El Senado de la Nación argentina transformó en Ley un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados para retrotraer las tarifas a los valores de fines del 2017. Inmediatamente a la resolución y antes de que se publicitara en el Boletín Oficial, el Presidente Mauricio Macri vetó la nueva legislación. Todo sigue como estaba antes […]
El Senado de la Nación argentina transformó en Ley un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados para retrotraer las tarifas a los valores de fines del 2017. Inmediatamente a la resolución y antes de que se publicitara en el Boletín Oficial, el Presidente Mauricio Macri vetó la nueva legislación.
Todo sigue como estaba antes del debate, con un cronograma de incremento de tarifas de servicios públicos privatizados para beneficio de empresarios que saludaron la decisión presidencial. Sostiene una nota que «Los dueños argentinos del servicio público de electricidad obtuvieron ganancias en 2017, primer año pleno de tarifazo, por 11.300 millones de pesos, esto es, casi mil millones de pesos por mes» [1].
Más allá del contenido de la Ley, el episodio evidencia a las claras el funcionamiento de la política institucional en el país. Es más, lo acontecido era previsible. Se esperaba ese resultado de aprobación en el Congreso, más allá de los cabildeos, dimes y dirites; como también sabíamos sobre la voluntad anticipada de vetar desde el Poder Ejecutivo.
Hasta podemos pensar en el «juego de la política», donde algunos hacen de opositores (no todos) y legislan para la tribuna (jerga futbolera) y la disputa del consenso electoral, sin aspiraciones que sus propuestas se transformen en normas de aplicación real. Otros lo hacen como oficialistas, manifestando respeto republicano por el diálogo y el debate, pero a la hora de los bifes imponen la lógica del veto.
Ambas conductas son expresión de la política real y el derecho constitucional que los asiste, no del «fracaso de la política» como sostienen algunos comentaristas. Es la política realmente existente, y que a veces muestra la cara de la impunidad de aquellos que juegan con los sentimientos y necesidades de sus votantes (vale para opositores y oficialistas).
Insistamos que aludimos a una conducta de mayoría en la oposición, de aquellos que votaron, por ejemplo, el nuevo endeudamiento a comienzos del 2016 para cancelar deudas con fondos buitres, o que le dieron aire a la gestión gubernamental de Mauricio Macri por más de dos años. Algunos, muy pocos, a la izquierda del arco político, asumen con responsabilidad su papel de tribunos populares en el Congreso para la denuncia del sistema tal y como es.
Es cierto que en este juego de la política ya no se considera un camino resuelto la reelección de la Gestión Macri en 2019 y varios se prueban para disputar el sillón de Rivadavia. Encuestas existen en cantidades y conversaciones informales sobran para pensar en quien mide mejor en las consultas, claro que nadie alude a «proyectos» y solo se imaginan el lugar del gobierno de lo que existe.
La política también se juega en la calle y en la organización de la sociedad. ¿Es posible construir desde allí otro orden o política?
Pero la política no es solo lo institucional y también existe la calle, la movilización y organización social, tan vilipendiada por el pensamiento hegemónico en los medios de comunicación.
Dicen que de nada sirve y nada se logra, sin embargo, con las movilizaciones de diciembre se paró temporalmente la reforma laboral y las protestas contra las tarifas instalaron el tema socialmente y afectaron los consensos políticos que indujeron el camino a la reelección, hoy dudosa.
No solo en Buenos Aires es visible la dinámica social en conflicto y ni siquiera solo en las grandes ciudades de provincia, sino que crecientemente la protesta se federaliza en un proceso de ida y vuelta entre la metrópoli y el interior.
Las reivindicaciones parciales sumadas constituyen todo un programa alternativo, que es posible si se lograra la unidad de acción y política de la diversidad movilizada. Aludimos a un proyecto político que parece ausente para pensar en términos alternativos a la hegemonía en curso.
Entre las demandas más escuchadas de estos días figuran las relativas al pan, el techo y el trabajo, expresión de las necesidades insatisfechas de la mayoría empobrecida.
Todo podría reducirse a Tierra y Trabajo, o si se quiere a Naturaleza y Trabajo. Desde que existe la Economía Política se conoce que la Tierra es la madre y el Trabajo el padre de los valores, de la producción. Podemos mirar a nuestro entorno y verificar que todo es producto de la naturaleza y del trabajo, pero claro, al mismo tiempo sabemos de la imposibilidad del disfrute social de una producción apropiada desigualmente en función de los ingresos de cada uno.
Muy pocas personas de altos ingresos concentran el consumo de la producción social generada por cuantiosos colectivos de trabajo humano, a muchos de los cuales se les niega su disfrute.
Aunque no lo sepan algunos energúmenos del pensamiento dominante, la producción es social y la apropiación es privada, de pocos. Es el orden capitalista el que así define las reglas del funcionamiento de la sociedad, de lo que resulta la desigualdad en el disfrute del producto social y no solo en el país.
Por eso insistimos en que las demandas y reivindicaciones por derechos diversos de la mayoría que protesta pueden constituirse en programa para una política alternativa.
