Hospital Garrahan: denuncian problemas de infraestructura, falta de personal y sumarios por defender el hospital

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) advierten que “faltan por lo menos 650 enfermeras y enfermeros”, lo que calificaron como “un faltante gravísimo que impacta sobre la atención de niños, niñas y adolescentes”.
Desde la APyT señalaron además “sumarios por defender el hospital”, “suspensiones sin derecho a defensa”, “desplazamiento ilegal de personal concursado”, “censura a actividades científicas a 48 horas de su realización” y “persecución” contra referentes sindicales que encabezaron “la histórica lucha del Garrahan” durante 2025.
En ese marco, el sindicato recordó que esas represalias “se encuentran actualmente cuestionadas en la Justicia”, en referencia a la denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal N°1 en lo Criminal y Correccional, a cargo de la jueza María Romilda Servini, donde trabajadores y trabajadoras del hospital denunciaron a la abogada de la gestión libertaria, Fernanda Marino, por “violación del derecho a defensa”, “desobediencia a la Justicia”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Según sostuvo el gremio, “la gestión montó una ‘ficción’ de juicio interno” contra trabajadores que participaron de las protestas el año pasado, mientras “se persigue a quienes defendieron el hospital del vaciamiento”.
La APyT también denunció “condiciones laborales inseguras” en áreas sensibles como Mantenimiento y reclamó la “reincorporación inmediata” del trabajador Marcelo Silva, a quien definieron como “uno de los mejores plomeros del hospital”, suspendido “injustamente” tras “un accidente laboral no deliberado” que atribuyeron a “la falta de inversión de esta gestión”.
“Tanta prepotencia tiene un propósito: generar la disciplina del amedrentamiento para imponer un régimen de gestión vertical, autoritario y oscuro en materia de presupuestos millonarios, designaciones a dedo de asesores con sueldos de privilegio y compras ridículas e injustificadas, que habría que investigar a qué proveedores benefician, comparar montos y mucho más”, sostuvo Norma Lezana, secretaria general de la APyT.
Desde la Asociación denunciaron además “la discrecionalidad en el nombramiento de asesores sin concurso”, “el manejo oscuro de fondos millonarios” y “compras injustificadas”, al tiempo que vincularon esas políticas con “un intento de cambiar la naturaleza del Garrahan” y convertirlo en “una fuente de negocios y no un derecho para todas las infancias”.
Desde la Junta Interna ATE Hospital Garrahan también se expresaron: “Queremos enfrentar un vaciamiento que sigue en curso: prácticamente no ingresa personal hace más de dos años. Las renuncias masivas que sufrimos antes del aumento salarial y las jubilaciones no fueron cubiertas, por lo cual se achicó la planta del hospital; ahora viene un recorte en las becas. Estas peores condiciones afectan tanto a los trabajadoras como a las niñas y niños que se atienden en la institución”, señaló Alejandro Lipcovich, trabajador del Hospital Garrahan y secretario general de la Junta Interna.
“¿Por qué tanta gente piensa que hay corrupción en el Garrahan? Por un lado, dejaron de hacerse públicas las resoluciones y disposiciones de gestión. Llama la atención que quieran ocultar cosas que deberían ser públicas por ley; además, es ‘vox pópuli’ que ingresan ‘asesores’ que son amigos o familiares de los funcionarios con sueldos millonarios. Mientras tanto, no contratan una sola enfermera para la parte asistencial. También llama la atención que oculten los actos de gobierno aquellos funcionarios que responden políticamente a Adorni, al borde del procesamiento por corrupción, y a Lugones, que tiene bajo su órbita escándalos groseros de sobreprecios. En el Garrahan no publican los números, baja la calidad de los insumos y en muchos sectores hay incluso faltantes. Las goteras se multiplican. Exigimos rendición de cuentas”, agregó Lipcovich
En el mismo sentido, Gerardo Oroz, trabajador y secretario adjunto de ATE Garrahan, afirmó: “Esta gestión vaciadora lanzó una contraofensiva tras haber sido derrotada por la lucha de 2025, cuando conquistamos un aumento salarial histórico. Así, hay sumarios con causas truchas para despedir a los principales dirigentes de la lucha; ahora, suspenden a trabajadores sin derecho a defensa. Extorsionaron a suplentes de guardia para que pasen a ser monotributistas, precarizando su situación laboral. Como si todo esto fuera poco, tanto el gobierno como el hospital siguen incumpliendo la ley de emergencia pediátrica. Nos vamos a juntar nuevamente, tanto dentro del hospital, incluidas las familias, como fuera, con otros sectores de trabajadores que están en lucha, para enfrentar colectivamente este ajuste. Se tiene que ir la intervención del Garrahan”.

