Un día antes de la Marcha Federal el Gobierno de Milei anunció un recorte millonario en Universidades, Ciencia y Técnica. También en la CONEA, quita fondos a los Parques Nacionales y busca reducir los beneficiarios del Régimen de Zonas Frías. Nuevo aumento en el transporte público.
En respuesta, en todo el país, un millón y medio de manifestantes se movilizaron en defensa de la educación pública y las Universidades exigieron que se cumpla con la Ley y denunciaron «un desprecio institucional sin precedentes».
En la cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada bajo la actual gestión de gobierno, estudiantes, docentes, personal no docente y ciudadanos de a pie exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. «203 días sin aplicar la Ley», fue el documento consensuado y leído como cierre del acto.
El ajuste presupuestario fue publicado en el Boletín Oficial este lunes, un día antes de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, e incluye un recorte millonario en universidades nacionales, Conae, CNEA, Conicet, entre otros.
En un acto de provocación absoluta, Adorni, el mismo que gastó 245.000 dólares para refaccionar su casa de fin de semana, puso su firma en una Decisión Administrativa publicada este lunes en el Boletín Oficial anunciando un ajuste presupuestario millonario que afecta a una docena de universidades nacionales y a diversas áreas de Ciencia y Técnica.
De acuerdo a los anexos publicados los recortes dispuestos por el gobierno afectan de manera directa a las Universidades nacionales y a los organismos de Ciencia y Tecnología.
El ajuste en el ámbito universitario se manifiesta principalmente en la eliminación de partidas destinadas a infraestructura y gastos de capital (obras y equipamiento). Bajo el programa de Fortalecimiento de la Infraestructura del Conocimiento, el recorte total asciende a $5.303 millones repartidos entre diversas universidades.
La más castigada será la Universidad Nacional de La Plata con un recorte de $1.043.000.000, seguida por la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda con 700 millones cada una de recortes. Luego le siguen: Universidad Nacional de Río Cuarto -$680.500.000, Universidad Nacional de Entre Ríos -$540.000.000, Universidad Nacional del Litoral -$500.000.000, Universidad Nacional del Nordeste -$330.000.000, Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As. -$300.000.000, Universidad Nacional José Clemente Paz -$300.000.000, y la Universidad Nacional de Rafaela -$190.000.000.
En el ámbito de Educación y Universidades, también habrá recortes en:
– CONEAU: La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufre un recorte de $32.140.000, afectando principalmente servicios técnicos y profesionales.
– Secretaría de Educación: El programa de «Infraestructura y Equipamiento» registra una reducción de $21.686 millones.
– CONAE / Universidades: La Comisión Nacional de Actividades Espaciales recorta $50.000.000 en transferencias para financiar gastos corrientes de la Universidad Nacional de Córdoba.
También en Ciencia y Técnica
En el Área de Ciencia y Técnica también anunciaron recortes millonarios.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros) y sus organismos descentralizados sufren reducciones que superan los $19.532 millones en el total de su sub-jurisdicción,
– CONICET: El recorte impacta fuertemente en la formación de recursos humanos, específicamente en el rubro de becas de investigación por más de $2.000 millones
– CONAE: Se ven afectados los proyectos de construcción de los satélites SAOCOM 2 A/B (-166millones) y el diseño de satélites ∗∗SARE∗∗ (−900 millones)
– Adquisiciones bibliográficas: El programa de Formulación de Políticas en Ciencia y Técnica elimina una partida de $4.200 millones destinada a la compra de libros, revistas y elementos coleccionables.
Enfrentarlo en las calles
La
provocación del Gobierno es brutal. Un ajuste firmado por el propio
Adorni un día antes de la marcha para que Milei cumpla con la Ley de
Financiamiento Universitario que ya lleva 200 días y fue confirmada al
menos 6 veces tanto por vía parlamentaria como judicial.
Ya no hay
más lugar para seguir negociando, como pretenden las autoridades
universitarias, o esperando fallos y votaciones favorables, que ya las
hubo y no fueron acatadas por el Gobierno. No solo eso, ahora anuncian
un nuevo recorte brutal.
El Gobierno abre una mesa de diálogo por los fondos de los hospitales
En
un sorpresivo cambio de estrategia a pocas horas de la cuarta Marcha
Universitaria, la gestión libertaria anunció que convocará a los
rectores para debatir el reparto millonario destinado a los hospitales
universitarios. Mientras la Casa Rosada busca desactivar parte de la
tensión abriendo esta vital mesa de negociación, el Ministerio de
Capital Humano redobló la presión sobre las cajas de las facultades:
adelantó la creación de un portal de auditorías públicas y declaró que
la exigencia salarial de los gremios es legalmente inaplicable.
