El stand by inicial por U$S 50.000 millones, de los cuales solo U$S 15.000 millones iban a ser girados y el resto quedaría “con carácter precautorio”, fue ampliado apenas tres meses después a U$S 57.000 millones de pago efectivo. En setiembre de 2019 se suspendieron los desembolsos por incumplimiento de las metas pactadas.
En 2022 el Frente de Todos lo renegoció a 10 años de plazo. Desde entonces, hubo dos cambios de metas cuantitativas y está en marcha una rediscusión aún más amplia.
En 2018, el FMI preveía crecimiento constante por 5 años, un superávit primario del 1,3% % del PBI y una caída de la inflación al 5% anual. Sin embargo, la actividad cayó en tres de los cinc o años, el déficit fiscal está proyectado en 3% y los precios suben al 114% interanual.
El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) conocido en la segunda quincena de mayo, sobre los incumplimientos del gobierno de Cambiemos a la hora de tomar el préstamo del FMI, en 2018, confirmó denuncias previas como la que elaboró el Banco Central en 2020 sobre el destino de la fuga de capitales del endeudamiento en el período 2016-2019.
Según el informe, el acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, “quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública”, según expresa el texto de la AGN.
Tampoco se cumplió con el artículo 61 de la Ley 243.156, de Administración Financiera, que exige el Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, debe emitir un dictamen sobre el impacto de esa operación en la balanza de pagos.
Otra norma obviada fue la Resolución MEyFP 108/09 (del 2009 emitida por el entonces ministerio de Economía y Finanzas Públicas), que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto.
Tampoco se dio lugar a la intervención de la jefatura de Gabinete ni al Congreso Nacional. Quizá, el dato más elocuente de esta falta de cumplimiento de los controles haya sido el dictamen jurídico del Poder Ejecutivo que “se emitió fuera de término” y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Ese dictamen vio la luz pública el 22 de junio y se basó en un decreto de necesidad y urgencia del día anterior, que unificó los ministerios de Hacienda y Finanzas. Pero el acuerdo con el FMI se firmó el 12 de junio y quien estampó su nombre fue Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y sin autoridad para dar ese paso.
El presidente Alberto Fernández acusó a Macri ante la Oficina Anticorrupción por “defraudación por administración infiel” y ordenó presentar una querella criminal que todavía no arrojó ningún resultado.
Lo cierto es que el gobierno del Frente de Todos legitimó un acuerdo que violó las normas argentinas y del propio FMI, que otorgó al país un préstamo que superaba claramente el tope al que podía aspirar la Argentina y, al mismo tiempo, impuso un esquema de repago de imposible cumplimiento.
A cinco años del acuerdo con el FMI elaboramos este dossier con el fin de analizar la política de endeudamiento y sus consecuencias. Participan el economista Guillermo Oglietti, el periodista y Licenciado en Economía, Javier Lewkowicz, la sección Economía de La Izquierda Diario y el Licenciado Héctor Giuliano.
Faltan dólares y sobra el Fondo. El costo de intereses de los acuerdos Argentina-FMI
Por Guillermo Oglietti
28/05/2023
Lo que el FMI se llevó (desde 2018 – hasta marzo de 2023)
Hasta la fecha (marzo 2023), los cargos por intereses que han generado los dos acuerdos firmados con el FMI (primero por Mauricio Macri y luego por Alberto Fernández) suman 6.457 millones de dólares.
De esos 6.457 millones, el 21,6 % (USD 1.392 millones) se pagó en años de Macri y el restante 78,4 % (USD 5,065 millones) en años de Fernández.
No debe menospreciarse esta fuente de sangría de divisas. Las debilitadas reservas internacionales brutas serían un 16 % mayores de no ser por estos pagos de intereses al FMI. Y las reservas disponibles serían un 25 % mayores.
Lo que el FMI se lleva. El costo en 2023
La carga total en intereses que cobra el FMI por sus préstamos resulta de la suma de tres componentes: 1) la tasa de interés del DEG (la moneda del FMI), 2) un margen del 1 % sobre la tasa DEG y 3) las sobretasas. En el caso del último préstamo concedido a Alberto Fernández en 2022, las sobretasas costaban un 3 % anual.[1] El tipo de interés que cobra el Fondo por sus préstamos –la llamada tasa DEG–, subió desde el 0,22 % al momento en que se firmó el acuerdo, hasta el 3,53 % en marzo de 2023. Es decir, cuando Fernández firmó el acuerdo, el componente de sobretasas era la principal preocupación porque representaba el 95 % del costo anual del crédito, sin embargo, en la actualidad, representa apenas la mitad debido al aumento de la tasa DEG que ya representa la mitad del costo anual del crédito.
