La Comisión Interna de los trabajadores de Lear Corporation (planta General Pacheco) y diversos organismos de derechos humanos convocan a una conferencia pública hoy, viernes 11 a las 13 horas Sala 5, Tercer Piso del Anexo del Congreso Nacional donde harán público el importante arco de organizaciones y personalidades que han repudiado la represión acontecida […]
La Comisión Interna de los trabajadores de Lear Corporation (planta General Pacheco) y diversos organismos de derechos humanos convocan a una conferencia pública hoy, viernes 11 a las 13 horas Sala 5, Tercer Piso del Anexo del Congreso Nacional donde harán público el importante arco de organizaciones y personalidades que han repudiado la represión acontecida el martes 8 en la Panamericana e informarán los pasos a seguir.
Los trabajadores de Lear Corporation realizan un plan de lucha contra más de 100 despidos y 200 suspensiones sin goce de haberes. El jueves la Justicia ordenó a la patronal de Lear que permita el ingreso de los delegados que de forma ilegal la empresa impide desde hace más de una semana.
Se harán presentes diputados nacionales y provinciales, representantes de los organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales y políticas solidarias.
También la CTA de Capital marchará este viernes, en solidaridad con los trabajadores de T.A.T.S.A – EMFER, que fueron despedidos por defender sus fuentes de trabajo.
La concentración será a partir de las 11 de la mañana en Avenida de Mayo y Perú, para luego marchar hasta el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación.
Un diputado kirchnerista y el CELS cuestionaron los operativos para desalojar piquetes en la General Paz y la Panamericana
El diputado nacional del Frente para la Victoria y líder de la JP Evita, Leonardo Grosso, criticó al Secretario de Seguridad, Sergio Berni, por haber reprimido los piquetes que realizaron trabajadores ferroviarios y de una autopartista en la General Paz y en la Panamericana.
En esa línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky, emitió un comunicado en el que alertó sobre «el desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social».
El CELS denunció que en el operativo en la Panamericana, «había agentes de la Policía Federal que portaban sus armas reglamentarias» y que «la Gendarmería disparó balas de goma con armas largas a los manifestantes y usó perros adiestrados, sin bozal. Tanto ayer como hoy, el desempeño de las fuerzas de seguridad no respetó sus principios y reglas de actuación», apuntó.
Además, solicitó «la presencia de interlocutores políticos que eviten el uso de la violencia» en las manifestaciones que incluyen cortes de tránsito. «Por el contrario, ayer y hoy se privilegió la intervención directa y la represión por sobre una mediación política que pudiera gestionar el conflicto», indicó.
Gendarmería desalojó el pasado martes a manifestantes que bloqueaban la Panamericana
Fue a la altura de Henry Ford, en el kilómetro 35, en reclamo de la reincorporación de despedidos de la empresa autopartista Lear y de «otras en todo el país».
Con escudos, perros y camiones hidrantes, los gendarmes desalojaron el corte. «Desalojan en diez minutos o los pasamos por arriba», fue el ultimátum. Del otro lado, los manifestantes intentaron resistir con palos y piedras.
El pasado viernes 4, el juez Ricardo Costa y el fiscal Molina Pico firmaron una orden para desalojar a los obreros despedidos y suspendidos por la autopartista norteamericana Lear que acampan en la puerta de la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo. A fines de mayo, esta empresa multinacional suspendió a 330 trabajadores de manera completamente ilegal, por tiempo indeterminado y sin iniciar Procedimiento Preventivo de Crisis tal como indica la ley.
Los trabajadores no se resignaron, realizaron asambleas y cortes de calle, logrando que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitiera un Dictamen que ratifica la ilegalidad de dichas suspensiones.
Pese a esto, la empresa profundizó su accionar suspendiendo por 30 días sin ningún tipo de ingreso a 200 de esos trabajadores, días después 100 de ellos fueron despedidos de manera ilegal y sin indemnización alguna, condenándolos a quedar sin sustento para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, violando sus más elementales derechos como el alimentario, sus derechos humanos y los de sus familias.
Lear Corporation es una transnacional norteamericana, con 221 filiales en 36 países de todo el mundo, que tiene el monopolio de la venta de cables a Ford Argentina, que no vio afectada su producción en estos meses y se abastece de productos importados desde el exterior en un fraude a los trabajadores y al propio Estado Nacional, que otorgó subsidios para el sector y acaba de lanzar el Plan Pro.Cre.Auto, con el cual se verá beneficiada.
