La crisis de la industria lechera afecta a miles de empleos

Tras la confirmación de la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) por parte de la Justicia en noviembre de 2025, se constató que el concurso preventivo, que se había iniciado en abril de 2024, resultó infructuoso. Esta empresa había sido adquirida por el Grupo Vicentín, especializado en la producción de yogures y postres de SanCor.
A pesar de sus inicios alentadores, la compañía enfrentó un creciente endeudamiento con proveedores, transportistas y empleados, experimentando atrasos salariales desde 2023, lo que derivó en suspensiones masivas.
ARSA contaba con dos plantas esenciales: una ubicada en Arenaza (Lincoln, Buenos Aires), que empleaba a 180 personas y otra en Monte Cristo (Córdoba), donde laboraban aproximadamente 200 trabajadores.
¿Cómo se puso en marcha ARSA y qué ocurrió?
ARSA se fundó en 2016 como un mecanismo para la adquisición de la división de productos refrigerados de SanCor Cooperativas Unidas Ltda., que fue comprada por el Vicentin Family Group (VFG), un consorcio asociado al grupo Vicentín, por aproximadamente 100 millones de dólares.
En 2019, inversores vinculados a Vicentín junto con el fondo BAF Capital asumieron el control, con el objetivo de mantener la línea de postres y yogures de SanCor bajo licencia. En un primer momento, la compañía fue considerada “la última joya” del imperio Vicentin, prometiendo modernización e inversión; no obstante, estas promesas se desvanecieron con rapidez.
No obstante, la administración fue transferida hace dos años y medio a la firma venezolana Maralac S.A., dirigida por los hermanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también están al mando de La Suipachense.
En abril de 2024, ARSA presentó una solicitud de concurso preventivo para evitar la quiebra; sin embargo, ningún inversor, incluidos rumores sobre Inverlat (propietarios de Havanna) o Werthein y CarVal, se ofrecieron para proporcionar asistencia.
Finalmente, el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial Nº 29, Secretaría 58, emitió la orden de liquidación total, inhibiendo bienes y embargando fondos.
ARSA representaba el centro de la elaboración de postres lácteos refrigerados para SanCor, una -marca icónica de la tradición argentina en el ámbito lechero. Entre sus productos más destacados se encontraban:
Yogures: variantes como Yogs y Primeros Sabores, óptimas para el desayuno familiar.
Flanes y postres: que incluían flanes caseros SanCor, Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, los cuales cautivaron a generaciones por su sabor casero y accesible.

Las causas detrás del fracaso lácteo en Argentina

La empresa atribuyó su colapso a la “situación general de la economía argentina”: caída del consumo, inflación elevada, encarecimiento de materia prima (leche cruda), incrementos salariales y devaluaciones. Adicionalmente, señalan las políticas de control de precios, como el programa Precios Justos, que fue implementado en agosto de 2023 por el gobierno anterior.
Cortes de energía debido a la falta de pago y la paralización de plantas en 2024 complicaron el contexto, con empleados denunciando incumplimientos ante el sindicato Atilra.
No obstante, voces del sector lácteo critican una gestión ineficaz y potencialmente fraudulenta. Especialistas subrayan que el concurso no se llevó a cabo de manera transparente y que los problemas de ARSA exceden la situación actual: la sobreoferta de leche, las restricciones a exportaciones y los desequilibrios en la cadena de pagos provocan un impacto negativo en pymes como esta.
El fracaso en vender la empresa —obstruido por causas judiciales de Vicentin— definió su destino.