En 2023, de continuar con el tipo de interés actual, los cargos totales que se pagarán al fondo serán de 3.300 millones de dólares.
Esta cifra representa un 0,7 % del PIB medido en dólares por el Banco Mundial (2022).
Equivale a casi un tercio del déficit primario (2,4 %) de 2022.
Representa un 40 % del componente financiero del déficit.[2]
Equivalen a casi la totalidad del déficit de la cuenta corriente (de USD 3.600 millones en 2022).
El monto triplica el presupuesto anual de funcionamiento del FMI. Es decir, Argentina pagará tres veces el costo de funcionamiento de esta institución (de USD 1.180 millones en 2022).
Los costos del acuerdo para Argentina podrían reducirse a un tercio y el FMI seguiría contando con el financiamiento necesario para sufragar todos sus gastos (sin tener en cuenta otros ingresos derivados de los 33 préstamos vigentes con otros países).
Es evidente que la magnitud y el peso que significan estos cargos para Argentina discrepan con los principios fundacionales del FMI. El art. I del Convenio Constitutivo establece que entre sus fines están los de “…acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros” y el de poner a disposición de los países miembros “los recursos generales del Fondo, dándoles así oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional.”
Equivale a 4 veces las importaciones de automóviles particulares importados (en 2022), al 80 % de todos los tipos de gas natural importados (2022), al 40 % de todos los bienes de consumo importados (2022) y a un 26 % de las importaciones totales de bienes de capital de 2022.
Lo que el FMI se llevará… ¿Cuántos intereses se habrán pagado cuando termine el préstamo?
Al final del acuerdo, de continuar con los intereses actuales, Argentina habrá pagado 30.000 millones de dólares en intereses y sobrecargos desde 2018.
Esta cifra representa más del 6 % del PIB medido en dólares (B.M. 2022), solo en concepto de costos financieros de los dos préstamos.
Esta cifra representa unos USD 11.000 millones más que los USD 19.000 millones que se hubiesen pagado si los intereses se hubiesen mantenido al mismo nivel que los vigentes al momento de firmar el acuerdo en marzo de 2022.
Si, en cambio, los tipos de intereses siguen aumentando, hasta alcanzar valores característicos de fines de los 80, cuando la tasa DEG se ubicaba en torno al 9 %, los cargos totales por intereses, spread y sobretasas subirían al 13 % anual, y los costos totales de ambos préstamos con el Fondo subirían hasta 48.000 millones de dólares.
No debe menospreciarse este riesgo. Con estas tasas, los pagos de intereses y sobrecargos al Fondo rondarían 4.500 millones de dólares anuales, prácticamente un 1 % del PIB actual medido en dólares.
Por cada punto de aumento de la tasa DEG, el costo de intereses que tendría que asumir Argentina subiría en USD 330 millones anuales adicionales.
Reflexiones finales
En de diciembre de 2021[3] advertíamos que la negociación con el FMI debería tener en cuenta el riesgo de que los bancos centrales del planeta iniciaran una senda de alzas de los tipos de interés para frenar la inflación incipiente. La guerra en Ucrania comenzó una semana antes de que el Gobierno cerrara el acuerdo técnico con el FMI (el 3 de marzo de 2022), por lo que la incertidumbre acerca de las futuras tasas de interés ya no era tan alta y teníamos certezas acerca de la imposibilidad de cumplir los compromisos con el Fondo sin asumir grandes costos sociales.
El peor de los escenarios no sólo se ha hecho realidad, sino que incluso se ve superado en 2023 como resultado del alza de las tasas y la sequía –que podría disminuir los ingresos por exportaciones en unos USD 15.000 millones–. En este marco, apremiados por la necesidad de refinanciar los vencimientos de 2023 (vencen USD 17,200 millones del acuerdo que firmó Macri), con un acervo de reservas internacionales anémico e incapaz de desalentar las expectativas de devaluación, es indispensable repartir las cartas de nuevo para que los costos de la crisis no los paguen las espaldas de los argentinos de siempre.