Rápidamente muchos me contestaran que no hay dinero para satisfacer ese conjunto de peticiones, lo que merece dos respuestas, una de ellas remite a modificaciones urgentes de emergencia y la otra alude al orden civilizatorio y por ende son estructurales.
Emergencia y más allá
La emergencia supone una respuesta inmediata, la que remite a no aceptar las cosas tal y como son ahora.
El ajuste no necesariamente debiera ser para los de abajo. Siempre se pueden suspender los pagos de deuda para una investigación a fondo sobre el endeudamiento público, con indicación de responsables y beneficiarios; como que el IVA puede dejar de ser el principal tributo en una recaudación fiscal regresiva que podría orientarse a las grandes fortunas y ganancias; tanto como eliminar exenciones impositivas, tal el caso de los jueces.
Así podría generarse un excedente fiscal para gestionar desde un Estado que promueva otra política, sustentada en la satisfacción de las amplias necesidades sociales. También puede pensarse en otra distribución del ingreso, que podría modificarse hacia porcentajes más equilibrados, los que alguna vez fueron del 50% para trabajadores y empresarios. Seria parte de una reestructuración progresiva de las relaciones entre el capital y el trabajo.
En otro plano se puede discutir teóricamente el fetiche del dinero, ya que todo pareciera reducirse a que se necesitan inversores para encaminar el proceso productivo.
Se trata de una concepción errónea que olvida lo ya dicho relativo a la madre y al padre de la producción. No es el dinero el que crea valor o producción, sino que es la articulación entre Naturaleza y Trabajo, que en el proceso histórico de la ampliación del mercado capitalista encumbraron como fetiche al dinero, sea en la forma Oro, Libra Esterlina o Dólar.
El dinero no es capital en si mismo y solo se transforma en capital en el proceso productivo que articula medios de producción y fuerza de trabajo, que podemos reducir a Naturaleza y Trabajo.
Romper este fetiche cultural supone pensar más allá del orden del capital e imaginar formas sociales de organización de la producción y la sociedad, apuntadas a satisfacer necesidades ampliadas sin subordinación a la obtención de ganancias y acumulación de riquezas de algunos individuos o sociedades comerciales.
La protesta se generaliza y se profundiza, ya no solo por reivindicaciones concretas, sino que se agiganta con demandas contra el tarifazo, otras asociadas a la devaluación o al aumento de los combustibles, todos los cuales auguran una inflación que anualizada supera la del 2017. A eso debe sumarse la crítica a las negociaciones con el FMI, con el resultado esperado de ajuste para los de abajo.
El Ministro Nicolás Dujovne ya anunció un parate de 30.000 millones de pesos en obra pública, y ahora adiciona ajustes superiores a 20.000 millones de pesos para la disminución del gasto público, sin nuevos contratos en el Estado nacional hasta el fin del mandato de Macri.
Por donde se observe eso supone menos empleo y obra pública y resignación de derechos ante la merma de personal en áreas sociales estratégicas, casos de la salud o la educación.
Al ajuste y su impacto recesivo hay que adicionarle entonces el problema de la inflación, con subas de tarifas, de las divisas vía tipo de cambio (el dólar está ya a 25,50) o del aumento de los combustibles (vía impuestos, ya que están en tregua por 60 días entre petroleras y gobierno).
Es un cuadro que agudiza los problemas de los sectores de menores ingresos y por eso suenan las voces que exigen paro nacional y continuidad de un plan de acción para modificar la política económica y el modelo productivo y de desarrollo.
Ir a fondo en la crítica
Ya no alcanza con discutir las tarifas, sino el modelo energético, por ejemplo. Entre otras cuestiones, se trata de discutir el para qué y para quién de la energía; el cómo producirla y distribuirla.
No se trata solo de tarifas, sino de modificar la asignación de insumos energéticos hoy demandados por la mega minería a cielo abierto, o del complejo oleaginoso de producción y exportación, de soja y derivados; pero también de exceso del parque automotor que afecta y deteriora el modelo urbano de vida.
Se trata de un desafío civilizatorio que incluye el papel de la ciencia y la tecnología, que entre otras cuestiones incluye el proyecto educativo y dentro de este el de las Universidades públicas, vilipendiadas por los dichos de la gobernadora bonaerense.
A un siglo de la reforma universitaria bien vale pensar, ayer como hoy, como la lucha de los excluidos abre las puertas de la Universidad Pública para discutir la funcionalidad de la enseñanza superior a un proyecto de país que privilegie la satisfacción de necesidades sociales.
En definitiva, se necesita ir a fondo en la crítica de la realidad y sustentar como posible todo aquello que hoy constituye la demanda insatisfecha de la sociedad de abajo.
No solo se trata de convencer de ello al conjunto de la sociedad, sino y muy especialmente a quienes ubicados en la crítica al modelo de dominación descreen de las posibilidades reales de otra forma de organización económica de la sociedad más allá del capitalismo.
Claro que no es simple, tal como lo demuestran las experiencias de cambio y revolución social gestadas desde hace un siglo, pero ese es el proyecto y el desafío.
Nota:
[1] Martín Granovsky. Los muchachos de Aranguren. Página12, domingo 3/06/2018 (consultado 3/06/2018).
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