Despidió a 400 empleados

Por lo menos 400 trabajadores han perdido sus empleos, varios de ellos con más de 30 años de antigüedad en la ex SanCor.
El número de despidos representa una crisis significativa en la organización, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad laboral y la sociedad en su conjunto.
A medida que la quiebra de ARSA se hace efectiva, el panorama laboral de las plantas en Arenaza y Monte Cristo se vuelve incierto. Los empleados en ambas locaciones enfrentan la posibilidad de despidos masivos, mientras que los proveedores y transportistas continúan acumulando deudas que podrían llevar a un efecto dominó en la cadena de suministro local.
La liquidación de la empresa no solo afecta a sus trabajadores, sino que también resalta los desafíos enfrentados por el sector lácteo argentino en su conjunto.
Expertos señalan que la falta de inversión y la gestión ineficiente son factores que han contribuido al colapso, lo que genera preocupación sobre el futuro de otras pymes en un contexto económico cada vez más complicado.

Sancor solicitó la quiebra

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera Argentina (Atilra) afirmó que la cooperativa SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia, en medio de una profunda crisis financiera que arrastra desde hace años y que se agravó tras el concurso preventivo de acreedores iniciado en febrero de 2025.
El pedido fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del proceso concursal. La empresa enfrenta una deuda total estimada en 120 millones de dólares, compuesta por pasivos en moneda extranjera y obligaciones en pesos, con organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales entre los principales acreedores.
Según se desprende del expediente, ya se procesaron 1.519 pedidos de verificación sobre un total de 2.702 acreedores, mientras que también se detectó una deuda post concursal superior a los $6.300 millones y un incremento mensual del pasivo cercano a los $3.000 millones.
Desde Atilra, el secretario general Etín Ponce sostuvo que el pedido de quiebra “no agrega ni quita nada”, y lo calificó como un reconocimiento tardío de la situación crítica de la empresa. En ese sentido, el gremio denunció que la cooperativa se sostuvo “con el patrimonio de los trabajadores”, a quienes les adeuda ocho meses de salarios, además del aguinaldo.
A pesar del escenario, el sindicato planteó que la eventual quiebra no representa un final, sino el inicio de una nueva etapa. “La marca SanCor, despojada de la estructura que la llevó al borde de la extinción, debe volver a florecer”, señalaron en un comunicado.
A fines del año pasado, el juez Marcelo Germán Gelcich había ordenado la intervención de la cooperativa debido a reiterados incumplimientos. Entre los principales problemas detectados se destacaron la falta de información clara sobre su operatoria -calificada como “reticencia informativa”- y una grave crisis laboral y previsional.
Según los informes de la sindicatura, la empresa no brindó datos precisos sobre producción, contratos, ingresos ni destino de fondos. Además, se denunciaron irregularidades en recibos de sueldo, con presuntos datos falsos para evitar aportes a la seguridad social.
Fundada en 1938, SanCor supo ser una de las principales cooperativas lácteas del país. En la década del 90 llegó a procesar 4,6 millones de litros diarios, liderando el mercado nacional. Sin embargo, con el paso de los años perdió participación de manera sostenida.
Hoy, según fuentes del sector, procesa alrededor de 700.000 litros diarios en seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba, muy lejos de sus niveles históricos.
Entre las causas de la crisis aparece el impacto de decisiones comerciales y contextos internacionales. Uno de los puntos más relevantes fue la deuda que mantiene Venezuela.
Tras el default venezolano en 2017, SanCor dejó de cobrar una parte significativa de esas exportaciones. Aunque parte de la deuda fue cancelada, aún restan unos 18 millones de dólares, con escasas probabilidades de recuperación.
A esto se sumaron conflictos gremiales recientes que incluyeron bloqueos de plantas, caída en la producción y atrasos salariales, un combo que terminó de empujar a la empresa hacia el concurso preventivo y, ahora, al pedido de quiebra.

