Nueva marcha federal universitaria

La Ley de Financiamiento Universitario fue votada y ratificada por el Congreso Nacional y actualmente se encuentra en medio de presentaciones judiciales cruzadas, pero lo concreto es que la norma ya debería estar implementándose y el gobierno de Javier Milei no lo hace.
La Ley establece una actualización por inflación del presupuesto de las universidades, de los salarios de docentes y no docentes, y de las becas estudiantiles. Desde que asumió la gestión de La Libertad Avanza, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la docencia universitaria alcanza el 33,6%. Según la norma, estos haberes deberían aumentar un 50,6% para recomponer el salario y saldar la diferencia acumulada respecto de la inflación: de diciembre de 2023 a marzo de 2026, la inflación subió un 293%, mientras que en el mismo período los salarios aumentaron solo un 160%.
La Marcha Federal Universitaria por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional de este martes será la cuarta y se espera que sea tan multitudinaria como las anteriores realizadas en abril y octubre de 2024, y en septiembre de 2025.

Los sindicatos docentes anunciaron un nuevo paro nacional que afectará a los alumnos de todos los niveles

Esta movilización nacional busca “defender la universidad pública, la ciencia” y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso, se convocó a la 4° Marcha Federal Universitaria para la próxima semana con una duración de 24 horas.
Además de la comunicación oficial de los sindicatos de Educación universitaria, también se informó que el martes 12 de mayo habrá un paro docente “para movilizar a Plaza de Mayo por la Educación, la Universidad y la Ciencia argentina”.
De esta manera, no solo habrá una jornada sin clases en las distintas universidades del país, sino que las escuelas que dependan de instituciones de nivel superior también se podrían ver afectadas.
En este marco, el gremio docente exige la “urgente” aplicación de la Ley de Financiamiento 27.795, paritarias libres y la recuperación de los salarios, es decir, del poder adquisitivo que quedó golpeado por la inflación acumulada.
El paro docente tendrá lugar el 12 de mayo e impactará en todo el país.
Los gremios que se suman a la comunidad universitaria nacional y convoca a la sociedad en reclamo por la Educación, Universidad Pública y la Ciencia son los siguientes:
CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios).
CONADU Histórica (Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica).
FEDUN (Federación de Docentes de las Universidades).
FAGDUT (Federación Argentina de Gremios Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional).
FATUN (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales – no docentes).
CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).
UDA (Unión Docentes Argentinos).

¿En qué provincias tendrá lugar el paro nacional docente?

Los sindicatos ya confirmaron cuáles serán los principales focos de la marcha que marcará los ejes centrales de la concentración:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Será el epicentro de la marcha. La movilización principal está convocada hacia la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.
Buenos Aires: Gran movilización desde el Conurbano bonaerense hacia la Capital Federal. Localidades con universidades nacionales como Luján, San Martín, Avellaneda, Lanús, La Plata y Chivilcoy tendrán una participación activa, tanto con columnas hacia CABA como con actos locales.
Córdoba: Se espera una de las marchas más multitudinarias del interior. El epicentro será la ciudad de Córdoba Capital, con réplicas en ciudades universitarias como Río Cuarto y Villa María.
Santa Fe: Movilizaciones confirmadas en la capital provincial y en Rosario, donde la comunidad de la UNR suele concentrarse en el Monumento a la Bandera.
Entre Ríos: La tensión ha crecido en las últimas semanas. Habrá dos focos principales: Paraná (concentración en Plaza de Mayo a las 17:00) y Concepción del Uruguay (en Plaza Francisco Ramírez a las 18:30).
Otras provincias con movilizaciones confirmadas
Debido a que el reclamo es por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, todas las universidades nacionales del país adhieren a través del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).
San Juan: La marcha está ratificada para el 12 de mayo en la capital sanjuanina.
Mendoza: Movilización en la ciudad de Mendoza, liderada por la UNCuyo.
Tucumán: Concentración masiva en San Miguel de Tucumán.
Región Patagonia y NOA: Se prevén actos en las capitales de Salta, Jujuy, Neuquén y Río Negro, replicando la modalidad de las marchas federales anteriores.