La
decisión de sentarse a negociar marca un punto de inflexión en la
postura oficial frente al inminente choque en las calles. El
subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó
que armarán una comisión específica para definir el destino de las
partidas de refuerzo que financian a los centros de salud académicos. El
objetivo de este llamado al diálogo, explicó el funcionario, es acordar
nuevos criterios estrictamente objetivos y terminar de una vez por
todas con el «lobby político».
El nudo de esta disputa radica en
cómo se distribuía el dinero hasta el momento. Según detalló el
Gobierno, el Estado gira de forma automática los fondos de
funcionamiento fijados en la planilla presupuestaria, pero
históricamente existía un cierto dinero extra que se entregaba de
maneras que el Ejecutivo cuestiona. Señalan que la Universidad de Buenos
Aires (UBA) acaparaba casi el 70 % de esos recursos, algo que el
oficialismo prometió desarmar junto al resto de los rectores del país.
Para
evitar que la sorpresiva convocatoria se interprete como una rendición
ante la masiva movilización opositora, la Casa Rosada aclaró los tiempos
de la medida. Álvarez reveló que el grupo de trabajo iba a conformarse
semanas atrás, pero el estallido del conflicto demoró los planes para
que no pareciera una concesión bajo presión. «Lo vamos a hacer
inmediatamente después de la marcha, no es porque ellos hicieran algo»,
aclaró el subsecretario para marcar la cancha.
Más allá de esta
ventana de negociación, la ministra Sandra Pettovello mantuvo la firmeza
sobre la «transparencia institucional». La titular de Capital Humano
anticipó el lanzamiento de una plataforma web para que cualquier
ciudadano consulte en qué gasta cada universidad la partida que recibe.
Con esta herramienta, el Ejecutivo busca romper el monopolio informativo
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), al que acusan de no
depurar los datos y ocultar el costo real del sistema.
Álvarez
sentenció que la legislación sobre el financiamiento universitario
aprobada por el Congreso es «abstracta» y quedó implícitamente derogada
por el Presupuesto 2026. Además, remarcó que la norma impulsaba un
aumento de sueldos del 50 % sin especificar de dónde saldrían los
fondos, violando la Ley de Administración Financiera.
El Gobierno recorta $ 20.000 millones en la Comisión de Energía Atómica
En
el Boletín Oficial del lunes 11, con la firma de Javier Milei y Manuel
Adorni se detallan una serie de ajustes sobre CyT con un especial
ensañamiento sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que
asciende a casi $20.000 millones. La medida no solo implica un ahogo
financiero, sino el desmantelamiento directo de programas que
posicionaban a la Argentina a la vanguardia de la ciencia nuclear y la
medicina de alta complejidad.
Semanas atrás, más de 100 jefes de
sector de la CNEA elevaron una carta pública advirtiendo sobre la
parálisis operativa del organismo. La respuesta del Secretario de
Asuntos Nucleares, Ramos Nápoli, fue por la plataforma X, ex-twitter.
Tras calificar a la institución como un «aguantadero de la política»,
Nápoli anticipó en sus redes sociales que «se venían cositas». Esas
«cositas» resultaron ser el cierre de proyectos vitales y el abandono de
infraestructura clave.
El ajuste impacta en áreas sensibles que van
desde la producción de insumos contra el cáncer hasta la remediación
ambiental. Entre los programas cerrados o desfinanciados destacan:
Soberanía
Tecnológica: Se dio de baja el programa de Desarrollo y Fabricación de
Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación
Isotópica (LASIE), una tecnología de punta para el enriquecimiento de
uranio.
Salud Pública: Se frena la adecuación de la planta de
producción de radiofármacos y la construcción de la Planta de Producción
de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza. Esto pone en
jaque el suministro de insumos críticos para el diagnóstico y
tratamiento de enfermedades oncológicas.
Infraestructura y
Ciencia: El cese del Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de
Procesos por Radiación y la parálisis en las instalaciones del Área
Gestión Ezeiza.
Pasivos Ambientales: Quizás uno de los puntos más
graves es la suspensión de la Remediación de Pasivos en el Complejo
Minero Fabril San Rafael (Mendoza), dejando una deuda ambiental abierta
en la provincia.