SanCor ya tiene precio

Tras la quiebra declarada por la Justicia santafesina a mediados de abril, los activos de la empresa saldrán a la venta con una base total de US$ 52,1 millones, en un proceso que despierta el interés de varios jugadores del sector y que podría definir el futuro de una de las marcas más emblemáticas de la industria alimenticia argentina.
La licitación pública, autorizada por el juez Marcelo Gelcich, incluirá seis plantas industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba, además de un valioso paquete de marcas encabezado por SanCor. Según trascendió, al menos seis interesados ya analizan presentar ofertas para quedarse con parte o con la totalidad del negocio.
La licitación divide los bienes de la compañía en siete lotes. Los seis primeros corresponden a las plantas industriales, mientras que el séptimo reúne los activos intangibles, principalmente la marca SanCor y sus submarcas.
Las instalaciones industriales fueron valuadas en conjunto en US$ 27,4 millones. El paquete marcario, en tanto, fue tasado en US$ 24,7 millones, de los cuales US$ 18,7 millones corresponden a la marca SanCor y otros US$ 6 millones a marcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.
Entre las plantas, la de Devoto encabeza las valuaciones con US$ 7 millones. Allí se elaboraban productos como leche en polvo, manteca y crema. Le sigue la planta de Gálvez, valuada en US$ 5,5 millones y dedicada al fraccionamiento y empaque de lácteos.
Las instalaciones de La Carlota y Balnearia fueron tasadas en US$ 5 millones cada una, mientras que la planta quesera de San Guillermo quedó valuada en US$ 2,5 millones. Por su parte, la planta de Sunchales recibió una reducción del 20% en su valoración tras el incendio registrado a comienzos de junio y fue tasada en US$ 2,4 millones.
La Justicia permitirá presentar ofertas por activos individuales, combinaciones de plantas o por la totalidad de la empresa. Para participar será necesario adquirir un pliego valuado en US$ 10.000 y constituir una garantía equivalente al 10% del monto ofertado.
Además del precio, el juzgado evaluará los antecedentes de los oferentes y sus planes para asegurar la continuidad operativa y laboral de los activos adquiridos.
Según pudo reconstruirse a partir de fuentes vinculadas al proceso, la mayoría de los interesados pertenece al sector lácteo y mantiene conversaciones con SanCor desde finales de 2025, cuando comenzaron a explorarse alternativas para evitar el colapso definitivo de la cooperativa.
Entre los potenciales compradores mencionados por el gremio Atilra aparecen Savencia, propietaria de Milkaut; Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, dueña de La Tonadita; y La Tarantela.
También figura entre los interesados el empresario Gustavo Scaglione, propietario de medios de comunicación en distintas provincias y accionista del Grupo América. Actuales dueños de la señal nacional Telefe.
La venta de SanCor representa el capítulo más reciente de un largo proceso de deterioro económico que afectó a la cooperativa durante más de una década.
La quiebra fue solicitada por la propia empresa después de que el concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 fracasara en su intento de alcanzar una solución con acreedores e inversores. En su fallo, Gelcich definió el caso como una «quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo» y concluyó que la firma ya no resultaba económicamente viable en el mediano plazo.
La situación financiera refleja la magnitud de la crisis. Según el expediente judicial, SanCor acumulaba una deuda post concursal impositiva y previsional superior a $6.349 millones, a lo que se sumaban salarios adeudados por más de $12.788 millones y obligaciones con obras sociales, ART y sindicatos por otros $3.380 millones.
Pese a la quiebra, la Justicia autorizó la continuidad operativa de la empresa con el objetivo de preservar los puestos de trabajo de 914 empleados y evitar mayores perjuicios para trabajadores, proveedores y acreedores laborales.