Los afectados por el paro

Estudiantes universitarios: se verá afectado el dictado de clases del primer cuatrimestre y la toma de exámenes finales.
Escuelas Preuniversitarias: colegios dependientes de las universidades (como el Monserrat o el Manuel Belgrano en Córdoba) también se ven afectados, ya que sus docentes están nucleados en estos gremios.
Ingresantes: las actividades de bienvenida y cursos de ingreso se verán suspendidas o reemplazadas por acciones de visibilización.
La medida dejaría sin clases a estudiantes de todos los niveles.
Un mes marcado por los conflictos docentes
Los alumnos universitarios volvieron a tener clases el lunes 4 de mayo tras una semana entera de paro docente y no docente. La actividad se sostendrá hasta el próximo lunes 11 de mayo y el 12 se volverá a interrumpir.
La movilización se suma a otras anteriores, ya que durante los últimos días de abril, hubo jornadas intermitentes sin clases. Además, se espera que este quinto mes del año, tengan lugar más días de actividad sindical.
Con esta medida de fuerza, los gremios buscan una mesa de diálogo antes de fin de mes para negociar los tres ejes de reclamo mencionados.

Los hospitales de la UBA denuncian que podrían dejar de funcionar en 45 días
Por Laura Vales

Los hospitales universitarios, que dan tratamiento médico a 700.000 pacientes por año, están en peligro de dejar de atender porque el gobierno nacional no les ha mandado un peso del presupuesto operativo que les corresponde. Así lo denunciaron los responsables de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires en una conferencia de prensa convocada el martes 5 en el Clínicas. “Si no nos depositan los fondos, en un mes y medio nuestros hospitales van a dejar de funcionar”, advirtió Marcelo Melo, su director.
De hecho, la situación ya es muy crítica: ese hospital está trabajando al 50 %. “Tuvimos que reducir la cantidad de cirugías y de tratamientos médicos”, denunció Melo. Y agregó que, además de dejar sin atención a los pacientes, se está perjudicando la formación de los nuevos médicos y técnicos -ya que se trata de hospitales escuela- “con lo que se complicará el futuro de la atención de todo el país”.
Los fondos para que funcionen los hospitales universitarios están aprobados en el Presupuesto 2026, que les destinó una partida anual de 80.000 millones de pesos. Sin embargo, según denunciaron en la conferencia de prensa, la gestión de Javier Milei no ha transferido el dinero correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril, lo que representa una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Son recursos necesarios para adquirir insumos, hacer el mantenimiento y pagar los servicios básicos esenciales.
Los directores de los hospitales dieron a conocer su crítica situación a días de que se realice una nueva marcha federal universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo.

La respuesta del gobierno

Tras la conferencia de prensa, el Ministerio de Capital Humano salió a responderle a los directores y aseguró que se trata de acusaciones “falsas”. La cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que ya mandó los fondos ordinarios y que esta se trata de una partida adicional que aún no fue distribuida (es decir, admitió que los 80.000 millones aún no fueron enviados a los hospitales). Sin embargo, le achacó a los hospitales de la UBA pretender quedarse con la mayoría de estos fondos, que deben ser repartidos con todos los hospitales universitarios del país.
“El ministerio aún debe contemplar su distribución eficiente entre todas las casas de estudios que cuentan con hospitales”, planteó Capital Humano en un comunicado de prensa en el que sostuvo que la UBA le pidió para sus hospitales 75 de los 80.000 millones de pesos aprobados. Es decir que aunque el gobierno aceptó que está incumpliendo, le echó tierra a la Universidad de Buenos Aires, inculpándola de ser injusta con el resto de las universidades.
No es novedad que el gobierno libertario haya contestado la denuncia de los directores de los hospitales universitarios en este tono. La estrategia de la gestión de Milei en el conflicto con las universidades ha sido la de instalar una campaña sucia. El propio presidente, frente a los pedidos y marchas masivas en defensa de la universidad pública, los ha calificado como intentos de la “vieja política” de defender “curros” y “cajas negras”. Ha afirmado que quienes se resisten a ser auditados son “chorros” y que la política utiliza las universidades como fuente de financiamiento para fines “oscuros”.