Desde el punto de vista del Fondo, ¿qué sentido tiene la política de debilitar las cuentas externas de Argentina con estos cobros exagerados, que triplican el presupuesto anual del FMI, que sólo contribuyen a deteriorar la balanza de pagos y a agravar la escasez de dólares y la inflación? ¿Qué beneficio obtendrá el Fondo al generar otra crisis de reputación por su conducción hacia el abismo de la economía argentina? Todo esto en el marco definido por el Convenio Constitutivo del Fondo que expresamente indica que debería apoyar a los países con problemas de balanza de pagos en lugar de liquidarlos.
Es difícil imaginar un escenario más lúgubre para justificar una renegociación inmediata del acuerdo con el Fondo. Ni intentarlo, ni conseguirlo, será mala praxis, para las autoridades argentinas y las del Fondo.
Notas:
[1] El déficit total (también denominado déficit financiero) (4,2 % del PIB en 2022) es la suma del déficit primario (2,4 %) más un componente financiero (equivalente a 1,8 % del PIB en 2022) ocasionado por los pagos de intereses de la deuda pública. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-diciembre-el-sector-publico-nacional-registro-un-deficit-primario-de-502128-millones#:~:text=Al%20mismo%20tiempo%2C%20si%20no,%2C0%25%20del%20PBI.
[2] Disponible en: https://www.celag.org/escenarios-sobre-un-acuerdo-de-argentina-con-el-fmi/
[3] Un 3 % de sobretasas debido a un cargo de 2 % adicional por excederse del 187,5 % de la cuota argentina en el FMI y otro del 1 % adicional por hacerlo durante un plazo mayor a 3 años.
Guillermo Oglietti es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), postgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC, Argentina). Sub Director de CELAG.
Fuente: CELAG, 13/04/2023
¿Qué grado de ajuste se requiere para cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI?
Por Javier Lewkowicz, Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2023.
Para cumplir la meta del FMI este año, el gasto primario debería achicarse en un 1,6 % del PBI, en línea con la dinámica que mostró entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Macri.
Si bien las carencias en cuanto a la disponibilidad de dólares en la economía argentina se suelen llevar todos los titulares por el impacto en el humor social que tienen los episodios de corrida cambiaria, la inédita sequía que sufrió el agro y la caída en la actividad económica asociada tienen consecuencias en el frente fiscal que también dan que hablar en el año electoral, en el cuadro de restricciones que impone el FMI.
De acuerdo a la consultora Ecolatina, a raíz del actual escenario económico, el déficit fiscal de 2,4 % anotado en 2022 se convertiría en un rojo de 3,5 % este año. Muy lejos de la meta prevista con el FMI de llegar a un déficit del 1,9 por ciento y en medio de las habituales tensiones que suponen las elecciones.
La tendencia al deterioro en el resultado fiscal está dada por tres factores. En primer lugar, el impacto negativo de la sequía en la recaudación vía retenciones, que restará recursos netos por cerca de 0,6 % del PBI, calcula el informe de Ecolatina. Además, la caída en la actividad económica y los ingresos, junto con las restricciones a las importaciones producto de la escasez de divisas, redundarán en una menor recaudación del resto de los tributos, con un impacto negativo de 0,2 % del PIB, estima la consultora.
En tercer lugar, en contraste al 2022, este año el Gobierno ya no podrá contabilizar las ganancias contables asociadas a las colocaciones de deuda sobre el par de instrumentos indexados de deuda soberana, con impacto del 0,3 % del PBI. Asimismo, en las cuentas de 2023 impacta la deuda flotante acumulada en 2022 y los exitosos programas de anticipos de exportaciones, que reducen los ingresos que debería haber recaudado la AFIP en los meses subsiguientes.
Cinturón fiscal
En base a los últimos datos disponibles, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que entre enero y abril los ingresos totales cayeron el equivalente a 0,55 puntos porcentuales del PBI (12,9 % de baja interanual), mientras que el gasto primario lo hizo en 0,26 puntos porcentuales (6,6 % interanual). “Como resultado, el déficit primario acumulado en el primer cuatrimestre ascendió a 0,62 % del PIB, que implica una suba interanual de 0,29 puntos porcentuales del PBI”, indica.
