La crisis política se evidencia en las situaciones que se viven en estas horas en el Chaco y en Jujuy. En el primer caso por una situación delictiva y en el segundo por una protesta social fuertemente reprimida.
Ambas situaciones manifiestan una crisis de la política que demanda la construcción de alternativas que privilegien la satisfacción de insatisfechas reivindicaciones sociales de la población empobrecida y postergada.
En el Chaco tiene impacto electoral visible en la abstención electoral en las PASO del domingo 18 de junio, en el voto blanco y la colecta de adhesiones de la oposición, con la aspiración de abonar un resultado similar en la elección por la gobernación provincial, sumando en el intento de alternancia nacional. En Jujuy se juega la estrategia de disciplinamiento del conflicto social, un tema esencial de la reforma constitucional provincial avalada por el bipartidismo radical y peronista. El triunfo electoral provincial en mayo pasado animó la reforma constitucional jujeña, marcando orientación de lo que se pretende nacionalmente.
La campaña electoral del pre-candidato Morales apunta a la necesidad de “desalojar la calle” y así avanzar con la dinámica de “orden” necesario para estabilizar la economía y la política en el país. Es una consigna que instalaron desde los ultras liberales de Milei y que asume con fuerza Patricia Bullrich, la titular del PRO, empujando el discurso opositor de la derecha en la Argentina.
Se trata de legitimar la represión para eliminar un fuerte condicionante que tiene el ajuste y la regresiva reestructuración del capitalismo argentino. Vale recordar que la dictadura genocida no pudo llevar adelante en toda su magnitud un proyecto reaccionario por la resistencia organizada de la clase trabajadora y el pueblo argentino.
La tarea fue realizada en los 90 del siglo pasado bajo la presidencia Menem y el control sobre la burocracia política y sindical del peronismo, tarea continuada por el gobierno De la Rúa, que encontró sus límites en la pueblada del 2001. Ambos gobiernos contaron con el protagonismo en la política económica de Domingo Cavallo, hoy soporte del discurso liberal de Milei. La movilización popular y una larga tradición organizativa explica los límites del poder económico por “normalizar” el capitalismo local. Macri creyó que con su triunfo electoral del 2015 podía estabilizar la economía sobre la base de una inmensa lluvia de inversiones, que solo mutó en un gigantesco préstamo inducido por su amigo Trump, socio definitorio en el FMI.
Ese mal cálculo político de la derecha y la ausencia de alternativa política los anima a recrear una estrategia de “normalización”, facilitada por una gestión presidencial del Frente de Todos sin pretensión de confrontación con el poder. La “mano dura” es la expresión discursiva del objetivo por “normalizar” la extracción de plusvalía.
Ahí resulta clave la aparición de Javier Milei, sostenido desde los medios de comunicación masivos para instalar una agenda de ajuste y regresiva reestructuración, moviendo hacia la derecha el discurso político de quienes disputan el gobierno local. Un desplazamiento ideológico y político que intervino en la disputa del consenso social, abonado por décadas de manipulación mediática sobre el conjunto social, especialmente de las nuevas generaciones. La extendida protesta social es el límite a ese objetivo de máxima del poder.
Deuda y ajuste
Al no denunciar el préstamo fraudulento y odioso del FMI fue la primera señal de debilidad y/o complicidad del gobierno surgido a fines del 2019 con el poder hegemónico, consolidado en la negociación con acreedores privados primero y en marzo 2022 con el FMI.
El ajuste fiscal, consolidado como meta en el acuerdo con el Fondo pasó a ser el rumbo esencial de la lógica de gobierno. Todos los presupuestos aprobados durante la actual gestión reconocen en los fundamentos el privilegio de la deuda a cualquier otro objetivo de política económica. Más allá de cualquier discurso, primero está la deuda.
La Oficina de Presupuesto del Congreso informó en su ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL a MAYO 2023 que “A pesar de la disminución de ingresos, en los cinco primeros meses del año la Administración Nacional registró una caída real en los déficits económico, primario y financiero.” https://www.opc.gob.ar/ejecucion-presupuestaria/analisis-de-la-ejecucion-presupuestaria-de-la-administracion-nacional-mayo-2023/
El informe destaca que “La recaudación se contrajo 6,7% real y los gastos 7,5%”, contribuyendo a cumplir con la meta de disminución del déficit fiscal suscripta con el FMI. Se informa que “Al cotejar mes contra mes de cada año los gastos primarios presentaron once meses de caídas consecutivas” y que “El pago de intereses de la deuda subió 17,8%”. Resulta evidente que la disminución del gasto no es mayor porque suben los pagos de intereses de la deuda, confirmando el condicionante del endeudamiento. Insistamos, primero la deuda, y luego cualquier otro objetivo. La norma es el ajuste regresivo que consolida el deterioro de los indicadores socioeconómicos.
La lucha docente en Salta y Jujuy encendió la mecha de una pueblada que recorre la geografía jujeña, y en donde el poder local ensaya la estrategia represora, anticipando horizontes deseables para ejecutar la reestructuración regresiva que demanda el modelo productivo en desarrollo, con base en la soja transgénica, los hidrocarburos no convencionales y la extracción del litio.
El consenso de reforma constitucional jujeño refleja los acuerdos del poder con la política dominante en el país respecto del modelo productivo y de desarrollo.
Consolidar ese modelo requiere disciplinamiento social y desarticulación de una organización popular de fuerte tradición histórica. Se trata del obstáculo para la normalización política, imprescindible para superar la incertidumbre de la inestabilidad inflacionaria. Erradicar la organización y movilización social resulta fundamental para favorecer la dinámica de la ganancia y la acumulación capitalista.
En la resistencia en Jujuy convergen las reivindicaciones del pueblo originario con las luchas por mejoras de ingresos y derechos de trabajadoras y trabajadores explotados y empobrecidos; a la que se suma la solidaridad popular en todo el territorio nacional.
Se trata de una confluencia solidaria movilizada que anticipa rumbos estratégicos necesarios para alumbrar una expectativa esperanzada por trasformaciones profundas.
Apuntamos a la acumulación social que habilite una agenda de propósitos en el sentido de resolver las reivindicaciones por ingresos y derechos de la población perjudicada por el modelo productivo y de desarrollo de concentración y extranjerización.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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