Desde las asambleas de trabajadores de Ciencia y
Técnica advierten que este vaciamiento busca preparar el terreno para la
privatización o la irrelevancia de la energía nuclear argentina.
Mientras el Gobierno celebra el «superávit» financiero, la realidad en
los laboratorios es la falta de insumos básicos y la fuga de cerebros
forzada por salarios de miseria y falta de presupuesto para investigar.
Lxs
trabajadorxs se organizaron para participar este martes junto a las
universidades públicas exigiendo el cumplimiento de la Ley de
Financiamiento universitario. Sin universidad pública no hay desarrollo
nuclear. Hay que continuar las asambleas en los centros atómicos junto
con el CONICET, INTI y universidades para continuar la movilización de
todos los sectores afectados por el ajuste de Milei y el FMI.
Mientras,
las centrales sindicales siguen de vacaciones. Tienen que romper la
pasividad y llamar a un plan de lucha contra el ajuste infinito de Milei
que viene dejando cientos de miles de trabajadores en la calle,
millones de familias endeudadas y sin llegar a fin de mes.
Quitan fondos a Parques Nacionales
La
Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete,
Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó un
ajuste de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración
de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN).
A
partir de las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el
ajuste afecta recursos destinados al funcionamiento, combustible,
patrullajes, mantenimiento y preservación ambiental de 46 parques
nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el
país.
Entre las áreas más afectadas figuran el Parque Nacional Nahuel
Huapi, con una quita de $190.822.240; el Parque Nacional Lanín, con un
recorte de $156.945.103; y el Parque Nacional Los Glaciares, que pierde
$77.422.510. También se destacan las reducciones en Los Alerces
($70.291.525), Iguazú ($41.715.920) y Tierra del Fuego ($37.511.166).
En
la Patagonia, además de Nahuel Huapi y Lanín, fueron alcanzados los
parques Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Patagonia, Monte León,
Perito Moreno, Islote Lobos y las áreas marinas costeras Patagonia
Austral, Makenke e Isla Pingüino, entre otras.
En el norte argentino,
los recortes alcanzan a Iguazú, Calilegua, Baritú, El Rey, Los
Cardones, Río Pilcomayo, El Impenetrable, Copo y Aconquija, mientras que
en el centro del país se incluyen reducciones para Quebrada del
Condorito, Ansenuza, Traslasierra, Talampaya y Sierra de las Quijadas.
La
provincia de Buenos Aires también registra ajustes en los parques
Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, mientras que en el Litoral se
ven afectadas áreas como Iberá, Mburucuyá, El Palmar, Pre-Delta e Islas
de Santa Fe.
El reordenamiento presupuestario también impacta en
partidas vinculadas a infraestructura ecoturística y obras de prevención
y combate del fuego, lo que compromete proyectos de protección
ambiental y servicios para visitantes en distintas áreas naturales del
país.
El gobierno busca reducir la cantidad de beneficiarios del Régimen de Zonas Frías
Mientras
el oficialismo de la Cámara, que preside Martín Menem, quiere acelerar
su tratamiento, aún no puso en la agenda parlamentaria el plenario de
comisiones de Energía y Presupuesto que se había acordado en la última
reunión con los jefes de bloques parlamentarios. Desde UP el diputado
Hugo Yasky pidió que la iniciativa también tenga giro a la comisión que
preside, que es la de Defensa al Consumidor.
La iniciativa del Poder
Ejecutivo genera resistencia en parte de la oposición porque en uno de
sus artículos busca revertir la ley 27.637 que tuvo como uno de los
autores al diputado Máximo Kirchner. La propuesta del mileismo es que se
mantenga la bonificación del 50% sobre el precio del gas para los
usuarios residenciales de la Región Patagónica, el Departamento de
Malargüe (Mendoza) y la Puna, es decir los incluidos originalmente.
Para
el resto de las regiones, incorporadas la Ley 27.637, el beneficio
dejará de ser masivo: solo podrán acceder a una bonificación “adicional”
aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios
Energéticos Focalizados (SEF), el cual agrupa a hogares con ingresos
netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT).
La diputada
Paula Penacca opinó que el proyecto del gobierno “expresa la lógica del
Modelo Milei: Ajuste para los trabajadores y los sectores económicos
cada vez más beneficiados”. “Es un modelo explosivo de bajos salarios,
ajustes de tarifa y bajo consumo, por lo que siempre va a ser
deficitario el fondo que rige para la ley de zonas frías”, apuntó.