Lácteos Verónica: sueldos sin pagar y deuda multimillonaria

La preocupante situación en Lácteos Verónica es un claro ejemplo de las consecuencias de las políticas del gobierno de Javier Milei. Con cinco meses de actividad paralizada en sus plantas de Suardi, Lehmann y Clason, la empresa santafesina acumula sueldos sin pagar, cheques rechazados y una deuda bancaria multimillonaria que mantiene en vilo a trabajadores y productores vinculados al circuito tambero.
El conflicto impacta de lleno sobre más de 700 trabajadores directos y alrededor de 150 productores tamberos que quedaron atrapados en una deuda millonaria por la leche entregada. El pasivo con proveedores y productores superaría los 60 millones de dólares.
En medio del conflicto, intendentes de las localidades afectadas, senadores provinciales, funcionarios del Gobierno de Santa Fe y representantes de productores mantuvieron una reunión virtual para avanzar en una estrategia judicial conjunta que permita destrabar la situación y evitar el colapso definitivo de la firma.
Las sospechas también alcanzan movimientos financieros y comerciales que ahora podrían quedar bajo investigación judicial. En el encuentro entre funcionarios y legisladores se resolvió centralizar las denuncias penales en una sola causa y avanzar con pedidos de acceso a información financiera de la compañía.
Mientras tanto, los trabajadores mantienen guardias permanentes en las plantas ante el temor de un cierre definitivo. “La planta está totalmente parada y no entra leche desde hace meses”, denunciaron operarios de la firma, donde además se registraron interrupciones en aportes sociales y cobertura médica.
Sin embargo, la realidad de la empresa láctea no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un complejo panorama provincial. Según un informe del ex ministro de Trabajo provincial Juan Manuel Pusineri, basado en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en el primer bimestre de 2026 se perdieron 343 empleos y, desde la asunción de la administración libertaria, cerraron casi 3.000 empresas.
La evolución de las estadísticas refleja la magnitud de la contracción en el tejido corporativo provincial. Al cierre del 2023, el territorio santafesino contaba con un total de 50.729 empleadores registrados, cifra que descendió hasta las 47.798 unidades productivas en febrero del corriente año, evidenciando el fuerte retroceso industrial y laboral que hoy tiene a Lácteos Verónica como uno de sus focos más dramáticos.

Los trabajadores de Verónica realizaron una importante concentración

El viernes 5 de junio, los trabajadores de Verónica realizaron una concentración frente a la Secretaría de Trabajo de la ciudad de Rafaela de la Provincia de Santa Fe. Encabezaron la movilización con un cartel que afirmaba “Cuando se escriba la historia de Verónica, se sepa que nunca bajamos los brazos.”
Su reclamo por sueldos adeudados y el lock out de la empresa persiste hace varios meses.
“Somos empleados de Verónica que hace seis meses que no cobramos y que en la Empresa no entra ni un litro de leche. Estamos abandonados, la empresa no nos da ningún tipo de respuesta. No venden, cierran, no se produce. Ese es el panorama que estamos sufriendo”, declaró Ángel Villarroel, trabajador de la fábrica.
Por otra parte, afirmó: “Hoy, después de haber tenido un mes de impasse, luego de habernos recibido la Legislatura, los ministros de Producción, de Trabajo y de Lechería y no tener respuestas, hoy empezamos la acción, que es empezar a tomar nuevas medidas.”
Más de 100 trabajadores se reunieron pidiendo que se les paguen los sueldos adeudados. “Concentramos en la Secretaría de Trabajo de Rafaela, después nos fuimos al gremio y a Tribunales. Así iniciamos nuestras acciones de vuelta para visibilizar nuestra situación. No recibimos respuesta, sólo pudimos entregar un petitorio. El gremio está haciendo bastante pero todo lo está haciendo por la vía legal.”
Para finalizar, agregó Villarroel: “Nosotros solicitamos la urgente intervención de un fiscal o de un juez que tome una resolución rápida tras el fallo a nuestro favor de primera instancia porque nosotros necesitamos comer. Eso es lo que hoy realizamos, La semana que viene nos vamos a reunir para ver qué pasos damos y cómo seguir.”

¿Qué pasa en Lácteos Yatasto?

