2013 será vital por ser el colofón de un periodo que marcó de manera significativa la vida política en México. Aunque 2012 no fue 1994, año en que la guerrilla zapatista irrumpió en el sureste mexicano y la discusión sobre la realidad de los pueblos indígenas atrapó la agenda nacional, los últimos doce meses sellaron […]
2013 será vital por ser el colofón de un periodo que marcó de manera significativa la vida política en México. Aunque 2012 no fue 1994, año en que la guerrilla zapatista irrumpió en el sureste mexicano y la discusión sobre la realidad de los pueblos indígenas atrapó la agenda nacional, los últimos doce meses sellaron de manera relevante la historia reciente del país con la derrota del PAN en la última elección presidencial y el regreso del PRI al poder.
El retorno del monstruo, largamente larvado en el vientre del sexenio calderonista, nos sirvió de espejo a los mexicanos para vernos como lo que somos: un país atrasado.
Desde cualquier óptica, después del 2 de julio de 2012, fecha de la última la elección presidencial, algo nos quedó claro: si cabía alguna duda, comprobamos que el país donde vivimos no es un país justo, ni moderno ni democrático.
Si para algo sirvió esa fecha fue para constatar que seguimos siendo el islote de siempre, gobernado por intereses de afuera y facciones de adentro que hasta ahora no han sabido ponerse de acuerdo para comerse la gran cornucopia primitiva que somos.
Paradójicamente, en plena era del twiteer, un partido, el PRI, regresa al poder, pero para hacerlo tiene que echar mano de sus viejas argucias y mediante un, digámoslo de manera elegante, fraude antiestético y antiético -compra de votos por doquier- logra su cometido, con la complicidad de las dos empresas televisoras más poderosas del país, porque no hay otras, Televisa y TV Azteca.
Más allá de los intereses de estos dos consorcios mediáticos, que tampoco tienen nada de civilizados, empezando por sus noticieros y terminando por sus telenovelas, en el análisis del retorno del PRI a los Pinos quedará para ser juzgada por la historia, la actuación de las instancias electorales renovadas del país -IFE y Tribunal Federal Electoral–, cuyos integrantes, con una interpretación de la ley muy cercana a lo arcaico, se negaron a investigar a fondo, y en un debido proceso, las denuncias de fraude electoral. Finalmente, ambos órganos, independientes y autónomos, acabaron, como con Felipe Calderón en 2006, por legalizar, mas no legitimar, la elección del abanderado tricolor.
Las manifestaciones de retroceso político en que entró el país, al atreverse sus operadores una vez más a jugar con la voluntad de millones de mexicanos, pueden encontrarse de manera obvia y abundante en las imágenes que la televisión aventó al país, el 1 de diciembre de 2012. Ese día, como muchos sabemos, Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de México y sus opositores fueron salvajemente apaleados por la policía en la calle.
En esa fecha, los nuevos beneficiarios del poder político en México, tramaron cómo detener una protesta del tamaño de la del 1 de diciembre, en momentos en que muchos focos del mundo estarían sobre el país y de paso aprovecharon para enviar señales desde la oscuridad. No necesitaron ir muy lejos. Contaban de antemano con el adiestramiento y cinismo necesarios.
El 1 de diciembre, los priistas hicieron gala de su colmillo político. Recurrieron a la vieja escuela y revivieron el estilo de uno de sus más aventajados mentores. Al desempolvar la Biblia de Fernando Gutiérrez Barrios, los priistas, ese día, jugaron billar a tres bandas que en casería significa lo mismo que matar varios pájaros de un sólo tiro. Para su juego, idearon, con días de antelación, el escenario perfecto: calles tapiadas, y sumaron, a la protesta legitima, actores turbios.
En medio de esta puesta en escena, cientos de provocadores e infiltrados, ahora sabemos enviados y pagados por quién, se dedicaron en la capital del país a destruir negocios y todo lo que encontraron a su paso. Su objetivo, entre otros, era entregar a los verdaderos inconformes de Peña Nieto a la rudeza y brutalidad policiaca. Pero, sobre todo, la intrincada telaraña buscaba ansiosamente deaspretigiar el rostro del Yo Soy 132, y el de otros movimientos sociales, mostrándolos ante la sociedad pasiva, que tanto caracteriza a estos tiempos, como grupos peligrosos, anárquicos y vandálicos.
Atrás de esta jugada ajedrecística, sobresalía el arte rupestre de personajes de la talla de Chuayffet, Murillo Karam, Manlio Fabio Beltrones, Osorio Chong y otros agazapados, todos, soldados de la vieja guardia salinista. La implementación del operativo, fuera del control y de las manos de algunos de los nuevos operadores del gabinete de seguridad de Peña Nieto, que una noche antes habían tomado posesión de sus cargos, funcionó como maquinaria de reloj y al medio día del 1 de diciembre emitía los primeros mensajes a los destinatarios escogidos. De manera subrepticia, el país recibía la señal premonitoria de cómo y quiénes abrían de gobernarlo a partir del 1 de diciembre.