Los gastos que en términos reales en mayor medida se redujeron fueron los subsidios a la energía y jubilaciones y pensiones contributivas, al tiempo que se incrementó el gasto destinado a los programas sociales
El informe de Iaraf detalla que, para alcanzar la meta acordada con el FMI, el rojo fiscal para lo que queda del año debería ser del 1,28 %. “Mes a mes el esfuerzo fiscal que queda para el resto del año es mayor. Esto obedece a que, durante los primeros cuatro meses del año, el déficit fue siempre superior al de iguales meses de 2022. El desafío fiscal es enorme durante este 2023, año de elecciones presidenciales, signado por una de las sequías más importantes que haya tenido Argentina”, indica.
Procíclico
Los manuales de economía sugieren que, ante una situación recesiva dada por un shock exógeno, como es la sequía, el Estado debe poner en marcha una política fiscal expansiva, para contrarrestar aquel efecto.
Sin embargo, las restricciones que enfrenta la economía nacional impiden el despliegue de una política expansiva. Por el contrario, apuntan a la configuración de una política de retracción fiscal; es decir, procíclica. Al margen de las fuertes restricciones que sufre el Estado en términos de falta de acceso al financiamiento, escasez de divisas y necesidad de controlar la inflación, el acuerdo con el FMI es un gran condicionante, pues define que el techo de déficit fiscal para el año sea de 1,9 % del PBI.
Según el CEPA, la meta del FMI ya se sobrepasó en el primer trimestre, por unos 250.000 millones de pesos. Tampoco se alcanzaron los objetivos en materia de acumulación de reservas. Por eso, el Gobierno sigue negociando a contrarreloj la aplicación de cambios en el programa de cara a la próxima revisión, la quinta. Dentro de esos cambios está el adelanto de desembolsos para despejar el horizonte del año.
Si bien esa negociación está en curso, la dinámica del ajuste fiscal es una de las cartas que parece querer mostrar el Gobierno, lo cual queda claro a partir de la muy fuerte quita de subsidios energéticos para el 30 % de los usuarios calificados como de altos ingresos y aquellos que no se anotaron el registro para mantener subsidios. Según Ecolatina, para cumplir la meta del FMI este año, el gasto primario debería achicarse en un 1,6 % del PBI, en línea con la dinámica que mostró entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Macri.
Fuente: Página 12
El gobierno de Alberto, Cristina y Massa pagó U$S 33.453 millones al FMI desde 2019
LID Economía. Jueves 15 de junio de 2023
En su mayoría los pagos fueron realizados entre 2022 y 2023 con los desembolsos del propio organismo tras la renegociación bajo el Frente de Todos. Por eso, a pesar de los pagos y del fuerte ajuste, la deuda con el Fondo sigue siendo de U$S 43.583 millones, una hipoteca impagable que buscan descargar sobre las mayorías trabajadoras. Es necesario el desconocimiento soberano de la deuda ilegítima e ilegal.
«El ministerio de Economía informa que, al 30 de abril, el saldo total pagado al FMI desde que asumió el Gobierno en diciembre de 2019 alcanza los USD 33.453 millones, considerando capital e intereses.» Los datos surgen de un informe de Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados ante una pregunta de los Diputados del PTS-Frente de Izquierda respecto a cuál fue el monto total de los pagos al Fondo Monetario Internacional.
Asimismo, agregaron que «Entre 2022 y 2023, se realizaron pagos al organismo por USD 27.090 millones, incluyendo capital e intereses, correspondiendo USD 18.365 millones a 2022 y USD 8.725 millones a 2023.» Es decir, la mayor parte de los pagos (80%) se realizaron en el último año y medio, a medida que el Fondo fue realizando los desembolsos tras el acuerdo de Facilidades Extendidas (marzo 2022), para cancelar el préstamo stand by, que tuvo condición que el Gobierno implementara el ajuste fiscal y externo, con revisiones trimestrales y un monitoreo permanente por el organismo.
Pero a pesar de todos los pagos realizados, habrá FMI para rato si el sendero es seguir reconociendo la deuda fraudulenta tomada bajo el macrismo. «El saldo total adeudado al 30 de abril alcanza los USD 43.583 millones. El mismo devenga intereses a una tasa variable, compuesta por la tasa básica del FMI más los sobrecargos. Los intereses se pagan trimestralmente», agrega la respuesta del Jefe de Gabinete en su informe a la Cámara de Diputados.
Es decir, se le sigue debiendo al FMI casi lo mismo que se le debía al finalizar el gobierno de Macri, pero con un agravamiento de la crisis económica y social tras el ajuste aplicado por el Gobierno y el FMI.
