El gobierno nacional envío al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Varios sectores han manifestado opiniones sobre su contenido. Compartimos algunas de ellas. Uno de los puntos que más ha tenido opiniones adversas es la suspensión por 180 días de todas las movilidades […]
El gobierno nacional envío al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Varios sectores han manifestado opiniones sobre su contenido. Compartimos algunas de ellas.
Uno de los puntos que más ha tenido opiniones adversas es la suspensión por 180 días de todas las movilidades jubilatorias, otorgando aumentos trimestrales por decreto.
La agrupación universitaria CONADU Histórica rechazó esta suspensión: «Manifestamos nuestro total rechazo a la suspensión de la movilidad jubilatoria contemplada en nuestros regímenes especiales. Leyes que son el producto de grandes luchas de nuestro sector, y que en el caso de la Ley N° 26.508, fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras legislativas tras importantes campañas de firmas y movilizaciones en todo el país. Recordamos asimismo, que las jubilaciones docentes y de investigadores perdieron más de un 40% contra la inflación en los últimos dos años, por lo que consideramos una injusticia que se nos asimile con sectores de privilegio, en especial con relación a los verdaderos ganadores del período neoliberal del gobierno de Macri».
Según explican el proyecto afecta a las movilidades determinadas por los índices RIPDUN (Ley de Jubilaciones Docentes Universitarias N° 26.508), RIPDOC (Decreto Jubilaciones Docentes Preuniversitarias N° 137/05), e incluye también a las Jubilaciones de Investigadorxs (Decreto N° 160/05), que se rigen por el índice general de movilidad de la Ley N° 27.426.
El gremio docente de CTERA manifestó en un comunicado la preocupación por la Jubilación Docente: «Queremos expresar nuestra profunda preocupación por los artículos 51 y 52 del proyecto de ley denominado ‘de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el Marco de la Emergencia Pública’, que suspende por 180 días la actualización jubilatoria para el sector docente. Compartimos el espíritu general de la ley, ya que entendemos que son los sectores que menos ganan, los que deben recibir de manera inmediata, la mayor asistencia del estado para poder recuperar rápidamente lo perdido en estos últimos cuatro años de ajuste de la administración Cambiemos. Pero además, tenemos en claro, que el sector docente también ha sido fuertemente perjudicado por el ataque al sistema previsional de la administración anterior».
De poco más de 150.000 jubilados docentes nacionales (por ANSES), la mitad percibe un haber promedio que no supera los 44.000 pesos. Solo un 2% (3004 docentes) percibirá el bono de 5.000 pesos. Y el último incremento en los haberes jubilatorios docentes es de septiembre de 2019, con lo cual si no hay movilidad durante 180 días, «el perjuicio económico es muy fuerte», afirman.
«Para salir de la actual crisis económica y social, que deja la administración Cambiemos, deben ser quienes fueron beneficiarios directos de las políticas económicas del gobierno anterior, los que hagan el mayor esfuerzo y no lxs trabajadorxs», es por esto que desde CTERA piden a los legisladores que modifiquen el proyecto de ley de tal forma que no se afecte el régimen jubilatorio docente ni su movilidad.
Desde la izquierda, Nicolás del Caño, diputado nacional PTS/FIT, afirmó: «El cálculo de movilidad que aprobó Cambiemos, y que terminó perjudicando a los jubilados hasta hoy, el año que viene permitía una recuperación un poco por encima de la inflación, por primera vez, de alrededor del 25/26 por ciento en el primer semestre del año. Ahora queda todo a discreción del Poder Ejecutivo, eso es una aberración. Si dicen que quieren mejorar la situación de las jubiladas y jubilados ¿por qué se suspende la movilidad?»
También el economista Claudio Lozano, integrante del IPPyP, manifestó sus reservas respecto a esta medida. En sus primeras reflexiones sobre el proyecto, se refirió a la posibilidad que esta suspensión de la movilidad redunde en mayores ingresos por decreto para los jubilados: «Podrá decirse que los aumentos que a futuro resolverá el ejecutivo serán mayores que los previstos por la fórmula macrista. Habrá que verlo. Lo que sí parece surgir de la lectura del proyecto y también de los bonos que se instrumentarían es la decisión de priorizar los haberes mínimos y su recuperación frente a las escalas superiores. Esto implica que se achataría la pirámide previsional, y que el financiamiento de los aumentos del haber mínimo no vendría solo de mayores recursos, sino de la redistribución de la masa de recursos previsionales donde los haberes más altos financiarán a los más bajos. De acuerdo a lo trascendido (por que el proyecto de ley no habla de esto) con el pago de los bonos en los próximos dos meses la mínima se ubicaría en 19.000 pesos».
