Por una denuncia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en contra de una manifestación de organizaciones sociales sostenida durante más de un mes frente al edificio donde funciona el Poder Ejecutivo de esa provincia, fue detenida el sábado la dirigente social Milagro Sala. La orden provino del Juez de feria Raúl Gutiérrez, quien imputó a […]
Por una denuncia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en contra de una manifestación de organizaciones sociales sostenida durante más de un mes frente al edificio donde funciona el Poder Ejecutivo de esa provincia, fue detenida el sábado la dirigente social Milagro Sala.
La orden provino del Juez de feria Raúl Gutiérrez, quien imputó a Sala por «instigación al delito y tumulto en concurso real». El abogado del estado provincial, Mariano Miranda, afirmó: «Alzamiento en contra de leyes gubernamentales». Y añadió: «Mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención».
La líder de la Túpac Amaru, que es diputada del Parlasur, inició una huelga de hambre seca en la Comisaría de la Mujer a la que fue llevada y recibió muestras de solidaridad de dirigentes políticos, organismos de Derechos Humanos y del Bloque Progresista del Parlasur.
Hace 35 días, las organizaciones sociales integradas en la Red de Organizaciones Sociales jujeñas, decidieron en asamblea establecerse frente a la Casa de Gobierno para reclamarle a Morales que los reciba, luego de la falta de respuesta institucional a dos pedidos de audiencia escritos presentados el 24 y el 30 de noviembre del año pasado. La intención del diálogo gira en torno de los planes sociales y la continuidad de las cooperativas de vivienda que funcionan a través de esas organizaciones.
El lunes fue convocado un multitudinario acto en Plaza de Mayo, invisibilizado por los medios, y en varias ciudades del interior para exigir la liberación de la dirigente detenida.
Un ejercicio de buena memoria
«Milagro Sala está en la plaza porque quiere cogobernar Jujuy. Nosotros obtuvimos cerca del 60% de los votos y mientras yo sea gobernador va a haber un solo gobierno», señaló Gerardo Morales, al mismo tiempo que destacó la decisión de una jueza de menores provincial que intimó a retirar a los niños del acampe.
El radicalismo ya tiene antecedentes de brutales represiones. No hace falta retroceder casi 100 años y recordar La Semana Trágica o los sucesos de La Patagonia. El 17 de diciembre de 1999, a una semana de haber asumido el gobierno de la Alianza, fuerzas de seguridad reprimieron ferozmente al pueblo que se movilizó en las cercanías del Puente General Belgrano que une la ciudad de Corrientes con la provincia del Chaco.
En aquella jornada hubo dos muertos, Mauro César Ojeda y Francisco Escobar, y veintiocho heridos de bala entre la población civil.
Los funcionarios que actuaron durante la intervención federal en Corrientes y que ordenaron la represión en diciembre de 1999, fueron: el ministro del Interior, Federico Storani; el interventor federal en Corrientes, Ramón Mestre; el secretario de Seguridad, Enrique Mathov y el intendente interventor de la ciudad capital, Oscar Aguad (actual Ministro de Comunicaciones). Todos pertenecientes al radicalismo.
El triste experimento de La Alianza iba a concluir durante las Jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 con 38 manifestantes muertos y centenares de heridos.
La nueva Alianza Cambiemos ya cuenta en su haber con las represiones a los trabajadores de Cresta Roja y a los municipales de La Plata. Al respecto, la semana pasada el ex Juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, había advertido: «En cuanto a la represión, es una torpeza política peligrosísima. Van a matar a alguien, no sean brutos. Están generando una masa de gente con bronca. ¿O acaso es una provocación? ¿Quieren que alguien se descontrole para justificar un homicidio?».
Es evidente que el gobernador radical de Jujuy levanta la apuesta porque no puede soportar que los movimientos sociales jujeños hagan casas, fábricas, escuelas, den becas para educación terciaria, construyan plazas, clubes, piletas de natación, etc.
El mismo trato recibió Emerenciano Sena durante los gobiernos del radical Angel Rozas en Chaco y José «Pepino» Fernández de la UTD de General Mosconi (Salta) con más de 100 causas abiertas por distintos gobiernos provinciales.