El que calla otorga, y el que no enfrenta, también
La Auditoría General de la Nación (AGN) finalmente publicó su informe a fines de mayo en donde confirma la ilegalidad del préstamo que el Fondo le otorgó a Macri en 2018. Se destacaron «relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo». Además, expuso que se pagaron millones en «comisiones» durante el macrismo.
Era sabido que el préstamo fue totalmente fraudulento y a espaldas de las mayorías sociales. Pero el Frente de Todos no dudó en orientar igualmente sus años de gestión a renegociarlo y terminó firmando un nuevo acuerdo con el FMI, ahora sí, haciéndolo pasar por el Congreso. Punto para el organismo: le otorgó más legitimidad del régimen político a una deuda odiosa.
El kirchnerismo hizo todo lo posible para ofrecer “gobernabilidad” al régimen del Fondo. Así permitieron que diputados que les respondían fueran sustituidos de la Comisión que votó el dictamen a ser tratado en el Congreso, por otros que sí apoyaban lo acordado con el Fondo. Se llamaron al silencio hasta que se votó el acuerdo.
En la actualidad el Fondo interviene, “toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina” (como expresó la vicepresidenta Cristina Fernández en un posteo en su web). En su discurso de este jueves en Santa Cruz, Cristina planteó que «advirtió de las consecuencias con el Fondo», intentando despegarse de su responsabilidad en el Gobierno.
La coalición de gobierno no propone terminar con este acuerdo, defiende las gestiones de «Sergio» (que es Massa) y ahora la vicepresidenta volvió a llamar a la oposición de derecha, a la misma que critica como el «cuco» que puede gobernar los próximos cuatro años, un acuerdo nacional para «renegociar» nuevamente con el FMI. Misma estrategia fallida del ex-ministro Martín Guzmán, que asimismo se mostró fallido en la experiencia de Grecia: la idea de que puede negociarse con el FMI desde una «posición de fuerza» y soberana, sin plantear el desarrollo de la movilización para enfrentar realmente sus planes de ajuste y de saqueo de los bienes comunes naturales (litio, petróleo, agronegocio, etc.).
La deuda con el FMI tiene consecuencias
El cogobierno con el Fondo tiene consecuencias y recaen sobre las mayorías populares, mientras una minoría de empresarios y especuladores financieros siguió amasando fortunas.
Ajuste fiscal: Durante el primer cuatrimestre del año 2023 se recortó en jubilaciones, AUH, políticas alimentarias continuaron como detalló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Un informe elaborado por Claudio Lozano y el equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) a un año del acuerdo con el FMI detalla asimismo que el gasto público cayó en 2022 1,1% en términos reales, “con especial reflejo sobre las jubilaciones y pensiones que perdieron 6,9% por aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria en un contexto de inflación acelerada», también la AUH perdió 8,7 % en términos reales.
Pobreza: El primer año del acuerdo con el FMI vino de la mano de un salto en la pobreza. El documento de Lozano señala que “los últimos datos disponibles daban cuenta que durante el 2022 más de 2 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza y 152.000 se sumaron al conjunto de indigentes. Así, la pobreza cerró el año con un aumento de 4,1 puntos porcentuales (del 36,5% al 40,6% en el 4° trimestre)”.
Transferencia de ingresos al gran capital: Desde que volvió el Fondo al país hubo una transferencia de U$S 87.800 millones del trabajo al capital, al tipo de cambio oficial (período 2018-2022), y en 2021 y 2022 se registraron las mayores transferencias de ingresos según publicaron en un trabajo de Flacso Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli.
Desaceleración económica: El ajuste fiscal, la caída del poder adquisitivo de los salarios e ingresos y con ello, del consumo, los pagos de deuda, la suba de tasas de interés, entre otras recetas del Fondo, implicaron una caída de la actividad económica, que este año se agravó profundamente por la sequía que retrajo las exportaciones.
Terminar con la deuda eterna y la dependencia
El desconocimiento soberano de la deuda, como propone el Frente de Izquierda Unidad, es una medida esencial para terminar con la decadencia a la que somete la clase capitalista a las mayorías populares, junto a otras medidas de soberanía nacional y en defensa de los recursos tales como la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
A contramano de la cultura de la resignación, este camino propone conquistar una sociedad organizada y planificada según las necesidades sociales y no según las ganancias de una minoría.