Asimismo,
cuestionó el argumento que utiliza el gobierno sobre focalizar las
tarifas en lugar de que sean por zona geográfica. En ese punto,
coincidió con otros diputados de su bancada que sostienen que “es una
excusa para recortar subsidios y aumentar la carga impositiva en un
contexto de crisis”. “Las políticas focalizadas son propias de los 90 y
la verdad queda demostrado que no funcionan”, indicó.
Penacca, que
votó en 2021 a favor de la normativa vigente, aseguró que su espacio va a
defender la ley. “Lo que plantea el proyecto es un retroceso porque
impacta en el bolsillo de familias argentinas. Es una reducción de
subsidio que deja afuera a más de 3 millones de usuarios”, señaló al
mismo tiempo que destacó que el texto plantea “una condonación de una
deuda brutal, con el simple objetivo de defender a los grandes sectores
económicos”.
Y es que el proyecto, denominado de “medidas
energéticas”, incluye un mecanismo de “perdón” de deudas a
transportistas y distribuidoras eléctricas. Además, extiende los
beneficios fiscales para el sector de las energías renovables.
En el
mismo espacio político legisladores de Mendoza, Santa Fe y Córdoba
señalaron que el proyecto ignora las bajas temperaturas reales de sus
regiones y perjudica el desarrollo local.
En ese sentido, la
cordobesa Gabriela Estévez expresó: “El gobierno nacional modificó el
sentido de la Ley de Zonas Frías, impulsada por Máximo Kirchner, que
nació como una política para equilibrar las desigualdades climáticas
entre regiones. Ahora empezará a redefinirse bajo criterios
exclusivamente económicos y eso puede dejar afuera a miles de familias
trabajadoras”. “En Córdoba, donde alrededor de 600.000 personas acceden a
tarifas diferenciales, las boletas de gas podrían aumentar hasta un
50%”, agregó.
Por su parte, Alejandrina Borgatta comentó que “en
Santa Fe, más de 550.000 hogares recibían subsidio al gas natural por la
Ley de Zona Fría de Máximo Kirchner. Por decisión del gobierno
nacional, el beneficio pasará de ser igualitario a adicional, financiado
por el consumidor final con un aumento en su tarifa de hasta 7.5%”.
Mientras
que la senadora mendocina, manifestó: “Mendoza no puede ser un dibujo
escondido en un Excel porteño. En Malargüe, San Rafael, Alvear y el
Valle de Uco, el frío no perdona, no se puede «ahorrar» gas cuando hay
10 grados bajo cero. Lo que el Gobierno llama «exceso», para nosotros es
supervivencia”.
“Una trampa técnica: pasamos de un subsidio
porcentual a la “Canasta Básica Energética”. Es decir, un bloque mínimo
de consumo y el resto a precio de mercado. En síntesis: esconden un
tarifazo encubierto que ignora la realidad térmica de nuestras zonas
áridas”, advirtió.
Viajar en transporte público es cada vez más caro
El
gobierno nacional formalizó un nuevo aumento al boleto de colectivos y
trenes. Bajo la firma del secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y
bajo la supervisión directa del Ministerio de Economía. La Resolución
26/2026 publicada en el Boletín Oficial el lunes anuncia un nuevo golpe
al bolsillo de la clase trabajadora.
Se trata de un esquema de
“actualización tarifaria” que, lejos de buscar una mejora en la calidad
de vida de los usuarios, se presenta como una «corrección» de costos que
deposita sobre los hombros de los sectores populares el peso de un
ajuste fiscal sin precedentes. En este escenario, el sistema ferroviario
del AMBA se convierte en el epicentro de un encarecimiento brutal,
proyectando un incremento acumulado que rozará el 90% en un período de
apenas cinco meses.
Este proceso, que el Gobierno libertario denomina
«adecuación progresiva», comenzará a regir de manera efectiva el
próximo lunes 18 de mayo. Para los pasajeros de las líneas
metropolitanas, que incluyen arterias vitales como el Sarmiento, Roca,
Mitre, San Martín y los ramales del Belgrano y Urquiza, el aumento será
del 18%. Sin embargo, el cronograma oficial contempla subas mensuales
consecutivas: un 15% en junio, un 13% en julio, un 12% en agosto y un
10% final en septiembre. Al finalizar este derrotero de incrementos, el
boleto mínimo de tren habrá escalado un 88,92%, pasando de los $280
actuales a una cifra cercana a los $530 en septiembre para aquellos que
posean su tarjeta SUBE registrada.