Una historia de fraude laboral que alcanza a casi medio centenar de trabajadores con la constitución de una cooperativa “trucha” para consumar la precarización, quitar derechos y reducir salarios. Es lo que está ocurriendo en la empresa Lácteos Dorrego (Yatasto), ubicada en la localidad bonaerense de Navarro. En un conflicto aún abierto, la respuesta de sus trabajadores, acompañados por la Seccional local de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera), respondió acciones gremiales, avanzando por los canales institucionales y adelantando que denunciarán penalmente a la empresa.
La planta de Lácteos Dorrego está ubicada en la Ruta 47 KM 43,5 de esa localidad bonaerense, que roza los 20.000 habitantes. Una empresa fundada en 2002 y de la cual sigue siendo el dueño Luciano Di Tella, hijo de Guido Di Tella mayormente recordado por ser el canciller de Carlos Menem en épocas de “relaciones carnales” con Estados Unidos y el envío de libros de Winnie Pooh a los Kelpers. Un apellido también que remite a la industrialización de la Argentina en otro período histórico. Luciano Di Tella también es integrante de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL). Lácteos Dorrego, cuya marca es Yatasto, produce leche, yogures, postres y dulce de leche en una empresa que, en total, hasta la previa del conflicto, tenía poco más de 70 trabajadores.
¿Cuál es el objetivo de Lácteos Dorrego? Desprenderse de los trabajadores bajo relación de dependencia para que pasen a conformar una cooperativa en la que van a seguir siendo empleados, pero como monotributistas, por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo del sector lechero (2/88) sin los derechos, ni la antigüedad y sin representación sindical. Una cooperativa que ya está en funcionamiento, con trabajadores bajo esa modalidad desempeñando tareas dentro de la misma planta de Lácteos Dorrego.
Es decir, trabajadores por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo del sector, sin los derechos, ni antigüedad y sin representación sindical. Por un lado, ya avanzó en la contratación de trabajadores para esa cooperativa y, por otro, fuerza a los que ya son de la empresa a integrar la cooperativa con amenazas de despido y una serie de artimañas para amedrentar y forzar despidos para aquellos que no acepten las nuevas condiciones.
La situación generó una respuesta sindical de la Seccional ATILRA Empalme Lobos con medidas de acción, protestas y la realización de un acampe en la zona lindante ante el riesgo de la pérdida de 45 puestos de trabajo bajo el convenio lechero y un deterioro de las condiciones laborales. También con las presentaciones correspondientes en el Ministerio de Trabajo de la PBA.
En el marco del Acampe en las puertas de la empresa, los trabajadores realizaron una protesta para visibilizar la situación. La respuesta de la empresa fue un desmesurado operativo de seguridad. Los trabajadores respondieron: “Hernán Ferrari y Luciano Di Tella, quienes decidieron gastar fortunas en patotas de seguridad privada, perros guardianes y vallados policiales antes que pagar el mes entero de sueldo que adeudan a su personal”.
Dentro de las maniobras de la empresa, una de ellas fue presentar el Proceso Preventivo de Crisis (PPC) aduciendo un deterioro económico, lo que le permitiría despedir pagando menores indemnizaciones, pero fue rechazado por ATILRA ante la mala fe de la empresa.
Un fraude laboral a cielo abierto. Así podría describirse el modus operandi de la patronal con el armado de una cooperativa que sigue controlada operativamente por Lácteos Dorrego. Una cooperativa que no está creada con un sentido solidario ni como parte de una unión de trabajadores para lograr un objetivo común.
La historia comenzó a tejerse en febrero pasado cuando la empresa realizó cuatro despidos sin el pago de indemnizaciones, sumando dos más semanas después en una pyme que cuenta en total con más de 70 trabajadores.