No obstante, advierte prudentemente Eduardo Paladini en la edición dominical de Clarín: «La fórmula de las plazas del aguante más las previsibles pataletas en Twiter resultan por el momento inocuas. Pero la sedimentación de heridos por la baja de contratos en el Estado, más los choques con grupos de poder de calle como la Túpac y los conflictos gremiales que pueden sumarse si la situación económica flaquea pondrán al nuevo gobierno ante un nuevo escenario social. Sensible y caliente».
Los despidos llegaron a los privados
La empresa Cerámica San Lorenzo despidió en su planta de Azul a 120 de sus 370 trabajadores, esto se suma a la política que venía llevando adelante de ofrecer retiros voluntarios, con la cual se fueron 30 operarios.
Desde el pasado jueves 7 de enero los 220 trabajadores que aún quedan en la fábrica se encuentran realizando una huelga con la paralización total de la producción por tiempo indeterminado.
Esta firma opera con cuatro fábricas en el país y pertenece al grupo económico belga Etex. En 2014 obtuvo unos beneficios de 231 millones de Euros solo en Argentina, sus ganancias globales obtenidas de las 102 empresas y 148 fábricas con las que cuentan alrededor del mundo, llegaron a 2.987 millones de la misma moneda.
En Azul, se suman a los despedidos de la cerámica, los 100 despidos de municipales y los 82 cesanteados de Fanazul.
El sindicalismo petrolero advirtió el viernes que habrá problemas de abastecimiento de gas, si no hay una respuesta por parte del Gobierno respecto de la crisis por la cual atraviesa, mientras ratificó que el 20 de enero próximo es la fecha límite para garantizar la «paz social».
Adelantó, además, que el lunes 18 habrá una nueva movilización para reclamar porque Tecpetrol dio vacaciones anticipadas a 450 empleados y frenó el funcionamiento de tres máquinas.
«A partir del lunes tienen 72 horas de plazo para resolver el problema, caso contrario el jueves la asamblea multitudinaria de petroleros convencionales definirá un plan de lucha que va a ser acompañado por los jerárquicos», planteó Carlos Gómez el sábado al término del plenario del gremio en el que se ratificaron las panfleteadas que demorarán desde el lunes el ingreso a yacimientos, y la convocatoria a asamblea el jueves 21 de no llegar las respuestas esperadas.
Entre YPF y PAE suman cerca de 3.000 los trabajadores que se mantienen en período de vacaciones debido a un acuerdo firmado entre las compañías y los gremios a fines del 2015. Pero la mayoría de los operadores debería retomar sus actividades antes del 20 de este mes. Según indicó la agencia Bloomberg, YPF extendería las vacaciones hasta nuevo aviso. Hoy hay en YPF 20 equipos parados que afectan la actividad de 1.200 operarios. Unos 300 pertenecen a Chubut y el resto se reparten entre Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza.
Por su parte, PAE, la principal productora de Chubut, tiene en stand by 15 equipos de perforación y 26 de workover, que representan unos 1.400 trabajadores.
El viernes, la empresa Sol Líneas Áreas anunciaba el fin de la prestación de servicios y dejaba 300 trabajadores en la calle.
Tras la noticia del fin de la prestación de servicios, los trabajadores realizaron asambleas para discutir los pasos a seguir. APTA se declaró en estado de alerta, aunque los gremios del sector confirmaron que no habrá «paro general en líneas aéreas por el conflicto de Sol».
Por la tarde, los trabajadores tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo donde la patronal ofreció indemnizaciones al 50 %, lo que fue rechazado por los trabajadores. Con esa decisión la negociación pasó a cuarto intermedio hasta el lunes.
Los trabajadores de Falcon votaron en asamblea acercar la solidaridad a las 300 familias de Sol que luchan por su fuente de trabajo. También dieron su apoyo trabajadores petroleros y delegados de la Administración Nacional de la Aviación Civil.
El ex presidente de la empresa, Mariano Recalde, afirmó que «el acuerdo (con Aerolíneas Argentinas) era un excelente negocio» y que «las únicas que se benefician (con la quiebra de Sol) son las líneas privadas que vuelan en el país, por ejemplo Lan».
Al respecto, la conciliación obligatoria acatada por los sindicatos aeronáuticos, salvó «sobre la línea» del fin de semana y el cambio de quincena, el primer paro de un gremio de transportes de la era Macri, en las prestaciones de la empresa LAN, tanto desde el Aeroparque Metropolitano como el Aeropuerto de Ezeiza.
El eje de la huelga se justificó ante el fracaso de la negociación paritaria de 2015 y «la legitimidad de la protesta ante la intransigencia patronal’.
