Viejos y nuevos conflictos que afectan a trabajadores de la industria, de servicios y estatales

El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires notificó la realización de una nueva audiencia para el viernes 8 de mayo ante lo que desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino califican como “el ilegal lock out implementado por la patronal de FATE”. En este marco, compartimos el último comunicado del SUTNA: “FATE NO SE CIERRA”.
JAVIER “MALDADES” QUINTANILLA impulsando un plan, o como se lo nombra en los medios de comunicación “un modelo”, de destrucción de la industria argentina: PRETENDE DEJAR AL PAÍS SIN FATE, LA ÚNICA FÁBRICA DE CUBIERTAS PARA CAMIONES Y COLECTIVOS EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO
Desde el inicio del ilícito lock out patronal, Javier Maldades Quintanilla recibió el repudio de todo el pueblo trabajador argentino. Esto se vio reflejado en los encuentros del SUTNA con todos los bloques políticos, a excepción de la Libertad Avanza, así como con los sindicatos de todas las centrales. Prueba de ello, fue la convocatoria conjunta al ministerio de Capital Humano, firmada por las tres centrales sindicales, gremios independientes, organizaciones sociales y de jubilados , la reunión con obispos, el encuentro con el ministerio de Industria de Brasil, y la solidaridad de tantos importantísimos artistas, músicos, deportistas y personalidades.
La principal estrategia de la patronal de FATE fue, y es hasta la actualidad, desgastar la fuerza del colectivo obrero por medio de la violencia laboral, y particularmente dentro de ella, el estrangulamiento económico sobre los hijos de los trabajadores, produciendo los ilegales despidos durante las vacaciones, para luego negar la paga de salarios hasta la fecha, aunque estaban obligados a hacer pagos a causa de dos conciliaciones obligatorias y hasta por órdenes judiciales. Y al mismo tiempo, generando llamados ilegales, para con extorsivas mentiras, presentarle a los laburantes, como alternativa al hambre de sus hijos, una salida mediante la firma de ilegales renuncias. Sin embargo, a más de 70 días del inicio del lock out (18 de febrero) no sólo la empresa no logró quebrar la resistencia obrera, sino que el no cumplimiento por parte de la patronal de las conciliaciones obligatorias le quitó valor a las mismas. Es que si no sirven para retomar tareas, ni para pagar salarios, los trabajadores no ven qué diferencia hay entre su vigencia o vencimiento. Esto quedaría definitivamente establecido con el dictamen del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que indica que continuará abierta la instancia de negociación colectiva mientras continúe sin resolverse este grave conflicto.
El desgaste, a pesar de la crueldad de Javier Maldades Quintanilla, no tuvo el efecto esperado. Es que las personas no son como los Excel que maneja este especulador financiero, que recién tomaría contacto con la industria hace algunos años (en la década del 90) cuando problemas entre sus primos, los herederos de Manuel Madanes, primer dueño de Fate, le permitiría comprar la fábrica como una fría inversión más de quien se dedicaba a una actividad evidentemente más cercana a la especulación financiera que a la mano de obra. Así las cosas, luego de tanta maldad, siguen en pie, resistiendo la permanencia en planta, las acciones y movilizaciones un nutrido bravo grupo de trabajadores, y nos referimos a centenares de compañeros que junto a la representación gremial (delegados, seccional y Comisión directiva del SUTNA), que sin una sola baja estuvo y está codo a codo con cada compañero.
Tal es así, que la mentira de la patronal de Maldades Quintanilla, que sostiene que no hay personal para reabrir la fábrica, haciéndole el juego a Milei para desindustrializar el país, se cae a pedazos ante el fallo de la Cámara 2 de Apelaciones, que ratifica que son 968 los trabajadores que pueden cobrar su salario, dado el acuerdo firmado por el SUTNA y FATE de no despidos hasta julio 2026, o sea que están de alta y en legítimo ejercicio de su reclamo de reapertura de la fábrica. OJO no es sólo el hecho jurídico el que demuestra la posibilidad cierta de poner en funcionamiento la planta, sino que, ante este fallo, el SUTNA convocó a los trabajadores a ratificar el reclamo, lo que provocó que se presentaran y pusieran su firma en sólo dos días más de 700 trabajadores, por lo que aseguramos que en unos días más estaremos llegando a la totalidad de 968 trabajadores.
Pero ya con los actuales firmantes, que son operarios, mecánicos, foguistas, calderistas, etc., etc, forman el personal suficiente para poner en funcionamiento varios turnos de la fábrica FATE, garantizando la producción de neumáticos estratégicos para el país.
Todo esto mientras ya está presentado el proyecto de “ocupación temporal” en la Cámara de Senadores de la Legislatura Bonaerense, y dado que los Diputados que responden a Kicillof han presentado un proyecto idéntico en el Congreso Nacional, y que desde Nación han respondido que no lo tratarían, dado que ya hay uno presentado en Provincia, es lógico que el proyecto debe tener su aprobación en la Legislatura, por lo que debería contar con los votos y avanzar rápidamente en su aprobación. Para acelerar este proceso es que el SUTNA y los trabajadores de Fate han solicitado una reunión con el gobernador Axel Kicillof, quien aún no ha dado respuesta.
La patronal de Maldades Quintanilla desde un comienzo ha evitado por todos los medios que le llegue un solo centavo a la familia de los compañeros. Es así que, si bien pudo depositar las indemnizaciones a los 4 días del inicio del lock out (allá por el 22 de febrero) tal como decían los ilegales telegramas de despido, no produjo ese depósito para hacer más efectiva la extorsión económica mediante la no paga de salarios. Hasta que, ante el fallo de la Cámara 2 de Apelaciones, que indica que el acuerdo de mayo de 2025 está en total vigencia y, por lo tanto, los despidos no son válidos, y dada la finalización de las conciliaciones obligatorias, se vio obligada, aunque con disgusto, a depositar las indemnizaciones (desprolijas, equívocas y sobre todo ilegales) ya que de no hacerlo admitiría en los hechos la nulidad de los despidos. A este hecho, que rompe la estrategia de extorsión, se suma la orden de pago de salarios y el embargo de la justicia a la patronal de Fate, que en breve debe ser utilizado para saldar los sueldos caídos, y obliga a la vez a Maldades Quintanilla a pagar las próximas quincenas hasta julio o será pasible de nuevos embargos.
Todo esto muestra a la patronal de Javier Maldades Quintanilla acorralada, sin poder quebrar a los trabajadores, mostrándose como un especulador financiero anti-industria argentina, embargado, con múltiples fallos judiciales en su contra, con la opinión pública repudiando esta cruel y mezquina actitud con falta de toda justificación.
Por lo que aumenta la obligación a todas las autoridades, liderazgos y fuerzas políticas a intervenir y poner fin a un hecho de total crueldad sobre un enorme número de familias y trabajadores, a ponerle fin al desecho de miles de puestos de trabajo para el presente y el futuro del país, y para evitar un daño estratégico e irreparable a la estructura del transporte y la vida en la Argentina.
Todos con el SUTNA, los trabajadores de FATE y sus familias, que están poniendo el cuerpo, evitando el desguace de una irremplazable fábrica estratégica sin la cual el transporte de cargas y personas en Argentina dependería forzadamente de otros países, evitando simultáneamente una catástrofe social formada con la pérdida absurda de miles de puestos de trabajo.
¡FATE NO SE CIERRA!
SUTNA NACIONAL
SUTNA SAN FERNANDO

