Diversos colectivos de abogados se organizaron para atender a las víctimas de una represión anunciada. Desde las primeras horas del jueves comenzaron a circular por distintas redes sociales los teléfonos de quienes estarían de guardia durante la jornada. Tras el violento y desmedido uso de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de […]
Diversos colectivos de abogados se organizaron para atender a las víctimas de una represión anunciada. Desde las primeras horas del jueves comenzaron a circular por distintas redes sociales los teléfonos de quienes estarían de guardia durante la jornada. Tras el violento y desmedido uso de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, los defensores se pusieron en acción. A partir de información fragmentada que comenzaron a recibir se dividieron tareas. Algunos de ellos se dirigieron a las dependencias policiales donde llegaban los detenidos. Pasadas las 9 de la noche, aún continuaba la persecución en las calles. A esa hora estaban confirmadas 41 personas privadas de la libertad, 15 de ellas detenidas en Gendarmería Nacional. «Recibimos un trato hostil», denunció Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) que esperó durante más de dos horas alguna información sobre tres personas detenidas en la Comisaría 5º. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) aseguraron «que la información está acotada. La decisión de impedir la posibilidad de acceder y ejercer el derecho a la defensa está muy clara».
«La idea de organizar una coordinación entre los abogados de distintos colectivos surgió a partir de la represión a las mujeres en la marcha del 8 de marzo», contó Cesaroni. Pero la coordinación entre los distintos colectivos se consolidó después de la cacería que desató la Policía de la Ciudad en la masiva movilización del 1 de septiembre, cuando aún se reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado. «Se va organizando un esquema que se usaba en la dictadura», explicó luego Aníbal Ibarra, integrante de Espacio Popular.
A las 11 de la mañana del jueves los teléfonos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) comenzaron a sonar. Personas que irían a la marcha querían corroborar que el número que desde temprano circuló por Whatsapp fuera correcto. «Nosotros, como una costumbre histórica de la organización cuando vemos que hay un ambiente como el que ya se veía venir de posible represión, convocamos a abogados para una guardia. Hicimos circular los teléfonos y también difundimos un video que armamos sobre protesta social y cómo cuidarse», contó Gisela Cardoso, una de las presidentas del organismo. Entre las 4 y las 5 de la tarde, los llamados se multiplicaron. Se producían entonces las primeras detenciones. «Tomamos los datos de lo que nos iban diciendo, los nombres, si tenían el número de documento, si sabían dónde los llevaron, un numero de contacto». Fue así que confeccionaron una lista que cotejaron con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y con la CORREPI. A diferencia de otras ocasiones, en las comisarías no les daban información. Cuando ya eran 23 las personas de la lista presentaron ante el juzgado de turno en el Palacio de Tribunales un habeas corpus para conocer la situación legal en la que se encontraban los detenidos.
Claudia Cesaroni recién se sentaba en un bar con otros compañeros de la CONADU y la Universidad de Quilmes en la Avenida 9 de Julio. No habían podido llegar al Congreso por los gases. La sesión ya se había levantado y comenzaron a festejar el triunfo. Pero duró poco. Comenzaron a recibir mensajes sobre las detenciones por parte de las fuerzas de seguridad. Ella estaba cerca de la Comisaría 5º y se ofreció a ir a la seccional. Se encontró allí con los abogados Manuela Bares y Ezequiel Paulucci. Estuvieron más de dos horas. «No logramos que nos digan cuántas personas hay detenidas, sus nombres, alguna información precisa. Hasta ahora no hay un dato cierto de cuántos detenidos hay», dijo a las 18.55. «El trato del personal de la comisaria es muy hostil. Preguntamos respetuosamente. Queríamos confirmar la información. Pero para las fuerzas de seguridad somos enemigos, siento eso. Los datos que nos llegan es que sigue la cacería».
Ismael Jalil, de la CORREPI, fue a la Comisaría 15, en la localidad de Chacarita. Allí habían 6 personas detenidas. Todos hombres. «Hay una situación muy particular. A lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, agregamos ahora la incertidumbre sobre los lugares de detención», explicó ya entrada la noche. «El resto de la gente podría estar en el Centinela, en Retiro y los otros repartidos en dos o tres comisarías de la ciudad». A esa hora estaban confirmadas 21 detenciones, aunque también se decía que eran 34 las personas alojadas en distintas dependencias policiales.
La única certeza entrada la tarde fue que el juez federal de turno era Claudio Bonadío. Y que las imputaciones iban desde intimidación pública y resistencia a la autoridad a daño agravado y lesiones. «Lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de una política represiva que es la única manera que tienen para sostener la política económica que están diseñando. Concretamente, es la puesta en acción del estado policiaco que veníamos denunciando hace tiempo y que hoy se consagró con uno de los mas grandes despliegues represivos que recordemos del 83 a la fecha», advirtió Jalil.
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Fuente: http://www.elcohetealaluna.com/abogados-organizados-contra-la-caceria/