El pasado 1º de octubre se cumplieron 15 años de la ocupación de Zanón por sus trabajadores. Días antes, el 27 de setiembre, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al Proyecto de Ley de expropiación de Donnelley para ser adjudicada a la Cooperativa de Trabajo Madigraf. El lunes 26, en […]
El pasado 1º de octubre se cumplieron 15 años de la ocupación de Zanón por sus trabajadores. Días antes, el 27 de setiembre, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al Proyecto de Ley de expropiación de Donnelley para ser adjudicada a la Cooperativa de Trabajo Madigraf. El lunes 26, en Córdoba, el diario La Mañana, sumaba un nuevo medio recuperado. Sin embargo, la justicia y el tarifazo siguen poniendo palos en la rueda de estos emprendimientos que ya suman más de 350 empresas a nivel nacional.
M.H.: Hoy 29, el día de los ñoquis, repartiendo a los transeúntes, junto a los compañeros de La Litoraleña que también están repartiendo empanadas. ¿Por qué este acto en este día?
Mario Romero, Presidente de la Cooperativa La Casona: Nos convocamos hoy con los compañeros de La Litoraleña porque en ambas situaciones los jueces dieron sentencia favorable al desalojo a pesar de las promesas que nos venían haciendo durante todo el tiempo que duró la lucha en la justicia; hoy corremos el riesgo de que 150 familias queden en la calle por culpa de estos empresarios que fundieron estas empresas que nosotros con tanto esfuerzo recuperamos. Al ver que las empresas están funcionando bien, con buena facturación, las quieren recuperar.
Con los jueces como cómplices están llevando a cabo estas estafas. Nos sentimos estafados porque en charlas que tuvimos con ellos nos prometieron renovaciones de contrato y hoy nos quieren sacar. Fuimos a la Cámara a apelar la sentencia. No tenemos mucha esperanza de que nos tiren una mano de ahí, pero vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias.
M.H.: ¿Cuánto tiempo hace que La Casona está bajo la gestión de sus trabajadores?
M.: Nosotros comenzamos en 2014 con la empresa casi fundida, no tenía clientela. Como gastronómicos viejos que somos conocíamos las falencias, así que hicimos lo necesario y levantamos muchísimo el trabajo. En estos dos años de gestión pudimos alquilar otro local en Lanús para abrirlo en cualquier momento y dar trabajo a 17 personas más. Hoy en día, cuando las cosas están tan complicadas y hay mucha gente quedándose sin trabajo, una cooperativa genera empleo para la gente.
M.H.: ¿Cómo va a continuar esta lucha?
M.: Hoy empezamos una serie de actividades que vamos a llevar adelante de acá hasta que la justicia diga basta. Para socializar nuestra lucha, conseguir todo el apoyo necesario, tanto de políticos, sindicatos, organizaciones sociales y todos los que se quieran acercar. Conseguir el apoyo y llegar de alguna manera a solucionar esto.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
M.: Necesitamos todo el apoyo de la gente, estamos en Maipú y Corrientes, siempre con las puertas abiertas a cualquier pregunta y ayuda que nos puedan brindar, dispuestos a todo.
Solo pedimos permiso para trabajar
M.H.: ¿Por qué la presencia de los trabajadores de La Litoraleña en este lugar?
Pablo de La Litoraleña: Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo. Tenemos una orden de desalojo de la jueza Valeria Pérez Casado tanto para La Litoraleña como para La Casona. Estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo, así que hicimos una protesta donde repartimos ñoquis y empanadas al público para generar conciencia de los trabajadores que estamos abandonados por el Estado y las instituciones que deberían defendernos.
M.H.: ¿Cómo fue la lucha de ustedes? Recuerdo varios días con el local de Chacarita tomado.
P.: Desde 2014 venimos protestando por los salarios atrasados de la empresa, idas y vueltas en el Ministerio de Trabajo sin llegar a nada hasta que en octubre de 2015 decidimos parar hasta que nos paguen el sueldo.
La respuesta del patrón fue despedir 29 compañeros. Nosotros continuamos defendiendo los puestos de trabajo, hasta el día de hoy no tenemos respuesta ni de la patronal ni del Estado, ni de parte de la Justicia que nos pide el desalojo en vez de darnos el permiso laboral.
M.H.: De todas maneras ustedes empezaron la producción en dos locales.
P.: Sí. Estamos trabajando en un local que habilitamos desde la cooperativa, que está ubicado en Av. Garay 3678 y además estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo en Chacarita.