Un sistema sanitario en crisis

Días atrás, un delegado de la Comisión interna del Roffo ya había denunciado que el hospital “está rechazando a pacientes con cáncer”. Roxana del Aguila, directora del Roffo, contó que el instituto que forma a la mayoría de los oncólogos hoy tiene roto su acelerador lineal y no puede hacer las refacciones edilicias que necesita.
A su vez, Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, habló sobre los retrasos en los pagos a los proveedores. “Los insumos en medicina están dolarizados; si cuando alguien va a la farmacia se queda estupefacta, imagínense los gastos en medicamentos de un hospital”.
“En el Clínicas no podemos internar, no podemos ir liberando las cirugías. Achicamos mucho el funcionamiento: achicamos los gastos de seguridad, los de limpieza, los medicamentos, los honorarios de los anestesistas. Por los bajos salarios, que perdieron un 50 % de su capacidad adquisitiva, es altísima la pérdida de profesionales que forman a los nuevos médicos”, añadió Melo.
Para dar una idea de los ingresos, el director señaló que entre el 70 y el 80 % de los trabajadores del Clínicas cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza. Un médico con dedicación exclusiva -lo que le impide tomar un segundo empleo- gana un millón y medio de pesos; un enfermero, un millón cien mil pesos, mientras que los administrativos sólo llegan al millón. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitó aproximadamente $2.300.000 en marzo para mantenerse dentro de la clase media.
Los directores indicaron que “la decisión del Gobierno Nacional pone en riesgo la prestación de servicios no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales”.
La Red UBA, donde se atienden 700.000 personas por año, cuenta con seis hospitales: Hospital de Clínicas “José de San Martín”; Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”; Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”; Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; Hospital Odontológico Universitario y Hospital Escuela de Veterinaria.

Intimación a rectores de universidades nacionales por los paros

El ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, intimó a los rectores de las universidades nacionales para que informen qué medidas adoptaron frente a los paros docentes y no docentes que afectan el normal dictado de clases en distintas casas de estudio del país.
Desde la cartera nacional señalaron que existe una “extrema preocupación” (sic) por la suspensión total de la actividad académica que, en algunos casos, se extiende durante semanas enteras, y exigieron la presentación de un plan de contingencia que garantice el derecho a la educación de los estudiantes.
El pedido incluye que las universidades detallen cómo asegurarán el acceso a clases para quienes no adhieran a las medidas de fuerza, además de modalidades alternativas como herramientas virtuales, reprogramación de clases y recuperación de contenidos para evitar que los alumnos pierdan la regularidad o las mesas de examen.
Según el comunicado oficial, el sostenimiento presupuestario por parte del Estado nacional exige como condición la operatividad del sistema universitario y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender.
Sin embargo, la intimación se da en medio de un fuerte conflicto con las universidades públicas, cuyos rectores, docentes, no docentes y estudiantes denuncian que el Gobierno aún no cumple con la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No docente.
La norma fue sancionada por el Congreso en octubre de 2025, luego ratificada con mayoría especial tras el veto presidencial y confirmada en dos oportunidades por la Justicia. Pese a eso, desde el sistema universitario aseguran que su aplicación sigue sin concretarse.
El Consejo Superior Universitario aprobó en su último plenario una resolución en la que exhortó al Poder Ejecutivo a cumplir de manera inmediata con la ley y advirtió que la demora en su implementación afecta el principio de legalidad y el equilibrio entre poderes del Estado.
Además, recordó que existe una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, confirmada luego por la Cámara de Apelaciones, que ordena al Estado Nacional cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley vinculados al financiamiento universitario.
Desde el ámbito académico sostienen que el incumplimiento impacta directamente en el funcionamiento de las universidades públicas, en los salarios docentes y no docentes y en el derecho de estudiantes a acceder a una educación superior de calidad.
En ese contexto, gremios docentes y trabajadores universitarios habían anunciado un paro nacional de actividades entre el 27 de abril y el 2 de mayo, además de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 12 de mayo.
Los convocantes explicaron que la medida responde no solo al reclamo salarial, sino también a la defensa del sistema universitario público frente a la falta de financiamiento y la ausencia de convocatoria a paritarias.
“Paramos porque no se puede seguir como si nada pasara”, expresaron desde los sectores organizadores, que también recordaron la masiva movilización del 23 de abril de 2024 como antecedente de la defensa de la universidad pública.
Para el 12 de mayo se espera una nueva jornada de protesta en distintas ciudades del país bajo la consigna de defender el acceso a la educación superior, la investigación científica y el sostenimiento de las universidades nacionales.