Deuda pública y tipo de cambio
Por Héctor GIULIANO (17.6.2023)
La Política sistemática de Endeudamiento Público de la Argentina no responde a las necesidades de Financiamiento del Déficit Fiscal sino primordialmente al sostenimiento de un Atraso Cambiario con altas Tasas de Interés locales, como mecanismo favorable a los negocios de los Capitales Financieros.
Los economistas del Establishment – y los Medios de Comunicación que, en línea con los mismos, controlan la Opinión Pública – viven repitiendo a coro que el Gasto Público es la Causa del Déficit Fiscal, pero soslayan decir que el principal rubro del Gasto es la Deuda Pública (por Intereses y por Amortizaciones de Capital).
Caso concreto: el Déficit Fiscal previsto según el Presupuesto del corriente año 2023 (Ley 27.701) es de 6.4 Billones de Pesos (B$), equivalente a (≡) 23.700 Millones de dólares (MD), producto de Ingresos por 22.6 B$ contra Gastos Públicos por 29.0 B$ (monto que incluye 2.9 B$ ≡ 13.300 MD por Intereses a Pagar durante el Ejercicio).
Más este Presupuesto – siguiendo una Metodología Internacional discutible – no contempla como Gasto las colocaciones de Deuda por Capital y Otros Pasivos previstos en el año, que suman otros 30.0 B$ (≡ 137.000 MD): 22.5 B$ (≡ 102.700 MD) por Amortizaciones que vencen de Capital más 7.5 B$ (≡ 34.000 MD) de Deuda Nueva.
Esto es, que entre Intereses y Capital el Gobierno Argentino tiene que pagar y/o refinanciar este año el total equivalente a unos 33.000 MD: un quantum superior al Presupuesto del Ejercicio; importe que por Principal – como es regla sistemática – se refinancia en prácticamente su totalidad, pero pagando, como es lógico, cada vez más Intereses, siendo que estos cálculos oficiales han sido hechos con un tipo de cambio promedio de conversión de 219 $/US$.
Y así como se omite hablar de este desequilibrio fundamental e insoluble como causa del Déficit Fiscal, de la misma manera se omite decir que el principal destino de esa Deuda, es decir, su causa o motivo de base no es ni ha sido sólo la cobertura del desequilibrio de las Cuentas del Estado sino particularmente el sostenimiento del Tipo de Cambio bajo condiciones de Atraso Cambiario relativo (Devaluación del Peso menor que la Inflación Interna).
Porque la verdadera razón del aumento del Déficit ha sido y es el sostenimiento del valor del dólar – y más precisamente, de un atraso cambiario de la divisa – antes que la cobertura del Déficit Fiscal.
Siendo así que, cuanto más bajo esté el dólar – a valor de dólar Oficial – más alta será la rentabilidad de los capitales financieros, que entran en monedas duras.
Y este proceso se acentúa en la actualidad a través de la “Dolarización de la Deuda en Pesos” en curso, dado que el 67 % del total de la Deuda Pública está en Moneda Extranjera (principalmente en dólares) pero el 33 % de la Deuda en Pesos está indexada o ajustada por Tipo de Cambio (por cláusulas directas y/o Bonos Duales).
Nuestro país ha tenido sucesivas grandes “olas de endeudamiento” y casi todas guardan relación directa con el sostenimiento del Tipo de Cambio: a) El primer salto del Endeudamiento Externo durante el Proceso Militar (gestión Martínez de Hoz y siguientes), que llevó la Deuda de unos 8.500 MD en 1971 a 44.000 MD en 1983, b) El segundo salto en el volumen de la Deuda, durante la Década Menemista de los ´90 (gestión Cavallo-Roque Fernández), que la duplicó de 62.000 a 122.000 MD (pese a que en el mismo periodo se privatizaron Empresas del Estado por valor de unos 35.000 MD), porque – importante – la Convertibilidad se sostuvo con Deuda, hasta que reventó por impago de Intereses, c) Su complemento bajo la administración De La Rúa-Machinea/Cavallo, que la elevó a 145.000 MD a la fecha de la Crisis de fines de 2001, d) Otro gran salto durante las tres administraciones del Kirchnerismo (especialmente bajo Cristina Fernández), que aumentó la Deuda en algo más de 100.000 MD (12 años en total), aunque con mayor proporción de la Deuda Interna, e) Un nuevo salto con la Política de Gobernar con Deuda del presidente Macri, por 82.000 MD, y f) El período actual, bajo la administración Fernández-Fernández, que hasta la fecha lleva aumentado el endeudamiento del Estado en otros 75.000 MD (sin contar el aumento paralelo de Letras de Liquidez del Banco Central – Leliq del BCRA – por el equivalente de otros 40.000 MD, que no están incluidos en la Deuda del Estado Central).