La cuestión central para la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) fue que seguir negociando un acuerdo salarial «a año vencido», con porcentajes «que quedaron sepultados por la devaluación que todos los trabajadores padecen», no tenía razón de ser.
Siguiendo con los despidos en el sector privado, la minera china MCC, que opera en el yacimiento de hierro de Sierra Grande, Río Negro, inició un drástico plan de reducción de personal que afectará a 275 operarios, más de la mitad de su personal, con el argumento de la baja del precio internacional. Abrieron la posibilidad de retiros voluntarios hasta el lunes 18 de enero. Reconocerán hasta el 75/100% de la indemnización si el pago es en una sola vez o en cuotas.
Para el gobierno local buscan algún tipo de ayuda financiera estatal a pesar que la reciente devaluación actúa licuando los costos en pesos, especialmente los salariales. Sierra Grandes es una localidad de 7.500 habitantes, donde el trabajo no abunda.
El jueves 14 el Sitraic se movilizó por la calles del microcentro porteño con el reclamo de la defensa de los puestos de trabajo de los 1.800 trabajadores de la construcción cuyos empleos peligran ante la quiebra de la empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario Lázaro Báez.
La marcha fue acompañada por delegaciones sindicales de la Coordinadora Sindical Clasista y por una nutrida columna del Polo Obrero con trabajadores precarizados del Argentina Trabaja, que acompañaron el reclamo de los obreros de la construcción y cuyos salarios se encuentran congelados hace más de 15 meses y no han recibido aguinaldo con el fin de año, sumando sus reivindicaciones a una jornada de lucha que también se dio cita en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social.
Al término de la concentración frente a las oficinas de Desarrollo Social, la columna encabezada por cientos de trabajadores de la construcción, se dirigió a Vialidad Nacional para llevar el reclamo por la continuidad de las obras de vialidad en el Provincia de Santa Cruz y la expropiación del capital industrial de la empresa Austral Construcciones para ponerlo a trabajar bajo control de los obreros. En las puertas de Vialidad Nacional se obtuvo una reunión para el próximo martes con las autoridades y con la participación del Ministerio de Trabajo para buscar una salida para los obreros de la construcción.
Los 5.000 trabajadores de Cresta Roja solicitaron con carácter urgente una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal. En los últimos 45 días, han cobrado apenas 6.000 pesos y se les adeudan varias quincenas, aguinaldo y vacaciones. El único compromiso que ha asumido el Estado nacional y provincial se circunscribe a pagar una suma de $ 4.000 en carácter de Repro, aunque han incumplido con su compromiso original, postergando el pago arbitrariamente, para el día 18 del corriente.
En este lapso, la jueza ha decretado la quiebra y la empresa ha sido adjudicada a un consorcio de 3 empresas. El nuevo grupo tienen el mes de enero para decidir si se hará cargo de la empresa y ponerla nuevamente a funcionar.
A través de la gerente de Recursos Humanos del Grupo Veintitrés, María Perrone, se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires una reunión donde los trabajadores de los diarios zonales de El Argentino fueron informados que ya no iban a ser distribuidos y la empresa no tenía una propuesta de pago para los salarios adeudados (noviembre, diciembre y el aguinaldo) como tampoco de retiros voluntarios. Aseguraron que no se iban a mandar telegramas de despido porque la empresa tampoco podía hacerse cargo de las indemnizaciones.
Estos hechos se traducen en 23 trabajadores en la calle, entre ellos una mujer embarazada, en el marco de la irregularidad más absoluta, ya que la empresa no garantiza que se vayan a respetar los derechos laborales que corresponden.
El martes 12 de enero los trabajadores de Tiempo Argentino resolvieron por unanimidad implementar un paro de 24 horas que concretaron el miércoles, para rechazar las constantes postergaciones de los pagos del salario de diciembre y el aguinaldo del segundo semestre de 2015. El jueves 14, el diario no estuvo en la calle por una deliberada decisión de la patronal, en una incontrastable muestra de su estrategia de vaciamiento y castigo a los trabajadores.
