El día de ayer se aprobó el acuerdo con Repsol para pagarle generosamente por el 51% de las acciones de YPF S.A. El oficialismo, compuesto por muchos que en los noventa fueron entusiastas de las privatizaciones (empezando por la Presidenta) y que hace dos años sostenía que en el mejor de los casos Repsol recibiría […]
El día de ayer se aprobó el acuerdo con Repsol para pagarle generosamente por el 51% de las acciones de YPF S.A. El oficialismo, compuesto por muchos que en los noventa fueron entusiastas de las privatizaciones (empezando por la Presidenta) y que hace dos años sostenía que en el mejor de los casos Repsol recibiría un pago simbólico, ahora pretende que el acuerdo «amistoso» con Repsol expresa una posición firme ante los vaciadores españoles.
Queremos detenernos en algunos aspectos de lo votado ayer.
En primer lugar, las condiciones del acuerdo son un resultado de la decisión que se tomó cuando se expropio a Repsol, que fue mantener el esquema de lo que era «YPF SA», es decir la misma compañía que fue durante buena parte de los ’90, cuando ya estaba avanzada la desregulación del sector hidrocárburifero y la penetración del capital privado y extranjero en el sector. Como desde un primer denunciamos, lo que se presentaba como una expropiación de YPF, con ley mediante, era apenas la «recompra» mediante expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado para tomar el control de YPF S.A., en condiciones similares a la empresa manejada por Estenssoro en los ’90, anticipo de la entrada de Repsol. Hace dos años, se quiso presentar como una medida de «soberanía hidrocárburifera» una medida que apenas tocó el 51% de las acciones de una empresa que hoy maneja apenas un tercio del petróleo, y 30% del gas que se extrae en la Argentina, y en el caso de la refinación de petróleo YPF concentra el 54%. Señalamos que esta medida limitada, que preservaba el estatus de empresa privada cotizante (acá y en Nueva York) de YPS SA no permitiría atacar el problema energético de raíz, e involucraría por las propias condiciones en que se estaba realizando, onerosos costos para el país. El acuerdo que rubricóahora el ministro Kicillof con la compañía, sobre la base de la tasación realizada, y que aprobó el congreso, confirma todo esto. Nosotros, así como otras fuerzas de izquierda y sectores combativos de la clase trabajadora, que participamos de la lucha contra las privatizaciones y nunca dejamos de plantear la reestatización bajo control obrero, planteamos ante la crisis energética la necesidad de expropiar sin pago y poner bajo control obrero todo el conjunto del sistema hidrocárburifero, desde la extracción hasta la refinación. No sólo Repsol sino también los activos de las empresas de Bulgheroni, de Cristobal López, de Shell, de Chevron. El gobierno dejó en pie a YPF S.A. y se obligó a tasar el 51% del valor de la compañía para pagar a Repsol. Esto era meterse ya en una trampa: la tasación no podía ser muy baja, ya que de ser así podría haber afectado el valor bursátil de la compañía y su posibilidad de financiamiento. ¿Por qué se metió en el gobierno en esta encerrona? Para mantener una empresa bajo forma S.A. que permite un manejo más discrecional que si se tratara de una empresa pública; y además para mantener los lazos con el capital financiero internacional que permiten entre otras cosas que la empresa sea una fuente de dólares. Dólares que el gobierno está haciendo entrar por la ventanilla de YPF para que puedan ser utilizados para sostener los pagos de la deuda, el déficit energético y otras gangrenas que son consecuencia de las políticas de este gobierno que mucho habló durante estos años de «soberanía» pero no afectó ni un ápice las condiciones de dependencia y la posición del capital extranjero y los condicionamientos que impone el imperialismo en el país.
Estas decisiones, envueltas en un cotillón de «soberanía hidrocarburífera» hace dos años, y acompañados por el Informe Mosconi que el acuerdo actual transforma en pura retórica sin efectos, son las que ahoran obligan a garantizar a Respol un pago en mano 5 mil millones de dólares (en realidad 5.500 millones porque el bono discount ya devengó intereses por 500 millones), para lo cual se le entregan bonos por un valor de 6 mil millones. Y que con los intereses podrían representar para el Estado pagos de 11 mil millones de dólares, buena parte de los cuáles se concentran en los próximos diez años. Se pretende que este es un buen acuerdo. Sin duda que lo es para los españoles, que si se quedan con los bonos en sus manos podrán garantizarse un flujo de fondos bastante cercano a lo que giraban anualmente a su casa matriz en concepto de remesas de utilidades. Nada mal para ser «expropiado», especialmente cuando fueron denunciados en su momento de vaciadores (algo que dijo el propio ministro y con lo cual no podemos más que estar de acuerdo, ya que lo denunciamos durante todos los años en los que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández consideraron a Repsol un gran aliado). Algunos datos de este vaciamiento, consentido por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez, lo dicen todo: entre 2003 y 2007 Repsol repatrió según balances el 97% de sus utilidades, es decir destinó apenas un 3% para inversión. El Informe Mosconi denunciaba que Repsol obtuvo entre 2008 y 2011 rentabilidad operativa de entre 1.300 y 1.800 millones de euros. Allí se señala en la página 13, que «la rentabilidad neta del grupo Repsol fue creciendo año a año, desde 1.014 millones de euros en 1998, pasando por un máximo de 4.997 millones de euros en 2010 para finalizar el año 2011 con una ganancia neta de 2.544 millones de euros». Y más adelante, en la página 15, se indica «Esto significa que mientras el patrimonio se mantuvo estable, e incluso disminuyó en los últimos años como consecuencia de la política de desinversión, las ganancias siguieron una tendencia creciente.». El vaciamiento que denunciaban hace muy poco fue borrado de un plumazo. Repsol debería devolver todas las divisas que se llevó del país para compensar el saqueo realizado.