La empresa Lear no quiere pagar el salario a los 200 trabajadores y sus familias, y aduce crisis, cuando sólo en 2013 facturó a nivel internacional U$S 16.000 millones.
Esta situación mereció el repudio y la exigencia que la multinacional cumpla con las leyes laborales de nuestro país, los Tratados Internacionales de DDHH, y ponga fin a estas suspensiones y despidos ilegales por parte de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz,
Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Graciela Rosenblum, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Enrique Fukman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros.
Lear: una multinacional buitre
Lear Corporation es una multinacional autopartista de origen norteamericano que tiene 122.000 empleados en 36 países. Está dentro de la lista de las 500 principales empresas del mundo y el año pasado tuvo ventas por U$S 16.000 millones. Mientras en Argentina pretende aducir algún tipo de crisis, la propia empresa declara que durante el primer trimestre de 2014 las ventas globales de la compañía aumentaron un 10 % en relación a 2013.
En los últimos cinco años y mientras aducía estar en bancarrota en EE. UU., impulsó una campaña agresiva de fusiones y adquisiciones de otras empresas al mismo tiempo que se expandió mundialmente a países de Asia, África, Europa del Este y Centroamérica con el objetivo de maximizar sus ganancias a cambio de bajos salarios y condiciones de trabajo precarias.
Trabajadores precarizados y humillados
El caso más brutal de humillación contra trabajadores se dio en la filial hondureña conocida con el nombre de Kyungshin Lear Honduras Electrical Distribution Systems, en la norteña ciudad de San Pedro Sula.
Allí la empresa tiene una maquiladora (planta de ensamblaje con exenciones fiscales que produce para la exportación) en la que practica todo tipo de atropellos contra los trabajadores.
En agosto de 2013 la AFL -CIO (central sindical norteamericana), junto a sindicatos hondureños, denunció el abuso de la empresa sobre los trabajadores, a los que obliga a usar pañales para evitar que «pierdan tiempo» yendo al baño.
Esta misma planta también está acusada de otros abusos sobre los trabajadores, como obligar a las mujeres embarazadas a realizar su trabajo de pie durante toda la jornada.
En los últimos años también se sucedieron protestas contra las condiciones de trabajo y despidos en México, Polonia, Francia, EE. UU. y el Estado español.
La misma práctica de aducir crisis, como lo hacen hoy en Argentina, la vienen haciendo en otros países. En EE. UU. en 2009, tras declararse en bancarrota, cerró 28 plantas y despidió a 20.000 mil trabajadores.
La actual lucha de los trabajadores de Lear en Argentina es parte de la pelea de miles de trabajadores en todo el mundo contra esta multinacional buitre; contra las humillaciones, la precarización, los despidos y las suspensiones que se han convertido en moneda corriente dentro de esta empresa.
Trabajadores de la empresa estadounidense Lear resistieron el intento de desalojo
Fue dispuesto por el juez Ricardo Costa y el fiscal Diego Molina Pico, quienes ordenaron la presencia policial y de gendarmes en la planta de General Pacheco, partido de Tigre.
«Con esta amenaza represiva buscan quebrar la resistencia de los trabajadores a esta prepotencia patronal, que culminó esta semana de lucha con un paro total de actividades de la planta por parte del conjunto de los trabajadores», expresaron en un comunicado el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, y Christian Castillo, diputado provincial por la misma fuerza.
Ya la semana pasada los trabajadores de la autopartista Lear Corporation y de la gráfica Donnelley habían sido blanco de la represión con gases lacrimógenos en una manifestación en el centro porteño.
Recibieron el apoyo de Centros de estudiantes, organizaciones sindicales, partidos de izquierda y organismos de Derechos Humanos el pasado miércoles 2 de julio, en un corte e instalación de una carpa frente al Ministerio de TRabajo de la Nación.
Pese a todas las ilegalidades y atropellos que están sufriendo los trabajadores de Lear, el sindicato SMATA no se hizo presente nuevamente. Por ello exigieron que la dirección del SMATA abandone su silencio cómplice y convoque a medidas de lucha para terminar con los despidos, las suspensiones y el ataque a los delegados. No existen excusas para sostener los despidos y suspensiones ya que la Ford para la cual trabaja Lear está en plena producción y el gobierno está permitiendo el ingreso de mazos de cables de Centroamérica y Europa dejando trabajadores en la calle y llevando adelante un fraude contra las finanzas del propio Estado Nacional.
Frente a esta situación el Ministerio de Trabajo de la Nación no tomó ninguna medida para preservar los puestos de trabajo ni para revertir la escandalosa violación de las leyes laborales al impedir el ingreso de los delegados gremiales.