Los trabajadores de Tiempo Argentino y del Grupo 23 habían protagonizado el miércoles una jornada de lucha histórica. Por la mañana radicaron la denuncia del conflicto ante el Ministerio de Trabajo, cuyos funcionarios recibieron a su Comisión Interna, luego de un acto masivo realizado en la sede de las revistas Siete Días y Cielos Argentinos. Por la tarde, marcharon hasta la puerta de Tiempo Argentino y Radio América, donde la Asamblea de Trabajadores de Radio América decidió continuar con la retención de tareas en los puestos de trabajo por tiempo indeterminado. Allí la situación se agrava después de las dos audiencias realizadas en el Ministerio de Trabajo donde la empresa de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel se negó a efectivizar los sueldos y los aguinaldos adeudados y ni siquiera se presentó con un cronograma de pago.
El legislador porteño Patricio del Corro presentó un proyecto de declaración solidaria con los trabajadores del Grupo 23. La misma fue acompañada por legisladores de la Coalición Cívica, Socialismo Auténtico, Autodeterminación y Libertad y PO-FIT. El documento insta a la Legislatura de la Ciudad a manifestarse a favor del «pago inmediato de todo lo adeudado y el fin de la inestabilidad laboral».
Son más de 30 obreros gráficos los que aseguran haber sido echados de la planta que el matutino La Nación tiene en el barrio porteño de Barracas. El documento dado a conocer por la empresa tiene fecha del 11 de enero de 2016 y asegura que «a partir de la fecha queda extinguido el vínculo laboral».
Los trabajadores se concentraron en la puerta de la planta para reclamar y pedir explicaciones sobre la situación.
Tras un mes de gobierno de Mauricio Macri, la cantidad de despedidos aumentó en forma significativa. Es que, a los más de 18.000 casos de empleados públicos despedidos en el sector público, se le sumaron otros 10.000 del sector privado, según publicó en su informe de seguimiento el Observatorio de Derecho Social de la CTA.
«No parecen haber sido los reclamos salariales de los trabajadores el origen de estos despidos. Más bien parece ser todo lo contrario. Han sido los empleadores quienes han dado inicio a la ronda de negociación salarial a través del incremento de los despidos, en tanto herramienta para infundir temor y, de esta manera, debilitar la posición negociadora de los trabajadores y las organizaciones sindicales, no solo en términos generales, sino también en cada lugar de trabajo», destacaron los especialistas.
Respecto a los despidos estatales, el miércoles el Ministro de Hacienda fue más que elocuente, en su intento por justificarlos: «Los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de los militantes», dijo Alfonso Prat-Gay.
Siguen los despidos de trabajadores estatales
Los trabajadores de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) denunciaron que se desalojó el edificio y se decretó «asueto administrativo», para evitar que las anteriores autoridades del organismo se reinstalaran de acuerdo a lo dispuesto en dos fallos judiciales.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Rosario denunció que el jueves los trabajadores del AFSCA de esa ciudad no pudieron ingresar a su lugar de trabajo porque se le cambió la cerradura al edificio, sin previo aviso.
Los despidos en el Estado llegaron al Ministerio de Justicia, donde trabajadores del área que brinda apoyo a los juicios contra los crímenes de la dictadura -el Programa Verdad y Justicia- se enteraron de la mala noticia al no poder loguearse en la red de computadoras: sus usuarios habían sido bloqueados. Tras una serie de consultas sobre lo que estaba pasando llegaron a la oficina de Recursos Humanos, donde les informaron que el Ministerio había prescindido de sus servicios. Horas más tarde también fueron dejados cesantes empleados del Registro Nacional de Reincidencias.
«En la primer reunión que hubo con los funcionarios, ellos hablaron sólo de los contratos de los últimos seis meses, pero después del decreto lo extendieron a los últimos tres años. En ese marco, hablaron de que tenían a 500 personas identificadas y que iban a hacer una revisión minuciosa convocándolos para hacerles una entrevista y ver en qué trabajaban», detalló Luis Bañagasta, delegado de prensa de la Junta Interna. Al igual que lo sucedido en otras reparticiones del Estado, para las rescisiones de en Justicia no hubo entrevista previa ni explicaciones.
El jueves se realizó una concentración en la puerta de Arsat, a raíz de los despidos producidos por la nueva administración.
«El denominador común de todos los despedidos es que nos posicionamos a favor de la candidatura de Scioli o expresamos un cierto apoyo a la gestión anterior», definió Martín Serra, ingeniero electrónico y uno de los responsables de la elaboración del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Tal vez no recuerde que Mauricio Macri hace dos años dijo que la inversión del Estado en satélites era «un despilfarro».
