Gobierno y oposición hacen aprestos para las presidenciales del 2011, como si éstas estuvieran a la vuelta de la esquina. Esta semana la presidenta salió al cruce del proyecto del 82% móvil (trucho) para los jubilados, al que la oposición pretende dar tratamiento parlamentario. Cristina Kirchner buscó el golpe de efecto anunciando desde el ejecutivo […]
Gobierno y oposición hacen aprestos para las presidenciales del 2011, como si éstas estuvieran a la vuelta de la esquina.
Esta semana la presidenta salió al cruce del proyecto del 82% móvil (trucho) para los jubilados, al que la oposición pretende dar tratamiento parlamentario. Cristina Kirchner buscó el golpe de efecto anunciando desde el ejecutivo un aumento de la jubilación mínima a 1.040 pesos y de la Asignación por Hijo a $220, con el objetivo de ‘hacerle ole’ a la presión de la oposición en el Congreso. Presentaron como un acto de gobierno lo que ya estaba previsto en la propia ley de movilidad de los montos jubilatorios. Más allá de la maniobra ante un proyecto de la oposición patronal que buscaba «correr por izquierda» al kirchnerismo, la coyuntura política del mes de agosto podría terminar eclipsando la «agenda progresista». Ante la relativa recomposición que ha logrado el gobierno -en comparación con su situación de mayor crisis después de la derrota electoral de las últimas legislativas- se intenta abrir paso un contra-ataque opositor para imponer los temas de la agenda de la mayoría parlamentaria que expresa aquellas elecciones del 28 de junio de 2009. Entre ellos, uno fundamental: las retenciones a las exportaciones agrarias que vienen reclamando los dueños de la tierra.
El frente opositor patronal, a falta de liderazgos nacionales claros en medio de la crisis de Macri y ante el ocaso de la estrella de Cobos, se parapeta detrás de la Sociedad Rural de Hugo Biolcatti. La nueva embestida en que coinciden la UCR, la Coalición Cívica de Carrió, el PRO y el peronismo federal apunta, en primer lugar, a limar la capacidad de decisión del gobierno preparando el rechazo a postergar las facultades delegadas con las que el poder ejecutivo fija políticas de impuestos para que, de aquí en más, deban pasar el filtro del control del Congreso. Pero el tema de fondo son las alícuotas de los derechos de exportación. Una cuestión pendiente desde el enfrentamiento de bandos patronales en la llamada «crisis del campo» en el 2008 y la caída de la resolución 125 que implica 26 mil millones de pesos (si las retenciones bajaran del 35% actual al 25% como proponen las iniciativas en danza).
El barniz progre de los sojeros
Pero ante un clima social y político que, aunque de pasividad de las grandes masas, está teñido por aspiraciones de cambios progresistas, pretenden presentar la agenda de los intereses de los grandes patrones de la soja barnizados de argumentos de centroizquierda. Hasta Elisa Carrió que no se ha cansado de pregonar el programa liberal de «retenciones cero» para los exportadores del campo ahora lo encubre, copiando los argumentos de Pino Solanas, con que no se gravan las exportaciones mineras y, descaradamente, declara que «la prioridad de todo país son los trabajadores y jubilados». Como un subproducto de este clima es que, por primera vez aparecieron brechas dentro del frente patronal agrario de la Mesa de Enlace. Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria sojera salió a diferenciarse de los que proponen, sin más, retenciones cero para las economías regionales, la carne y el trigo, y bajar en, al menos, 10 puntos las de la soja.»Los pequeños productores estamos siendo desplazados por los grandes productores, inversores, fideicomisos y pooles de siembra. No se le puede dar el mismo tratamiento a la rentabilidad de la especulación financiera metida en la patria sojera, que a los productores que vienen de toda una tradición» (El Cronista). Pero la mentira de Buzzi radica en que esa «tradición» del llamado pequeño productor ha mutado en pequeño rentista que alquila sus campos a los grandes empresarios de la soja. Por ello, no obstante las diferencias de discurso, el agro-diputado radical Ricardo Buryaile, ex vice presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) durante el conflicto del 2008 y actual jefe de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, abrió la puerta a un acuerdo para un proyecto de ley que contemple «ambas cosas», es decir bajar y, al mismo tiempo, segmentar las retenciones como pide la FAA.
De todas formas, fue aleccionador volver a ver -en una deslucida «remake» del 2008- los debates televisivos entre el diputado kirchnerista Edgardo Depetri acusando al ahora «centroizquierdizado» Buzzi de «brindar con champagne» la caída de la 125 junto a «la Sociedad Rural que apoyó el golpe»; y a éste contratacar al del Frente para la Victoria por pertenecer a un gobierno agente de la Barrick Gold y catalogado como «el mejor pagador de la deuda externa de la historia nacional». El «ni K ni campo» que desde el PTS y las fuerzas clasistas impulsamos desde aquel enfrentamiento de bandos capitalistas, aparece confirmado, una vez mas, por unos y otros.
El Titanic también navegaba en aguas calmas
Gobierno y oposición disputan en el marco del repunte económico y de una mayor estabilidad que la del 2009, cuando se sintieron en el país los temblores de la crisis mundial. Sin embargo, dos elementos centrales impiden imaginar un largo período sin turbulencias. El primero es que la crisis internacional que viene golpeando a Europa amenaza los precios de las materias primas que exporta el país y, especialmente sacudir a Brasil, el destinatario de más del 50% de lo que produce la dinámica industria automotriz en la Argentina. El otro factor, el político, es que la sucesión presidencial del 2011 no será un camino de rosas para la clase dominante y estará, por el contrario, plagada de conspiraciones, maniobras y zancadillas entre los de arriba, como las que se dan en torno al enjuiciamiento al derechista Macri en la Capital o las reyertas dentro de la conducción del peronismo bonaerense entre el gobernador Scioli, el rehabilitado Sergio Massa y el propio Hugo Moyano, hoy jefe pejotista, resistido por los intendentes agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Nada mas lejano que la perspectiva de la conquista pacífica del «50 y 50» en la distribución de la renta para los trabajadores, prometida por Néstor Kirchner en el reciente acto del 26 de julio en conmemoración a Eva Perón, junto a Hugo Moyano cuando, justamente, fueron los dirigentes de la CGT que impidieron la propagación del «efecto Kraft» y conseguir, al menos, el 35% de aumento para todo el movimiento obrero. Nada más demagógico que la promesa de conquistar sin lucha «la unidad de la clase trabajadora» de la que hablaron desde el palco los movimientos sociales K, como el de Emilio Pérsico, que dicen representar a los «trabajadores informales», y apoyan al gobierno que mantiene las leyes que consagran la precarización laboral contra las que se levantan los tercerizados ferroviarios. El PTS está comprometido en la organización de un partido de la vanguardia obrera y estudiantil que se ejercite para mayores enfrentamientos de clase con un programa para que la crisis que, inevitablemente, volverá a golpear al país, la paguen los capitalistas.