Los programas de ajuste recaen sobre los pueblos nunca sobre las corporaciones. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri implementó un plan de ajuste del gasto público que afectará a los sectores más vulnerables de la población. «Hay que gastar menos», «es necesario ordenar las cuentas públicas», «debemos terminar con el despilfarro de recursos estatales», […]
Los programas de ajuste recaen sobre los pueblos nunca sobre las corporaciones. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri implementó un plan de ajuste del gasto público que afectará a los sectores más vulnerables de la población. «Hay que gastar menos», «es necesario ordenar las cuentas públicas», «debemos terminar con el despilfarro de recursos estatales», son algunas de las consignas utilizadas durante las intervenciones de los funcionarios públicos para referirse al achicamiento del Estado. Entre las medidas que forman parte del programa de austeridad adoptado por las autoridades para garantizar el repago de la deuda externa, se destacan cinco elementos: la quita de subsidios en energía y transporte, la reducción de la estructura de empleo público, ajuste en la inversión pública en obras de infraestructura y ajuste en las prestaciones de la seguridad social.
Se inició un proceso de racionalización del empleo público, eufemismo difícil de tolerar cuando la palabra es despidos y cuando no, precarización. Reducción de la obra pública, desinversión en infraestructura en sectores clave de la economía. Rebaja del gasto en asistencia social, rebaja de jubilaciones y pensiones, etc.
Las ofrendas realizadas para intentar despejar las dudas sobre la capacidad de pago de los servicios de la deuda no solo no permitieron recuperar la confianza de los mercados sino que fueron acompañadas por una pérdida en la capacidad de compra de los trabajadores argentinos. En otras palabras, el paquete de medidas comprometido por las autoridades representa una transferencia de ingresos hacia los sectores privilegiados. Para las corporaciones el programa de austeridad no necesariamente representa una mala noticia.
El concentrado rubro de los agronegocios fue el más favorecido por la devaluación y la quita de los derechos de exportación, que alcanzó a los productos como trigo y maíz, mientras que la soja fue beneficiada por una importante reducción en las alícuotas. Distintas estimaciones arrojan que la pérdida de recursos por la quita de retenciones ascendería a 213 mil millones de pesos entre 2016 a 2019, alrededor de 10 mil millones de dólares. A esas cifras debe sumarse las quitas de retenciones a las exportaciones de productos industriales y mineros.
El compromiso del gobierno de Macri con el FMI es finalizar 2018 con un déficit fiscal de 2,7% y atravesar 2019 con un «déficit cero». La profundización del ajuste asumida ante el fracaso de sus políticas para controlar la crisis financiera que atraviesa el país implican modificar la forma de financiarse, ya que al reducir la carga tributaria se opta, inexorablemente, por el camino del endeudamiento serial que será pagado con creces por las actuales y futuras generaciones de argentinos y argentinas.
Claro que, de acuerdo a palabras del propio Presidente Macri, «veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas«. Al decodificar este mensaje, puede advertirse que esto significa que Argentina buscó generar, con las reformas planteadas, un clima amistoso para el empresariado global, quien como contraparte debía dar rienda suelta a la amplia y demorada lluvia de inversiones; pero inesperadamente el mundo cambió y a los ojos de la gestión macrista fue la volatilidad del mundo la responsable de la crisis que llevó a dar marcha atrás con algunos puntos clave de la reforma votada no mucho tiempo atrás y que favorecía a sectores concentrados de la economía.
La mano del FMI
La irrupción de una crisis autoinfligida llevó al gobierno de la alianza Cambiemos a poner su reforma tributaria en el congelador, en suspenso. Así, la mentada rebaja o quita de retenciones a las exportaciones fue demorada básicamente por un problema de liquidez. La rebaja gradual del impuesto a las ganancias, que iba a reducirse de 35% a 25% hacia el 2020, se pospuso. El gravamen del 21% a los servicios digitales (impuesto Netflix) también fue suspendido. En una economía en recesión, no se recauda lo suficiente para afrontar los gastos corrientes del Estado y si, además, se llevan adelante medidas para reducir aún más la base recaudatoria, el cóctel es altamente perjudicial. La cobertura de ese déficit es corregida por el endeudamiento creciente, que ya alcanza casi el 70% del PIB, el porcentaje más alto en 12 años. Toda una bomba de tiempo.