Luego comenzaron las comunicaciones y presiones para que renuncien a la empresa para ser recontratados como monotributistas por la Cooperativa de Trabajo Intensos Sabores Navarrenses para desarrollar las mismas tareas y en el mismo predio. Sin ocultar los hilos de la maniobra, esta es presidida por Hernán Rubén Ferrari, que no casualmente también es director suplente de Lácteos Dorrego.
Ante las denuncias de ATILRA Empalme Lobos, bajo la conducción de Nelson Rey, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones donde constató las irregularidades, con trabajadores que expresaron el desconocimiento de haber sido contratados bajo la figura de la cooperativa, además de carecer libro especial, recibos de sueldo y ART. Esto llevó a ATILRA a realizar las denuncias al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y al Instituto Provincia de Asociativismo y Cooperativos (IPAC) de la provincia de Buenos Aires para revocar la matrícula de la cooperativa pantalla.
Maximiliano Ohannecian, delegado de la empresa, afirmó en declaraciones radiales: “Todo este problema ya lo habíamos pasado en 2018. Ellos quieren que pasemos a una cooperativa de monotributo de forma totalmente arbitraria. Perderíamos nuestros derechos y nos obligarían a renunciar a todos nuestros años de antigüedad”.
“Luciano Di Tella nos comunicó la noticia argumentando la crisis de la empresa, pero no hay tal crisis ni baja de producción. La empresa sigue produciendo”, agregó.
Nelson Rey, secretario General de ATILRA Empalme Lobos, expresó: “Buscamos el diálogo, ya que la empresa viene con una enorme deuda con las cargas sociales de los compañeros a la obra social, al sindicato y la jubilación”.
“Casi 60 personas pueden quedar en la calle, lo que representa una pérdida económica para el pueblo. Sigue siendo el dueño Luciano Di Tella, pero preside la cooperativa Hernán Ferrari al que le dieron el control del predio”, agregó.
El lockout patronal y una planta fantasma
Con el conflicto ya abierto, Lácteos Dorrego redobló la apuesta con un “lockout patronal ilegítimo”, así lo calificaron desde ATILRA.
El 5 de mayo, la empresa hizo retirar a los trabajadores del turno tarde e impidió el ingreso del turno noche de aquellos que estaban bajo relación de dependencia de Lácteos Navarro. Paralelamente, permitió el ingreso de aquellos que habían aceptado ser dependientes de la cooperativa para continuar con la producción.
El 12 de mayo, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la Conciliación Obligatoria retroactiva al 5 de mayo por la cual la empresa debía permitir el ingreso de los trabajadores, además de abonar las deudas salariales.
La respuesta de Lácteos Dorrego fue incumplir la Conciliación y redoblar la apuesta con una mudanza ficticia a una nueva planta denominada La Choza ubicada en Las Heras, a 35 kilómetros de distancia de Navarro, aduciendo que había finalizado el alquiler del edificio de esa planta. Lo llamativo, utilizando un eufemismo, es que en la presentación de los balances la planta es presentada como un activo de la empresa. Además de ser vox pópuli en la zona de que el predio pertenece a la familia Di Tella.
Allí comenzó otra etapa de las presiones sobre los trabajadores al intimarlos al traslado bajo apercibimiento de despedirlos por “abandono de trabajo”, es decir, con justa causa, en caso de no asistir. En otros casos también avanzó con vacaciones compulsivas.
Pero no termina allí este capítulo. Inspecciones ministeriales y el testimonio del propio supervisor de la empresa, Franco Haedo, demostraron que el predio de La Choza estaba completamente vacío, abandonado, sin luz ni instalaciones operativas. Y no casualmente tampoco pertenecía a la firma Chachapoyas S.A., la misma propietaria del predio de Navarro y parte del Grupo Económico de la familia Di Tella.

