En los últimos días, las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) realizaron la quita de algunas concesiones de la empresa Repsol-YPF. En la misma sintonía que el gobierno nacional, estas provincias vienen manifestando públicamente la falta de inversión e el incumplimiento del contrato. Sin embargo, las extraordinarias ganancias que esta […]
En los últimos días, las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) realizaron la quita de algunas concesiones de la empresa Repsol-YPF. En la misma sintonía que el gobierno nacional, estas provincias vienen manifestando públicamente la falta de inversión e el incumplimiento del contrato. Sin embargo, las extraordinarias ganancias que esta empresa obtuvo en los últimos años fueron de una importante magnitud.
Al respecto, debemos señalar que esta acción política no deja de ser positiva, aunque mucho tenga que ver con «jugar para la tribuna», como se dice en la calle.
Analicemos un poco la cuestión. En primer lugar, es positivo que el gobierno reconozca la crisis energética. Así cómo también es importante que reconozca -lo que hace años venimos diciendo desde la CTA, desde la FeTERA y desde las organizaciones sociales, gremiales y políticas- que en materia de soberanía energética lo peor que le paso a la Argentina fue la privatización de estos recursos estratégicos en 1989. Este escenario se agravó, además, por un proceso de extranjerización que se puso en marcha en la década del 90´ en mano de grupos monopólicos extranjeros. El resultado de esas políticas fue que la principal riqueza de los argentinos, siendo ésta un recurso estratégico de peso mundial, quedara en manos extranjeras.
Otro punto que nos interesa remarcar es el fracaso absoluto del modelo de «argentinización» de Repsol-YPF. La participación en la empresa de capitales del Grupo Petersen, de origen argentino y vinculada a la familia Esquenazi (entre ellos Enrique Esquenazi, ex ejecutivo de Bunge y Born) a partir de 2007 y 2008, tuvo que ver más con el sostenimiento de una política de «capitalismo de amigos» que de considerar que a través de ellos por fin se comenzarían a representar los intereses del pueblo argentino. Los intereses de estos grupos, tanto de los del grupo Esquenazi como de Repsol, nunca van a ser los mismos que los del pueblo argentino.
Por lo tanto, que ahora se reconozca que no ha habido inversiones y que, por el contrario, ha habido una depredación de nuestra riqueza a cambio de nada, nos parece positivo. Aunque sea tarde respecto al lamentable cuadro argentino en materia de hidrocarburos. No obstante, decimos que esta decisión del gobierno planteada como se ha planteado -sobre todo teniendo en cuenta que principalmente son pozos que están agotados o sin producción significativa- no alcanza. Nosotros creemos que para cambiar la situación del país en el plano energético se debe recuperar todo el patrimonio nacional a manos del pueblo argentino. Nuestro país no tiene ni una sola empresa de bandera nacional (entendida como total patrimonio del Estado y del pueblo argentino y como política de plena soberanía. No como posesión de un paquete accionario dentro de un consorcio empresarial) ni una sola sociedad del Estado que represente los intereses populares. La energía es un bien social, está en el subsuelo, pertenece al pueblo argentino y es un derecho humano imprescindible.
Párrafo aparte merece la sospecha de un nuevo acuerdo para la gestión de los hidrocarburos con la empresa Pan American Energy (PAE), sociedad que -detrás de la dirección de los hermanos Bulgheroni- se encuentra la British Petroleum (BP), de origen Inglés. Mensaje confuso si los hay, justo cuando se están anunciando políticas referidas a la soberanía Argentina en Malvinas.
José Rigane es Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA)
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