Sanciones arbitrarias en Mantenimiento

La suspensión sin investigación ni derecho a defensa contra un trabajador de Mantenimiento es la razón de un “herramientazo” que llevaron adelante el 25 de mayo en el Hospital Garrahan.
El conflicto en el área de Mantenimiento del Hospital Garrahan sigue creciendo luego de la suspensión por 30 días, sin goce de haberes, aplicada al compañero Marcelo Silva. La medida fue tomada en forma arbitraria por el Consejo de Administración del Hospital tras una inundación ocurrida en el servicio de Patología durante la madrugada del 7 de mayo y generó un fuerte rechazo entre trabajadores y distintos sectores del hospital, que denuncian una sanción arbitraria, sin investigación previa ni derecho a defensa.
Por eso nos reunimos en un “herramientazo” del sector y presentamos a la Dirección Médica el petitorio de las primeras firmas del sector y las del resto de los sectores del hospital.
Apenas ocurrido el episodio, las direcciones encabezadas por Pirozzo y Feldman dieron el “caso por cerrado” y avanzaron contra el trabajador que se encontraba de guardia esa noche. Compañeros del sector señalan que Silva simplemente había cumplido las tareas asignadas durante su turno y que nunca existió una instancia seria para determinar responsabilidades ni analizar las verdaderas causas del problema.
El hecho excede ampliamente un caso individual. Lo que se intenta instalar es una metodología acorde a la reforma laboral del gobierno de Milei y sus cómplices, donde cualquier trabajador puede ser señalado de antemano y sancionado sin garantías mínimas. La llamada “suspensión preventiva” funciona en los hechos como un mecanismo de disciplinamiento.
El reclamo también vuelve a poner sobre la mesa el estado crítico de la infraestructura hospitalaria. Mientras la dirección descarga responsabilidades sobre un trabajador, continúan los problemas de mantenimiento, la falta de personal, la escasez de materiales para reparaciones y las condiciones inseguras en distintos sectores técnicos. Incluso trabajadores del área afirman que el deterioro es reconocido por las propias jefaturas del hospital.
Mientras Adorni se enriquece con la salud pública, mientras en twitter hablando de las inversiones en el Garrahan, millones de pesos tirados en camas que no entran en las habitaciones, casi 400 renuncias y salas colapsadas. Es la política con el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y su ministro Lugones sobre la salud pública. Las sanciones arbitrarias y el avance contra derechos laborales forman parte de la aplicación “de hecho” de la reforma laboral, mediante mecanismos de persecución y disciplinamiento orientados a debilitar la organización de los trabajadores.