EMFER-TATSA
Los trabajadores realizaron el lunes por la mañana un corte sobre la avenida General Paz altura estación Migueletes, donde se encuentra la planta de EMFER, cuya entrada bloquearon. La medida de lucha fue tomada porque temen por el cierre inminente de la empresa, ya que la misma no pagó aún el aguinaldo ni la quincena, además de tener los trabajadores problemas con sus obras sociales, y en repudio a la persecución sindical y acoso policial diario que sufren de parte de la empresa.
Los hermanos Mario y Claudio Cirigliano se habían presentado en la planta desde la mañana temprano, supuestamente para negociar una salida al conflicto. La realidad es que los trabajadores informaron que la empresa se siguió mostrando inflexible y no dispuesta a pagar los sueldos atrasados.
En ese momento, mientras estaban reunidos con los delegados de los trabajadores, la policía comenzó a reprimir sin motivo afuera de la fábrica. En este marco, los empresarios levantaron la mesa de negociación y se retiraron. Los trabajadores se replegaron en la avenida y se metieron dentro de la empresa, único refugio en la zona.
Más tarde, alrededor de las 10, los trabajadores intentaron retomar la medida de fuerza de corte sobre General Paz, en el carril de Colectora Sur, pero la policía volvió a avanzar reprimiendo por segunda vez, con lo cual los trabajadores decidieron finalmente mantener la toma de la planta con bloqueo de la entrada.
El abogado que tomó la defensa de los trabajadores, Nicolás Espósito, precisó que «la situación en la fábrica está muy compleja. La instancia de negociación con la empresa quedó anulada. Aparte, los Cirigliano vienen manifestando públicamente que directamente no van a pagar los salarios (…) Ellos quieren despedir a la mayor cantidad de gente, sobre todo si son activistas o delegados que defienden los intereses de los trabajadores desde hace muchísimos años (…) De todas maneras, los trabajadores siguen estando ahí y la situación está candente», finalizó el abogado quien además agregó sobre la responsabilidad del gobierno nacional: «Cuando hay represión a los trabajadores es responsabilidad directa del Estado nacional».
El Grupo Cirigliano está denunciado por vaciamiento y despidos en sus empresas EMFER y TATSA, con la colaboración e inacción del Estado nacional. A esto se suma el condimento de la persecución gremial, además de la pasividad cómplice de las dirigencias sindicales, escribió Elena Luz González Bazán en un artículo que reproducimos parcialmente: «La empresa se está vaciando y la responsabilidad del grupo Cirigliano es total. Lo que le estamos exigiendo al Estado es que de alguna u otra forma tome control sobre la empresa y sobre lo que está pasando con el vaciamiento de la fábrica», indicó Ezequiel Peralta, delegado de EMFER.
«No estamos teniendo ningún canal de negociación», agregó. Además explicó que el jueves 3 de julio se interrumpieron las reuniones que estaban teniendo desde hacía dos meses con los ministerios de Trabajo y Transporte para lograr encontrar una salida al conflicto. TATSA es una fábrica de carrocerías de buses o micros y camiones, es una planta industrial. Las compras a China
Según reza la información, se dice que a raíz del anuncio de la compra de coches de pasajeros ferroviarios provenientes de China, por parte del Estado Nacional, a fines de febrero, estas fábricas interrumpieron la producción, llevando a sus trabajadores a una situación crítica.
«Desde hace un largo tiempo los trabajadores de Emfer y Tatsa estamos sufriendo grandes niveles de precariedad en nuestras condiciones de trabajo: atrasos en los pagos de nuestros salarios, cargas sociales patronales sin pagar a pesar de haber sido descontadas de nuestros recibos, dejándonos sin cobertura médica lo que constituye delito de estafa y la reducción general de los niveles de producción, que a esta altura no llegan ni al 10% de la capacidad instalada», explicaron en un comunicado.
Mientras la empresa plantea que el Estado tiene que hacerse cargo de pagar todos los sueldos y beneficios laborales, los trabajadores plantean que la salida debe ser otra ya que la «crisis es estructural», según dijo el delegado Peralta.
«La solución tiene que salir del ministerio de Transporte porque es el que está conduciendo el armado del sistema ferroviario. Les estamos planteando que tienen que intervenir sí o sí sobre la empresa porque lo que se fabrica ahí es material rodante ferroviario», explicó el delegado de Emfer. «Con la compra de los vagones chinos, en un primer momento entendimos que ante la necesidad se podía tener como alternativa la compra en el exterior. Pero esa compra daba la posibilidad de poder proyectar a nivel nacional reflotar la industria nacional para poder fabricar vagones en la Argentina», y continuó, «existe esa posibilidad, nosotros hemos presentado proyectos, alternativas de trabajo al Ministerio».