Al proyectar que para septiembre
la cobertura tarifaria llegue al 10%, el Gobierno celebra un avance
hacia la «eficiencia» mientras las familias trabajadoras ven cómo su
poder adquisitivo se licúa. Desde la asunción de la actual gestión en
diciembre de 2023, el gasto mensual que un hogar del AMBA debe destinar
exclusivamente al transporte se disparó un 1.236%, alcanzando un
promedio de $107.187 por mes, una cifra que asfixia a cualquier
presupuesto familiar.
La narrativa oficial intenta justificar este
«sablazo» argumentando la necesidad de reducir la dependencia de los
subsidios estatales, alegando que en diciembre de 2023 la tarifa solo
cubría el 2% del costo real del sistema. No obstante, lo que el discurso
omite es que el transporte público no debería ser visto como una
mercancía sujeta a la rentabilidad, sino como un derecho social básico
que garantiza el acceso a la salud, la educación y el trabajo.
¿Cuánto aumentará el boleto de colectivos?
En
el ámbito de los colectivos de jurisdicción nacional, que conectan CABA
con el Conurbano, se pautaron tres actualizaciones mensuales
consecutivas del 2% cada una, comenzando también el 18 de mayo. De este
modo, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 la próxima
semana, elevándose a $728 en junio y alcanzando los $742 en julio, para
quienes tengan la Tarjeta SUBE registrada. Este ajuste alcanza a más de
100 líneas esenciales para la movilidad urbana, afectando la movilidad
de miles de obreros y estudiantes que cruzan diariamente la General Paz.
Pero
el ajuste no lo lleva adelante solo el gobierno libertario. En mayo, el
gobierno peronista de Axel Kicillof autorizó una suba del 11,6% en las
líneas provinciales de Buenos Aires, argumentando mayores costos
operativos y retrasos en el envío de subsidios nacionales. El costo del
boleto mínimo de colectivos en la PBA es de $ 968,57.
Si bien se
mantiene la vigencia de la Tarifa Social Federal y el sistema Red SUBE,
estos beneficios actúan apenas como un paliativo insuficiente frente a
una marea de aumentos que no da tregua.
Como parte del protocolo
legal para aplicar estos aumentos, el Poder Ejecutivo convocó a una
denominada «Instancia de Participación Ciudadana». Este mecanismo, que
debería ser un espacio de debate democrático sobre el acceso a los
servicios públicos, queda reducido a un mero trámite administrativo de
tres días hábiles donde los usuarios pueden volcar sus quejas a través
de un formulario web. La trampa reside en que estas presentaciones no
tienen carácter vinculante, es decir, son declaraciones que el Gobierno
no está obligado a considerar para modificar su plan original de
incrementos.
Cabe señalar que de acuerdo con el último informe del
Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de
la UBA y el CONICET, el transporte registró un incremento del 1236%
entre diciembre de 2023 y abril de 2026, mientras que la inflación
acumulada en ese mismo período fue de 223%. Dentro de la canasta de
servicios públicos relevada por el Instituto (que incluye agua, energía
eléctrica, gas natural y transporte), este último fue el rubro que
experimentó el mayor aumento durante ese lapso.
Toda esta situación
se da en el marco de los reclamos de choferes de colectivos de distintas
líneas que denuncian salarios adeudados y falta de aportes a la obra
social, en empresas como MOQSA y MOGSM, dejando en claro que las
empresas de transporte se manejan en la más absoluta irregularidad
mientras continúan recibiendo subsidios millonarios por parte del Estado
y se benefician del aumento de las tarifas que pagarán los usuarios.
Lo
que estamos presenciando es la consolidación de un modelo donde viajar
en transporte público se está convirtiendo en un lujo difícil de
sostener. La única salida real es avanzar hacia la estatización del
sistema de transporte bajo control de trabajadores y usuarios,
integrando los servicios entre CABA y Provincia. En ese sentido, la
exigencia por la apertura de los libros contables de las empresas, la
auditoría social y la gestión directa por parte de quienes todos los
días garantizan y usan el servicio se vuelven fundamentales. Solo así se
puede garantizar un transporte público, accesible, de calidad y con
tarifas populares, que responda a las necesidades de la mayoría y no a
la rentabilidad de un puñado de empresarios que se enriquecen con el
visto bueno del Gobierno.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.