También salieron a manifestar su opinión los sectores del campo que se verán afectados por la suba de las retenciones a las exportaciones.
El Foro Agrario Nacional manifestó su apoyo a las medidas redistributivas como son las retenciones, pero objetó que no se diferencie entre el campo que denominan concentrado y los pequeños campesinos: «No hay un solo campo. Por un lado, existe un campo concentrado que gana con la especulación financiera, la devaluación, que desaloja familias campesinas e indígenas y no le preocupa la destrucción de los bosques nativos ni la contaminación con agrotóxicos. Por otro lado, estamos las y los del campo cooperativo, que generamos más de 54% del empleo rural, agrario, producimos alimentos para el pueblo, fuimos perjudicados por la devaluación y motorizamos un cambio de modelo productivo hacia la agroecología y la democratización de los canales de comercialización».
Por eso proponen la segmentación de las retenciones, o sea, gravar la exportación según la facturación de las cooperativas y la situación de las economías regionales.
«Nos hubiera gustado discutir y resolver esta decisión, antes o paralelamente. Tenemos propuestas y muchas más problemáticas que nos afectan: el precio de los insumos, los seguros multi riesgo, las semillas, el alto costo de los servicios, necesidades en infraestructura, caminos rurales, seguridad, etc. Entonces, así podemos expresar nuestra visión propositiva: si todo el campo no es lo mismo tampoco los son las capacidades contributivas de los productores. Nosotros reclamamos que se haga justicia. Que paguen más los que más tienen. Desde nuestro espacio diseñamos un Programa Agrario Soberano y Popular con 21 propuestas concretas que fueron presentadas en más de 10 provincias argentinas. Esperamos que dicho Programa Agrario sea tomado por este nuevo gobierno», manifestaron desde el Foro Agrario Nacional.
El proyecto incluye también un artículo que hace mención a los créditos UVA, tomados para la adquisición de viviendas, cuyos tomadores vienen denunciando la imposibilidad de seguir con el pago de las cuotas.
En su artículo 56 la iniciativa establece que el B.C.R.A. «…realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor…».
Desde el Colectivo Nacional Hipotecados Autoconvocados UVA, expresaron su beneplácito de que se haya incluido la problemática de los créditos UVA. Sin embargo, consideraron: «La lógica del ‘esfuerzo compartido’, debe contemplar que el sistema financiero resultó ser un gran beneficiario de las políticas impulsadas desde el anterior gobierno, que le garantizaron a los bancos ganancias extraordinarias, las mayores en los últimos 20 años. Estos créditos fueron pergeñados como una política pública de vivienda, con el decidido apoyo del sistema financiero, que vio la posibilidad de obtener esas enormes ganancias».
Aclaran además que a fin de año quedará sin efecto el congelamiento que dispuso el gobierno anterior, «que solo afecta la cuota mientras el capital sigue creciendo. Esta medida no alcanzó a todas las hipotecas y dejó afuera a más de 80.000 tomadores de créditos. De no tomarse una medida antes de fin de año, las cuotas de los beneficiados sufrirán un incremento de cerca del 25%».
Ante esta situación, reclaman el inmediato congelamiento de la indexación de la UVA «que alcance a la Cuota y el Capital de todo el universo de hipotecados, hasta tanto el BCRA realice una evaluación de estos créditos hipotecarios que implique una salida definitiva del sistema».
Respecto a la iniciativa en general, en opinión de Claudio Lozano, se trata de «un proyecto de ley que reconstituye la caja del sector público en base a tributación progresiva, que intenta mostrar vocación de pago de la deuda pública y que articulado con un conjunto de medidas de compensación social en un nuevo contexto de precios, tasas de interés y tarifas, pretende estimular el consumo y la actividad económica».
Desde la Izquierda, Romina del Plá, diputada nacional PO/FIT, asegura que «todo este andamiaje para garantizar el pago la deuda es lo que ha planteado que los bonistas, que el FMI y que los bancos saluden este proyecto, y por lo tanto si los bonistas, el FMI y los acreedores internacionales saludan el proyecto es porque es contra los trabajadores y los jubilados, que son los que van a financiar este pago de la deuda».
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/gobierno/28090-acerca-del-megaproyecto-de-emergencia