Respuesta docente

En el inicio de una nueva semana de paro nacional universitario, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cartera que conduce Sandra Pettovello intimó a “los rectores de las Universidades Nacionales a que informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”. Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), su secretaria general Laura Carboni, respondieron: “No tienen cara; el gobierno lleva 189 días de incumplimiento de una ley votada en cinco oportunidades en el Congreso y ratificada dos veces en la justicia”.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento Universitario establece una actualización por inflación del presupuesto de las universidades, de los salarios de docentes y no docentes, y de las becas estudiantiles. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la docencia universitaria alcanza el 33,6% desde que asumió Javier Milei.
Según la ley, los haberes deberían aumentar un 50,6% para recomponer el salario y saldar la diferencia acumulada respecto de la inflación: de diciembre de 2023 a marzo de 2026, la inflación subió un 293%, mientras que en el mismo período los salarios aumentaron solo un 160%.
“El gobierno identifica como victimarios a los docentes, quienes sufrimos sus políticas con estos salarios de miseria (…). El gobierno es responsable del deterioro universitario. Solo el año pasado renunciaron más de 10.000 docentes por esta asfixia salarial; la sangría sigue y la universidad se hunde”, afirmó Carboni.
Desde AGD UBA detallan que un ayudante de primera con dedicación simple de la UBA (el cargo más extendido en las universidades) y con menos de diez años de antigüedad, percibió el 1° de abril 211.665 pesos netos. “Esta cifra es exactamente la misma que hace un año, debido a que la garantía salarial (el piso mínimo que cobra la docencia) no se ha actualizado”, agregan.
“El gobierno de Milei fabula una extrema preocupación por asegurar un derecho que ataca desde que asumió. Finge abogar por el derecho de los estudiantes mientras mantiene congeladas sus becas en 35.000 pesos y desfinancia las universidades públicas”, concluyó Carboni
Mientras se desarrolla esta nueva semana de paro en las universidades, que se extenderá hasta el 2 de mayo, la comunidad universitaria prepara una masiva marcha federal para el martes 12 de mayo a Plaza de Mayo y a las principales plazas públicas de todo el país.

Se suspende la ley y define la Corte

A menos de una semana de una nueva Marcha Federal Universitaria masiva en todo el país en reclamo de que el Gobierno nacional aplique la ley de Financiamiento Universitario, la Cámara de Apelaciones concedió el jueves 7 un recurso a la Casa Rosada con el que frena su aplicación hasta que se expida la Corte Suprema.
Con las firmas de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, el tribunal resolvió a favor de lo planteado por el Ejecutivo Nacional. “Conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada, con el alcance establecido precedentemente”, se indicó.
Las 56 universidades que dependen de Nación presentaron una cautelar para que el Gobierno de Milei aplique la ley vigente y gire $2,5 billones para poder solventar sus gastos. Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano argumentaron que su puesta en vigor “compromete el equilibrio de las cuentas públicas” y pidieron un recurso extraordinario para suspenderlo.
“Corresponde pronunciarse en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa”, agregó en el nuevo fallo de la causa, en la que se deberá aguardar la definición del máximo tribunal.
Al trascender el fallo, la cartera que dirige Sandra Pettovello celebró la decisión judicial en redes sociales. “Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, informó Capital Humano al respecto del fallo.
La ministra recordó que a través del Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775 quedando suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento. “El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado”, planteó la cartera.