Marcha por la Salud Pública

La Marcha Federal por la Salud Pública reunió a miles de trabajadores de hospitales, médicos, residentes, estudiantes y organizaciones sociales que se movilizaron desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema sanitario.
La protesta se realizó bajo la consigna “La salud no puede esperar” y tuvo como eje principal el rechazo a los recortes presupuestarios, el desfinanciamiento de programas nacionales y la crisis que atraviesan hospitales públicos en todo el país. Entre los reclamos también aparecieron la falta de medicamentos, el deterioro de prestaciones y el impacto del ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.
La movilización estuvo encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por gremios como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, entre más de 140 organizaciones sindicales y sociales.
“La Salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El dirigente aseguró además que “es inminente el cierre de numerosos servicios hospitalarios” y denunció que “el ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria y se está traduciendo en enfermedad y muerte”.
Desde las organizaciones convocantes señalaron que, desde la llegada de Milei a la presidencia, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%, mientras que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé nuevos recortes, superiores a los 63.000 millones de pesos.
También advirtieron que más de 742.000 personas perdieron cobertura médica, que el programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3 y que el presupuesto del PAMI sufrió un recorte cercano al 40%, generando deudas con prestadores y dificultades para acceder a turnos y tratamientos.
En el documento leído durante la movilización también se denunció el desmantelamiento de políticas sanitarias nacionales, como el cierre del plan ENIA de prevención del embarazo adolescente, el recorte en vacunación y la pérdida de autonomía de hospitales nacionales.
Los organizadores alertaron además sobre el aumento de enfermedades prevenibles y remarcaron que la mortalidad infantil pasó de 8,0 a 8,5, mientras que la mortalidad materna creció un 37%, alcanzando su nivel más alto desde 2010 fuera del período de pandemia.
Mientras los manifestantes responsabilizaron al Gobierno nacional por el deterioro sanitario, desde la Casa Rosada buscaron trasladar parte de la presión a la administración bonaerense de Axel Kicillof.
El Ministerio de Salud nacional puso el foco en la situación de los hospitales SAMIC y del Hospital Garrahan, que funcionan bajo un esquema de financiamiento compartido entre Nación y las provincias. Según denunciaron desde la cartera sanitaria, la provincia de Buenos Aires mantiene una deuda acumulada superior a los 630.000 millones de pesos.
En ese marco, el Gobierno expuso un caso sensible: 814 chicos esperan prótesis para poder operarse en el Garrahan porque la provincia no habría realizado las entregas correspondientes. Según señalaron fuentes oficiales, algunas cirugías debieron ser reprogramadas y otros pacientes incluso fueron derivados tras alcanzar la mayoría de edad mientras aguardaban una respuesta.
Frente a esa situación, el Ministerio convocó a directivos de hospitales afectados para analizar el estado del sistema y reclamar el cumplimiento de los compromisos firmados por las jurisdicciones.
La disputa entre Nación y la provincia de Buenos Aires volvió así a trasladarse al terreno sanitario en medio de una creciente conflictividad social. Mientras el Gobierno nacional sostiene que busca “ordenar” el sistema y exigir responsabilidades a las provincias, gremios y trabajadores denuncian que el ajuste ya impacta directamente sobre la atención médica cotidiana y el funcionamiento de hospitales públicos.
Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Nación rechazaron las denuncias de desfinanciamiento y aseguraron que el sistema sanitario “no sufrió recortes estructurales”, sino un proceso de “reordenamiento del gasto”.
Fuentes oficiales sostuvieron que se mantuvieron partidas para hospitales nacionales y programas esenciales, y atribuyeron parte de la crisis a problemas de gestión provinciales y al aumento de la demanda sobre el sistema público tras la caída de coberturas privadas. En esa línea, remarcaron que muchas de las prestaciones dependen de convenios compartidos con las provincias y reclamaron “cumplimiento de los compromisos asumidos” por parte de Buenos Aires.

Nuevos recortes

Aunque para Adorni sí hay plata y no paran de aparecer escándalos de corrupción, lo cierto es que en la última semana el Ministerio de Economía de la Nación oficializó un recorte de $63.021 millones en salud, un ajuste de $20.000 millones en medicamentos, insumos y tecnología médica; recortes de $5.000 millones en programas de lucha contra el cáncer, entre otros.
Se avanza en el vaciamiento y cierre del programa REMEDIAR que si bien venía sufriendo recortes, permitía el acceso a medicamentos de forma gratuita en más de 8.000 centros de salud en todo el país. En materia de vacunas el recorte es tal que ya existe un aumento de enfermedades inmunoprevenibles inaceptable: en 2025 crecieron los casos confirmados de coqueluche (+474%), sarampión (+1700%), hepatitis A (+253%) y meningitis.
Los hospitales que dependen de la UBA y atienden a centenares de miles anuncian que no pueden seguir funcionando con el brutal desfinanciamiento que están viviendo. Milei no inaugura este proceso, pero lo profundiza enormemente.

Ni con Milei ni con los gobernadores

La marcha de Salud del 20 de Mayo que salió desde el ministerio de Salud de Nación y fue hasta la Plaza de Mayo fue convocada centralmente por las direcciones sindicales que están completamente integradas al Movimiento Derecho al Futuro del Gobernador Kicillof y son quienes vienen pactando salarios a la baja, mientras no convocan ningún plan de lucha serio frente a la crisis en curso.
Esta movilización también la impulsan sectores del peronismo de las provincias y los municipios, la mayoría nucleados en el “Foro por el Derecho a la Salud”, una especie de “colateral” de salud del gobierno de la provincia, que intenta arrogarse una representación de los trabajadores que no tienen.
Sin embargo, tenemos que ganar las calles con una columna independiente y mostrar, como lo hizo el Garrahan conquistando un 61% de aumento en una lucha ejemplar, que se le puede torcer el brazo al gobierno. No es tiempo para medias tintas. La PLURICOLOR de CICOP tomó ese compromiso con casi 2000 afiliados en toda la provincia, ser una oposición consecuente y pelear por un sindicato independiente de los gobiernos, democrático y de lucha.
En la provincia de Buenos Aires es el gobierno de Axel Kicillof y los intendentes quienes, con la complicidad de la mayoría de la dirigencia sindical, sostienen una precarización inaudita con al menos 6.000 trabajadores becarios, con contratos de entre 600 y 700.000 pesos y desde la pandemia trabajando a destajo sin antigüedad ni aguinaldo.
Las trabajadoras administrativas que sostienen los centros de salud, de lunes a sábados, cobran poco más de 300.000 pesos. Nos condenan al hambre.” cuentan lxs trabajadores del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, que vienen de conquistar la Seccional más grande de la CICOP en uno de los distritos más pobres del AMBA.