Desde ATILRA indicaron que continuarán las acciones gremiales

Desde el comienzo del conflicto, desde ATILRA vienen realizando acciones gremiales e impulsando las denuncias a través de los canales institucionales. Se realizaron cinco audiencias con el Ministerio de Trabajo, pero hasta ahora la empresa pateó todas las mesas de negociación y avanzó con su política.
El sindicato solicitó formalmente el cierre de la conciliación obligatoria, requirió la aplicación de multas severas a la empresa, adelantó que iniciará juicios individuales, exigirán la reinstalación de los delegados gremiales (cuyas tutelas fueron violadas con los traslados) y avanzará con una denuncia penal por vaciamiento de planta.
Asimismo, desde el ATILRA denuncian ante el Estado Bonaerense para que accione contra la empresa ya que esta es de las proveedoras más importantes del Gobierno Provincial en materia de asistencia de productos lácteos. Mientras es beneficiada en la venta de sus productos avanza con el fraude hacia sus trabajadores.
Reunión entre dirigentes de Atilra, delegados de Lácteos Yatasto, autoridades del Ministerio de Trabajo de la PBA, la regional de la CGT y el Intendente Facundo Diz.
Paralelamente, mantienen un acampe intermitente en las inmediaciones del predio en Navarro que recibió la visita del intendente de Navarro Facundo Diz y del secretario General de la Seccional General Rodríguez y secretario Gremial de la ATILRA Nacional, Heber Ríos.
“Desde el Estado provincial y municipal seguimos acompañando su lucha poniendo nuestras herramientas a disposición para una pronta y favorable resolución del conflicto“, manifestó Diz en las redes sociales tras el encuentro.
Por su lado, Heber Ríos afirmó: “Detrás de cada puesto de trabajo hay una historia y un proyecto de vida. Por eso nos hicimos presentes en el acampe, respaldando una lucha legítima que exige algo tan básico como el pago de salarios adeudados, el respeto por la continuidad laboral, el encuadre que rige para la industria láctea, y la preservación de las conquistas que corresponden“.

Cotar lanzó descuentos para jubilados y docentes

Cotar informó que realizará un descuento del 10 % para docentes y jubilados. La medida entró en vigencia desde abril y apunta a facilitar la situación de dos sectores que se ubican entre los más golpeados por la crisis.
Hoy Cotar maneja un volumen de producción de entre 120.000 y 140.000 litros por día.
No es la primera vez que la cooperativa pone en marcha una acción de esta naturaleza: en agosto de 2025 anunciaron una baja del 20% en el litro de sachet de leche, a disposición en los mercados y almacenes de la ciudad.
La lectura que hacen desde Cotar se refleja en números. A fines de marzo se conoció un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) donde revela que el salario docente en Santa Fe pasó de ser el quinto mejor pago pago del país en 2023, a ocupar el puesto número 13 en el ránking de provincias.
En el caso de los jubilados la situación es similar. Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) si el bono que permanece congelado de $ 70.000 se hubiera actualizado actualmente alcanzaría los 181.865 pesos, lo cual significa que cada jubilado dejó de percibir $ 1.583.514 pesos, en el acumulado desde abril de 2024.
Los trabajadores de Cotar decidieron tomar las riendas de la planta en 2022, luego de años de gestiones y gerenciamientos que derivaron en una profunda crisis para la empresa. A través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) conformaron una cooperativa de trabajo con matrícula provincial y nacional y allí se eligió un primer Consejo Directivo. Hoy la firma cuenta con 120 socios directos. A principios de 2024 generaban, entre producción propia y a fasón, unos 30.000 litros de leche diarios. En 2025 la producción creció a 104.000 litros y en la actualidad oscila entre 120/140.000 litros por día. Con la planta produciendo en su máximo operativo podrían llegar a elaborar hasta 500.000 litros diarios. Si se contemplan los puestos de trabajo indirecto, unas 200 familias dependen de la cooperativa.
Se produce leche entera, descremada y semidescremada, y leche chocolatada. También yogures bebibles y hace poco sumaron descremados. Además, yogures en pote, flanes, gelatinas y cremas.
«Hoy ponemos el foco en Rosario y sus alrededores, pero también tenemos líneas abietas en Entre Ríos, Río Negro, Neuquén y diversas zonas de Buenos Aires», explicó Emiliano Medin, presidente de la cooperativa.

Fuentes: El Destape, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Radio Gráfica, Perfil, Página 12 Rosario

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.