BUENOS AIRES, sep. 3 (UPI) — Amnistía Internacional Argentina recibe con preocupación las denuncias de intentos de desalojos sucedidos en la provincia de Formosa en los últimos días y exige al Estado argentino que cumpla con los compromisos internacionales adoptados para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. El pasado sábado 28 de agosto, Félix […]
BUENOS AIRES, sep. 3 (UPI) — Amnistía Internacional Argentina recibe con preocupación las denuncias de intentos de desalojos sucedidos en la provincia de Formosa en los últimos días y exige al Estado argentino que cumpla con los compromisos internacionales adoptados para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
El pasado sábado 28 de agosto, Félix Suárez, Martín Barrios y su hermano Marcelino Barrios, integrantes del Pueblo toba salieron temprano de sus casas, en la comunidad toba de Santo Domingo, provincia de Formosa, para acudir a una reunión del Consejo de Comunidades Originarias organizada en la comunidad indígena El Ensanche. A la mañana siguiente, vecinos de la comunidad informaron que la casa de Félix Suárez había sido destruida e incendiada junto a sus pertenencias, con el fin de desalojarlo.
El martes 31 de agosto a las 12 de la noche Paula Lorenzo, de la misma comunidad, estaba durmiendo en compañía de su hijo Crisanto en su casa en Santo Domingo. En medio de la noche Paula fue despertada por personas que tenían la intención de quemar y destruir su casa. Paula acudió donde Martín y Marcelino Barrios en busca de ayuda, pero éstos temiendo represalias de sus atacantes decidieron no salir. A la mañana siguiente, los hermanos Barrios y Paula constataron que la vivienda había sido incendiada con todas sus pertenencias.
«Estos sucesos demuestran que la provincia de Formosa está lejos de estar dando cumplimiento a los derechos de los Pueblos Indígenas con respecto al relevamiento, acceso y propiedad jurídicamente reconocida de las tierras. El estado Nacional no puede seguir retrasando la implementación de la Ley 26.160 para que los pueblos indígenas de la provincia de Formosa y de todas las provincias argentinas puedan vivir en sus tierras ancestrales sin sufrir ataques ni desalojos» declaró Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.