Los psicólogos van al paro por las deudas de IOMA

Mientras los profesionales de la Salud Mental denuncian que todavía no cobraron las prestaciones realizadas a fines del año pasado, desde la obra social bonaerense justifican las demoras por el recorte nacional y prometen saldar la deuda antes del jueves 21.
Cansados de financiar con su propio bolsillo la atención de miles de pacientes, los psicólogos bonaerenses que responden al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) decidieron ponerle un freno a la precarización y anunciaron un corte total de servicios para exigirle a la obra social provincial que salde una deuda millonaria que arrastra desde 2025.
La medida de fuerza, que se ejecutó durante 24 horas el viernes 22 de mayo, surge como una respuesta desesperada ante las reiteradas irregularidades administrativas del Instituto. El Colegio de Psicólogos de La Plata lidera este reclamo tras agotar las instancias de diálogo formales sin obtener un cronograma claro que garantice la liquidación de los honorarios atrasados.
Los números que exponen los prestadores reflejan un desfasaje insostenible para cualquier economía doméstica. En lo que va de este 2026, la obra social apenas realizó tres desembolsos, cuando el calendario indica que a esta altura ya deberían haberse concretado cinco pagos. Las facturas que acumulan polvo en los cajones estatales y que todavía no tienen orden de pago emitida corresponden a los meses de diciembre del año pasado, enero, febrero y parte de marzo.
“Lo que hace IOMA continuamente es no dar fecha de pagos y cortar la cadena. Este año está pagando más o menos cada 45 días”, explicó Sebastián Navarro, tesorero de la entidad colegiada. En sintonía con las quejas de sus colegas, el dirigente señaló que la mutual toma este tipo de decisiones de manera unilateral, sin avisar y sin permitirle a los trabajadores planificar su economía, dejándolos en un estado de incertidumbre total.
El impacto de este ahogo financiero golpea por partida doble. Por un lado, asfixia a los terapeutas, muchos de los cuales dependen de los ingresos de la obra social provincial para cubrir hasta el 50% de sus gastos mensuales. Por el otro, vulnera directamente a los afiliados, quienes ven interrumpida la continuidad de sus tratamientos psicológicos, un factor clave y de extrema sensibilidad para la eficacia de cualquier abordaje en salud mental.
Desde los pasillos de IOMA intentaron bajarle el tono al conflicto con dos argumentos. Primero, justificaron la demora técnica apelando a la letra chica de los convenios, afirmando que los plazos de pago pueden extenderse legalmente hasta 90 días. Segundo, responsabilizaron de forma directa al Gobierno nacional por generar un escenario de ajuste económico generalizado que terminó rompiendo los circuitos en la provincia. «Venimos atrasados, pero pagando con un gran esfuerzo», indicaron fuentes oficiales de IOMA, deslizando además la promesa de cancelar la deuda este mismo jueves 21.
Este cortocircuito no es un hecho aislado, sino que estalla en un contexto de altísima sensibilidad, coincidiendo con la Marcha Federal de la Salud que moviliza a todo el país en repudio a los recortes presupuestarios. Las autoridades de la obra social bonaerense utilizaron justamente esa protesta nacional como escudo argumentativo para explicar sus propias falencias financieras, evidenciando que el sistema sanitario público y privado atraviesa una crisis que cruza todas las fronteras.
El reclamo de fondo de los terapeutas va mucho más allá de cobrar el dinero que ya se ganaron hace cinco meses. Lo que el sector exige para destrabar el conflicto y retomar la atención normal de los afiliados es que la entidad establezca parámetros certeros de cobro hacia el futuro. Si no se fijan fechas previsibles que respeten el trabajo profesional y eviten la licuación de los ingresos, advierten, sostener el sistema de salud mental en la provincia será una tarea materialmente imposible.