El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich echó a 420 trabajadores y según denunció el titular de ATE-Capital, Daniel Catalano, a varios de ellos se los dejará sin empleo «por su militancia política».
A su vez, el titular de ATE-Capital afirmó que los trabajadores afectados fueron informados por Recursos Humanos que «entre el viernes el lunes» comenzarán a recibir los telegramas de despido, por lo que pidieron una reunión urgente con la ministra de Seguridad. «No se sabe a quién se despide en el Estado, porque se despide indiscriminadamente, pero están haciendo eje en donde encuentran lo que ellos llaman militancia estatal», aseguró.
En el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente del Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, también comenzó su gestión con 35 despidos.
En Quilmes, el cocinero intendente Martiniano Molina nombró asesor de la Secretaría legal y Técnica al titular del sindicato de municipales, Raúl Méndez, mientras los 100 trabajadores reincorporados por apenas dos meses a la Subsecretaría de Infancia y del área de Inclusión Social del municipio, denuncian que «hay una persecución por parte de funcionarios que no tienen idoneidad profesional para encabezar los equipos ni tienen experiencia en el cargo».
En sintonía con los despidos masivos de trabajadores estatales que desde su asunción vienen llevando adelante María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, desde la intendencia de Morón, gestionada por su esposo, Ramiro Tagliaferro, se impuso el despido de 27 trabajadores de la salud.
Los despedidos cumplían funciones en el plan SUMAR, bajo la modalidad de contrato, que trabaja con población materno-infantil, adolescentes y mujeres y hombres de hasta 64 años, también llevaban a cabo la inscripción para la Asignación Universal por Hijo, para mujeres embarazadas, y para el programa Remediar en lo que refiere al aprovisionamiento de medicación.
También hubo 400 despidos en el partido de Hurlingham y 70 en el partido de Merlo donde gobierna el Frente para la Victoria.
El sindicato de trabajadores municipales de la ciudad de Neuquén (SITRAMUNE) denunció que el intendente Horacio Quiroga dispuso el despido de 60 trabajadores contratados cuyo pase a planta estaba comprometido desde el año pasado por un acuerdo entre el gobierno y el sindicato.
Referentes de la CTA Autónoma de Misiones se solidarizaron con los enfermeros despedidos y encadenados en el Hospital Madariaga. Exigen un canal de diálogo que garantice las fuentes laborales de los trabajadores precarizados en el sistema de salud, además de atención de las múltiples demandas que motivaron diversos reclamos.
Algunas conquistas de la lucha
Luego de las masivas movilizaciones de lunes y martes, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a la ATE luego del rechazo al Decreto 26/15 que suspendía la Ley Nº 14656 de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva en los municipios.
El encuentro se realizó en la sede principal del Ministerio con la presencia del titular de esa cartera, Marcelo Villegas y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell y por la ATE lo hicieron el Secretario adjunto, Carlos Díaz, y el Secretario de finanzas, Germán Mogilner, responsable del área Municipal. También hubo representantes de otras organizaciones sindicales, como el Fesimubo, y el legislador Hernán Doval impulsor de la Ley de Paritarias, y los intendentes de San Miguel, Joaquín De la Torre; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Quilmes, Martiniano Molina; y funcionarios que representaron a los municipios de San Cayetano y San Isidro.
El Ministerio de Trabajo propuso conformar el Consejo del Empleo Municipal en el transcurso de los próximos 45 días y prorrogar la entrada en vigencia de la Sección Tercera (parte supletoria) por 180 días, que significa la vigencia del Marco para el Empleo Municipal y la Negociación.
Asimismo, el Consejo Directivo Provincial de Ate tuvo una reunión con el Intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, a quien planteó la necesidad de la reincorporación inmediata de los trabajadores cesanteados e iniciar un proceso de pase a planta permanente, así como también la necesidad de que se inicie la negociación colectiva en el marco de la Ley 14.656 de paritarias municipales.
Ante las demandas planteadas, el intendente Julio Garro, informó que ya se había firmado la reincorporación de 2.500 trabajadores y que era inminente la reincorporación de 500 más, en listados que se habían enviado desde los gremios y que se había corroborado que trabajaban y se comprometió a habilitar un espacio que en estos días permita seguir reincorporando compañeros, en base a listados que se vayan enviando donde fehacientemente se constate la relación laboral concreta.