M.H.: ¿De cuántos trabajadores estamos hablando?
P.: Setenta compañeros. Eramos 115. Cada vez quedamos menos, no se puede aguantar una lucha sin trabajo.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
P.: Decirle a la jueza que por favor nos deje trabajar o al Estado que se haga cargo de nosotros. Solo le pedimos eso, permiso para trabajar.
Si nos cerramos a la pelea sectorial estamos condenados
M.H.: ¿Cuál es el motivo de la presencia de ustedes aquí? También me interesa la iniciativa que tuvieron desde el Bauen en la lucha contra el tarifazo y qué importancia tiene esa lucha para las empresas recuperadas.
Federico Tonarelli – Hotel Bauen/FACTA: Estamos acompañando a los trabajadores de La Casona y La Litoraleña que están pasando por situaciones de juicios de desalojo por distintas circunstancias, en realidad La Casona en una pelea con los propietarios del inmueble que no quieren saber nada con alquilarle a la cooperativa. Ya sufrieron todas las trapisondas que se puedan imaginar por parte de la vieja patronal y aún así han sostenido hasta último momento el contrato y ahora que los trabajadores demostraron no solo que pueden manejar el restorán sino que además pueden pagar, porque de hecho lo han hecho en los primeros meses, ellos se cierran con una negativa tremenda a alquilar, entendemos que deben tener pensado algún negocio inmobiliario para esta esquina en el microcentro porteño o algo por el estilo.
Los trabajadores de La Litoraleña tienen el proceso de concurso de la vieja empresa que ya ha decretado la quiebra y la jueza en una voltereta insólita, desconociendo la reforma de la Ley de quiebra del 2010, no les quiere otorgar la continuidad a la cooperativa, o sea, a los trabajadores conformados en cooperativa. Y también plantea el desalojo. Una situación muy extraña, los compañeros han apelado pero esto nos llama además a empezar una campaña en favor de los puestos de trabajo y contra el desalojo que comienza hoy acá.
M.H.: Es una situación que se puede repetir en otros casos.
F.T.: Exactamente, y porque tenemos experiencia de que mientras se tramitan las cuestiones judiciales suele haber alguna mala sorpresa. Lo que queremos es instalar el conflicto, que la gente conozca el restaurant si no lo conoce o la fábrica en el caso de la La Litoraleña, y demostrar que los trabajadores pueden manejarlos, viven de esto y que es una barbaridad pensar en un desalojo.
Además en pleno microcentro, en este lugar, o en Chacarita a metros del cementerio como está ubicada La Litoraleña. Así que se trata de manifestar el apoyo e iniciar una campaña que va a tener actividades casi semanalmente.
M.H.: Comentame sobre la iniciativa en relación al tarifazo.
F.T.: Con este tema lo que ocurrió era lógico, el nuevo cuadro tarifario se reveló como impagable y rápidamente nos organizamos como sector, nos movilizamos en varias oportunidades al Ministerio de Energía, nos entrevistamos con el Subsecretario de política tarifaria y no hubo respuesta. Como veíamos que en paralelo a lo nuestro, las cooperativas de trabajo y recuperadas, también se organizaban los clubes, las pymes, los sindicatos, los centros culturales, nos planteamos formar un frente común para pelear todos juntos contra el tarifazo y ahí nació la Multisectorial contra el tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires que luego se replicó en las ciudades más importantes como Rosario, Mendoza y Córdoba.
Llevamos adelante los dos ruidazos, hicimos una audiencia autoconvocada con especialistas durante el mes de agosto, impugnamos, presentamos amparos y desconocemos este cuadro tarifario que pretende imponer el gobierno, pero ya no como sector de cooperativas de trabajo, sino en un frente único con todos los sectores afectados.
M.H.: Tampoco satisface lo que podría ser esta resolución de un 250% de aumento.
F.T.: Lo que ocurre es que ese 250% es en promedio y para la tarifa residencial, la comercial que es en la que estamos nosotros, tiene un promedio de entre 400/500% y es una barbaridad igual, porque si a esto le sumamos, la devaluación, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la apertura de importaciones que puso a muchas de nuestras cooperativas en una situación muy difícil, en realidad es imposible trasladar los costos de estos aumentos a nuestros servicios porque no habría quién los pague. La idea entonces es que como lo indica la ley, la tarifa sea justa y esto en principio significa que pueda ser pagada. Así que estamos dando esa pelea.