La justicia comenzará a hacer efectivos los sueldos

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) informaron que a pesar de todas las trabas que colocó la patronal de Javier Maldades Quintanilla, la justicia empezará a hacer efectivo la paga de salarios con el dinero embargado a la empresa. Con fecha de pago al 16 de mayo, el Juzgado N°17 anunció la transferencia a los trabajadores que fueron los primeros en firmar en la Seccional San Fernando del SUTNA el reclamo y continúan las acciones para que la medida alcance a todos los empleados de la planta.
Compartimos a continuación el Acta de la audiencia con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires realizada el 8 de mayo
En uso de la palabra la parte trabajadora reclamante manifiesta que La empresa ratificó que no cerró definitivamente sus puertas porque tiene todo su arco de licencias y patentes vigentes y en funcionamiento en el INPI. Está activo su CUIT, todos sus impuestos. Distintos informes dan cuenta que tiene que seguir pagando deudas durante un largo tiempo. A su vez, conserva un sinnúmero de cuentas bancarias activas. Precisamente todo lo que una empresa hace cuando piensa continuar. No se puede jugar a las escondidas en un conflicto laboral que afecta a miles de trabajadores. La empresa se encuentra nuevamente en falta respecto al pago de salarios correspondientes a la última quincena, pese a existir una orden judicial vigente que así lo exige.
Habiendo ya sufrido un primer embargo como consecuencia de incumplimientos anteriores, FATE SAICI se expone a nuevas medidas cautelares de igual naturaleza, las cuales serán solicitadas en caso de que la empresa no regularice su situación de forma inmediata. La conducta empresarial evidencia un lockout patronal. Ello se desprende del hecho de que la propia cartera ministerial, a instancias de la empresa, dejó asentado por escrito que FATE no contaba con personal suficiente para reiniciar la producción. Sin embargo, contamos con la firma de 818 trabajadores (a la fecha siguen acercándose más compañeros a firmar) que se han puesto a disposición para retomar sus tareas. Teniendo en cuenta que los turnos habituales llegaron a operar con 300 operarios, resulta palmario que existe personal más que suficiente para poner en marcha la planta en su totalidad. La empresa no puede sostener válidamente el argumento de falta de personal. El terreno donde se asienta la planta está valuado, según estimaciones de conocedores del sector, en aproximadamente 45 millones de dólares. La última capitalización registrada oficialmente supera ampliamente ese valor, llegando a cifras del orden de los 1.950 millones de dólares. La diferencia entre ambos valores es de alrededor de 1.900 millones de dólares, lo que hace manifiestamente irrazonable que la empresa pretenda “desechar” la compañía sin explicación alguna.
En ese marco, emplazamos públicamente a FATE SAICI a que responda con claridad cuál es su intención respecto del futuro de la planta. Identificamos tres únicas alternativas coherentes con la situación:
1. Vender la empresa: en cuyo caso solicitamos que informe el precio de venta, dado que existen interesados tanto en Brasil como en otros países, incluidos mercados asiáticos y Chile.
2. Ceder la planta a los trabajadores: si la empresa no tiene intención de continuar ni de vender, lo decente sería poner las instalaciones, licencias y estructura productiva a disposición de los trabajadores, como ha ocurrido en otros procesos similares.
3. Reconocer el ilícito: si la empresa mantiene cerrada la planta sin haber tramitado los procedimientos legales exigidos para una desvinculación de esta escala, sin existir quiebra ni causa justificada, y con la intención de reabrir en el futuro bajo otras condiciones, estaríamos ante un ilícito manifiesto. Las carteras administrativas competentes deberían actuar en consecuencia, dado que no se cumplieron los recaudos legales previos para el cese colectivo.
Le pedimos a la empresa que deje de evadir su responsabilidad. No puede escudarse en la conservación de licencias y marcas —como la marca FATE— si, al mismo tiempo, declara haber cerrado definitivamente. Si el cierre es real, deberá asumir todas las consecuencias jurídicas y sociales que ello implica. Si no lo es, debe decirlo claramente y retomar la actividad. Todo esto en un contexto donde surgen notas periodistas como del portal de https://diputadosbsas.com.ar/fagioli-kicillof-intervenga…/ que indican que se solicitó “intervenir FATE por su rol estratégico” haciendo referencia a la ocupación temporal de FATE presentado en la Legislatura Bonaerense. Esto en un contexto donde se hace pública la solicitud del FE.NA.BOR (Federación del Neumático en Brasil) para tener una reunión con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires para abordar la situación de FATE, dado que no solo afecta a la Argentina, sino a toda la región.
Nuevamente en el uso de la palabra la organización sindical manifiesta que ANTE LOS DICHOS DE LA EMPRESA QUEDA AÚN MAS CLARO QUE EL CIERRE DE FATE CONFIGURA UN LOCK-OUT ILÍCITO.
Lo que la empresa denomina eufemísticamente “cierre definitivo de sus instalaciones” constituye, en los términos de la doctrina y la jurisprudencia laboral argentina, un lock-out, es decir, una medida de acción directa del empleador consistente en la clausura unilateral del establecimiento y la consecuente suspensión colectiva de la prestación laboral. El cierre dispuesto por FATE reviste el carácter de lock-out ofensivo: fue adoptado unilateralmente, sin que mediara causa legal que lo justificara, en plena vigencia del Convenio Colectivo homologado ante la autoridad administrativa en mayo de 2025, el cual contiene una cláusula específica de estabilidad laboral con vigencia hasta el 30 junio de 2026. El lock-out ofensivo es ilícito en el derecho argentino. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho de huelga a los trabajadores, sin reconocer prerrogativa equivalente al empleador. El cierre empresarial no se encuentra amparado por ninguna norma legal vigente cuando su finalidad es presionar a los trabajadores o eludir obligaciones convencionales. Solicitamos a esta cartera administrativa que tome nota que la empresa FATE explicitó que retiene máquinas, terreno, licencias, patentes y todas sus marcas lo cual constituye una posibilidad REAL de producción efectiva. Sin embargo, la empresa no retoma actividades. Toda esta situación descripta es lo que caracteriza a un lock-out patronal ilegal. El SUTNA rechaza en forma categórica y en todos sus términos las afirmaciones vertidas por la empresa FATE en la presente audiencia, por carecer de sustento fáctico y jurídico, y por pretender encubrir bajo una retórica impugnativa la realidad incontrastable de los hechos: la empresa ejecutó un cierre unilateral e injustificado del establecimiento, sin dar cumplimiento a sus obligaciones legales y convencionales, en perjuicio directo de los trabajadores que este sindicato representa. Ante la manifestación de la empresa quien reconoce que está llevando adelante un lock-out patronal, se refuerza la necesidad no solo de mantener abierta la instancia administrativa sino de aumentar su intervención mediante la implementación de todas las herramientas con las que el ministerio de trabajo cuenta.
Ante esta circunstancia el Sindicato analizará las nuevas acciones administrativas, judiciales y gremiales para enfrentar este acto lock-out ilegal. Por todo lo expuesto, el SUTNA solicita a esta
Autoridad de Aplicación:
1. Dejar constancia que estamos frente a un lock-out patronal completamente ilegal.
2. Incrementar su intervención sumando a la convocatoria a audiencias todas las herramientas a su disposición para salvaguardar los derechos de los trabajadores en el marco de este conflicto colectivo hasta que se resuelva.
En uso de la palabra la organización sindical manifiesta que la existencia de actuaciones judiciales en curso no desplaza la competencia administrativa. La vía judicial y la administrativa, son complementarias y no excluyentes, pretender lo contrario importaría vaciar de contenido el sistema de solución de conflictos colectivos del ordenamiento jurídico argentino que ha diseñado precisamente para situaciones como la presente. FATE habla de sus derechos propiedad, los cuales exceden la posibilidad de llevar adelante un cierre patronal como lo ha hecho. FATE alega que “la extinción de los contratos de trabajo, se fundó en las causales económicas ajenas al dominio de la empresa”, sin haberlas demostrado. Por lo tanto, FATE realizó un Lockout ilegal. FATE desconoce sus obligaciones legales con sus trabajadores y este sindicato, como así también la normativa vigente en nuestro país. Reiteramos que este conflicto culminará con el cese del lockout, reapertura de la planta y el reingreso de los trabajadores a sus puestos.
En uso de la palabra nuevamente la organización sindical manifiesta que rechazamos todas las manifestaciones vertidas por la empresa FATE y reiteramos que la patronal de FATE en esta audiencia ha puesto en palabras que lo que ha llevado adelante es un lockout patronal ilegal.