El aviso, claro está, no era sólo para los jóvenes del 132, y un importante fragmento de los diversos movimientos sociales del país con el que los muchachos universitarios han compartido la calle a la hora de sus protestas, era también para Marcelo Ebrard, López Obrador, Miguel Ángel Mancera y el mismo Peña Nieto.
Atrás de los toletazos, los heridos de gravedad, las aprensiones extralegales, los disparos con balas de goma y los gases lacrimógenos de ese día, se anunciaba el estilo y el tono de quienes habían regresado a gobernar el país. Inmediatamente, el imaginario mexicano regresó el carrete de sus heridas colectivas: Acteal, Aguas Blancas, Atenco, El Charco, y tantas otras que aún no terminan de supurar.
Para el análisis, 2012 es vital porque con él no acaba un año, sino un sexenio. Llama la atención el carácter de sus acontecimientos. Es el caso de una derecha que no pudo conservar el poder doce años antes conquistado y una izquierda partidista que tampoco logró alcanzar la presidencia por obra de sus propios errores y por una férrea determinación de la oligarquía trasnacional para allanarle el paso. Por desgracia, en materia electoral y madurez política, México no es Venezuela ni López Obrador es Hugo Chávez. Los tres mil ochocientos kilómetros de frontera con Estados Unidos contaron a la hora de decidir quién sería el próximo administrador del traspatio.
Más allá de metáforas, el silencio de Obama acerca de las denuncias de fraude electoral en el país vecino y la felicitación adelantada a su ahora homólogo mexicano fueron muy elocuentes a la hora de medir de qué lado estaban las preferencias.
Pero el análisis de un año político no vale sí este no logra verse como síntesis de una sociedad atada a la locura de una presidencia que no tuvo empacho de ponerse una chaqueta militar (aunque le quedara grande) gobernando sin honor y sin vergüenza.
Dejar regada por las calles la sangre de más de ochenta mil mexicanos muertos, como su mejor saldo, no es poca cosa. Cómo se puede llamar la terquedad de un gobierno que no quiso escuchar el reclamo de paz de una sociedad embalada en medio de una guerra fratricida, convertida en una conflagración no en contra de los jefes de la droga sino en contra de ella misma.
El recuento de daños sobre seis años de gobierno calderonista, en el que sobresalió la insensibilidad frente a los reclamos de seguridad y justicia de la sociedad mexicana, es largo, escabroso y muy variado.
La aventura del segundo sexenio panista empezó el mismo día en que Felipe Calderón tomó posesión. En medio de un palacio legislativo tomado en su interior por los partidos de oposición que repudiaban el fraude electoral mediante el cual Calderón se había impuesto a López Obrador, el candidato de la izquierda, el país presenció a un atolondrado presidente que juramentaba su nuevo cargo entre empellones e insultos, protegido atrás por un grupo de diputados de su partido que se asemejaban más a una banda de rudos pistoleros.
Sin precedentes en la historia reciente, las imágenes del 1 de diciembre de 2006, quedarían en la memoria mexicana como el primer acto de simulación y de fuerza del segundo gobierno panista, que llegaba al poder con la debilidad y el estigma del fraude electoral. La fuerza como razón de Estado sería el principal instrumental quirúrgico con el que Calderón enfrentaría las sucesivas crisis de gobernabilidad. En medio de tantas muertes, registradas después de 11 de diciembre de 2006, fecha en que se dio luz verde a la guerra contra el narcotráfico, mediante una improvisada estrategia denominada Operativo Conjunto Michoacán, el país fue testigo de matanzas como la de Villa de Salvarcar, en la que se sacrificó la vida de 15 jóvenes deportistas, en Ciudad Juárez, el 30 de enero de 2010.
A esta masacre, cuyas víctimas Calderón llamó delincuentes en momentos en que cumplía una gira de trabajo en Japón, se sumarían otras, sobre todo en el norte del país, donde los responsables, sin ser aprendidos ni presentados ante las autoridades, seguían operando en completa impunidad y de manera concertada con los cuerpos policiacos de las localidades donde se cometían los crímenes.
El empoderamiento del narco que paradójicamente creció en la medida en que los federales y el ejército los perseguía, no respetó fronteras ni nacionalidades. En el norte del país, el grupo criminal de los Zetas arrasó con casinos, además de secuestrar y asesinar a cuanto blanco le era apetecible. En su desbocada carrera, este grupo delictivo, una derivación del Cártel del Golfo, se dedicó a secuestrar a grupos de migrantes centroamericanos, que cruzaban el estado de Tamaulipas como puente en su paso hacia Estados Unidos. San Fernando, una población campesina al norte de ese Estado, se convirtió en el ícono de la locura procurada por el narco. En 2010, fue localizado en ese lugar un cementerio clandestino con 72 osamentas. A este descubrimiento le siguieron otras fosas con más cuerpos, casi todos con identidad de inmigrantes provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Hasta la fecha, la desarticulación de este grupo criminal sigue pendiente y será otro de los dolores de cabeza de la próxima administración en tanto su permanencia, como otros cárteles, no esté supeditada al interés y uso político.
El incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, sin duda constituyó uno de los actos criminales más notorios de la administración calderonista. En este hecho, fallecieron 44 niños y el gobierno decidió eximir de responsabilidad penal a los funcionarios de su administración involucrados en la facilitación de permisos a guarderías como la ABC que operan en México fuera de la ley y sin las más elementales medidas de seguridad.
A este caso se sumarían otros, con distinto nombre pero con el mismo sello, el de la impunidad, tan común en el ejercicio del poder en México. Cherán, un pueblo indígena de la zona purhépecha en Michoacán, puede ser, entre tantos, otro ejemplo. Esta comunidad puso al descubierto, en tierras del presidente, la colusión existente entre narcos y policías. Sin protección policiaca, los cheranenses enfrentaron al crimen organizado con sus propias fuerzas y las mujeres expulsaron, en la primavera del 2011, a los talamontes del pueblo después de que el gobierno abandonó a la comunidad a su suerte.
Hasta ahora, ese pueblo, ubicado en el corazón de la meseta central de uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, sigue resistiendo y sus pobladores acordaron echar a los partidos políticos de su territorio por corruptos e ineficaces.
La impunidad con que el narcotráfico ha proliferado en Michoacán y otros estados del occidente, centro y sur de México está ligado al reparto de territorios y cuerpos policiacos, meridiano en el que se han movido las mafias en el país, no solo desde tiempos del viejo PRI sino desde que Vicente Fox asumió el poder en el 2000. Recordemos que apenas un año después de haber tomado en sus manos las riendas de la seguridad nacional, el Chapo Guzmán escapó del penal Puente Grande donde había estado recluido durante los últimos nueve años. Este narcotraficante mexicano es considerado como uno de los de mayor poder en las últimas décadas y dueño, según la revista Forbes, de más de mil millones de dólares.
Calderón usaría de pretexto el crecimiento del narcotráfico para empezar una guerra que no ganó. Mientras el narco ganaba más dinero y adeptos en las calles, los dueños de las grandes fortunas mexicanas, muchas de ellas amasadas a las sombra del poder, crecían de manera escandalosa. El estado de terror desatado por la administración panista sirvió para disimular ese acaparamiento de la riqueza del país en muy pocas manos.
Mientras el patrimonio de muchos mexicanos se perdió en esta guerra, los grandes capitales nunca fueron tocados por el narco. Hasta hoy no se sabe que a los dueños de Soriana y Teléfonos de México, dos de las empresas del país que reportan más ingresos y ganancias en sus balanzas de pagos, por ejemplo, les haya sonado el timbre de la cuota. Hasta ellos no llegó la amenaza de la extorsión. En cambio, miles de tienditas y negocios de barriadas tuvieron que cerrar y huir por el temor existente entre sus propietarios de ser asesinados al no poder pagar las exigencias de sus extorsionadores.
A las deudas dejadas por Calderón, se suma una que pudo haber sido la más cara apuesta de su equipo. Se trata de esa que gravita en la psique mexicana y que seguramente es también la más traumática consecuencia de los saldos de la guerra. Después de contar tantos muertos, secuestros, extorsiones y vidas bajo amenaza, los mexicanos supieron que era verdaderamente sentir miedo. El mismo que hizo posible que miles de ellos votaran en la última elección para que regresara el PRI. Rara paradoja. La derecha que doce años atrás sacó a las alimañas y tepocatas de los Pinos, ahora contribuyó, mediante la instauración de un estado de terror, para su regreso. ¿De qué negocio estamos hablando? Ya lo sabremos más adelante.
Después de este recuento general de daños, 2013 será importante en lo inmediato, pero no es ninguna garantía de que las cosas mejorarán en nuestro país. Al contrario, una administración que se inaugura con el garrote en la mano representa un gobierno débil, carente de mando, por lo que serán otros, como ya apuntamos, los que definirán el rumbo de la política en el país.
Sin embargo, frente a este oscuro destino, hay algunas luces que lo hacen menos nebuloso. Existen expectativas de que sea la sociedad organizada la que se contraponga a los rasgos primitivos del régimen que nos gobernará durante los próximos seis años. La aparición del Yo soy 132 en plena efervescencia electoral en 2012, el surgimiento de la comunidad de Cherán como defensora de su territorio ante la barbarie del crimen organizado y la última aparición pública y pacífica de miles de zapatistas en las calles de las cinco poblaciones tomadas por éstos militarmente hace diecinueve años, son señales alentadoras de que la historia no ha acabado y que la predicción Maya tiene que ver con la culminación de un ciclo y el surgimiento de otro más limpio, más libre, mas democrático y más justo.
Por eso vale recobrar en este espacio el paso y la voz de los zapatistas y del subcomandante Marcos del 21 de diciembre último: ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día.
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