Ergo, las grandes etapas del Endeudamiento Público Argentino no fueron determinadas esencialmente por los Déficits Fiscales sino por el sostenimiento de la Política Cambiaria.
Con el agravante que esa Política Cambiaria estuvo y sigue estando determinada por la prioridad de endeudarse – directa y/o indirectamente – para mantener un atraso cambiario.
Por eso, en definitiva, el objetivo no era ni es defender el valor del Peso sino defender el Valor del dólar.
Y con ello, generando una depreciación del Peso vía Inflación, pero manteniendo un retraso relativo del dólar – esto es, Tasa de Devaluación inferior a la Tasa de Inflación – se establece un mayor poder de compra de las divisas extranjeras que entran a la Economía del país, sea para Invertir, para adquirir Activos Locales o directa y especialmente para especular en el Mercado Financiero y Bursátil interno.
De allí la recordada frase del General Perón que censuraba las políticas devaluatorias exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como instrumento de mejora de las monedas extranjeras sobre el Peso para facilitar comprar por “chirolas” las Empresas y los Recursos Naturales de la Argentina.
Aunque sujeto esto – desde hace tiempo y también ahora – a la doble regla de que: 1. La Devaluación del Peso (Tipo de Cambio) tiene que ser menor que la Inflación Interna, y paralelamente 2. La Tasa de Interés Real, en cambio, tiene que ser positiva, es decir, superior a la Inflación.
De modo que, por carácter transitivo, esta Tasa de Interés alta permite así a las colocaciones financiero-especulativas en moneda extranjera (básicamente dólares) obtener una mayor rentabilidad con regímenes de Tipo de Cambio bajo.
Esto es lo que explica la tradicional y perversa correlación histórica que se da en la Economía Argentina – señalada acertadamente por el Dr. Eduardo Conesa desde hace muchos años – como esquema negativo de combinación entre Tipo de Cambio bajo y altas Tasas de Interés domésticas.
Lo que configura una constante sistemática en la evolución de la Deuda Pública de nuestro país.
Consecuentemente, las grandes “oleadas” de endeudamiento externo bajo el Sistema de Deuda Perpetua de la presente etapa contemporánea de la Argentina – que va desde el Golpe de Estado Militar de 1976 hasta nuestros días – habrían tenido como finalidad principal no la cobertura del Déficit Estatal sino el mantenimiento de un Tipo de Cambio bajo Política de dólar Atrasado.
Y este atraso cambiario, combinado con altas tasas de interés locales, constituye la clave que favorece así una mayor rentabilidad por arbitraje entre ambas variables (Tipo de Cambio-Tasa de Interés) a favor de los capitales especulativo-financieros externos, que entran en moneda dura para beneficiarse con el negociado de Carry Trade o Bicicleta Financiera.
Por ende, existe un mito distorsivo de la realidad nacional – armado en función de un Sistema de Endeudamiento permanente – cuando la Deuda es presentada como necesaria para cubrir el Déficit Fiscal por culpa del Gasto Público cuando el verdadero objetivo fue y sigue siendo al revés: sostener un atraso cambiario relativo para el endeudamiento, que es lo que determina un mayor Gasto Público por servicios de la Deuda y más Déficit Fiscal. Y a través de ello brindar un estímulo directo para el Arbitraje especulativo entre Tipos de Cambio y Tasas de Interés locales, con su correlato de Salida o Fuga de Capitales.
Porque se induce a pensar que este drenaje de divisas – directa o indirectamente – corresponde a la migración de capitales argentinos cuando en los hechos estaría perteneciendo también y muy probablemente en medida mayor a capitales extranjeros especulativos que retiran fondos más sus ganancias por intereses obtenidos en la plaza local merced a este mecanismo institucional de la Deuda.
Y todo esto tiene una importancia clave porque no sólo sirve para repensar la realidad financiera de la Argentina sino sobre todo para entender que la Deuda Pública – tomada para sostener el atraso cambiario – no es la Consecuencia sino la principal Causa del Déficit Fiscal.
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 17.6.2023
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.