La solidaridad obrera en apoyo a las familias de FATE

Trabajadores de la Línea 60, Madygraf, Mondelez, Georgalos, Lustramax, Secco y otros sectores participaron de actividades solidarias para fortalecer el fondo de lucha de las familias de FATE y seguir coordinando las luchas de Zona Norte.
La actividad reunió un torneo relámpago de fútbol, bingo solidario, truco y distintas iniciativas recreativas y políticas con el objetivo de fortalecer el fondo de lucha de las familias de FATE, que desde hace más de 80 días sostienen una ocupación y permanencia en defensa de sus puestos de trabajo y contra el vaciamiento de la fábrica.
En el torneo de fútbol participaron 15 equipos de distintos sectores obreros y organizaciones solidarias. El campeonato fue ganado por el equipo San Jacinto Garín. Además hubo música en vivo a cargo de la banda Engualichada, que acompañó la actividad junto al bingo y los espacios recreativos.
La jornada estuvo atravesada por un fuerte clima de unidad, organización y solidaridad entre distintos conflictos obreros. Durante la tarde se realizaron intervenciones de trabajadores, delegados, familiares y referentes de distintas luchas, que remarcaron la necesidad de coordinar fuerzas frente al ajuste, los despidos y el ataque a las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Uno de los trabajadores despedidos de FATE, Ariel Godoy, destacó la importancia de la solidaridad construida durante estos meses de conflicto: “Los trabajadores de FATE aprendimos en estos meses que esta pelea no la vamos a ganar solos. La vamos a ganar junto a todos los compañeros que hoy están presentes y junto a muchos otros que vienen dando pelea para que nuestras familias puedan salir adelante”.
Godoy también afirmó que los trabajadores siguen reclamando una ley de ocupación temporaria para garantizar la continuidad productiva, pero que si esa salida no aparece “los trabajadores estamos dispuestos a poner la fábrica a producir nosotros mismos”.
Desde Madygraf, Eduardo Ayala recordó la experiencia de gestión obrera de la fábrica y el rol que tuvo la solidaridad para sostenerla durante más de doce años: “Si no hubiéramos tenido experiencias de solidaridad con otros trabajadores y nuestras familias, nunca hubiéramos podido ocupar la fábrica y resistir durante 12 años”.
Durante la jornada también se destacó el rol de la Mesa de Coordinación de Zona Norte, que viene articulando distintos conflictos obreros, docentes, estudiantiles, de salud, discapacidad y jubilados.
Stella Cabral, congresal opositora del Sindicato de la Alimentación y trabajadora de Mondelez, subrayó la importancia de construir espacios de organización común entre los distintos sectores: “Este sistema quiere llevarse puestos no solo los trabajos, sino también la vida de nuestras familias. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo por unir y resistir”.
También puso en valor el rol de las mujeres en las luchas obreras y llamó a profundizar la coordinación entre trabajadores ocupados, despedidos y sectores precarizados.
Las familias de FATE tomaron la palabra para denunciar además las consecuencias sociales que atraviesan producto del conflicto, incluyendo problemas de acceso a la salud y cobertura para hijos con discapacidad: “Nuestra pelea no es solamente por el trabajo, sino también por la vida y la salud de nuestras familias”.
Luego del bingo se realizó una hablada colectiva donde las trabajadoras y familiares propusieron avanzar en una nueva reunión de mujeres para el próximo 30 de mayo, con el objetivo de seguir organizando la solidaridad y la coordinación entre las distintas luchas.
El bingo y el campeonato se transformaron en mucho más que una actividad recreativa. Durante toda la jornada se vio circular a trabajadores de distintas fábricas y sectores compartiendo experiencias, organizando nuevas acciones y fortaleciendo vínculos de solidaridad.
Cada cartón vendido, cada equipo que salió a la cancha y cada aporte al fondo de lucha expresaron una idea que atravesó toda la actividad: frente al ajuste, los despidos y el intento de imponer resignación, la respuesta sigue siendo la organización desde abajo y la unidad entre quienes pelean.
Porque defender a las familias de FATE es también defender el derecho de toda la clase trabajadora a no ser empujada a la miseria.

La Argentina de las doce cuadras
Por Federico Chechele

Un pedido de puestos de trabajo puso en superficie la realidad que generan las políticas libertarianas. La imagen de alrededor de 4.000 personas haciendo doce cuadras de fila para intentar acceder a apenas 60 puestos de trabajo en un frigorífico de Moreno fue una radiografía brutal de la Argentina actual. Una escena imposible de separar del modelo económico que impulsa el gobierno de Milei, donde el mercado selecciona sobrevivientes y la exclusión se ve en directo por la televisión. Es el mismo país cuyo Gobierno juega a las internas con el enriquecimiento vertiginoso del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
 Bajo la lluvia, durante horas, miles de personas esperaron la posibilidad de entrar a una entrevista laboral. Se ofrecían puestos que iban desde choferes hasta administrativos, de marketing hasta limpieza. Había gente de 18 años hasta de 70. La representación más genuina de un exterminio socioeconómico.
Resulta imposible saber qué pensaba cada una de esas personas mientras avanzaba lentamente contra la pared húmeda, mirando de reojo al resto y preguntándose si esta vez habría suerte. Tal vez muchos imaginaban cómo contar en sus casas que habían conseguido trabajo. Tal vez otros ya ensayaban la explicación para justificar el regreso con las manos vacías. Porque la pobreza es desgaste emocional, deterioro de la autoestima y miedo permanente al futuro.
No hubo nada fuera de lugar. Hubo trabajadores sosteniéndose entre sí. Esa es una de las grandes diferencias entre la cultura popular y la lógica del individualismo: quienes menos tienen muchas veces conservan niveles de solidaridad que sectores privilegiados no tienen. Lo rústico no produce traición; la competitividad despiadada suele nacer en los espacios donde el poder económico convierte al otro en una amenaza.
También es cierto que parte de esos mismos trabajadores apoyan el ajuste económico y acompañan políticamente al Gobierno. Y eso no debería analizarse desde la superioridad moral. Nadie vota contra sí mismo de manera consciente. Las sociedades son moldeadas por discursos dominantes que se repiten en los grandes medios de comunicación. Es el propio Gobierno quien fogonea el egoísmo y la falta de sensibilidad, por eso es insoportable pensar en que haya gente que no tiene empatía por esas 4.000 personas que imaginaron una vida mejor. El pueblo está abrumado porque le falta de todo, porque hay un odio organizado, porque hay mucho ruido en todas partes.
Mientras todo eso ocurría, el Presidente realizaba un nuevo viaje a Estados Unidos. El contraste político y simbólico es inevitable: de un lado, miles de personas intentando entrar al mercado laboral; del otro, una dirigencia totalmente desconectada de la realidad social. Milei realizó su viaje número 17 a Estados Unidos desde que asumió. El cuarto viaje en lo que va del año. Son 120 días en el exterior de 876 días de gestión con el país brotado de bronca.
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El caso Adorni no aburre, entretiene y moviliza porque, desde su rol de vocero y luego como Jefe de Gabinete, impulsó un discurso que profundizó el odio hacia el otro. Mintió para perjudicar a quienes menos tienen y beneficiar a los más ricos. Fue capaz incluso de exhibir la radiografía de un perro en lugar de la de una persona con discapacidad, alimentando así el rechazo social hacia quienes reciben beneficios por estar imposibilitados de trabajar.
Hoy está pagando ese precio: lo maltratan todos. Tiene que bancarse que la senadora Patricia Bullrich, que la semana pasada se sacaba fotos con él para respaldarlo, ahora le exija que presente los papeles; le faltó pedirle la renuncia. Lo están secando los propios. Y tuvo que salir Milei a ratificarlo por quinta vez.
El desgaste es asombroso. De un lado del Gobierno entienden que el “Caso Adorni” tapa el desastre económico y se desentienden. Otros creen que desprenderse del Jefe de Gabinete es quedarse sin candidato propio para pelear la Ciudad de Buenos Aires como ya les pasó con José Luis Espert en territorio bonaerense. Los más cercanos directamente no pueden sacárselo de encima.
Los libertarios más ortodoxos recuerdan que el convencimiento de los votantes para que Milei gane las elecciones no llegó a partir de la propuesta de dinamitar el Banco Central, ni bajar la inflación (promesa que hacen todos los candidatos) y mucho menos el famoso equilibrio fiscal. Milei convenció a la gente porque cuestionaba a los políticos corruptos y porque iba a terminar con la casta.
El gobierno que construyó gran parte de su legitimidad denunciando privilegios y corrupción queda atrapado por las mismas lógicas que prometía combatir. Y eso erosiona uno de los activos más importantes que tuvo el fenómeno libertario: la autenticidad de los outsiders.
Pero no hay nada más casta que comprarse casas en country, departamentos de lujos, viajes al Caribe y jet privado en 2 años de gestión. Hoy la imagen presidencial está en picada y nadie puede vaticinar cuándo ni cómo aterrizará este avión.
La Argentina está tensada en estas dos realidades: el escándalo del Jefe de Gabinete y las 12 cuadras para buscar trabajo. Lo de Adorni se termina cuando se vaya y dejará una cascada de daños colaterales. Pero esos 4.000 postulantes probablemente formen parte de los 6,3 millones de argentinos morosos, atrapados en un país donde nadie puede pagar sus deudas y donde ya hay 14 proyectos en el Congreso de la Nación buscando evitar que este nivel de morosidad derive en una erupción social.
Hace unos días se conoció una nueva obra del artista callejero Banksy que muestra a una persona caminando hacia el abismo cegada por una bandera, una metáfora poderosa contra las ultraderechas que gobiernan varios países del mundo. El problema no es solamente económico. También es cultural, afectivo y humano. Porque ninguna comunidad puede sostenerse demasiado tiempo cuando el odio reemplaza a la empatía y cuando sobrevivir se convierte en el único horizonte posible.