El ministro habló largamente en el congreso, de los criterios para tasar una empresa. Pero no era necesario «tasar una empresa» para tomar el control público de estos recursos estratégicos (que como tales son propiedad del Estado), escandalosamente entregados en los ’90 a los «conquistadores» españoles, así como se entregaron tantas empresas a precios de remate a capitales privados (mayormente extranjeros) y hacerse de fondos que fueron mayormente utilizados para pagar deuda fraudulenta. Alcanzaba con tasar a valor fiscal los bienes expropiados. Este último no fue ni es el criterio que nosotros hemos defendido; nosotros hemos planteado expropiación sin pago y lo seguimos haciendo, pero permite medir el grado extremo de concesiones a las que llega este acuerdo, que ahora se quiere hacer pasar por bueno para la Argentina. Este criterio fue por ejemplo el que aplicó el gobierno nacionalista burgués de Lázaro Cárdenas en México, cuando expropió a 17 compañías petroleras extranjeras. Estas corporaciones imperialistas empezaron a reclamar en la prensa internacional una compensación por 400 millones de dólares, 2.000 millones de pesos mexicanos de ese momento (ver La Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, de Lucio Cabrera Acevedo). La respuesta del Estado mexicano fue guiarse por el criterio de que «el precio de la cosa expropiada se basará en el valor fiscal que de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras». Es decir, el valor de muebles e inmuebles considerados por el fisco mexicano (y no el valor del mercado que las empresas declaraban). Con este criterio el capital reembolsado por el Estado fue de poco más del 10% de lo reclamado por las empresas. El gobierno argentino pactó pagar, en dinero contante y sonante (no otra cosa son los bonos garantizando sí o sí 5 mil millones de dólares), el 33% de lo que Repsol reclamó en su exigencia más exagerada, y el 50% de lo que pusieron por escrito en la demanda ante el CIADI (y en realidad con los intereses lo que deberá pagar la Argentina supera el 100% de lo reclamado por Repsol en el CIADI, como dijimos más arriba). Como vemos, aún en términos de negociaciones llevadas a cabo por gobiernos burgueses, el acuerdo «peleado» del gobierno se deschava por la generosidad de sus concesiones.
Por último, señalamos una última contradicción entre este acuerdo y lo que el ministro Kicillof planteaba hace dos años. Por ese entonces decía que «Repsol va a tener que pagar por el daño ambiental». Hasta le puso números a este reclamo: alrededor de 5 mil millones de dólares sería el valor económico de los daños generados por Repsol. El actual acuerdo «amistoso» con la compañía excluye cualquier posibilidad de litigar a Repsol por los pasivos ambientales. No sólo resulta escandaloso, sino que sienta un peligroso precedente. Ali Moshiri y John Watson de Chevron deben estarse frotando las manos, en anticipación de la impunidad ambiental que pueden experar se extienda a ellos.
Este acuerdo es emblema de toda la política energética que se viene. Galluccio se frota las manos por los acuerdos que espera rubricar con otras petroléras, tomando como modelo el convenio Chevron. Las petroleras se preparan para hacer jugosos negocios, con la garantía de libre disponibilidad de divisas por el equivalente a un 20% de la producción, que significa que podrán repatriar alegremente todas sus ganancias.
Está planteado pelear por la anulación de este acuerdo, la declaración del no pago de toda la deuda, incluidos los bonos que ahora se entregan a Repsol, el no pago de ni un solo dólar a los vaciadores. Y la inmediata expropiación de todos los activos de todas las empresas que conforman el complejo hidrocarburífero, para ponerlas bajo gestión de los trabajadores, rechazando los generosos acuerdos noventistas firmados con Chevrón, Dow Chemical y otras firmas. Es fundamental pelear por este programa, para que sean la clase trabajadora y los sectores los que decidan cómo se explota estos recursos, de forma que pueda resultar compatible con la preservación del medio ambiente, y qué destino se le da a la renta petrolera que hoy se distribuyen las empresas imperialistas y los Estados provincial y nacional (que usan su parte para pagar a usureros y subsidiar al capital).