Artículo de opinión de Antonela Romiti, docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, sobre las huelgas universitarias en Brasil y sus vínculos con el conflicto en Argentina

En los últimos meses, Brasil se ha convertido en uno de los principales escenarios de conflictividad educativa en América Latina, incluyendo a dos de sus más importantes universidades públicas. El paro del personal técnico-administrativo y de la docencia incluye a más de 50 universidades e institutos federales de todo Brasil. El paro y la movilización, que comenzaron en febrero de 2026, afecta a instituciones de todas las regiones, con una mayor concentración en el sudeste. Argentina, con más de dos años de conflicto universitario sostenido, comparte con Brasil rasgos estructurales de conflicto que permiten hacer una comparación interesante.
En la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), trabajadores docentes y no docentes sostienen un paro de casi un mes. El reclamo es el incumplimiento de una recomposición salarial adeudada desde 2022: solo se abonó una de las tres cuotas prometidas. La protesta se agrava por la renuncia del gobernador, imputado por abuso de poder y vínculos con el narcotráfico. El 1º de mayo, los trabajadores de la UERJ marcharon en Copacabana junto a otros sectores, articulando la lucha universitaria con la del conjunto de la clase trabajadora.
En São Paulo, la huelga en la Universidad de São Paulo (USP) —la mayor y más importante de América Latina— comenzó el 15 de abril, luego de que el Consejo Universitario aprobara una bonificación de 4.500 reales exclusiva para lxs profesores de tiempo completo, excluyendo al personal técnico, administrativo y docentes subcontratadxs, y recortando políticas de permanencia estudiantil. Trabajadores y estudiantes de 105 cursos paralizaron actividades en rechazo a una administración que amplía privilegios para unos pocos mientras precariza al resto. Asimismo, se taparon ingresos y escaleras de la universidad con sillas y mesas para impedir el ingreso de docentes y administrativxs carnerxs. Este ciclo de protestas se extiende por Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre y Sergipe, con varias huelgas reprimidas o declaradas ilegales, lo que revela tanto la profundidad del malestar como el endurecimiento de las respuestas estatales.
En nuestro país, más de dos años de conflicto sostenido han erosionado el poder adquisitivo y las condiciones de trabajo, en medio de una insuficiencia presupuestaria crónica. Pero el desgaste no es solo presupuestario y salarial: existe una tensión no resuelta entre la conducción de las federaciones y las bases docentes, un desfasaje entre lo institucional y lo que se vive en aulas y oficinas. El riesgo concreto es que, si la lucha cede ahora, muchxs docentes van a renunciar —no por falta de vocación, sino por ausencia de perspectiva de crecimiento, salario y lucha. La deserción silenciosa puede desmantelar las instituciones más eficazmente que cualquier decreto de ajuste. Sin embargo, las movilizaciones recientes muestran que la energía social no se ha agotado: una marcha de antorchas de cuatro cuadras de la Universidad Nacional de Rosario y más de 10.000 personas que marcharon en La Plata evidencian que la universidad sigue siendo un espacio de lucha posible.
Leer lo que sucede en Argentina y Brasil como algo más que la suma de conflictos nacionales aislados puede ser muy productivo. En ambos países, la diferenciación salarial interna, la falta de presupuesto y la privatización son componentes centrales de un mismo modelo. El horizonte de las universidades argentinas sin lucha es el vaciamiento, el desguace y la privatización. La clave de la resistencia no es la cantidad de las acciones, sino su estrategia e inteligencia política: articular trabajadores y estudiantes, evitar el desgaste y construir para el largo plazo. El plan de lucha de lxs trabajadores universitarixs argentinxs no puede quedar subordinado a los cálculos electorales del 2027: hacerlo sería ceder, por omisión, el terreno que el ajuste no ha podido terminar de ganar por decreto. La universidad pública que se defiende hoy es la única que existirá mañana.