M.H.: ¿La resolución del juez Vaca Narvaja en Córdoba que es extendida a todo el país, significa que en este momento el cuadro tarifario para empresas recuperadas, clubes, etc., permanece congelado?
F.T.: Exactamente, esto es desde ayer (28.9). Es una gran noticia. Imaginamos que en el transcurso de estas horas van a apelar esta medida, irá a la Cámara y ahí seguirá todo el curso típico de la estructura judicial, pero en principio deberían volver a facturar con valores retroactivos a valores de marzo.
M.H.: Y extendido hasta fin de año.
F.T.: Así es. Es parte de la pelea, lo que queda claro es que no hay errores, no hay prueba y error ni aprendizajes ni mucho menos, hay una política deliberada de parte del gobierno de imponer un plan económico que incluye un tarifazo y una transferencia de recursos abismal de los sectores populares y trabajadores al capital más concentrado. Como hay resistencia se ven en la obligación de llamar a la audiencia, de retrotraer, buscarle la vuelta, promediar en valores inferiores a los que ellos pensaban, pero en realidad no se han equivocado, querían imponer el 1.500% de incremento al gas y no tienen más remedio que seguir esperando producto de que nos hemos organizado para resistir.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
F.T.: Esto recién comienza, así que a los compañeros que se preparen, porque esta carrera no es un pique de 100 metros sino una larga maratón. Esto es el inicio de una serie de medidas que vamos a tener que tomar y una serie de frentes únicos que vamos a tener que conformar y de la apertura y la amplitud que vamos a tener que poner de manifiesto porque si nos cerramos a la pelea sectorial estamos condenados.
M.H.: El próximo 11 de octubre va a haber una actividad central.
F.T.: Está por verse. Hay tantas ganas que se tiran actividades casi a diario y después tenemos que acomodar la agenda para que no se superpongan. Pero la idea es empezar a trabajar todas las semanas en esto.
Nuestra Constitución dice que las tarifas deben ser claras, razonables, precisas y factibles de ser pagadas
M.H.: ¿Qué alcance y qué significado tiene la resolución del juez Vaca Narvaja?
Roberto Ratti, Gerente General de Apyme: Nosotros hicimos la presentación ante la justicia a partir de que el fallo de la Corte Suprema dejaba afuera a todas las pequeñas y medianas empresas, comerciantes, profesionales, empresas recuperadas y pidiendo que nos incluya en la cancelación de la aplicación de la tarifa. Hace dos días, el juez de Córdoba, Vaca Narvaja, dio lugar a la medida cautelar y suspendió la aplicación de la tarifa y obligó a Enargas a facturar con la tarifa anterior al 31 de marzo.
Ahora sigue el camino judicial pero creemos que es un gran triunfo porque nosotros no fuimos notificados de cuál era el cuadro tarifario, es imposible que en el marco de esta política económica nos apliquen el 500% de aumento en las tarifas, eso hace inviable a todas las pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen el 80% del trabajo registrado en nuestro país.
M.H.: Hubo versiones posteriores a la Audiencia Pública que decían que las tarifas para las pequeñas y medianas empresas, los comercios, clubes, etc., iban a ser de un 250%. ¿Qué hay de cierto de eso?
R.R.: Son versiones de una conferencia de prensa que dio el Ministro Aranguren. Nos tenemos que remontar hacia atrás, esto empezó con un 1.800% en el sur del país, después lo bajaron en un discurso al 500%, ahora lo quieren bajar al 250%. No sabemos por qué, de qué manera se compone la tarifa, es totalmente desprolijo. No vamos a aceptar esto porque nuestra Constitución dice que las tarifas de los servicios públicos deben ser claras, razonables, precisas y, fundamentalmente, deben ser factibles de ser pagadas.
M.H.: ¿Estuviste en la Audiencia Pública?
R.R.: No. A las pequeñas y medianas empresas no nos dejaron participar, pese a que nos inscribimos, yo tenía el número 106. Estuvimos con los compañeros en la puerta de la Audiencia Pública repudiando lo que sucedía adentro, pero no nos dejaron participar.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
R.R.: La lucha continúa, nosotros integramos la Multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires y en muchas otras multisectoriales, en Bahía Blanca, en Rosario, en Córdoba la lucha la tenemos que dar entre todo el pueblo argentino, sino no llegaremos a nada.
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