Los trabajadores del Garrahan denunciaron penalmente a la intervención libertaria

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunció penalmente a la abogada María Fernanda Marino, instructora sumariante de la intervención libertaria del hospital, por los delitos de “desobediencia a la Justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La presentación quedó radicada, tras el sorteo, en el Juzgado Federal N° 1 en lo Criminal y Correccional, a cargo de la jueza María Romilda Servini, en tanto que las letradas de esta presentación de la APyT son las doctoras Mariana Emilse Chiacchio y Alejandra Yamila Giordano, integrantes del Centro de Abogados/as por los Derechos Humanos (CADHU).
La denuncia sostiene que estas conductas “no son hechos aislados”, sino parte de un “patrón sistemático de hostigamiento a la conducción sindical de APyT”, que incluye “el adelantamiento público del resultado de los sumarios” por parte del entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones, el 3 de febrero de 2026, “antes de que los sumariados pudieran siquiera presentar descargos”.
La querella además afirma que la instructora sumariante “desestimó sin análisis alguno” los planteos realizados por los trabajadores alcanzados por los sumarios, aun cuando habían comunicado formalmente su intención de recurrir judicialmente la revocatoria de la cautelar y habían advertido que la resolución “todavía no se encontraba firme”.
“Nos quieren echar”, afirmó Lezana, quien además acusó a las autoridades de intentar “privatizar, hacer negocios, usar instalaciones que son patrimonio público para facturar” y aplicar en el Garrahan “el ‘modelo Adorni’”.
La querella también menciona que Marino impulsó los sumarios contra distintos referentes sindicales y trabajadores del hospital, entre ellos la propia Lezana y Maximiliano Bares.
En relación con la denuncia penal, Lezana sostuvo que Marino fue denunciada “por violar el derecho a defendernos, porque no permite que mi compañero Maxi Bares y yo presentemos testigos, incumple los tiempos legales y desobedece a la Justicia”.
También recordó que “el impresentable de Adorni tuiteó prejuzgando al decir que ‘estábamos despedidos’”.
Por último, la titular de APyT cuestionó al interventor designado por el Ministerio de Salud, Héctor Pirozzo, y afirmó que “ni ella, una vergüenza de funcionaria que aplica la ‘obediencia debida’ por compromisos o por cobardía —da igual—, ni el interventor del ministro de Salud, Mario Lugones, otro extraño al Garrahan, Pirozzo, tienen la más mínima autoridad para llevar adelante el estropicio que están encabezando en el Garrahan”.

Paro con cese de actividades por tiempo indeterminado en la ENERC

La comunidad educativa de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), dependiente del INCAA, profundizó esta semana el plan de lucha contra el ajuste que atraviesa la institución. Luego de una asamblea inter claustro realizada el 13 de mayo entre estudiantes, docentes y no docentes, se resolvió fortalecer la medida de paro por tiempo indeterminado con cese de actividades impulsada por el cuerpo docente. La medida comenzó el miércoles 13 de mayo y continuará hasta que las autoridades del INCAA, presidido por Carlos Pirovano, y la rectoría de la ENERC den respuesta a una serie de reclamos vinculados a las condiciones laborales y al sostenimiento de la calidad educativa en todas las sedes de la escuela.
Entre los principales puntos exigidos se encuentran la revisión del nuevo régimen de horas cátedra, la recomposición salarial de instructores titulares y ayudantes, la actualización del valor de la hora cátedra y el rechazo a los descuentos aplicados por errores administrativos derivados de la implementación del nuevo régimen. Posteriormente a la asamblea incorporó un nuevo reclamo: el pedido de renuncia del actual rector de la escuela, Gabriel Rojze, en medio del creciente descontento de la comunidad educativa frente al manejo institucional del conflicto y la reciente imposición de molinetes destinados a controlar el ingreso y egreso de trabajadores y estudiantes de la institución.
Desde la comunidad educativa denuncian que las modificaciones impulsadas este año significaron una reducción del 17% en los salarios de ayudantes y que los aumentos otorgados resultan insuficientes frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo, que supera el 55% para titulares y el 62% para ayudantes durante la actual gestión. Además, advierten que la situación afecta directamente el funcionamiento académico de la escuela y pone en riesgo la continuidad de profesionales especializados, algunos de los cuales ya presentaron su renuncia.
El conflicto que rodea a la escuela forma parte de un escenario más amplio de desfinanciamiento de la educación pública y del cine argentino en su totalidad, afectando directamente a la industria cinematográfica de nuestro país. En ese marco, el pasado 12 de mayo docentes y estudiantes de la ENERC participaron de la 4° Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública.

Paro bancario

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario para el miércoles 13 de mayo. Según informó el sindicato que conduce Sergio Palazzo, la medida de fuerza se realizó durante las tres últimas horas de atención al público y fue convocada en rechazo a decisiones que, según el gremio, afectan “gravemente” a los trabajadores de ambas entidades.
El comunicado, fechado el 6 de mayo de 2026, precisa que la protesta no alcanza a todo el sistema bancario, sino específicamente al BCRA y al Banco Hipotecario. En el caso del Banco Central, La Bancaria cuestiona la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Para el gremio, esa decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un “vaciamiento de funciones esenciales”, con impacto sobre las economías regionales.
La organización sindical señaló además que ya había realizado una medida de fuerza el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y que también hubo instancias formales ante la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, denunció que las autoridades mantuvieron una posición “intransigente”, sin voluntad de diálogo ni revisión de esas políticas.
En paralelo, La Bancaria apuntó contra la situación del Banco Hipotecario, donde denunció el “cierre sistemático de sucursales” y la ejecución de “despidos injustificados en todo el país”. El sindicato rechazó “de manera absoluta” cualquier política de achique que deteriore las condiciones laborales o deje trabajadores sin empleo.
El gremio también advirtió que mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y que podría profundizar el plan de acción con nuevas medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. Además, responsabilizó a las autoridades del BCRA y del Banco Hipotecario por un eventual agravamiento del conflicto.