Tras varios días de asambleas, en conjunto con los delegados del sector y la Junta Interna, se logró revertir los despidos de un centenar de trabajadores de Presidencia y Jefatura de Gabinete.
Los 25 trabajadores que se quedaban sin lugar de trabajo por los cambios estructurales que el nuevo gobierno está realizando en los ministerios, más los 80 compañeros que estaban con los contratos ya rescindidos mantuvieron sus puestos de trabajo.
Además de la prórroga de los contratos y la reincorporación de los despedidos, se avanzó en el estado de los procesos concursales, la reestructuración de la grilla salarial y la realización y pago de horas extras.
El mediodía del jueves, convocado por estatales del Ministerio de Trabajo de la Nación, se realizó una concentración en las puertas de dicha cartera para exigir la reincorporación de 30 despedidos. Durante el acto, distintos oradores se expresaron en defensa del empleo público y de la necesidad de unidad para enfrentar las cesantías. El acto contó con mucha solidaridad de distintas organizaciones sociales, sindicales, de partidos políticos y, sobre todo y lo más importante, la de ATE Nación y ATE Capital.
También en Rosario, se reunieron en la Sede de COAD representantes de entidades sindicales de la región. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios, tuvo el propósito de generar un marco unitario para la defensa del salario, el empleo, la negociación colectiva y las libertades democráticas.
El conjunto de los representantes gremiales presentes destacó la importancia de construir acuerdos y acciones unitarias ante el ajuste que instrumenta el Gobierno Nacional de Mauricio Macri.
Los presentes se comprometieron a ampliar la convocatoria al conjunto de los sindicatos de la ciudad y la región. Se fijó un segundo encuentro para el jueves 4 de febrero.
Estuvieron presentes AMSAFE Rosario, Empleados de Comercio Rosario, ATE Rosario, COAD, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, Federación de Trabajadores del Complejo Oleaginoso, Federación Gráfica Argentina Rosario, Sindicato Ceramista, Sindicato de Jaboneros Unilever, Sindicato de Prensa Rosario, Sindicato de Trabajadores Aceiteros, SIPRUS, UOM Villa Constitución y UTN-SIDUT.
Con Macri en Davos y la dirigencia sindical de vacaciones
Por el momento quedó postergada la convocatoria al pacto social prevista para mediados de enero. El Gobierno volverá a la carga en febrero. El plan tiene como aliciente para el sector sindical la garantía de que habrá modificaciones en Ganancias y suba de las asignaciones familiares, como mejoras indirectas para los asalariados, y más fondos para las obras sociales gremiales.
El jefe de la cartera laboral dedicó las primeras semanas de 2016 a reuniones de bajo perfil con cada uno de los sectores en los que está dividida la CGT, así mantuvo charlas con los «gordos» de los grandes gremios de servicios -sus principales impulsores para hacerse del cargo- y los «independientes» de la CGT reconocida, con dirigentes afines a Moyano, con el gastronómico Luis Barrionuevo, y con referentes de la Confederación de sindicatos del transporte (CATT).
El acuerdo social estuvo desde la campaña al tope de los planes del equipo de Macri. De hecho, el primer intento por darle un marco concreto fue en diciembre, con una cumbre pautada entre varios ministros y una quincena de dirigentes de las tres versiones de la CGT. El encuentro fue dinamitado por Hugo Moyano. El argumento expuesto fue una supuesta desorganización, el real, la negativa a ceder protagonismo frente a Antonio Caló, y de paso marcarle la cancha al Gobierno al dar la señal de que sólo aceptará reunirse con Macri, no con subordinados.
Desde el Ejecutivo reconocen que Moyano desconfía de Macri y que cada vez que hace declaraciones avisa que su piso en paritarias será del 30%, cuando el Ministro Prat Gay especula entre un 20/25%.
En un documento titulado «Emergencia Estadística y Pacto Social», el titular de la CGT señaló el jueves pasado que: «La CGT quiere saber además cómo será nuestra participación en las ganancias empresariales, para que el concepto de productividad tenga sentido».
Los despidos, bien, gracias.
Fuentes: Clarín, Página 12, La Izquierda Diario, Anred, Resumen Latinoamericano, APU, Red Eco Alternativo, www.elpatagonico.com, Diario BAE, www.sitraic.org, infogremiales.com.ar, eltrabajadordelestado.org, ACTA y www.ambito.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.