En las vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado, que dio inicio a la dictadura más sangrienta de nuestra historia, la Corte Suprema de Justicia ratificó el sorprendente fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño -que contradijo la sentencia de primera instancia y de Cámara-, dejando el camino libre a las fuerzas de seguridad […]
En las vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado, que dio inicio a la dictadura más sangrienta de nuestra historia, la Corte Suprema de Justicia ratificó el sorprendente fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño -que contradijo la sentencia de primera instancia y de Cámara-, dejando el camino libre a las fuerzas de seguridad para el uso de pistolas de descarga eléctrica.
El peligroso uso de estas armas ha sido señalado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, quienes dejaron en claro que no es cierto que no sean letales, y que además de matar permiten torturar sin dejar marcas. Hay cientos de muertes comprobadas en Estados Unidos y otras partes del mundo, y por ese motivo desaconsejaron utilizarlas.
El gobierno que intenta implementarlas no es ajeno a esto. Basta recordar que la CABA fue el primer distrito en aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU, mediante la sanción de la Ley Nº 3298, pero fue vetada por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el 13 de enero de 2010 (Decreto N° 15/2010) para que al día siguiente, el entonces ministro de Seguridad Montenegro, firmara la compra (Resolución N° 20/MJYSGC/2010) de estas armas Taser en discusión.
La insistencia del macrismo al Poder Judicial para usar las Taser, parece tener más que ver con un enorme interés monetario, que con una necesidad en políticas públicas de seguridad.
Las Taser son muy caras, y con la emergencia en seguridad declarada en Nación y en Provincia de Buenos Aires se pueden comprar sin licitación. Hay muchos motivos pasados para desconfiar, ya que pesan sobre Montenegro dos demandas penales (de los ex diputados Parada y Bodart) por millones de euros de sobreprecios en compra de pistolas sin licitación y a precio de minorista.
Antes de implementar estas armas debería existir un estudio que indique el nivel de des/profesionalidad en el uso de armas que tienen hoy las fuerzas policiales y de seguridad, las supuestas ventajas que traería, y también porqué desecharon otras alternativas balísticas que hoy existen para evitar el plomo y la electricidad.
Como esto no sucede es correcto suponer que el gobierno de Cambiemos va a hacer un peligroso uso de estas armas, no sólo porque vetó la creación del Comité Contra la Tortura, sino porque ha decidido crear un protocolo favorable a la represión de manifestaciones, en línea con lo que en su momento fueron las descontroladas represiones en el Hospital Borda, Parque Indoamericano, Barrio Papa Francisco, Parque Centenario, entre otras.
Otro aspecto peligroso es que su uso no sólo es terrestre, en Estados Unidos hay estados que ya aprobaron en 2015 el uso policial de Drones con pistolas Taser, balas de goma y gases lacrimógenos. Algo a tener muy en cuenta en Argentina, porque la Policía Metropolitana es la primera en producir drones de diseño propio para fines policiales, y por tanto podría incorporarle cargas diversas, así como vender un modelo «exitoso» en el país o en el exterior.
Entonces, mientras el pueblo argentino se apronta a decir en la calle 40 años de Nunca Más, la Corte Suprema ha reabierto la puerta a la picana en las comisarías, con la novedad de que ahora también pueden ser usadas legal, pública y publicitariamente en manifestaciones populares, y hasta podrían volar sobre nuestras cabezas. El desafío de la memoria es mirar hacia atrás, para entender el presente, y anticiparse a peligrosos escenarios futuros para mejorar el futuro. En este nuevo aniversario, no nos demos el lujo de no formarnos ni informarnos sobre la pujante y expansiva industria de nuevas tecnologías de control, seguimiento, represión y destrucción.
Andrés Pérez Esquivel es sociólogo y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Pensamiento Penal y la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia Tecnología y Sociedad (LAVITS).
Artículo públicado en Diario Z: http://www.diarioz.com.ar/#!/
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