Trabajadorxs del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense realizaron una olla popular

Trabajadorxs del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires realizaron una olla popular el jueves 14 de mayo en la esquina de 6 y 51, en La Plata, para visibilizar sus reclamos por recomposición salarial, reconocimiento de tareas y mejoras en las condiciones laborales. La medida se enmarca en un plan de lucha que vienen sosteniendo desde hace más de un año y medio. 
Según denunciaron desde la Junta Interna de ATE del ministerio, los salarios rondan actualmente los 880.000 pesos y gran parte de lxs trabajadorxs deben recurrir al pluriempleo o al endeudamiento para llegar a fin de mes. “Está siendo complicado vivir con estos sueldos. Sufriendo la presión del ajuste es imposible poder llegar al día diez de cada mes”, señalaron en un mensaje enviado.
En la gacetilla difundida por lxs trabajadorxs remarcan que vienen realizando “asambleas, jornadas de cartelería, movilizaciones, volanteadas, semaforazos y distintas acciones de visibilización” para exigir respuestas del gobierno provincial.
Entre los principales reclamos exigen:
⦁ reconocimiento de tareas con una bonificación especial,
⦁ apertura de una segunda estructura ministerial,
⦁ reconocimiento salarial por régimen de fin de semana y nocturnidad,
⦁ recomposición salarial y apertura de paritarias.
Asimismo, señalaron que, si bien reconocen la continuidad del Ministerio en la provincia de Buenos Aires frente al desmantelamiento de políticas de género a nivel nacional impulsado por el gobierno de Javier Milei, consideran urgente que el gobernador Axel Kicillof y la ministra Estela Díaz den respuestas concretas a sus demandas.
“Trabajar en el Ministerio de Mujeres y Diversidad no se hace ‘por amor’, es trabajo”, sostuvieron en el documento difundido de cara a la jornada de protesta.

El Gobierno homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, anunció la homologación de la primera paritaria del peón rural formalizada bajo el nuevo régimen Ley de Modernización Laboral N° 27.802, donde la negociación colectiva se realiza directamente entre representantes sindicales y trabajadores.
Anteriormente, los montos mínimos para los salarios de los trabajadores rurales eran determinados por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).
Según se informó en un comunicado oficial de Capital Humano, el acuerdo fue celebrado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador: Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).
La medida fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario establecido por la Ley N° 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio. En concreto, alcanza al personal permanente de prestación continua, tractoristas, trabajadores porcinos, personal olivícola, aplicadores de fitosanitarios, empleados del sector cáñamo, riego presurizado y tareas de alambrado en Patagonia.
El esquema salarial prevé incrementos escalonados entre marzo y julio de 2026 para la mayoría de las actividades, aunque en algunos sectores específicos la vigencia se extiende hasta agosto o septiembre.
Para el personal permanente de prestación continua, categoría “Peones Generales”, el jornal mínimo pasó de $44.913,61 en marzo a $47.880,16 desde mayo y hasta julio, acompañado por sumas no remunerativas decrecientes. En términos mensuales, el salario básico alcanza desde mayo los $1.088.358,51, sin incluir adicionales por antigüedad o zona desfavorable.
Además, el acta ratifica beneficios ya previstos en el régimen agrario, como la bonificación por antigüedad —del 1% por año hasta los diez años y del 1,5% luego de ese período— y el adicional del 20% para quienes prestan tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En cuanto a las actividades específicas, los trabajadores dedicados exclusivamente a tareas de aplicación de productos fitosanitarios tendrán desde mayo un salario mensual de $1.761.296,80 para la categoría “Peón auxiliar”, mientras que los conductores de equipos autopropulsados superarán los $2,5 millones mensuales. Por su parte, en la actividad olivícola los incrementos fueron pautados entre mayo y septiembre, con remuneraciones para personal de riego calificado que llegarán a $60.596,75 por jornal hacia julio.
El acuerdo también incorpora una cláusula de revisión, mediante la cual las partes podrán reabrir la negociación salarial si las condiciones económicas afectan las remuneraciones pactadas. A su vez, se estableció una cuota de solidaridad sindical del 2% sobre las remuneraciones para los trabajadores no afiliados a UATRE, que deberá ser retenida por los empleadores durante toda la vigencia del convenio.
Desde el Gobierno calificaron la decisión como “un hecho histórico” para la actividad, ya que es la primera vez que la negociación salarial del sector rural se formaliza mediante el régimen previsto por la Ley N° 14.250, con homologación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró la medida en sus redes sociales y afirmó: “Hito histórico en materia laboral. Se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral”.
“Un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo”, agregó la funcionaria en una publicación en X.
Sin embargo, desde UATRE cuestionaron el nuevo esquema. El secretario general del gremio, José Voytenco, afirmó que para el sindicato “no es ningún hecho histórico”, sino “una regresión en materia de negociación colectiva”.
“Con el esquema anterior de la CNTA teníamos una negociación aceitada donde las resoluciones salariales salían en 48 horas. Pasaron 45 días con acuerdos cerrados de las partes y recién ayer salió la resolución, después de una tranca burocrática que impone el nuevo esquema de homologación”, sostuvo.
Voytenco remarcó además que “el aumento homologado es a marzo” y advirtió que “la inflación se comió el aumento de los trabajadores rurales”. En esa línea, consideró que el nuevo sistema “es un traje a medida para el sector empresario y vuelve a cortar el hilo por lo más delgado: los trabajadores”.
El dirigente sindical también sostuvo que la reforma implica “una regresividad en la negociación colectiva” y cuestionó que el nuevo régimen “no respeta las características propias del sector rural, como la estacionalidad».
Por otra parte, las entidades representativas del sector agropecuario y empleador difundieron un comunicado conjunto en el que defendieron el nuevo mecanismo y celebraron la homologación del acuerdo salarial.
Según señalaron, la reforma laboral introducida por la Ley 27.802 modificó el mecanismo de determinación de remuneraciones del sector y trasladó las negociaciones desde el ámbito de la CNTA al régimen general de negociación colectiva previsto por la Ley 14.250, con posterior homologación de la Secretaría de Trabajo.
Además, remarcaron que la nueva modalidad “supone una dinámica procedimental distinta a la históricamente aplicada en el sector agrario” y que la transición demanda “adecuaciones técnicas y administrativas propias de un cambio normativo de esta magnitud”.
Finalmente, CONINAGRO, CRA, FAA, SRA y CAME ratificaron su voluntad de “continuar participando activamente en negociaciones responsables”, orientadas a preservar “el empleo formal, la producción y la paz social”.

El Congreso de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) votó una declaración en defensa del Estatuto del Periodista de Argentina

Fue respaldada por unos 250 delegados de sindicatos de prensa de cinco continentes. También repudió la represión a periodistas y expresó su total solidaridad con Pablo Grillo, el fotógrafo agredido por la Gendarmería en una marcha de jubilados en marzo de 2025.