Paro por deudas salariales en Clínicas de Córdoba

La salud privada de Córdoba atraviesa horas de máxima tensión. Hicieron un paro de 48 horas impulsado por trabajadores nucleados en Atsa Córdoba, en medio de un fuerte conflicto salarial que afecta a reconocidas clínicas y sanatorios de la capital cordobesa.
La medida de fuerza provocó suspensión de cirugías programadas, demoras en consultorios externos y reducción parcial de distintos servicios médicos, generando preocupación entre pacientes y familiares.
Según informó el gremio, la protesta se realizó mediante ceses de actividades de cuatro horas por turno. Las medidas afectaron el funcionamiento entre las 6:00 y las 10:00, mientras que por la tarde comenzaron a partir de las 14:00. El turno noche también se sumó a la protesta.
A pesar del paro, se mantuvieron activas las guardias mínimas y la atención de urgencias para evitar situaciones de riesgo. Sin embargo, muchos pacientes recibieron reprogramaciones de turnos y cirugías debido al impacto del conflicto.
El eje central del reclamo fueron los salarios adeudados. Desde Atsa Córdoba denunciaron que la deuda acumulada supera los $740.000 por trabajador.
Según indicaron, las empresas realizaron algunos pagos parciales, pero los haberes todavía no fueron completados y no existe una fecha concreta para regularizar la situación.
¿Cuáles fueron las clínicas alcanzadas por el paro en Córdoba?
Entre las instituciones alcanzadas por el paro se encontraron el Sanatorio Aconcagua, el Sanatorio Santo Tomás y el laboratorio Biolab, tres centros de salud con alta demanda en Córdoba.
Según indicaron desde el gremio, en estos establecimientos ya comenzaron a registrarse complicaciones en la atención diaria debido a la protesta de trabajadores.
La protesta impacta principalmente en: cirugías programadas, atención en consultorios, servicios de laboratorio, y tareas administrativas.
Por ese motivo, las autoridades recomendaron a pacientes con turnos o intervenciones previstas comunicarse previamente con los centros de salud para confirmar la atención.
Empleados de la salud pública de Córdoba advirtieron sobre situaciones de sobre endeudamiento y descuentos automáticos sobre sus haberes, en medio de reclamos por refinanciaciones y adelantos salariales otorgados por el Banco de Córdoba. Según señalaron, hay trabajadores que dejaron de utilizar sus tarjetas hace meses y aun así continúan sin percibir salario.
La situación fue expuesta por Estela Jiménez, secretaria adjunta de la Unidad de Trabajadores de la Sanidad (UTS), durante una entrevista, donde aseguró que “hay más del 30% de compañeros endeudados y más del 30% de compañeros que no reciben sueldo, que el Banco les retiene la totalidad de su sueldo”, sostuvo.
La representante sindical aseguró que muchos empleados públicos utilizaron adelantos salariales y tarjetas de crédito para afrontar gastos esenciales. “Con la tarjeta nuestros compañeros no se están pagando un viaje ni un televisor de 80 pulgadas, están pagando la comida, sacando el adelanto de sueldo para pagar el alquiler”, expresó.

¿Cómo son los planes de refinanciación para empleados públicos endeudados?

Giménez cuestionó el sistema de cobro automático que Bancor aplica sobre las cuentas sueldo de empleados públicos y jubilados. “El Banco Provincia de Córdoba se cobra solo. Antes de que nos depositen el sueldo, ya está hecho el descuento de la cuota de la tarjeta”, afirmó.
Según explicó, la entidad descuenta automáticamente el pago mínimo o el total de la tarjeta de crédito y luego suma cargos vinculados a refinanciaciones y adelantos salariales. “Vos lo podés sacar desde el día que cobraste el sueldo y te lo cobra inmediatamente al mes siguiente, con un interés”, indicó.
La delegada también señaló que hubo trabajadores que recibieron aumentos en sus límites crediticios pese a no contar con capacidad de pago suficiente. “Había casos de tarjetas con 12 millones de pesos cuando equivalía más o menos a seis o siete sueldos”, sostuvo.
Giménez aseguró que muchos trabajadores refinanciaron sus deudas, pero que el Banco continúa realizando descuentos superiores a las cuotas acordadas. “El Banco cuando refinancia las deudas las hace tan grandes y no respeta el cobro de la cuota”, señaló.
Además, afirmó que existen casos de empleados que dejaron de usar la tarjeta hace meses y aun así continúan sin percibir salario. “Hay compañeros que habían dejado de consumir con la tarjeta desde octubre del año pasado y se han llevado cuatro meses sin cobrar sueldo”, indicó.
La dirigente sindical también cuestionó que el Banco descontó adelantos salariales pese a haberse comprometido a no afectar un bono otorgado por la Provincia. “El banco dijo que no iba a efectuar ningún tipo de cobro con este bono y les cobró el adelanto de sueldo”, expresó.
Giménez insistió en que los trabajadores no encuentran soluciones efectivas y denunció abusos por parte de la entidad financiera. “Hay un problema del Banco, hay un abuso del Banco y no hay quien lo pare”, afirmó.
También cuestionó descuentos vinculados a cuotas alimentarias y sostuvo que existen retenciones que afectan el total de los haberes. “Es ilegal que le saquen el 100% del salario”, concluyó.