Claro que no fue solo una decisión del gabinete nacional el demorar algunas partes de la reforma. Se ve claramente la mano del Fondo Monetario Internacional que manifiesta en el informe elaborado para que sus directivos evalúen la aprobación del préstamo solicitado por Argentina que «habría que retrasar la implementación de partes de la reforma tributaria, como un medio para preservar los ingresos». Otro pasaje de aquel informe, no menos espeluznante que el anterior, sugieren «vender tierras y amortizar los activos de los fondos de pensiones (en poder del gobierno) para financiar parcialmente el pago del gobierno de los reclamos de pensiones pasadas».
Una vez más, queda de manifiesto desde dónde y para quién se gobierna en esta Argentina anfitriona del G-20 y de la OMC. El esfuerzo deberán hacerlo los trabajadores, el pueblo y no las élites, no las grandes riquezas. En última instancia, luego de tecnicismos que intentan matar a la política, está detrás la puja de poder, la lucha por el reparto de la riqueza. Según un informe del Centro de Investigaciones y formación de la Central de Trabajadores Argentinos, «los trabajadores perdieron más de 3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Esto implicó una transferencia de ingresos de 16.000 millones de dólares, que provocó una caída en la participación de los asalariados del 37,4 al 34,3 %».
Impacto en el empleo y programas sociales
Pero lo más preocupante que se observa en las sugerencias del Fondo tiene que ver con la reducción de la masa salarial, mediante la reducción del empleo público con el congelamiento de salarios para 2019 y 2020 incluso en universidades. Una medida que continuaría, por añadidura, el desmonte de programas sociales y de formación que han tenido lugar en la gestión de Cristina Fernández (2007-2015).
La reacción de los grandes grupos económicos a raíz de esta suspensión en las rebajas de retenciones a la exportación no se hizo esperar. El grupo de empresas y holdings cerealeros, reconocidos por la denominación sencilla e inofensiva de «el campo», desató su aparato de lobby político y mediático para posicionar su mirada e intentar, como siempre, convertir su reclamo sectorial en un problema nacional. El mandamás de la Sociedad Rural (asociación civil patronal fundada en 1866, que agrupa principalmente a grandes propietarios de tierras en la región pampeana, dedicados a la agricultura y la ganadería en Argentina), Daniel Pelegrina, recordó sin ruborizarse que «el cambio de reglas de juego en este momento sería malo». Por su parte y sobre el impuesto a los bienes personales para los inmuebles rurales (anteriormente exentos) que irían del 0,25% al 0,75% según valuación fiscal, declaró victimizando al sector: «Parece que hay un ensañamiento con el campo».
Pero la escalada verbal de los dueños de los dólares en Argentina no quedó ahí. Se extrañan, sintiéndose parte de la coalición gobernante, que «no se escucha nada de la baja del gasto público innecesario». Seguramente los dueños de la Pampa húmeda se refieren sin dudas a los gastos en programas sociales que apuntaron a disminuir la desigualdad y a potenciar la inclusión de sectores vulnerables y vulnerados luego de estas políticas pro mercado. Entre ellos se cuentan: el Plan Progresar, destinado a incentivar el estudio de los jóvenes de entre 18 y 24 años, 5,3 millones de notebooks del plan Conectar Igualdad para acortar la brecha digital en los jóvenes, el Plan Remediar, que dependía del Ministerio de Salud y estaba en vigencia desde 2001 entregando botiquines que contenían 74 medicamentos esenciales en su vademécum y le garantizaban el acceso a 16 millones de argentinos en cualquier punto del país, el Plan «Argentina Sonríe», que dio atención odontológica gratuita a casi 32 mil personas, etc.[1]
Es evidente, por parte del gobierno, la necesidad de hacer más «atractiva» a Argentina frente a los ojos del capital transnacional, hacerla más «competitiva». El aumento en las tarifas de servicios públicos que impactan de manera desmedida en las economías domésticas, el incremento del costo de vida, la rebaja de impuestos a sectores concentrados que ya hicieron su planificación fiscal y ya «ganan» en términos de pagar lo mínimo e indispensable al fisco, la apertura indiscriminada de las importaciones vía rebaja de aranceles que golpean fuertemente a la pequeña y mediana industria local, y el endeudamiento sin freno para cubrir la crisis financiera, son los condimentos suficientes que hacen de este presente un momento muy complejo para los millones de argentinos y argentinas que viven de su salario. Una vez más, ganan los poderosos, ganan los dueños del dinero que ya no compran voluntades políticas sino que han logrado cooptar el poder para intentar institucionalizar el saqueo de nuestros países.
Nota:
[1] https://portaldenoticias.com.ar/2017/06/18/ajuste-asistencia-social/
Adrián Falco es secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe. www.justiciafiscal.org