Se despidió una de las cadenas históricas de electrodomésticos

Una reconocida cadena de electrodomésticos cerró sus puertas para siempre en todas las sucursales del país por «motivos de fuerza mayor“, debido al contexto de crisis financiera que atraviesa el sector.
Se trata de Star, una empresa que se abocó a la venta de equipos tecnológicos. Desde su fundación en 2021, llegó a consolidar una red con más de 30 sucursales distribuidas a lo largo del país, entre ellas, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mendoza, Misiones y Salta.
A través de un comunicado, la compañía fundada por Nicolás Osta y Esteban Isorna anunció que se vio obligada a bajar las persianas de sus tiendas. De ahora en más, la firma se abocará exclusivamente a la venta a través de su tienda online.
Si bien registró una fuerte expansión y crecimiento desde su fundación, en 2024, comenzó a manifestarse una caída en las ventas que produjo cierres paulatinos de sucursales y recortes internos.
Además, el mercado tecnológico se encuentra en un momento delicado, debido a una baja en el poder adquisitivo de los consumidores, sumado a la competencia con los productos que ingresan desde el exterior.
En 2024, Smart había anunciado que duplicaría sus locales e invirtió 500.000 dólares en un nuevo centro de distribución de 4400 metros cuadrados en Sarandí. Sin embargo, no pudo sostener el nivel de ventas para mantener abiertas sus puertas.

Otras dos compañías tecnológicas en crisis

El pasado 16 de julio, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 puso a la venta las marcas Garbarino y Compumundo para evitar su cierre definitivo. Se trata de un concurso preventivo establecido en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, debido a la situación financiera que atraviesan las firmas.

Lustramax no cumple reinstalación de un delegado

La impunidad patronal en LUSTRAMAX SRL parece no tener límites. No contenta con desobedecer las cuatro resoluciones firmes del Tribunal de Trabajo N° 7 de Pilar que ordenan el inmediato ingreso del delegado Leandro Javier Gómez y el pago de multas diarias, la empresa ahora, insólitamente, se arroga una facultad que no le corresponde: hablar en nombre de los trabajadores.
En una carta documento enviada al delegado, Lustramax dice: “la comunidad de trabajadores de mi representada rechaza enfáticamente vuestra incorporación”. Vale recordar que los delegados fueron reelectos en tres ocasiones y que las últimas elecciones fueron en diciembre de 2025.
Pero LUSTRAMAX cree que puede decidir quién entra, quién representa y qué opinan sus empleados. Es la lógica del patrón de estancia: “acá mando yo y los trabajadores callan y obedecen”. Lógica que quiere imponer el gobierno a nivel nacional.
El delegado Gómez nos dijo: “Ezequiel Sosa y el padre, los dueños de Lustramax, no quieren que haya delegado, como era antes de que nos organicemos. Estábamos en negro, no teníamos ART ni obra social, no nos pagaban las horas extras, quieren esclavos mudos”. Y luego el delegado nos dijo: “Sigo hablando con los compañeros ahí adentro, aumentaron los malos tratos y pagos parciales”.
La empresa quiere una fábrica muda, sin organización, sin defensa. Por eso miente.
Los trabajadores de Lustramax se encuentran en plena pelea por la reinstalación de sus delegados y activistas. En la campaña de difusión y solidaridad, los trabajadores han recorrido distintas universidades públicas, como la UNGS, UNLU, Universidad de La Plata y Quilmes. También se han solidarizado con los trabajadores de otros conflictos en curso como FATE, GEORGALOS, MONDELEZ, ILVA y los docentes de la provincia de Buenos Aires, entre otras. Asimismo, se encuentran difundiendo el reclamo y las ilegalidades de Lustramax en una campaña de afiches por Zona Norte.

Carrefour: gran logro contra la persecución sindical

El empleado de comercio Maximiliano Gocki obtuvo un nuevo fallo de la Justicia que dispuso la vuelta a su puesto laboral en el hipermercado Carrefour.
Reproducimos comunicado de prensa que da cuenta de un importante paso adelante en la zona sur del GBA en la pelea contra las arbitrariedades patronales.
Reinstalación en Carrefour: la Justicia volvió a fallar contra la persecución sindical y el incumplimiento patronal
Tras meses de incumplimientos, dilaciones y maniobras judiciales por parte de Carrefour, finalmente se concretó el reingreso laboral de Maximiliano Gocki, trabajador del sector comercio despedido en el marco de un conflicto sindical y posteriormente reinstalado por orden judicial.
La empresa comenzó a cumplir parcialmente con la medida cautelar reactivada por la Cámara, permitiendo el ingreso al establecimiento en la fecha comprometida, aunque aún persisten irregularidades respecto a las condiciones efectivas de la reinstalación, sin comunicación formal sobre categoría, tareas ni situación laboral definitiva.
La reincorporación se produce luego de años de conflicto, persecución sindical y resistencia patronal al cumplimiento efectivo de resoluciones judiciales. Durante el proceso, la empresa llegó incluso a solicitar judicialmente que el trabajador “se abstenga de concurrir a prestar tareas”, proponiendo entre las alternativas el pago íntegro del salario sin prestación efectiva de tareas hasta la resolución del juicio de fondo, en un planteo orientado a mantenerlo fuera del establecimiento.
El caso contó además con la intervención y el trabajo sostenido de la doctora Solange Scorza, quien impulsó las distintas presentaciones judiciales frente a los reiterados incumplimientos de la empresa. También sumó la presentación de un amicus curiae por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como el acompañamiento político y solidario de trabajadores, organizaciones y sectores que siguieron el conflicto.
La concreción del reingreso representa un hecho importante para cientos de trabajadores que enfrentan despidos antisindicales y persecución laboral. En un contexto donde muchas patronales actúan con impunidad, el caso vuelve a demostrar que la organización, la lucha y la persistencia pueden arrancar conquistas concretas.

Dr. Ahorro cerró todas sus farmacias

La cadena ya había bajado la persiana de 11 locales y despedido a casi 90 trabajadores con sueldos e indemnizaciones impagas. Ahora cerró las 30 sucursales que le quedaban.
Los 242 trabajadores restantes se enteraron del cierre por un comunicado recibido al grupo de Whatsapp. Los candados estaban cambiados y se encontraron con el cierre.
Energía y Vida de Argentina SRL, es la razón social de Farmacias Dr. Ahorro, la cadena de farmacias especializada en la venta de genéricos que llegó al país en 2002. Su propietario es Xavier González Zirión, ex diputado del PR en México. Vendía medicamentos genéricos de bajo costo y apuntaba a la base de la pirámide social.
Farmacias Dr. Ahorro llegó a tener 47 farmacias, entre propias y franquiciadas y presencia en Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y Mendoza. Hasta se atrevió a entrar al Conurbano bonaerense, en zonas como Morón que hoy continúa abierta con otro nombre.
En diciembre pasado cerró 11 locales, entre ellas 2 farmacias en Córdoba, 1 en Mendoza y 1 en Salta, no le quedó ninguna abierta en el interior del país. En la Ciudad de Buenos Aires bajó la persiana de las sucursales de Villa Devoto; Saavedra; Pompeya; Villa Lugano; Balvanera en Corrientes y Larrea; Caballito sobre la calle Moreno, la otra quedó abierta y en Constitución cerró la ubicada sobre Brasil. Le quedaban 30 locales que casi no tenían mercadería. Con los cierres de diciembre despidió casi 90 trabajadores a los que no les pagó ni el mes de diciembre, ni el aguinaldo ni la indemnización.
La empresa se presentó en concurso de acreedores por una deuda superior a los 10 millones de dólares ya que debía a laboratorios, aportes, sueldos, indemnizaciones, proveedores, entre otros. En el concurso pidió autorización para vender los locales que más facturaban.
La empresa mexicana busca vender 6 locales ubicados en Primera Junta en Caballito, Once, Constitución, Cerrito, Retiro y Pacífico. Todo indica que consiguió comprador. Sería el grupo Pasco que es una red de farmacias con 15 sucursales en zona sur del Gran Buenos Aires.
Vale aclarar que a los trabajadores de las sucursales y de los depósitos sólo se les abonó a algunos el 25% del salario trabajado en abril. Se les debía el resto y el comunicado indica que no les pagarán ni el total del sueldo adeudado.
Los mexicanos intentan ilusionar a los trabajadores con la esperanza de que algunos locales sean reabiertos, pero nada indica que esto suceda. El maltrato que han recibido los trabajadores que han sido despedidos y los que se encontraron con candados cambiados que les impedía el ingreso, no dan muchas esperanzas de que reabran.