La respuesta de los gremios

En ese contexto, el titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, confirmó que los gremios mantienen conversaciones con el Gobierno provincial y Bancor para revisar las condiciones de refinanciación y reducir el impacto de los descuentos sobre los salarios.
“Lo que nosotros estamos planteando es que la gente pueda implementar una refinanciación de su deuda con una tasa de interés mucho más baja”, afirmó Castro. Además, sostuvo que los sindicatos pidieron que no se descuenten cuotas alimentarias, salarios familiares ni haberes destinados a hijos con discapacidad.
El dirigente también cuestionó la pérdida de poder adquisitivo de los estatales y aseguró que la situación de endeudamiento está directamente vinculada a las dificultades para llegar a fin de mes. “El dinero no alcanza, todo aumenta y las cosas se complican”, expresó.

Contra la persecución sindical de Weretilneck

En la puerta del Hospital Zatti de Viedma, varios gremios convocados por la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) exigieron la restitución de los derechos para el sindicato y el fin de la persecución contra las dirigentas Cesira Mullally y Marisa Albano, Secretaria General y la Secretaria Gremial de Asspur, respectivamente.
La Secretaria General de Asspur, Cesira Mullaly, explicó que están siendo perseguidas por el gobierno provincial de Río Negro.
Desde el pasado 31 de diciembre de 2025, el Estado provincial desconoció las licencias gremiales correspondientes a Asspur, lo que obligó a Cesira y a Marisa a retornar a sus puestos de trabajo, limitando seriamente su posibilidad de ejercer como representantes de los y las trabajadoras. Además, iniciaron un sumario contra Albano.
Mullaly recordó que Asspur cuenta con personería expedida por la actual Secretaría, ex Ministerio, de Trabajo de la Nación, quien es el organismo pertinente y no el gobierno provincial.
“Interpretamos que este ataque no es por nosotras, ni por Asspur, sino contra la organización de los trabajadores”, dijo Mullaly, y agregó que es llamativo es que hasta el año pasado podían ejercer la representación gremial y este año no, lo que ejemplifica la arbitrariedad del ataque político contra la organización de las y los trabajadores de la salud pública.
La conferencia contó con la presencia de la conducción nacional de Fesprosa y de sus gremios afiliados de Neuquén (Siprosapune) y La Pampa (Sitrasap), y de los sindicatos y centrales de la provincia: UNTER (docentes), Sitrajur (judiciales), ATE (estatales), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, la Coordinadora de los Jubilados y la Asociación de Docentes de la Universidad del Comahue.
Durante la conferencia, se señaló que estos actos de represión tienden a desorganizar a los sindicatos para evitar sus reclamos, como lo fue la represión con gases contra los docentes de UNTER en la ruta las semanas pasadas. Cesira Mullaly, Secretaria General de Asspur, detalló el conjunto de las disposiciones legales y los convenios internacionales que protegen la libertad sindical y que está violando el gobierno de Weretilnek.
En el cierre, Jorge Yabkowski, secretario de organización de Fesprosa, llevó la solidaridad de toda la Federación y señaló que a lo largo y ancho del país la libertad sindical es atacada de diversas maneras: no otorgando las personerías gremiales, evitando cualquier negociación paritaria, decretando aumentos desde la gobernación al estilo monárquico y excluyendo arbitrariamente a los gremios de la Fesprosa de las negociaciones paritarias.
“La unidad en la actividad de hoy demostró que existe ánimo entre los trabajadores para pelear por sus derechos y defender sus organizaciones contra los ataques del poder provincial, cómplice del gobierno de Milei a nivel nacional”, finalizó Yabkowski.

Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario, Indymedia Trabajadoras/es

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.