Aerolíneas Argentinas retornará a manos nacionales con una pesada deuda sobre sus alas, una flota en decadencia y la incógnita sobre si su destino final es ser una empresa estatal o privada, en momentos en que el mercado aéreo traviesa una crisis mundial. La nacionalización de Aerolíneas Argentinas necesita el visto bueno del Parlamento ya […]
Aerolíneas Argentinas retornará a manos nacionales con una pesada deuda sobre sus alas, una flota en decadencia y la incógnita sobre si su destino final es ser una empresa estatal o privada, en momentos en que el mercado aéreo traviesa una crisis mundial.
La nacionalización de Aerolíneas Argentinas necesita el visto bueno del Parlamento ya que la ley de privatización veda el regreso del Estado, pero tanto el gobierno de Fernández como los sindicatos dan por descontada la aprobación parlamentaria.
El Gobierno de Cristina Fernández llegó a un acuerdo con el grupo español Marsans, que le transferirá el 94,41 por ciento de las acciones que posee en Aerolíneas, empresa que controla desde octubre de 2001 cuando la recibió de manos de la española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
El acuerdo abre un período de dos meses en el que se realizará una auditoría interna para determinar el precio de las acciones que serán transferidas al Estado argentino, que ya posee una participación del 5 por ciento en la aerolínea.
En ese cálculo incidirá la deuda de Aerolíneas por 890 millones de dólares, que podría ser asumida por el Estado argentino como pago total por las acciones de Marsans, aunque fuentes del sector consultadas por Efe no descartan que Argentina pague una suma adicional a los españoles.
La deuda está repartida en varias cestas, como bancos, proveedores y obligaciones por juicios, aunque también hay pagos pendientes con el Estado argentino, por unos 200 millones de dólares.
También están computadas como deudas las ventas por adelantado de boletos -unos 145 millones de dólares-, cuyo uso efectivo de parte de las agencias de turismo y los pasajeros dependerá en gran medida de que la aerolínea recupere en los próximos meses su capacidad operativa.
Solo 30 de las 67 aeronaves que componen la flota de línea aérea están en condiciones técnicas para volar, lo que resulta insuficiente para cumplir con los compromisos de cobertura de rutas asumidas por Aerolíneas, que controla un 80 por ciento del mercado aéreo doméstico.
Según fuentes sindicales consultadas por Efe, para recuperar la capacidad operativa que la empresa tenía hace dos meses necesitará desembolsos inmediatos por unos 7 millones de dólares, que se sumarán a otros 60 millones de dólares para comprar los repuestos necesarios para reparar los aviones anclados en los hangares.
Pero para renovar la flota -hay 22 aparatos con una antigüedad media de 20 años- se deberían aportar unos 400 millones de dólares.
El Gobierno de Fernández no ha resuelto aún si Aerolíneas se quedará en la órbita estatal o si la anunciada «nacionalización» será una fase de transición hacia una nueva privatización de la empresa, que perteneció al Estado argentino desde su fundación, a finales de 1950, hasta su venta a Iberia, en 1990.
El secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime, dijo hoy que una vez el Estado tome el control de Aerolíneas, el Gobierno podría estudiar la posibilidad de licitar internacionalmente «parte» de las acciones.
La mayoría de los sindicatos que agrupan a los 8.500 trabajadores de Aerolíneas y Austral son partidarios de la «estatización» (nacionalización) de la compañía, pero el poderoso gremio de los técnicos, que reúne a unos 2.000 empleados, prefiere el capital privado.
«No estoy de acuerdo con que el Estado se haga cargo de la deuda de Aerolíneas, que debería afrontar Marsans», dijo el líder sindical de los técnicos, Ricardo Cirielli.
«La empresa no debería ser estatizada, sino pasar a capital privado, sea nacional o extranjero, y que el Estado mantenga una participación que le permita resguardar ciertos intereses estratégico», añadió el líder sindical.
El sindicalista ocupó la Subsecretaría de Transporte Aéreo durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y se enfrentó con Marsans por considerar que incumplió sus compromisos de inversión en Aerolíneas.
Los españoles sostienen que el Gobierno no facilitó la operación de la compañía, afectada por la congelación de tarifas durante cuatro años y por los crecientes precios del combustible, que el Estado subsidia desde hace dos años.
En la actualidad, aerolíneas es una empresa que no da ganancias y que, en un contexto donde las líneas aéreas están en crisis por los altos costos del petróleo, es difícil que aparezca un actor internacional de peso interesado en comprarla.
Los únicos posibles candidatos sobre los que especula la prensa argentina son empresarios afines al Gobierno: el dueño de la naviera Buquebús, Juan Carlos López Mena; los hermanos Cirigliano, con activos en el transporte de ómnibus y trenes; y Eduardo Eurnekián, a cargo de una treintena de aeropuertos en el país.
El grupo chileno Lan, principal competidor de Aerolíneas en el mercado argentino, tiene avidez por varias rutas de su rival a destinos turísticos del país.