Cierra FAPA, la única fábrica de aisladores eléctricos del país

Después de 88 años de historia, la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), ubicada en Monte Grande, procedió a la liquidación total de su planta y al remate de toda su maquinaria, una decisión que sus trabajadores calificaron como “sin vuelta atrás”. La compañía era la única productora de aisladores de porcelana para la red eléctrica en todo el país, un insumo clave para evitar fugas de electricidad y garantizar el funcionamiento seguro del sistema.
Según detallaron los ahora ex trabajadores de la compañía en un comunicado, “FAPA cubría la totalidad de la producción argentina de aisladores de porcelana y abastecía alrededor del 70% del consumo aparente”, de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria Electrónica (CADIEEL). La planta, ubicada en Mariano Acosta 500, funcionaba desde 1938 y fue fundada por los hermanos Leopoldo y Aquiles Armanino, quienes en sus orígenes se dedicaban al menaje hotelero (fabricaban utensilios y accesorios para hoteles) hasta que la Segunda Guerra Mundial interrumpió las importaciones y los llevó a reconvertir la producción hacia la porcelana eléctrica.
El cierre definitivo de FAPA deja al sector eléctrico en una situación crítica. Ante la desaparición de la producción local, la red quedará completamente dependiente de aisladores fabricados en China, Brasil y Colombia. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la Resolución 345/2026, que suspende por seis meses los derechos antidumping para la importación de estos productos. La norma advierte explícitamente sobre las consecuencias de mantener las restricciones: “La permanencia de la medida no solo carecería de objeto ante la inexistencia de producción nacional, sino que podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico”, afectando de manera injustificada una infraestructura crítica.
El panorama de la empresa comenzó a torcerse en los últimos seis meses, cuando dio los primeros pasos hacia su cierre total. Según el último reporte trimestral de la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL), correspondiente a diciembre de 2025, el 44% de las empresas del sector experimentó una baja en su nivel de producción, con una merma promedio del 31% respecto al trimestre anterior. Solo el 16% de las compañías logró incrementos, mientras que el 40% se mantuvo sin variaciones, en un contexto de fuerte recesión que golpeó especialmente a la industria nacional.
Con la liquidación de FAPA, Argentina pierde no solo una empresa centenaria sino también una capacidad productiva estratégica en un rubro sensible para la infraestructura energética. La resolución de Caputo, al eliminar temporalmente los aranceles de protección, busca evitar un colapso en el suministro eléctrico, aunque a costa de sellar definitivamente la suerte de una industria que durante casi nueve décadas garantizó la soberanía tecnológica del sector.

Trabajadores de Cabot enfrentan el lock-out y el intento de cierre

Ante una situación marcada por un cambio de humor social producto de la política de ajuste contra los trabajadores y los sectores populares, los obreros de CABOT se plantan. Desde la semana pasada, cuando gerentes de la corporación anunciaron el cierre de la planta sin brindar explicaciones concretas, la respuesta obrera no se hizo esperar.
La permanencia en los portones con un acampe logró darle visibilidad al conflicto, sumando coberturas periodísticas y el apoyo solidario de distintos gremios y sectores. Los primeros comunicados de respaldo y la solidaridad recibida llevaron a que la asamblea de CABOT resolviera realizar el lunes 11 una marcha por la ciudad de Campana hasta el municipio, con el objetivo de exigir al poder político que intervenga contra el cierre.
La empresa paralizó la producción de manera arbitraria. Solo se mantiene una guardia mínima por cuestiones de seguridad industrial. Sin embargo, la planta continúa operativa: hay materia prima y material disponible para entregar y distribuir. Los trabajadores sostienen categóricamente que la empresa lleva adelante un paro patronal.
En los últimos días, la patronal presentó un preventivo de crisis, aunque todavía no envió telegramas de despido. Entre los trabajadores crece la percepción de que la empresa busca desgastarlos para avanzar con el cierre.
Los trabajadores de CABOT muestran unión y predisposición a dar pelea. Señalan que desde hace tiempo venían sufriendo un ataque constante contra sus condiciones laborales y la pérdida de conquistas, como el comedor y el transporte, por lo que consideran evidente que la patronal venía preparando el terreno para avanzar.
Hoy el Sindicato Único de Trabajadores del Negro de Humo encabeza el conflicto junto a más de 100 trabajadores directos y tercerizados. Lograron que la CGT regional se pronuncie y que en la marcha participen los cuerpos orgánicos de distintos gremios como ASIMRA, UOM y Portuarios, además de sectores de la CTA, ATE y SUTEBA Campana. También se sumaron el bloque de concejales de Fuerza Patria y diputados del mismo espacio.
Muy importante fue también el acompañamiento de los trabajadores de FATE en lucha, desde la seccional San Fernando del SUTNA. Existen elementos que muestran el carácter complementario de ambas fábricas dentro de la misma rama industrial, y el conflicto en FATE le da argumentos a la corporación CABOT para avanzar en su intento de cierre.
A nivel institucional, los trabajadores movilizados fueron recibidos por el intendente Abella, aliado de La Libertad Avanza, quien asumió compromisos formales de intervención. Para esta semana está convocada una audiencia en el ministerio de Trabajo de la provincia. Los trabajadores buscan apoyarse en la importante movilización realizada para defender todos los puestos de trabajo, sin dejar de tener presente que en los escritorios suelen discutirse posibles salidas tramposas para los trabajadores.

El Sindicato del Subte denuncia el intento de SBASE de criminalizar la protesta sindical

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados) convocó a una conferencia de prensa el miércoles 6 de mayo a las 10:00, en el marco de un estado de alerta y movilización tras tomar conocimiento de una causa penal iniciada contra trabajadores y trabajadoras del sector.
El sindicato señaló que la denuncia fue impulsada por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), empresa estatal bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como un intento de “criminalizar la protesta sindical y el derecho a huelga de trabajadores y trabajadoras del subte”.
La causa que tramita en la Fiscalía PCyF N° 35 de la Ciudad, “imputa a trabajadores y trabajadoras por el delito de asociación ilícita cuando en realidad se trata de acciones gremiales llevadas adelante durante 2024 y 2025”, apuntaron desde la organización gremial.
En ese marco, también remarcaron que las medidas cuestionadas se desarrollaron en conjunto con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), lo que refuerza su carácter legítimo en el ejercicio de la representación sindical.
Además, los Metrodelegados advierten sobre una “reaparición” de la criminalización de la huelga como vía para condicionar derechos constitucionales. En esa línea, cuestionaron la idea de que una acción colectiva organizada en el marco sindical pueda ser considerada un delito, y subrayaron que tanto el derecho de asociación como la libertad sindical deben ser garantizados.
El gremio rechazó lo que considera un intento de intimidación mediante la persecución judicial y ratificó su estado de alerta y movilización. Además, convocó a organizaciones sindicales nacionales e internacionales, junto a actores sociales y políticos, a “denunciar este atropello contra derechos laborales”
La conferencia se realizó en la sede sindical ubicada en Carlos Calvo 2365, en el barrio porteño de San Cristóbal.