Una renuncia cada dos días

Desde las redes de Exactas, Guillermo Durán, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, expresó: “438 docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas renunciaron entre diciembre de 2023 y abril de 2026”. Nicolás Igolnikov, matemático y consejero directivo, contó lo que está viviendo desde hace dos años en la Facultad donde investiga, da clases y estudia: “las situaciones de las Universidades están sujetas a avatares que siguen la marcha del país, yo he vivido situaciones complicadas. En 2018 tomamos medidas de fuerza, pero no hubo un momento semejante a este en toda mi trayectoria.” Valeria Levy, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, desde las redes también, aporta más datos: “Estamos perdiendo un docente cada dos días. Y esto sólo en Exactas. Desde la asunción de Javier Milei, este deterioro alcanza a todas las Universidades del país.”
Igolnicov enmarca la coyuntura: “Los salarios están por debajo de los que se cobraban por los mismos cargos antes del 2002. El éxodo de docentes que atravesamos no lo habíamos vivido nunca. En Exactas estamos de paro desde hace 8 semanas, llevando la Universidad a la calle como comunidad de Exactas, con escasa o nula cobertura mediática. Hemos realizado medidas de todo tipo: clases abiertas en plazas, en las calles. Pero nada de esto recibe cobertura. Y lo que es muy grave, es que en esta Facultad la gente que se pierde no se vuelve a recuperar. No vuelven.”
“El salario docente debería aumentar un 52 %, y el salario de los investigadores, un 65% -sostienen el Decano y la Vicedecana- para igualar el poder adquisitivo de diciembre de 2023. Son 438 jóvenes altamente capacitados que nuestro país pierde. Si esto continúa, el éxodo seguirá en aumento.”
Igolnicov describe de un modo más contextual la situación: “La carrera académica requiere tener experiencias fuera del ámbito de producción de todos los días. El problema no es irse, sino ser expulsado: que el sistema no te permita reforzar ni mejorar tu formación. No se trata de cerrarse en la producción nacional, pero sí de responder al pacto que cada estudiante formado en la Universidad Pública tiene para con toda la sociedad. Alejandro Álvarez, el subsecretario, con mucho desconocimiento discutió un número que señalaba que 10.000 docentes se fueron del sistema universitario público. Cómo no va a dar una cifra semejante si sólo de Exactas se fueron 438. Además, cuando analizás la nómina actual no se observan estos números; no dice que los docentes que se van fueron formados en el sistema público, que conocen el sistema en el que trabajan. No muestran el despilfarro de recursos especializados que significa pasar de lo público a lo privado, o directamente dejar el país en busca de mejores opciones laborales. Todo esto tiene un costo importante para el entramado del sistema Universitario Nacional, y manifiesta una clara ineficiencia en el manejo de los recursos del Estado. Cada docente que se va es la pérdida de años de construcción de un tipo de trabajo. Ese daño es consecuencia de una política ineficiente, desde el punto de vista de la ciencia, de la técnica, y desde el punto de vista educativo y universitario.”
El Decano y la Vicedecana además aportaron, en un video publicado en @exactas_uba, que: “perder docentes e investigadores tiene un impacto muy negativo en todas las carreras que hoy siguen siendo reconocidas a nivel internacional. Y también lo tiene en la producción científica y tecnológica del país. El golpe no es solo a la Universidad Pública, es a toda la sociedad: a su presente y a su futuro. Pero esta situación se puede revertir si el Gobierno Nacional cumple con la ley de financiamiento universitario que vetó dos veces, para que vuelva a funcionar tal y como lo establece la Constitución Nacional.”
Antes de cerrar, Nicolás Igolnicov, hizo hincapié en dos cuestiones centrales: “Este es un gobierno que no discute con honestidad intelectual. No contrasta datos. Y la política de destrucción es acompañada de un discurso que la legítima frente al resto de la sociedad. Y ese daño es altamente nocivo.”

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página 12, El Destape, La Izquierda Diario, Anred

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.