Según indicó, hay mucho material rodante que se puede reestructurar o fabricar desde cero y «están dadas las condiciones para que se haga desde Emfer», como también en las distintas plantas que hay en el país que se dedican a este rubro.
Hasta el momento el Ministerio de Transporte dice que «no hay posibilidad de intervención porque es una empresa privada», relató Peralta, «pero todos los fondos que llegan a Emfer y a Tatsa son por parte del Estado, entonces tiene que tener algún tipo de control sobre eso».
Los trabajadores denuncian que en los últimos fines de semana, la gerencia de Emfer retiró ilegítimamente de la empresa seis camiones cargados de material perteneciente al Estado Nacional. En ese contexto, los trabajadores reclaman que el Grupo Cirigiliano ha desplegado «una abierta persecución sindical basada en el hostigamiento policial y en la judicialización del Cuerpo de delegados». «Desde hace dos semanas los trabajadores estamos rodeados por personal de la policía bonaerense apostada en los portones de las plantas, negando la entrada de nuestros vehículos y patrullando continuamente el predio, todo esto sin siquiera una orden judicial», narran. Por otra parte, denuncian que el grupo Cirigliano va a presentar causas judiciales contra diversos delegados de las empresas, con el objetivo de obturar la actividad sindical.
Este jueves pasado y luego de varias ausencias a las reuniones de negociación por parte del Ministerio de Transporte, dicha convocatoria fue suspendida. Ante esa situación, el delegado Peralta dijo que no hay voluntad de destrabar el conflicto. Y agregó: «Hace dos meses que venimos con el planteo claro de que no necesitamos la solución del pago de la quincena, sino una solución de fondo al problema laboral que estamos sufriendo. Por más que nos solucionen la quincena hoy, mañana si no tenemos trabajo no vamos a cobrar».
La venta de EMFER
Este conflicto, como tantos otros tiene largos dos meses. Pero, en febrero de este año, una información sostenía que los empresarios Mario y Claudio Cirigliano, procesados y a punto de ser juzgados como responsables por las 51 muertes del choque del tren Sarmiento en la estación Once hace dos años, le informaron al gobierno nacional que vendieron su fábrica EMFER porque ésta había perdido atractivo comercial. El motivo sustancial fue que les quitaron la concesión de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre.
Los Cirigliano controlan y tienen bajo su égida empresaria, unas 30 líneas de colectivos, micros de mediana y larga distancia, compañías de seguros, aviación y empresas de micros de larga distancia en Perú y Estados Unidos.
Vendida la empresa, tal como informaron, el hilo se cortó por lo más delgado y dejaron de pagar los sueldos y jornales de sus 340 operarios y con amenazas de seguir incumpliendo si el Estado no se hace cargo de sus quebrantos.
Empleados de Kraft a juicio por cortar la Panamericana
La Corte Suprema rechazó la apelación de tres trabajadores cuya acusación está basada en datos obtenidos mediante el «Proyecto X» de la Gendarmería.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso y confirmó que deben ir a juicio tres trabajadores de la multinacional Kraft acusados de haber obstaculizado la circulación en Panamericana en el marco de las protestas por despidos en 2009.
Ramón Hermenegildo Bogado, Jorge Penayo y María Teresa Rosario habían sido procesados por la Justicia Federal de San Martín y enviados a juicio oral, pero la decisión fue apelada por los abogados al plantear la nulidad ya que la acusación se basaba en datos obtenidos por el programa «Proyecto X» de Gendarmería Nacional.
Los trabajadores están acusados de haber interrumpido la circulación a la altura del kilómetro 35 del ramal Campana de la ruta Panamericana en distintas marchas entre septiembre y diciembre de 2009 en reclamo por el despido de 156 empleados de Kraft. La Cámara Federal de Casación Penal en febrero pasado rechazó el planteo de los trabajadores, al señalar que «la sentencia aquí recurrida no posee carácter de definitiva o equiparable a tal pues no pone fin a la acción o a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones ni deniega la extensión, conmutación ni suspensión de pena, requisito ineludible para la procedencia del remedio aquí intentado».
Finalmente, la Corte Suprema, por razones formales, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, desestimó el último recurso del defensor de los trabajadores, Nicolás Tauber Sanz.
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