napalpí, donde se determinó que fue un crimen de lesa humanidad y se responsabilizó al Estado, los descendientes de quienes fueron asesinados en El Zapallar, están buscando también justicia.
Por todo esto es que a pedido de la Fiscalía, se reunieron en varias oportunidades distintas comunidades, en donde participaron alrededor de sesenta referentes, caciques, docentes y pastores, quienes tomaron conocimiento del estado de la causa y relevaron a nietos y bisnietos que preservan el relato oral de los sobrevivientes.
La participación de soldados indígenas en la Guerra de Malvinas
Por Alfredo Seguel
Sin registro oficial, emergen investigaciones independientes y testimonios que confirman la participación de al menos un centenar de soldados Qom, Wichí, Mapuche y Guaraní en Malvinas. El Estado argentino nunca produjo un padrón étnico, perpetuando una deuda histórica de invisibilización que abarca desde la guerra hasta la actualidad. En muchos relatos se asegura que no sabían que iban a una guerra y que, además, sufrieron torturas y posteriormente fueron discriminados.
La narrativa homogénea del “héroe de Malvinas” oculta una fractura histórica. Cada 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Pero, según una investigación de Misiones Plural (3 de abril de 2026), no existe hasta el presente un registro oficial que permita saber cuántos soldados pertenecientes a pueblos originarios combatieron en 1982.
El sistema de conscripción de aquel año no incorporaba variables de pertenencia étnica, una omisión que el Estado nunca corrigió. Esta ausencia de datos no es un mero detalle administrativo, sino una forma de construcción estatal que, al integrar bajo una identidad común, omitió sistemáticamente las diferencias para existir en el plano público.
Las estimaciones disponibles, surgidas de investigaciones académicas y comunitarias, oscilan entre varios cientos y más de un millar de soldados indígenas desplegados en el conflicto.
La Fundación Napalpí y el historiador qom Juan Chico lograron documentar al menos medio centenar de casos en la provincia de Chaco. Sin embargo, en la provincia de Misiones, la opacidad es total. Misiones Plural señala que no existe un registro documentado que identifique nombres o comunidades de pertenencia de los soldados Mbya Guaraní.
El investigador del Conicet Pedro Munaretto (politólogo especializado en Malvinas y pueblos originarios) confirma el diagnóstico: no hay estadísticas públicas y el campo de estudio sigue abierto, agravado por el territorio transfronterizo de los Guaraníes entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Simón Antieco y el grito Mapuche que el tiempo no borra
Mientras el Estado no reconoce cifras, la sangre de los caídos habla. Simón Antieco, un joven mapuche de 19 años oriundo de Costa del Lepá (Chubut), murió el 8 de mayo de 1982 en Bahía Zorro.
Según la reconstrucción de la Biblioteca Popular que lleva su nombre y el artículo de Anita Aliberti para Perycia (vía Viento del Sur, 2 de abril de 2026), su carta a su hermana Dilia es un documento desgarrador: “Hago empeño de escribirle a todos porque no saben lo que es subir y lo que es estar acá”.
Antieco, según publicación original de NODAL, escrita por Anita Aliberti para Perycia, fue ascendido a cabo post mortem, pero su prima Juana Antieco sentencia: “La historia colonial, genocida, racista, siempre nos oculta… es una de las tantas deudas que el Estado tiene con nosotros”.
Un patrón de exclusión y memoria
La invisibilización no comenzó en 1982. El artículo de Misiones Plural recupera la figura de Pablo Areguatí, un militar de origen guaraní que, tras el ataque del USS Lexington en 1831, emergió como autoridad de hecho en las islas antes de la ocupación británica. Hoy, el olvido se traslada al presente.
Martín Raninqueo (veterano mapuche del CECIM La Plata) explica a Perycia que la visibilidad es reciente: “Fue algo visceral… lo sentí como un llamado de la mapu, un llamado de la tierra que estaba en peligro”.
Sin embargo, la falta de un padrón oficial impide políticas de reparación. Mientras en Chaco una ley provincial instituyó el “Día del Veterano y Caídos Indígenas”, en el resto del país, incluida Misiones, los veteranos originarios siguen siendo los “excluidos de antes y de ahora”, una problemática que trasciende lo local para convertirse en una causa transfronteriza de derechos humanos.
La guerra y la participación de jóvenes mapuche
El Podcast desde Neuquén, Puelmapu, Azkintun,señala: “ Se estima que, aproximadamente, 100 combatientes que pelearon en la Guerra de Malvinas provenían de los pueblos Qom, Wichi, Mocoví y Mapuche, entre otros. En muchos relatos aseguraron que no sabían que iban a una guerra y que, además, sufrieron torturas y posteriormente fueron discriminados en las asistencias tras el conflicto bélico”.
Ver su publicación de Azkintun en Instagram:
Según una publicación del 2019 por Edgardo Esteban para el portal Extremo Sur Patagonia, logra identificar al menos 45 veteranos mapuches que integraron el Ejército Argentino durante la Guerra de Malvinas, incluyendo a los soldados Hugo Ancaten, Omar Catrihual, el sargento Ramón Catrilaf, César Cayupán, Hugo Caucamán, Eduardo Chauqueo, Manuel Chauque, Darío Colipán, Ernesto Curapil, Carlos Curiqueo, Manuel Huanqui, Ricardo Huarte, Ángel Huenchul, Rosalino Huenuqueo, Nelson Huircapán, Ernesto Huiriqueo, José Lincomán, el cabo 1° Humberto Llantén, Martín Manquepán, Luis Manquian, Argentino Meliqueo, José Melica, Evaristo Millalipe, Hector Millamán, Antonio Millán, José Millaqueo, Pelegrino Nahuelcheo, Ceferino Nahuelquir, Aristóbulo Nahuelquir, Alfredo Nahuelquir, Bernardino Neihual, Victoriano Paillalaf, Vicente Painepil, Florentino Panellao, el suboficial 1° Abel Pillancar, Andrés Pilquimán, Miguel Pilquimán, Luis Pichulef, Luis Quilian, Gumerciendo Quilileo, Joaquín Quilitripay, Feliciano Quintuqueo, Martín Raninqueo, Miguel Yefilaf y Juan Yacante.
El mismo registro consigna a los soldados mapuches caídos en combate Simón Antieco, Oscar Millapí, Isaías Quilahueque, Patricio Guanca y José Curima, además de los fallecidos post-conflicto Agustín Caniullán y Juan Loncopan.
Fuentes: FM La Voz del Cerro / Radio Pueblo / Agencia Farco, Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ, argentina.indymedia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.