D’Atri lleva a la Legislatura la denuncia por persecución judicial a 171 trabajadores del subte y la AGTSyP

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires recibió un proyecto de declaración impulsado por la legisladora Andrea D’Atri del PTS en el Frente de Izquierda, que expresa una fuerte preocupación por el intento de criminalización del derecho a huelga contra 171 trabajadores del subte y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). La iniciativa apunta directamente contra la causa judicial promovida por la empresa concesionaria Emova y SBASE, que busca encuadrar medidas gremiales dentro de la figura penal de “asociación ilícita”.
Esta iniciativa se da como acompañamiento de la campaña de denuncia que lanzaron los trabajadores del subte y la AGTSyP en una conferencia de prensa. En la misma los trabajadores no descartaron medidas de fuerzas, como acompañar al juzgado a cada trabajador cuando sea citado.
El proyecto de resolución presentado, advierte que esta acusación constituye un hecho de extrema gravedad institucional, ya que utiliza una figura penal destinada a delitos para perseguir acciones sindicales amparadas por la Constitución. Según se detalla, la causa reúne distintas medidas de fuerza realizadas entre 2024 y 2025, seleccionando de manera arbitraria a trabajadores imputados sin fundamentos claros, lo que configura —según la denuncia— un intento de disciplinamiento hacia la organización sindical.
La investigación está a cargo de la fiscal Celsa Victoria Ramírez, cuya actuación también es cuestionada en el proyecto. Desde el sindicato denuncian irregularidades en el proceso, como el rol simultáneo de la empresa concesionaria como denunciante, aportante de pruebas y notificadora. Esta situación derivó en pedidos formales de nulidad de actuaciones y recusación de la fiscal, en medio de un conflicto que escala en tensión.
Entre los hechos incluidos como “prueba” en la causa figuran medidas de fuerza ampliamente difundidas: paros escalonados, aperturas de molinetes y adhesiones a huelgas generales del transporte. Para el proyecto presentado, por Andrea D’Atri, se trata de acciones legítimas en defensa de condiciones laborales y del servicio público, lo que refuerza la denuncia de criminalización de la protesta.
La iniciativa también contextualiza a esta avanzada judicial en un escenario más amplio de ajuste sobre el transporte público. Se señala que mientras avanzan causas contra trabajadores, persisten denuncias por falta de inversión, aumentos tarifarios y la exposición al asbesto —un material cancerígeno que ya provocó la muerte de seis trabajadores y afectó a más de 150. En ese marco, el proyecto plantea que la persecución judicial busca acallar a uno de los sectores que viene denunciando estas condiciones y defendiendo un servicio accesible para millones de usuarios. Mientras, los trabajadores vienen realizando acciones denunciando el despido de una compañera, Araceli Pintos, por el simple hecho de haber denunciado a un policía y un supervisor por acoso.

Trabajadores despedidos de Fanelli inician una medida de amparo sindical

Trabajadores despedidos denuncian persecución sindical, una “lista negra» y reclaman su reinstalación patrocinados por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH). Advierten sobre un plan de la empresa para disciplinar la organización sindical, e impedir la elección a delegados del 8 de mayo.
La presentación fue realizada en representación de 3 trabajadores despedidos el 18 de marzo, y otro el 23 de abril. De la primera tanda de despidos, dos habían comunicado su postulación como delegados el 12 de abril y fueron despedidos el 18 del mismo mes. El cuarto despedido, lo fue un día después de vencida la conciliación obligatoria, y fue contra un reconocido activista sindical que había organizado medidas de fuerza dentro de la fábrica cuando no dejaron entrar a los delegados. Para el CeProDH, no se trata de hechos aislados sino de “una política deliberada de la empresa para desarticular la organización de los trabajadores”.
La presentación judicial pone el foco en un elemento explosivo: la existencia de una “lista negra” elaborada por la propia dueña de la empresa. El documento fue aportado por el ex jefe de Recursos Humanos de la firma, quien además lo presentó como prueba documental en su propio juicio por despido discriminatorio y trabajo no registrado que tramita ante el Tribunales Laboral n°5 de La Plata.
Según se detalla, se trata de un correo electrónico interno donde la titular de la empresa Marcela Fanelli identifica a trabajadores con rótulos estigmatizantes como “conflictivo”, “amigo de los delegados”, “recurre a los delegados” o incluso descalificaciones personales como “inútil”, “raro”, “adicto”, “carpetero”, “conflictivo” y otros calificativos irreproducibles. Para el CeProDH, no hay margen de duda: “es una prueba directa de una política patronal destinada a identificar, marcar y despedir a quienes se organizan con el fin de avanzar en la precarización de la mano de obra en sintonía con la reforma laboral dictada por el Gobierno”.
Lejos de tratarse de hechos aislados, la denominada “lista negra” aparece como la expresión más clara de un plan más amplio de la empresa. Según se detalla en la medida cautelar, dicho listado habría sido utilizado como guía para avanzar con despidos selectivos, dirigidos especialmente contra activistas, delegados y trabajadores vinculados a la organización sindical. “Lo que queda al descubierto es un mecanismo deliberado de persecución: primero identifican, después hostigan y finalmente despiden”, denuncian desde el CeProDH.
En este marco, los despidos no responden a situaciones individuales ni a causas genuinas, sino que constituyen represalias directas contra quienes se organizan y participan activamente en la vida gremial, algunos de ellos incluso con tutela sindical. La presentación judicial reconstruye además una secuencia de desvinculaciones previas que siguen un mismo patrón: selectividad, cercanía con momentos clave del proceso organizativo y vínculo directo con la actividad sindical. De este modo, la empresa no solo busca desarticular la organización existente, sino también avanzar en un recambio del personal que facilite la flexibilización de las condiciones laborales, en línea con las reformas impulsadas recientemente, poniendo en riesgo el Convenio colectivo de la actividad.
Los trabajadores están impulsando un fondo de lucha para sostener el conflicto frente a la falta de pago de salarios. El alias para colaborar es FANELLIENLUCHA, y la medida busca garantizar la continuidad de la organización y evitar que la pelea se debilite por necesidades económicas básicas, en un contexto donde la empresa apuesta a desgastar el reclamo por la vía del ahogo material.
El trasfondo del conflicto se remonta a la recuperación de la organización sindical dentro de la planta. Luego de más de diez años sin elecciones de delegados, en 2024 los trabajadores lograron reactivar la vida gremial, conformar una agrupación y conquistar la representación mediante el voto. A partir de ese proceso, el nuevo Cuerpo de delegados impulsó asambleas y logró mejoras concretas en las condiciones laborales, vinculadas al derecho a las vacaciones, la cobertura de ART y el reconocimiento de derechos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo que, hasta entonces, eran sistemáticamente desconocidos por la empresa, como el descanso de media hora, el uso del comedor o el reconocimiento de tareas riesgosas.
Esta reactivación sindical marcó un punto de inflexión. Según denuncian los trabajadores, a partir de allí comenzaron las presiones, el hostigamiento y, finalmente, los despidos. “La lista negra muestra que la empresa nunca aceptó ese proceso y decidió combatirlo abiertamente”, señalan.
El conflicto se profundizó aún más con el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La empresa no solo impidió el ingreso de los trabajadores despedidos, sino que continuó con su política de represalias, sumando nuevas desvinculaciones. Para los trabajadores, esto evidencia un accionar sistemático que desconoce la legislación vigente, la autoridad administrativa y los derechos sindicales, consolidando un escenario de creciente conflictividad dentro de la planta.
La medida cautelar solicita la reincorporación inmediata de los trabajadores, el cese de los despidos y garantías para el normal desarrollo del proceso electoral. Desde el CeProDH concluyen: “la lista negra es la prueba más brutal de este accionar. No estamos ante un conflicto más, sino ante un ataque directo a la organización sindical, las libertades políticas y democráticas de los trabajadores. La reinstalación es urgente para frenar esta política y defender derechos conquistados con años de lucha”.
El caso Fanelli no es un hecho aislado. Es parte de una avanzada patronal que, envalentonada por el gobierno de Milei y su reforma laboral, busca disciplinar a la clase trabajadora atacando a quienes se organizan. Pero también muestra el otro lado: la resistencia. Los trabajadores de Fanelli son hoy un ejemplo, como lo son los de Fate, Secco, Lustramax, Shell y tantos otros que enfrentan despidos y prepotencia patronal en defensa de sus derechos.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Anred, Agencia Andar, InfoBAE, Perfil, La Izquierda Diario, Anred, InfoGremiales, Indymedia Trabajadoras/es

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